STS 564/1999, 24 de Junio de 1999

Ponente:D. LUIS MARTINEZ-CALCERRADA GOMEZ
Número de Recurso:3373/1994
Procedimiento:RECURSO DE CASACIÓN
Número de Resolución:564/1999
Fecha de Resolución:24 de Junio de 1999
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. DAÑOS Y PERJUICIOS. El tomador del seguro tiene el deber de declarar al asegurador todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, así el asegurado que incurrió en un dolo evidente derivado de ocultar la realidad de circunstancias que deben incorporarse al correspondiente cuestionario firmado por el asegurado, conduce al rechazo del recurso planteado. Las normas interpretativas constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre las cuales tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos siguientes que vienen a funcionar con el carácter de subsidiarias respecto de la que preconiza la interpretación literal, y todo ello resulta coincidente con la reiterada doctrina jurisprudencial. En primera instancia se estimó la demanda. En segunda instancia se desestimó la apelación. Planteado recurso de casación fue desestimado.

 
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CONTENIDO

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Junio de mil novecientos noventa y nueve.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Décimoprimera de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de Juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarrasa, sobre reclamación de cantidad; cuyo recurso fue interpuesto por DOÑA Carolina, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Montserrat Sorribes Calle y asistida en el acto de la Vista por el Letrado don Juan Ignacio; siendo parte recurrida GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Luis Navas García y asistida en el acto de la Vista por el Letrado don Bernardo Moreda Miña.ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarrasa, fueron vistos los autos, juicio declarativo ordinario de menor cuantía, promovidos a instancia de doña Carolina, contra Ges Seguros y Reaseguros, S.A., sobre reclamación de cantidad.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que, se condenase a la demandada a pagar a la actora la suma de 31.227.346 pesetas, más sus intereses al tipo del 20% anual desde el 3 de octubre de 1989, fecha después rectificada por el del mismo día de 1991, hasta la fecha de entero y cumplido pago a la demandante, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada.

Admitida a trámite la demanda la representación procesal de la demandada contestó a la demanda, oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia por la que se desestimara la demanda, oponiéndose a la petición de 30.000.000 de pesetas, pero no así al abono de la suma de 1.227.346 ptas., correspondientes a la póliza de jubilación, una vez justificase la actora el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, suma la citada en último lugar, que no debería devengar interés de tipo alguno dada la posición de la parte actora, excepto en la forma prevenida en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en cuanto a las costas, deberían imponerse a la actora, por su temeridad y aunque la demanda se estimase parcialmente en el sentido dicho.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 28 de septiembre de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando en parte la demanda interpuesta por DOÑA Carolinacontra la entidad GES SEGUROS, S.A., y sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas, debo condenar y condeno a dicha demandada a que pague a la actora la suma de UN MILLÓN DOSCIENTAS VEINTISIETE MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS PESETAS, con el interés del 20% desde el 3, inclusive, de octubre de 1991, hasta el completo pago y sin aplicación del interés del art. 921 de la L.E.C."

SEGUNDO

Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de Apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décimoprimera, dictó sentencia con fecha 7 de octubre de 1994, cuyo fallo es como sigue: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por DOÑA Carolinacontra la Sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 1993 por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarrasa, en autos de juicio de menor cuantía núm. 352/92, se CONFIRMA ésta íntegramente, imponiendo a la apelante las costas de esta alzada".

TERCERO

La Procuradora de los Tribunales, doña Montserrat Sorribes Calle, en nombre y representación de DOÑA Carolina, formalizó recurso de Casación que funda en los siguientes motivos: PRIMERO: "Al amparo del núm. 4 del art. 1692 L.E.C., y artículo 5 L.O.P.J. por entender infringido el art. 24 C.E., el cual establece que 'todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión'...".- SEGUNDO: "Al amparo del artículo 5.4º L.O.P.J. por entender infringidos los artículos 51.1º y 53.3º de la C.E., en relación con el art. 10 y concordantes de la Ley 26/1984 de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios...".- TERCERO: "Al amparo del art. 1692-4º L.E.C. por infracción del art. 89 de la ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro...".- CUARTO: "Al amparo del art. 1692-4º de la L.E.C., por infracción del art. 10 de la ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro...".- QUINTO: "Al amparo del artículo 1692-4º de la L.E.C., por infracción del art. 1288 C.c. y consiguiente vulneración de las normas de hemenéutica...".- SEXTO: "Al amparo del art. 1692-4º por infracción de Doctrina Legal...".

CUARTO

Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, el Procurador de los Tribunales, don Juan Luis Navas García, en nombre y representación de GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., impugnó el mismo.

QUINTO

Habiéndose solicitado por las partes personadas la celebración de Vista Pública, ésta se señaló para EL DÍA 8 DE JUNIO DE 1999, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Tarrasa, en Sentencia de 28 de septiembre de 1993, desestima la demanda de reclamación de cantidad, ejercitada por la actora, viuda del asegurado, por la suma de 31.227.346 ptas., por el fallecimiento del mismo, y frente a la Cia. de Seguros codemandada, a consecuencia de la existencia de 2 pólizas, en la que figuraba como beneficiaria de la misma y, por las razones de haber ocultado el esposo fallecido de la actora, la circunstancia del padecimiento de la enfermedad al suscribir la póliza, por lo que, sólo estima la demanda en lo concerniente al contenido de la segunda póliza de jubilación concertada entre los mismos interesados, aspecto por lo demás que deviene firme, al no ser objeto hoy del recurso por parte de la Cia. de Seguros; decisión, asimismo, confirmada por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7 de octubre de 1994, Sección Décimoprimera, frente a la que se interpone el presente recurso de Casación, por la actora, con base a los Motivos que se examinan.

SEGUNDO

En el PRIMER MOTIVO del recurso, se denuncia al amparo del núm. 4º del art. 1692 L.E.C., y 5-4º L.O.P.J., la infracción de lo dispuesto en el art. 24 C.E., y todo ello, por cuanto que se indica "...Por esta parte se denunció en la vista de apelación que la Sentencia del Juez "a quo" se basaba en que el difunto Sr. Carlos Jesús, había efectuado una determinada y concreta declaración de salud y, en base al contenido de la misma, procedía a desestimar la demanda, ya que no había sido impugnada por la actora dicha declaración. Asimismo esta parte denunció en apelación que ese documento (declaración de salud firmada por Don. Carlos Jesús) evidenciaba que entre el acto de examen médico y declaración (o mejor interrogatorio) de salud que debió efectuarse Don. Carlos Jesúsy lo que constaba en el documento había una divergencia imputable a la propia compañía aseguradora, por lo que no se podía llegar a conocer realmente como fue el examen y qué declaró Don. Carlos Jesús, ya que éste se limitó a firmar al final. Dado que esa divergencia había sido creado por la propia compañía de seguros y su médico (que son los que preconstituyen esas pruebas para su posible utilización en juicio en perjuicio del asegurado), ella debía sufrir las consecuencias, debiendo el Tribunal entender que, al no quedar probado el contenido exacto del examen y declaración Don. Carlos Jesús, por no tener validez probatoria el documento uno aportado por la compañía de seguros, debía fallarse en favor de la validez del contrato y, por lo tanto, de la obligación de satisfacer el capital pactado a la beneficiaria del contrato de seguro..."; se añade el contenido de la reforma sobre la valoración de la prueba, habida cuenta la Ley 10/1992, en relación con el art. 1692 núm. 4º de la Ley, e igualmente se alude el art. núm. 11 L.O.P.J; en un Apartado segundo del Motivo, se hace constar de nuevo la invalidez del documento 1, aportado por la demandada en su escrito de contestación a la demanda, -solicitud del seguro, declaración del asegurado e informe del médico reconocedor- como prueba utilizable en contra del asegurado, desvirtuando el contenido del mismo; en el Apartado tercero, dice, que todo lo relatado, y habida cuenta el rechazo de las alegaciones de esta parte, se denunció este extremo a la Audiencia Provincial, constituyendo básicamente la única causa del recurso de Apelación; igualmente, en el Apartado cuarto, se dice que, por todo lo expuesto, entendemos que el Tribunal debe entrar a razonar sobre las alegaciones formuladas por esta parte ante la Audiencia Provincial, y que no tuvieron respuesta, alegaciones que hemos reproducido en el presente Motivo de Casación.

En el SEGUNDO MOTIVO, se denuncia, al amparo de art. 5-4º L.O.P.J., por entender infringidos los arts. 51-1º y 53-3º de la C.E., en relación con el art. 10 y concordantes de la Ley 26/1984 de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; y una vez transcritos los contenidos de estos artículos, se insiste en que dicha normativa es aplicable a las cuestiones de salud e informe médico incluido, ya que son documentos que se incorporan como anexo al contrato de seguro como parte integrante de él, entendiendo que el cuestionario de salud e informe médico infringen toda la normativa y criterios legales establecidos, siendo por tanto, nulos e ineficaces.

En el MOTIVO TERCERO, se denuncia igualmente al amparo del art. 1692-4º L.E.C., la infracción de lo dispuesto en el art. 89 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro, por cuanto -se reitera- que el Documento núm. Uno aportado por la adversa como causa de oposición a la demanda iniciadora de autos no reúne los mínimos requisitos de garantía y fiabilidad para ser válido como prueba de oposición en contra del tomador del seguro o el beneficiario de éste, porque, no hay que olvidar que, como el propio médico de la Cia. Aseguradora ha declarado en juicio a preguntas de la Cia. durante la prueba testifical, el cuestionario de salud no fue cumplimentado por Don. Carlos Jesúsde su puño y letra, sino que fue cumplimentado por el médico, limitándose Don. Carlos Jesúsa firmar donde se le indicó, porque, a mayor "inri" -sic- no firmó tampoco todas las hojas, sino que en una de ellas alguien, al parecer, simuló su firma, sin siquiera entregarle la debida copia.

En el MOTIVO CUARTO, se denuncia por igual vía, la infracción de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro; que para el desarrollo de este Motivo, se remiten a una Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, y, en consecuencia la Cia. Aseguradora tiene el deber de someter al futuro tomador del seguro a un cuestionario con todos los elementos que considere conveniente para valorar si admite el riesgo o no; que en el presente caso, el médico examinador infringió las instrucciones expresas que le vienen fijadas en el texto del cuestionario que debió someter al difunto Don. Carlos Jesús, que si ello fuera poco, nos remitimos a la crítica del documento que se efectuó en el Motivo Primero de este recurso, en el que existen las omisiones flagrantes por parte del médico, como también existen falsedades, por lo que, tales irregularidades son imputables a la Cia. Aseguradora, por ser el médico su empleado, no pudiendo dar validez a dicho documento.

En el MOTIVO QUINTO, se denuncia con igual cobertura la infracción de los dispuesto en el artículo 1288 del C.c. y consiguiente vulneración de las normas de hermenéutica; "...En el presente caso tenemos que el cuestionario de salud e informe médico anexos al contrato de seguro ofrecen una serie de dudas sobre la validez de los mismos, ya que, amén de existir omisiones evidentes, existen incluso una serie de faltas a la verdad y alteraciones (tal como la simulación de una firma), por todo ello, dicha ausencia de garantías que pone en duda la autenticidad del presunto cuestionario de salud e informe médico, y tal duda sobre la validez de dicha declaración no puede beneficiar a la compañía aseguradora, sino al contrario".

En el MOTIVO SEXTO, se denuncia con igual cobertura, la infracción de Doctrina legal al respecto del contrato de adhesión que establece que cualquier duda que pueda ofrecerse al respecto de dichos documentos deberá ser resuelta en contra de quien dicte las resoluciones del aquél.

Es claro, que los citados Motivos, han de rechazarse, ya que, en definitiva, pretenden con base a una serie de circunstancias producidas según el propio sentir, y de la exclusiva integración de la recurrente, avalar la correcta actuación del asegurado fallecido, y la improcedente conducta, exonerativa de responsabilidad por parte de la aseguradora, que no pueden prevalecer frente al contundente criterio decisorio emitido por la Sala sentenciadora, cuya mera lectura de su texto, que a continuación se transcribe literalmente, es bien evidente y elocuente, sobre la total infracción por el asegurado fallecido, de lo dispuesto en el art. 10, entre otros, de la Ley de Seguro Privado, lo que determina el rechazo de la pretensión indemnizatoria instada por su viuda, y la confirmación en definitiva de la Sentencia recurrida; y, al respecto se hace constar, de la sentencia recurrida cuanto sigue: 1º) en cuanto a los "facta", relevantes, se escribe en su F.J. 2º, "...1.- Don. Carlos Jesúsesposo de la actora, desde comienzos de 1988, experimentó trastornos en su salud, y aproximadamente en febrero de ese año, tumoración en el área supraclavicular izquierda, así lo manifestó al Dr. Adolfo, cuando éste elaboró su historial clínico tras ingresar Don. Carlos Jesúspara serle practicada una biopsia de linfadenopatía supraclavicular izquierda. esto es, el paciente informa al médico que nota unos bultos, y refiere asimismo cuadro de astenia y sudoración nocturna, y le manifiesta asimismo que nota esos síntomas desde hace aproximadamente ocho semanas. 2.- Se realiza una biopsia Don. Carlos Jesús, para la que permanece ingresado durante los días 9 y 10 de mayo saliendo el 11 de mayo de 1988. El diagnóstico es un ganglio supraclavicular izquierdo, con proceso linfoproliferativo con características plasmocitoides, se fecha el diagnóstico a 16 de mayo de 1988. 3.- 15 días después el resultado de la biopsia es analizado por un laboratorio de histopatología que diagnostica un linfoma de alto grado de células blásticas. 4.- Inició Don. Carlos Jesúsun tratamiento de quimioterapia, acudiendo a la clínica Quirón para administrarle los fármacos en tandas de 21 días. 5.- Don. Carlos Jesúscontinuó siendo visitado por su médico durante 1989 y 1990. Así resulta de los documentos que obran a los folios 27, 28, 152 y 161 y de las respuestas de la actora a las posiciones 17, 18, 19, 24. 6.- En fecha 2 de noviembre de 1989, Don. Carlos Jesús, suscribió una póliza de seguro de vida, siendo el capital asegurado en caso de muerte de 30.000.000 de pesetas y beneficiaria, su esposa doña Carolina, previamente había declarado a la Cia. aseguradora que su salud era buena y no había padecido otras enfermedades que las típicas de la infancia, ni intervenciones quirúrgicas fuera de una extirpación de quiste sebáceo en la espalda y una intervención en el tabique nasal. 7.- El 1 de julio de 1991 Don. Adolfo-sic- falleció de un linfoma, según costa en el certificado de defunción"; y en cuanto a su línea decisoria, esto es, juicio de valor que le merece a la Sala sentenciadora, y que se confirma en esta Sentencia, en su F.J. 3º, se concluye, que "de los hechos antes relacionados y que han sido probados, se desprende que el Sr. Carlos Jesús, que conocía sin duda que padecía un proceso patológico, puesto que el mismo, ya había relatado al médico que le atendió cuando acudió a que le practicasen una biopsia, que tenía unos bultos en el foso supraclavicular, que le llevaron a consultar al poco tiempo de que apareciesen ocho semanas según la historia clínica, y que ya estaba preocupado por su estado de salud, relata asimismo la relación..." por lo que, "resulta evidente, según dice la Sala, que no respondió verazmente al cuestionario, que sobre su estado de salud, le formula la Cia. aseguradora, antes de suscribir la póliza de seguro de vida, y añade: "...Declaró Don. Carlos Jesús, que no había padecido ninguna enfermedad del sistema ganglionar, cuando un año antes se le había practicado una biopsia, con resultado de ganglio supraclavicular izquierdo y ese diagnóstico había motivado la necesidad de un tratamiento que precisaba para su administración el acudir a un centro hospitalario, según manifestó su esposa, que igualmente respondió a las posiciones de la demandada que en 1989 y 1990 Don. Carlos Jesústodavía seguía consultando periódicamente a su médico; por lo que la ocultación de datos e información no veraz por parte del tomador del seguro resulta probada, ya que el tomador sabía que estaba siendo tratado o cuando menos sometido a control, por una enfermedad ganglionar detectada por el mismo, 18 meses antes de suscribir el seguro para el que declara que no ha sufrido más enfermedades e intervenciones quirúrgicas que las típicas de la infancia y una operación de tabique nasal y de extirpación de un quiste sebáceo, si valoró a efectos de sus antecedentes patológicos el sarampión, no podía desvalorizar una hospitalización para su diagnóstico, y un tratamiento inhabitual en enfermedades leves, como es que se administre en un centro hospitalario, en consecuencia, no puede sino apreciarse que esta ocultación de datos e información no veraz, y como tal ha de valorarse la respuesta de que no se ha padecido enfermedad del sistema ganglionar, es constitutiva de dolo por lo que, resulta clara la infracción de los deberes que al tomador del seguro impone el art. 10 de la L.C.S., y los que imponía las cláusulas de la póliza. En consecuencia, no puede sino desestimarse el recurso de apelación formulado por doña Carolinacontra la sentencia de instancia que se confirma en su integridad"; en resumen, es tan esclarecedora y evidente esa "ratio decidendi" expuesta por la Sala Sentenciadora, (que no cabe ni desvirtuar ni eludir ni desconocer por esas supuestas irregularidades cometidas por el médico consultor de la propia Cia. Aseguradora, así como cuanto se aduce de que no fue redactado por parte del interesado dicho cuestionario, y que exclusivamente se dedicó a firmar), a lo que se agrega, asimismo, en ese particular sobre el conocimiento exacto del contenido del cuestionario cuanto se explícita en el F.J. 8º, de la primera Sentencia, donde se escribe literalmente "que es menester señalar que el cuestionario aportado de documento número uno por la demandada, ha sido reconocido por la demandante, en dos de sus páginas fundamentales, cuando en la posición vigésimo-séptima dice que las firmas que figuran en las páginas primera y cuarta son como las que hacía su marido..." aparte de las otras circunstancias que se indican en dicho F.J. 8º, inexorablemente conllevan, con independencia de la sanción, en su caso, prevista en el art. 89, de la Ley de Seguro de Contrato Privado de 8-10-1980, núm. 50/1980, que ha de funcionar la sanción intercalada en su el art. 10 que dice así: "El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo..."; y es claro, que, no cabe sobre esa actuación, sino subrayar que, por parte del asegurado, se incurrió en un dolo evidente derivado de, intencionadamente, ocultar la realidad de circunstancias que deben incorporarse al correspondiente cuestionario, que según citado art. 10, el Asegurador, le someta, con lo que "ab initio" es irrelevante el aspecto de la redacción material del mismo, que al estar firmado por el asegurado, se presume que abarca a toda su integración instrumental, todo lo cual, pues, conduce al rechazo de los Motivos, puesto que, también el último, igualmente debe ceder al descartarse el sesgo denunciado de la especie negocial adhesiva y, ante la recta interpretación que sobre las normas de interpretación de los contratos ha verificado la Sala sentenciadora, siguiendo al respecto cuanto se hace constar en S. de 19-3-1999, al exponer: "Las normas o reglas interpretativas contenidas en los arts. 1281 a 1289, ambas inclusive del C.c., constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre si de las cuales tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente al primer párrafo del art. 1281, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos siguientes que vienen a funcionar con el carácter de subsidiarias respecto de la que preconiza la interpretación literal, y todo ello resulta coincidente con la reiterada doctrina jurisprudencial (SS. 2-11-83, 3-5 y 22-6-84, 10-1, 5-2, 2-7 y 18-9-85, 4-3, 9-6 y 15-7-86, 1-4 y 16-12-87, 20-12-88 y 19-1-90). Atendiendo a la cual hay que concluir que la Sentencia impugnada no incurrió en inaplicación de los arts. 1282, 1286, 1288 y 1289..." , en punto al art. 1288, del C.c., por lo cual, procede la desestimación del recurso con los demás efectos derivados.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de DOÑA Carolina, frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Décimoprimera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en 7 de octubre de 1994; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso y pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma, de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-ROMÁN GARCÍA VARELA.- LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ.- ALFONSO BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA.- RUBRICADO.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.