STS 158/, 7 de Marzo de 1996

Por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Valencia, de 22 de octubre de 1990, se resuelve el juicio declarativo de menor cuantía promovido por la entidad actora "cables Especiales de Levante, S.A.", contra la demandada "J.S.Distribuciones, S.A."; así como la acumulación verificada del procedimiento tramitado entre ambas partes en el Juzgado de 1ª Instancia núm.2, núm. 681/89, (en donde la aquí demandada actuaba como actora) y en cuya sentencia se resuelven ambas demandas, (se afirma que en esta principal se ejercita al amparo del art. 3-2 de la Ley de Marcas), así como la reconvención formulada por la demandada en el primer proceso "estimando la demanda formulada por Cables Especiales de Levante, S.A., así como la desestimación tanto de la demanda reconvencional como la demanda formulada por el procedimiento acumulado, con la parte dispositiva que se deja constancia; todo ello por lo que de desleal y engañoso supone el imputar a la actora no sólo una vulneración de unos derechos de propiedad industrial, -que hoy se le niega-, sino también insinuar una falsificación o imitación de sus productos, con el consiguiente descrédito -F.J.3º-, sin que a ello obste la objeción de las excepciones de índole formal alegadas; que las anteriores consideraciones llevan igualmente aparejada la desestimación de la demanda reconvencional; resolución que fue objeto de apelación por la demandada resuelta por sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Octava de 18 de mayo de 1992, en cuya sentencia estimatoria en parte del recurso de apelación y con la parte dispositiva que ha quedado transcrita, se expone la siguiente "ratio decidendi": en el F.J.1º, se dice que en la demanda presentada por Cables Especiales de Levante S.A., se pretende al amparo de lo dispuesto en la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988, se declare ilícita la publicidad contenida en los anuncios a que se refiere, de un Diario de Valencia demanda que fue desestimada por el Juzgado "a quo" y que en la reconvención solicitada de adverso se solicitaba se declarase que las determinadas actividades de la primera habían sido realizadas con abuso de derecho con las demás consecuencias derivadas; asimismo se transcribe el "petitum" de la demanda acumulada formalizada en el Juzgado de Primera Instancia núm.2 "...se pedía al amparo de lo previsto en la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y normas concordantes, que se declarase el mejor derecho de la actora al registro de la marca número 1,294.647 y de la marca número 1.294.648; con los derechos inherentes a su utilización en exclusiva en España, que se condenase a Cables Especiales de Levante, S.A., a renunciar a la solicitud de marca número 1.292.033, que se declarase la nulidad de la misma, que se condenase a la demandada a pagar a la actora una indemnización de daños y perjuicios, y que se publicase la sentencia condenatoria en un diario de Valencia. Esta demanda fue desestimada por el Juzgado 'a quo'"; en el F.J.2º se constatan los siguientes "facta" precisos para resolver las cuestiones planteadas "Para resolver las cuestiones controvertidas conviene referirse al resultado de la prueba practicada en relación con algunos hechos importantes. Así, se ha acreditado -por admisión de las partes litigantes y documentalmente que a instancia de J.S. Distribuciones, S.A., se publicó en un diario de Valencia, en los números correspondientes a dos domingos consecutivos, un anuncio por el que dicha sociedad, como licenciataria en exclusiva en España para la distribución de cables eléctricos y electrónicos bajo la marca "Eurocavi Ceam" (precedida de cierto distintivo gráfico), informaba a sus clientes de la aparición en el mercado español de diversos cables eléctricos y electrónicos, fabricados con características similares, y que venían siendo comercializados bajo la marca "Eurocavi Cel" (precedida de un distintivo idéntico al antes aludido), por lo que había procedido a ejercer las correspondientes acciones legales en defensa de sus derechos e intereses.

Se ha probado -por admisión de las partes litigantes y por medio de documentos (folios 2204 y 207 de los autos)- que Cables Especiales de Levante, S.A., solicitó el registro de una marca para cables eléctricos y electrónicos constituída por las letras "CEL" y el distintivo de dos cables cruzados solicitud presentada el 23 de diciembre de 1988 en el Registro de la Propiedad Industrial y señalada con el número 1.292.033 y que J.S. Distribuciones, S.A., solicitó el registro de la marca formada por las palabras "EUROCAVI CEAM" y al distintivo de dos cables cruzados (igual al de la marca interesada por la otra litigante) para toda clase de cables eléctricos y para los servicios de depósito, suministro, distribución y almacenaje de material eléctrico, solicitudes presentadas el 9 de enero de 1989 y señaladas con los números 1.294.647 y 1.294.648.

No consta en este proceso que el Registro de la Propiedad Industrial haya atendido las respectivas solicitudes de registro de marca de las litigantes, o alguna de ellas, ni que, por tanto, se les pueda considerar titulares registrales de una marca de las características descritas en sus peticiones de inscripción. Tampoco consta que la sociedad mercantil italiana C.E.A.M., Sociedad en comandita, con la que J.S. Distribuciones, S.A., celebró el contrato de los folios 73 y ss., tenga registrada la marca "EUROCAVI CEAM", con el distinto de los cables cruzados, en Italia o en España.

J.S. Distribuciones, S.A. ha reconocido que Cables Especiales de Levante, S.A., ha usado la marca "CEL", precedida del dibujo de los dos cables cruzados, para distinguir los cables eléctricos y electrónicos que fabrica y vende (texto de los anuncios controvertidos, hecho octavo de la contestación a la primera demanda y documentos que allí se mencionan, y hechos undécimo, decimosexto y decimoséptimo de la segunda demanda y documentos en ellos indicados).

Consta en los autos que la sociedad italiana C.E.A.M. ha usado en España la marca "CEAM" con el distintivo de los dos cables cruzados, pero sin embargo no hay ninguna prueba en los autos de que esa marca , con tal denominación o con la de "EUROCAVI CEAM", haya sido utilizada por J.S. Distribuciones, S.A.

De los documentos de los folios 288 a 329 y de la prueba de confesión en juicio de la representante de J.S. Distribuciones, S.A., (folio 527) se infiere la vinculación que ha existido entre ambas sociedades litigantes, por cuanto algunas importantes accionistas han formado parte de una y otra y porque incluso las dos sociedades compartieron durante cierto tiempo la misma sede social."; en el F.J.3º y ya razonando la decisión que se emite, se expresa que con respecto a los anuncios aparecidos en el Diario "Las Provincias" los días 26 de febrero y 5 de marzo , deben reputarse actos de publicidad; que tal publicidad debe calificarse como desleal con arreglo a lo dispuesto en el art. 6 de citada Ley, (Ley General de Publicidad de 11-11-88), por contener un auténtico descrédito con respecto a la sociedad Cables Especiales de Levante, S.A.; por lo tanto esta sociedad podrá instar conforme a lo dispuesto en el art. 27 de esa Ley, en base a lo dispuesto en su art. 25 la correspondiente rectificación sin que exista duda de que la actora es una persona jurídica que resultó afectada por tales anuncios; en el F.J.4º se razona el por qué procede puntualizar el texto de rectificación adecuado por el Juzgado de Primera Instancia, y así se argumenta "...es cierto que J.S. Distribuciones, S.A., no es titular de la marca "EUROCAVI CEAM" ni del distintivo de dos cables cruzados que aparece en los anuncios, pero también es verdad que Cables Especiales de Levante, S.A., tampoco es titular de la marca y distintivo que se dice en el anuncio. Por otra parte, si bien J.S. Distribuciones, S.A., no puede oponer a terceros el contrato de licencia de uso exclusivo de marca de 3 de octubre de 1988 (folio 73 y ss. de los autos) porque no ha cumplido el requisito del artículo 43 de la Ley de Marcas -sin que pueda decir la apelante que el contrato no es de licencia sino de agencia, pues ello va en contra del expreso tenor del mismo (estipulación undécima) sin embargo no se puede desconocer la realidad de un contrato que ha sido adverado por las partes que lo suscribieron, con independencia de los efectos que pueda producir. En tercer lugar, aunque en el mercado español se comercializan cables eléctricos y electrónicos con los distintivos mencionados en el apartado B) del hecho décimo de la demanda de Cables Especiales de Levante, S.A., se debe evitar dar a entender al público que ello sea consecuencia de una titularidad registral de marca, porque la marca discutida no ha sido registrada a favor de ninguna de las sociedades litigantes. Por tanto, la rectificación que haya de publicarse en el diario en que aparecieron los anuncios no puede contener los términos señalados por el Juzgado 'a quo', sino los más restringidos que se indicarán en la parte dispositiva de esta resolución"; en el F.J.5º, en cuanto a la reconvención formulada por la demandada, se basa en que la solicitud de registro de la marca CEL con el distintivo gráfico de dos cables cruzados, por la actora coincide con la supuesta pertenencia de dicha marca a la sociedad italiana que encargó su diseño a determinada Agencia y en la condición de licenciataria de la reconviniente para su distribución en España sin que el contrato en que se funda surta efecto con respecto a terceros; que a la vista de lo dispuesto en el art. 7 C.c. y por las razones que se indican, no se puede reprochar abuso de derecho en las actuaciones de la actora denunciadas, por lo que la reconvención no puede acogerse; en el F.J.6º, en cuanto a la demanda acumulada en donde se solicitaba que se reconozca el mejor derecho de la actora al registro de las citadas marcas, en virtud entre otras del Convenio de la Unión de París de 20- 3-1883 y la nulidad de la marca pretendida por la contraparte, así como que renunciase a su derecho a la inscripción, se afirma que en base al uso extrarregistral en que se apoya dicha petición se analiza según S. 8-3-91, las tres maneras para acreditar dicho uso extrarregistral; se concluye afirmando, "que al tratar de aplicar estos criterios al caso controvertido se ha de tener en cuenta un obstáculo fundamental, cual es el hecho indudable de que la demandante J.S.Distribuciones, S.A., no ha acreditado ser usuaria extrarregistral de marca alguna con lo cual falta el presupuesto esencial para el ejercicio de las facultades que la legislación reconoce al usuario de una marca no registrada; que tampoco se pueden acoger las peticiones concretas de la suplica de la demanda de J.S. Distribuciones, S.A., con respecto a que se declare su mejor derecho del actor al registro de las marcas núm. 129464778, lo cual es una cuestión que ha de resolver el Registro de la Propiedad Industrial, como se desprende de los arts. 26 y 27 de la Ley de Marcas; que la segunda petición de que se condene a la actora a renunciar a su solicitud, carece de base legal porque no se puede obligar a tal renuncia; la tercera petición la declaración de nulidad, no puede acogerse en modo alguno porque la marca usada por Cables Especiales de Levante, S.A., no ha sido registrada todavía; que el art. 3.2 de la Ley de Marcas reconoce el derecho que tiene el usuario de una marca anterior notoriamente conocida para reclamar la anulación de una marca registrada; que el mismo presupuesto para el ejercicio de la acción está contenido en el art. 47; que, en definitiva, no pueden acogerse las peticiones principales, por lo anteriormente razonado; decisión que es objeto del presente recurso de casación, formulado por la parte demandada J.S. Distribuciones, S.A, con base a los motivos que son objeto de examen por la Sala.

En el PRIMER MOTIVO , se denuncia por la vía del art. 1692.4 L.E.C., la infracción de las normas de ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que se aduce, transcribiéndose el texto del art. 1 apartado 1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, escribiéndose que según consta en el presente procedimiento, la compañía italiana Ceam ha venido comercializando sus productos en España desde 1986, y la contraparte "Cables Especiales de Levante, S.A", únicamente conoció esta marca al iniciar sus relaciones con la compañía italiana en febrero de 1988, procediendo a finales de dicho año a solicitar el registro de una marca gráfica (1292033), cuya semejanza con la marca italiana y con las marcas gráficas solicitadas (por la recurrente) en España (1294647 y 1294648) resulta evidente; pues únicamente sustituye la leyenda Eurocavi Ceam J.S. Distribuciones, S.A. por la de "CEL Cables Especiales de Levante, S.A.", permaneciendo el resto de la marca idéntico en cuanto a su grafía y formato. El motivo viene a plantear una especie de semejanza que produciría la correspondiente confusión entre ambas marcas, pero sin que haya sido objeto de la controversia central planteada en el debate, ni tampoco se completa el objetivo del motivo, al no denunciar cuál es la finalidad que se persigue con esa aparente equivocidad entre las marcas porque una mínima diligencia debía haber completado el mismo explicitando con el presumible corolario de justificar la corrección de la publicidad denunciada, aparte de que la supuesta protección de preferencia decae por lo razonado en el citado F.J.6º de la recurrida, por lo cual no puede aceptarse. En el SEGUNDO MOTIVO, se denuncia la aplicación indebida del art. 14 de la Ley de Marcas de 1988 y arts. 6 bis y 6 séptimo del Convenio de la Unión de París, Acta de Estocolmo de 1967, porque en el F.J.4º de la sentencia recurrida "se identifica el aspecto comercial del contrato de agencia con la relación de agencia asentada en el art. 14 de nuestra Ley de Marcas de 1988"; del contrato celebrado de 3-10- 88 se transcribe su estipulación 11 en donde aparece el contenido de dicha cláusula; razonándose seguidamente lo que se entiende por Agente o Representante, que, en el caso de autos, se está también en presencia de un contrato de Distribución o Concesión Comercial, analizándose las características -Sentencia Sala F.J,4º-, del contrato de 3 de octubre de 1968 (ff. 73 y ss.), ampliándose que este criterio establecido entre las partes no es contrario al hecho de que la Compañía Italiana Ceam, otorgara a la recurrente las facultades necesarias para llevar a cabo el registro de la marca en España; haciéndose referencia al contrato celebrado el 16 de febrero de 1989, que es un contrato privado entre la recurrente y la propietaria de la marca italiana, afirmándose que "echamos en falta a lo largo de todo el procedimiento, el hecho de que Cables Especiales de Levante,S.A., no haya puesto de manifiesto cualquier autorización de su antiguo proveedor", concluyéndose en que la conducta de la actora, ha sido una actuación infractora que no ha justificado Cables Especiales de Levante, en ningún momento del pleito por lo que la recurrente actuó debidamente, e incluso en el mencionado contrato de 16 de febrero de 1989 se pactó en la cláusula 3ª cuanto se transcribe; se alude asimismo a lo dispuesto en los arts. 6 bis y 6 séptimo del Convenio de parís, se concluse. El motivo tampoco se acepta, porque aparte de que implica una mezcla de circunstancias alusivas a las referencias negociales existentes entre la recurrente y la sociedad italiana, y así insiste reiteradamente en la existencia entre los mismos de ese convenio previo de 16 de febrero de 1989, que en caso alguno ha sido tenido en cuenta por la sentencia objeto del recurso de Casación, pues sin perjuicio de que se adujera en su demanda acumulada -documento 14- por el que -cláusula 3ª- se autorizaba a la recurrente a solicitar la inscripción de la marca y luego a transmitirla en debida forma con la referencia a la ratio citada del Convenio de la Unión de Paris se resalta que la "ratio decidendi" se apoya al respecto en que la recurrente no ha acreditado su cualidad de usuaria extrarregistral, cualquiera que fuera la existencia de esos pactos previos, y aparte de ello, lo que sí conviene subrayar es que la calificación que hace la Sala en el F.J.4º, del contrato rubricado de licencia de uso y distribución exclusiva de 3 de octubre de 1988, entre la hoy recurrente y la Sociedad Italiana Ceam, es un auténtico contrato de licencia y no de agencia de representación, lo que ha de confirmarse no sólo por la tesis general en cuanto a la calificación de contrato, (se decía en Sentencia de 23 de octubre de 1995, "...conviene recordar como dice la S. 10-10-89 que la calificación jurídica de todo contrato responde a una labor de interpretación y ésta es facultad privativa de los Tribunales de instancia y su criterio ha de prevalecer en casación, aún en caso de duda, a no ser que el resultado fuese notoriamente ilógico; la S. 20-2-90, que rechaza la recalificación de un contrato debidamente conformado por la Sala en uso de su soberanía enjuiciadora, sin que hubiere dado lugar a revisar la calificación al no incurrir la Sala sentenciadora en ningún desvío de legalidad o de irrazonabilidad..."), sino porque amén de esa rubrica como tal contrato de licencia, en su cláusula 11 se expone de manera taxativa, que "el presente contrato no constituía a la licenciada en agente de licenciante", lo cual implica que no sea cierta la afirmación de que no se está ante un auténtico contrato de licencia, sino dentro de la escala de la agencia o representación, por cuanto esa mención "nominatim" es evidente y así figura al respecto lo que, de paso, repele el juego de la normativa internacional que se aduce, así como tampoco es aplicable el aludido art. 14 Ley de Marcas de todo lo cual resplandece la inconsistencia del motivo, en cuyo final se resume el objetivo del mismo (por aplicación jurisprudencial) de que se anule la marca de la contraparte a virtud del uso extrarregistral de la misma por el recurrente; sería ocioso resaltar que tanto el citado art. 14, como los que se transcriben arts. 6 bis y 6 séptimo del Convenio de la Unión de Paris, sólo contemplan el Agente o representante y nunca el licenciatario -la licencia era una modalidad negocial entonces desconocida-, que subsumible por lo afirmado en la recurrente se regula en los arts. 42 y ss. de repetida Ley de Marcas, por lo que el motivo ha de decaer. En el TERCER MOTIVO, se denuncia la aplicación indebida del art. 43 de la Ley de Marcas de 1988, que se denuncia por igual amparo procesal, y se insiste en la denuncia de que en el F.J.4º se expresa que el contrato celebrado entre las partes debería quedar sujeto al requisito del art. 43 de la Ley de Marcas relativo a la licencias de signos distintivos. Tampoco se admite el motivo, porque dicho art. 43 es contundente cuando afirma que para la cesión o licencia de la marca surta efectos frente a terceros, deberá presentarse por escrito e inscribirse en el Registro de Marcas; sin que tampoco sean atendibles las afirmaciones posteriores diciendo que la inscripción en el Registro de Marcas de tales acuerdos de licencia en el momento de la celebración del contrato de 3 de octubre de 1988, no era posible, por que no existía ninguna marca concedida o solicitada en España que pudiera ser objeto de licencia, según lo previsto en nuestra Ley de Marcas, que por lo tanto, tampoco era preciso ningún requisito formal para que surtiera efecto con respecto a terceros. Argumentación endeble, porque, sin perjuicio de la eficacia del contrato con respecto a las partes que lo suscriben , es evidente, que, en todo caso, la cualidad de tercero resplandece en lo atinente a la parte actora siendo absolutamente llano que para la eficacia para terceros de ese contrato deberá estar preconstituído de tal forma que pueda acreditarse su existencia a los fines de que repercutan sus consecuencias en los intereses de los ajenos a su subcripción (cabe aplicar la tesis de la reciente sentencia de esta Sala de 18-10-95, que decía " ...Nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos inter partes; por eso, el licenciatario en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia; y si no actúa con base en ésta, para pedir la nulidad de la patente de un tercero, tendrá que justificar tanto su interés como el perjuicio que la patente pretendidamente nula le causa. C. se consideró o actuó en todo caso en el litigio con base en la licencia, es decir, como si fuese la titular y en ello exclusivamente basó su legitimación, sin aclarar el concepto en que pudiera sentirse perjudicada al margen de la licencia en exclusiva que decía pertenecerle y que iniciado el pleito en 1986 sólo aparece inscrita, en todo caso, el 6 de julio de 1988; por eso podía (derecho inter partes) pedirle al titular que actuase, pero no actuar por sí misma frente a tercero. Cierto que la Ley permite la acción de nulidad a todo perjudicado (legitimación procedimental), pero no hay perjuicio sin interés que defender y aquí sólo se justifica tal interés (legitimación causal) por una licencia en exclusiva no inscrita al tiempo de accionar, impidiendo la 'perpetuatio iurisdictionis' que se tome en cuenta una legitimación posterior o adquirida (inscrita) con efectos frente a tercero mucho después de entablada la demanda..."); de cualquier forma, al margen de la constatación formal de la marca en nuestro país, lo cierto es que en susodicho contrato, en su expositivo primero, literalmente se hace constar que la Cia. Mercantil Ceam, sociedad en comandita, es titular de la marca gráfica cuyo diseño aparece, que ha venido introduciéndose en España con la venta de sus productos desde 1968; por lo que es claro, que esa marca debe considerarse como tal a los fines de la eficacia para terceros que antes ha quedado razonada, por lo que el motivo ha de rechazarse. En el CUARTO MOTIVO, se denuncia la infracción por aplicación indebida del art. 7 C.c., al afirmar la sentencia, que por parte de la actora no se puede reprochar abuso de derecho a su conducta; y se aduce que las actuaciones llevadas a cabo por Cables Especiales de Levante, S.A., tendentes a obtener el registro de la marca gráfica núm. 1292033, han sido realizados de mala fe, remitiéndose posteriormente en el motivo a una serie de consideraciones para acreditar esa actuación de mala fe por la recurrida, tampoco el motivo puede prevalecer, porque hace supuesto de la cuestión y son meros juicios parciales que en nada pueden enturbiar la afirmación categórica que hace la Sala al respecto. En el QUINTO MOTIVO, se denuncia la aplicación indebida del art. 3.2 de la Ley de Marcas de 1988; ya que en el F.J.6º se expone por la Sala que un obstáculo fundamental para la pretensión de la recurrente es que no acredita ser usuaria extrarregistral de marca alguna, con lo cual, falta un presupuesto esencial para el ejercicio de las facultades que la legislación reconoce al usuario de una marca no registrada; haciéndose conexiones al F.J. 3º de la primera sentencia, y discrepando de sus afirmaciones, por cuanto se dice que el uso extrarregistral de una marca es una circunstancia objetiva, independientemente de quien sea el usuario o titular, que forma el elemento subjetivo de la titularidad; el motivo con base a esta afirmación, también es endeble, porque, sin perjuicio de que el uso extrarregistral tenga esa connotación objetiva o que trascienda del posicionamiento personal de los interesados, no obstante, en caso de contienda, es obvio que cuando una parte este interesada en acreditar dicho uso extrarregistral, podrá verificarlo, bien a través de una referencia en general al mercado, o bien, sobre todo, porque el mismo demuestre que ha venido a ser ese usuario al margen de la constancia registral; igualmente se hace constar en el motivo, el contenido, con respecto a la defensa de ese usuario registral, del art. 3.2 de la vigente Ley de Marcas, así como su Disposición Transitoria 3ª; que, asimismo, por la entidad italiana Ceam se creó la Marca en 1986, habiéndolo usado en Italia y en toda Europa, y autorizado su registro en España a la Cia. de Distribuciones; alegato que tampoco puede prevalecer, porque, parte de un supuesto de la cuestión, esto es, se aducen normas de tutela de todo usuario extrarregistral, cuando efectivamente esto no es posible aplicarlo al caso de la recurrente, porque la afirmación contundente que se hace por la propia Sala sentenciadora le impide aprovecharse de esa tutela a quien no tenga tal cualidad. En el SEXTO MOTIVO, se denuncia la infracción por aplicación indebida de la Ley de Competencia Desleal, que se denuncia al amparo del art. 1692.4 L.E.C.; pues se afirma que la sustentación de la demanda de la actora contra la recurrente no fue tan sólo por infracción de derechos de propiedad industrial sino también por infracción de las normas de esa leal concurrencia en el mercado , que asi mismo se citaba en el texto de la demanda no sólo el art. 10 bis del Convenio de la Unión de Paris, sino los arts. 87 y 88 de la Ley de Marcas, haciéndose constar en el motivo la peculiaridad de que "se da la circunstancia de que en el transcurso de la presente contienda ha visto la luz la nueva Ley de Competencia Desleal, que viene a derogar los preceptos citados de la Ley de Marcas, haciendo consideraciones sobre la sanción intercalada en su art. 12 de citada L.C.D., El motivo no se acoge, ya que aparte que esa nueva normativa de competencia desleal no es aplicable al caso del litigio, (es sabido que sobre la llamada Competencia Desleal en nuestro Derecho existe la siguiente evolución legislativa: 1º) "Ley de Propiedad Industrial de 1902. El art. 131 de la Ley de 1 de mayo de 1902, establece aparentemente una 'clasificación general' de la competencia desleal: 'Se entiende por competencia ilícita toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente Ley'... 2º) El Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1893, introdujo en su versión de la Haya (6-11-1925), la cláusula general de competencia desleal. El tratado, ratificado por España el 14 de julio de 1970 (B.O.E. 1-2-74) en su revisión de Estocolmo de 1967, pudo haber sido el comienzo de la aplicación de la disciplina en nuestro país, pero no lo fue, y esto debido a la existencia de la Ley de 1902, con lo que se entendían cumplios los preceptos del Convenio referentes a esta materia, otorgándole un mero valor de referencia... 3º) Ley de Marcas de 10-11-1988: se regula por primera vez con carácter general la competencia desleal. El artículo 87 dice 'se considera desleal todo acto de competencia que sea contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles'. El artículo 88 establece un catálogo de conductas desleales... 4º) Ley Publicidad 11-11-88, Lo dispuesto en la Ley de Marcas se complementa con las disposiciones referentes al tema de la Ley General de Publicidad de 11-11-1988: arts. 3 y ss, El art. 6 habla de la Publicidad Desleal: a) La que por su contenido , forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades. b) La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, y, en general, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles. c) La publicidad comparativa cuando no se apoye en coracterísticas esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no similares o desconocidos, o de limitada participación en el mercado... 5º) Ley de Competencia Desleal de 10-1-91, Posteriormente se redacta un Proyecto de Ley de Competencia Desleal el 25 de enero de 1990 y se aprueba la Ley 3/91, de 10 de enero de 1991 de Competencia Desleal, en vigor en la actualidad junto con las disposiciones previstas por la L.G.P. de 1988... se reputa competencia desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la fuena fe, entendida aquí como buena fe extracontractual y por lo tanto 'será desleal el comportamiento que no observe las normas de corrección y los buenos usos mercantiles. (Terminos similares emplea la L.G.P. para definir la deslealtad competitiva producida mediante actos publicitarios, y también es similar a lo dispuesto en el art. 87 de la Ley de Marcas)..."; tampoco la "ratio petendi" se funda al amparo de lo dispuesto en los arts. 87 y 88 de la vigente Ley de Marcas, - respecto a lo que se denomina T-IX de la competencia desleal-, por la sencilla razón de que la pretensión se basa en sustancia, en la publicidad desleal del art. 6 de la Ley 11-11-1988, que dice así: "Es publicidad desleal la que por su contenido... provoca el descredito de una persona en punto a sus productos" y por ello la sentencia recurrida no aprecia la existencia de competencia desleal, ya que en su línea de razonamiento sólo se califica de desleal la publicidad inserta en los anuncios del Diario "Las Provincias"; subrayando la Sala que en todo el recurso no se ataca exprofeso y taxativamente esa deslealtad publicitaria núcleo de la controversia; calificativo de publicidad desleal emitido por la Sala "a quo" en virtud del art. 6 Ley General de Publicidad de 11-11-88, que como es sabido es una especie en que se diversifica la publicidad ilícita - expresamente suplicada en la demanda- según su art. 3; todo lo cual produce, con el fracaso del motivo la DESESTIMACIÓN DEL RECURSO, con los demás efectos derivados

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por J. S. DISTRIBUCIONES, S.A., contra la Sentencia pronunciada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha 18 de mayo de 1992, condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso. Y a su tiempo comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Eduardo Fernández-Cid De Temes.- Luis Martínez-Calcerrada.- Antonio Gullón Ballesteros.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Luis Martínez- Calcerrada y Gómez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.