STS, 25 de Mayo de 1998
| Ponente | D. JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ |
| Número de Recurso | 1894/1997 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 25 de Mayo de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Mayo de mil novecientos noventa y ocho.
En el recurso de casación por infracción de precepto constitucional que ante Nos pende, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL contra sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cataluña, que estimó el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Pedro, declarando la nulidad de la sentencia dictada en el procedimiento del jurado, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que al margen se expresan, se han constituido para la Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. Don José Manuel Martínez- Pereda Rodríguez, siendo también parte como recurrido Pedro, representado por la Procuradora Sra. González Díez.I. ANTECEDENTES
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- El Juzgado de Instrucción nº 17 instruyó sumario con el número 1/97 contra Pedroy, una vez concluso, lo remitió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, con fecha 29 de septiembre de 1997 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS:
"PRIMERO.- En fecha 11 de julio pasado el Tribunal del Jurado, en el procedimiento antes reseñado, dictó sentencia cuya parte dispositiva literalmente dice: "FALLO: Debo condenar y condeno al acusado Pedro, como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de asesinato, precedentemente definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de 17 años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.- En concepto de responsabilidad civil condeno a Pedroa que indemnice a Don Eduardoy a Doña Regina, padres del fallecido, en la cantidad de veinte millones de pesetas (20.000.000 ptas.), mas los intereses previstos en el art. 921 de la LEc.- Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta le será abonado al acusado todo el tiempo de prisión preventiva que hubiera estado privado de libertad por esta causa".
Contra la anterior sentencia, la representación del condenado interpuso recurso de apelación alegando un primer motivo por infracción de precepto constitucional amparado en el art. 24.1 de la C.E. en relación con el 846 bis c) a), por quebrantamiento de normas y garantías procesales; en un segundo motivo por infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos amparado en el art. 849 bis c) b), por haber aplicado el art. 139.1 (asesinado) en lugar del 138 (homicidio), ambos del C.P. y en un tercer motivo por infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos amparado en el art. 846 bis c) b) de la LECrim. por inaplicación del art. 21.1ª en relación con el 20.1º del C.P. La Oficina del Jurado tuvo por interpuesto dicho recurso de apelación confiriendo traslado del mismo a las demás partes para que pudieran formular recurso supeditado de apelación; y dentro del plazo concedido por la representación de los acusadores particulares se formuló escrito de impugnación del recurso, en súplica de que se desestimara íntegramente y se confirmara la sentencia recurrida en todos sus extremos; y sin que dichas partes formularan recurso supeditado.
Emplazadas las partes para comparecer ante este Tribunal, así lo hicieron la representación del condenado como apelante, el Ministerio Fiscal y la acusación particular como partes apeladas. Por providencia de esta Sala de fecha 19 de los corrientes se tuvo por comparecidas y personadas a dichas partes en la forma respectivamente interesada y ello en virtud del emplazamiento que les fue efectuado por la Oficina del Jurado de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona en la causa de referencia, y de conformidad con lo prevenido en el art. 846 bis e) de la LECrim., se señaló para la vista del presente recurso el día 25 de este mes, en que tuvo lugar en la Sala de Audiencias de este Tribunal Superior de Justicia con asistencia de dichas partes y del condenado, informándose respectivamente por los Letrados del condenado y acusación particular y por el Ministerio Fiscal lo que estimaron oportuno en apoyo de sus respectivas pretensiones.- Actúa como Ponente el Magistrado de la Sala Ilmo. Sr. D. Ponç Feliu Llansa."
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- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
"FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Pedrocontra la sentencia nº 16/97, de 11 de julio, dictada en el Procedimiento del Jurado nº 8/97 dimanante del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona, declaramos la nulidad de la expresada sentencia, con consiguiente devolución de las actuaciones a la Audiencia Provincial de Barcelona para celebración de nuevo juicio; todo ello sin condena en costas."
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- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por el MINISTERIO FISCAL, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
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- El recurso interpuesto se basa en el siguiente motivo: UNICO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la C.E.
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- Instruidas las partes del recurso interpuesto, la representación de Pedrolo impugnó. La Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
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- Hecho el señalamiento, se celebró la Votación prevenida el día 20 de mayo.
El Ministerio Fiscal ha interpuesto un recurso de casación con un motivo único, que aduce vulneración de precepto constitucional, contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 29 de septiembre de 1997, en grado de apelación contra la dictada por el Tribunal del Jurado el 11 de julio de 1997 en procedimiento 8/97, causa con jurado 1/97 del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona.
La resolución impugnada por el Excmo. Sr. Fiscal, dictada por la referida Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, con devolución de las actuaciones a la Audiencia Provincial de Barcelona para la celebración de un nuevo juicio.
El recurso se ampara en un motivo único, que se basa en el artículo 5,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que aduce la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagró el artículo 24,1 de la Constitución Española.
La sentencia impugnada declaró la nulidad de la dictada por el Tribunal del Jurado, estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación y defensa del acusado, por entender que no se había determinado correctamente el objeto del veredicto al existir una contradicción en los hechos probados en los apartados 7º y 8º del mencionado objeto del veredicto.
Se expresa en el hecho 7 del veredicto: "El acusado dirigió un golpe con estilete a Emilio, aprovechando que estaba acorralado contra la barra del bar... sin posibilidad de defenderse ni huir" y en el hecho 8 se recoge: "Hallándose Emiliodesarmado y, por tanto, en desequilibrio de fuerzas fue acometido en situación de inferioridad, mermándose sus posibilidades de defensa".
Para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, «el núcleo de la contradicción reside, en que no podía el Jurado proclamar que la víctima se hallaba absolutamente indefensa, (pues a ello equivale la expresión "sin posibilidad alguna de defenderse") para simultáneamente declarar probado que tales posibilidades de defensa, sólo se hallaban mermadas en tanto -continúa aduciendo el apelante- ello deviene imposible "ya que si las posibilidades de defensa están mermadas es que algunas quedan">> Después el Tribunal de alzada desciende a la interpretación literal del verbo mermar, entendiendo que ambas expresiones sobrepasan con mucho la imprecisión lingüística "para con hipotética producción de efectos jurídicos radicalmente distintos, incidir de pleno en el juicio de subsunción normativa, en tanto una u otra realidad fáctica pudieran configurar muy distintas circunstancias, incardinables, por lo menos, en principio, una en la alevosía y otra en el simple abuso de superioridad, con las trascendentales consecuencias cualificativas del tipo delictivo inherentes a la primera agravante".
Para el Ministerio Fiscal en su recurso no existe una y otra afirmación en su aspecto estrictamente fáctico, ya que el núcleo de la afirmación fáctica del hecho núm. 7 es que Emilioestaba acorralado contra la barra del bar, siendo tal circunstancia afirmable en cuanto se ha presenciado la acción y una consecuencia de ésta, es la imposibilidad de defenderse o huir.
La subsiguiente afirmación del desequilibrio de fuerza y situación de minoridad con merma de las posibilidades de defensa suponen aditamentos de origen inferencial o deductivo, que se fundan en las máximas de experiencia, realmente diferenciales del hecho observado en el caso concreto y que una persona desarmada puede defenderse con mucha dificultad y a "duras penas" frente al ataque de una persona armada, no ofrece duda de que se trata de una "máxima de experiencia". En suma se afirman, según la tesis del recurso del Excmo. Sr. Fiscal dos puros hechos: 1) Que Emiliose encontraba acorralado contra la barra cuando se produjo el ataque; 2) Que Emiliose encontraba desarmado. Ambos hechos son perfectamente conciliables y no existe contradicción entre ellos.
Hay que partir del art. 846 bis a) de la LECrim. de la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, modificada por la Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre, que declara apelables las sentencias dictadas en primera instancia por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, para ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma, señalando el art. 846 bis a) el fundamento del recurso de apelación, en cuyo apartado a) y bajo el quebrantamiento de las normas y garantías procesales en el procedimiento o en la sentencia, se hubiere causado indefensión, con posibilidad de alegación exemplificativamente de los artículos 850 y 851.
El art. 847 admite recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley contra las sentencias de las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única y segunda instancia.
Pues bién deferida a la censura casacional tal cuestión, esta Sala tiene que acudir a su doctrina, referente al vicio procesal de la contradicción en los hechos probados recogida en el art. 851,1º de la tantas veces citada ley procesal penal.
Una reiterada doctrina jurisprudencial, condensada con acierto en la sentencia 953/1996, de 4 de marzo de 1997 y contenida, entre muchas, en las sentencias de 20 de septiembre de 1984, 2 de abril de 1985, 6 de junio de 1986 y las recientes 761/1994, de 6 de abril, 1123/1995, de 15 de noviembre 330/1996, de 15 de abril y 595/1996, de 28 de septiembre, viene declarando que son requisitos necesarios para que exista el vicio sentencial de contradicción previsto en el inciso segundo del artículo 851-1º de la LECrim., los siguientes: a) Que sea manifiesta y absoluta en el más amplio sentido gramatical de tales conceptos, lo que requiere significar jurídicamente que no sólo sea ostensible, sino también insubsanable, insoslayable y, sobre todo, incompatible con la integridad del relato histórico, con recíproca exclusión entre las distintas manifestaciones; b) Que como interna emane directa e inmediatamente de los propios términos en que aparezca la relación fáctica, confrontando los distintos vocablos, incisos, expresiones o pasajes internos en la misma; c) Que sea completa, afectando la incompatibilidad a los hechos y sus circunstancias, y, por ende, a la calificación jurídica, los grados de participación o ejecución y a cuantas circunstancias determinen la responsabilidad penal o civil; d) Que sea causal, o lo que es lo mismo, determinante de una advertible incongruencia, dada la relación directa entre el vicio procesal y el fallo final de la sentencia; e) Que las frases o expresiones contradictorias, por afectar a circunstancias esenciales de la cuestión controvertida y de la misma resolución, sean imprescindibles a la resultancia probatoria, de tal forma que su supresión propiciare la inexpresión, la incomprensión ó la falta de claridad de aquélla; siendo inocua la contradictio cuando su objeto aparezca intrascendente en el caso examinado, no influyendo en la determinación de la infracción criminal ni en la responsabilidad en juego de los sujetos encausados.
De tal doctrina interesa destacar ahora, que en primer lugar se requiere que sea manifiesta y absoluta en el más amplio sentido gramatical de tales conceptos, ostensible, insubsanable, insoslayable y, sobre todo, incompatible con la integridad del relato histórico, con recíproca exclusión. Ya la sentencia de 1 de junio de 1992 apuntó a la necesidad de que el choque de las expresiones o vocablos se traduzca en un vacío que arrastre la incongruencia del fallo y excluyendo la contradicción ideológica expresamente. Ya la sentencia de 14 de abril de 1991 había recordado que fuera gramatical y no conceptual. Hechos tan antitéticos entre sí, que su coexistencia resulte imposible, porque la afirmación de uno implique la negación del otro -sentencia de 26 de marzo de 1991-, negando que se produzca cuando los hechos sean congruentes en su redacción e interpretación literaria o gramatical de modo que para encontrar supuestas contradicciones sea menester acudir a interpretaciones mas o menos lógicas, como recordó la sentencia de 28 de febrero de 1989 y repitieron las posteriores de 28 de mayo, 4 de junio, 24 de septiembre y 15 de octubre de 1991, 20 de febrero, 12 de marzo, 10 de abril, 8, 18 y 26 de mayo, 12 de junio, 17 de julio, y 5 y 14 de noviembre de 1992, 323/1993, de 20 de febrero, 877/1993, de 20 de abril, 1108/1993, de 8 de mayo, 1947/1993, de 8 de septiembre 2491/1993, de 10 de noviembre, 2668/1993, de 24 de noviembre, 2741/1093, de 10 de noviembre, 2668/1993, de 24 de noviembre, 2741/1993, de 3 de diciembre y 2813/1993, de 13 de diciembre, 697/1994, de 25 de marzo, 1053/1994, de 23 de mayo y 1986 bis/1994, de 2 de noviembre, 202/1995, de 18 de febrero, 708/1995, de 25 de mayo y 777/1995, de 13 de junio, 132/1996, de 12 de enero, 237/1996, de 11 de marzo, 330/1996, de 15 de abril, 518/1996, de 12 de julio, 595/1996, de 28 de septiembre, 783/1996, de 28 de octubre, 978/1996, de 5 de diciembre y 649/1996, de 7 de diciembre, 90/1997 de 1 de enero, 224/1997, de 18 de marzo, 624/1997, de 8 de mayo, 884/1997, de 20 de junio y 692/1997, de 7 de noviembre, entre otras muchas.
Pues bién, resulta obvio que a la luz de tal doctrina deben examinarse las afirmaciones fácticas 7 y 8, en sí mismas, sin salir de su mera significación semántica, en su contradicción y existencia gramatical, pero sin proyectar en este momento - como hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- las posibles consecuencias jurídicas de ambos datos fácticos.
Los hechos deben examinarse en su pura facticidad -valga la redundancia- sin acudir para su compatibilidad u oposición a las implicaciones jurídicas latentes de cada proposición fáctica, pues la consecuencia para el mundo del Derecho ha de producirse tan sólo de la compatibilidad fáctica y por ello no puede adelantarse en este estadio comparativo valoración jurídica alguna.
Así, no pueden reputarse contradictorias que en el hecho 7 del veredicto se exprese que "el acusado dirigió un golpe con estilete a Emilio, aprovechando que estaba acorralado contra la barra del bar... sin posibilidad de defenderse o huir" con lo manifestado en el hecho 8, de que "hallándose Emiliodesarmado y, por tanto, en desequilibrio de fuerzas, fue acometido en situación de inferioridad, mermándose sus posibilidades de defensa", porque lo que puramente fácticamente expresan, no los juicios de valor que acompañan a las declaraciones puramente fácticas, es que Emilioestaba acorralado contra la barra del bar y que en tal situación el acusado dirigió su golpe de estilete contra él, aprovechando tal circunstancia y en el otro apartado, que estaba desarmado. Todo lo demás es inferencia, para destacar el desequilibrio de fuerzas, la inferioridad o la merma de posibilidades de defensa.
En los puros hechos no existe contradicción alguna. La Sala de alzada ha errado en su valoración comparativa por salirse de lo puramente fáctico y contemplar ahora en la contradicción, vicio procesal, la alternativa alevosía o abuso de superioridad, pero debió entender que el antagonismo hay que observarlo en los hechos y no en la anticipada valoración jurídica de los mismos.
El motivo único del Ministerio Fiscal debe ser estimado, anulando la sentencia de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de septiembre de 1997 y reivindicando y manteniendo por ello su virtualidad y eficacia la 16/1997 del Tribunal del Jurado de 11 de julio de 1997 del Tribunal del Jurado.III.
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de Ley, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha 29 de septiembre de 1997, en causa seguida a Pedro, por delito de asesinato, estimando su motivo único, y en su virtud ANULAMOS dicha sentencia, REIVINDICANDO Y MANTENIENDO por ello la sentencia del Tribunal del Jurado número 16/1997, de 11 de julio de 1997.
Comuníquese esta resolución al mencionado Tribunal Superior, a los efectos legales oportunos, interesando acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos LECTORES: T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal AUTO DE ACLARACIÓN Fecha Auto: 08/10/98 Recurso Num.: 1894/1997P Ponente Excmo. Sr. D. : José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez Secretaría de Sala: Sra. Oliver Sánchez Escrito por: CAD * Auto de aclaración. Recurso Num.: 1894/1997 Ponente Excmo. Sr. D. : José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez Secretaría Sr./Sra.: Sra. Oliver Sánchez A U T O TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO PENAL Excmos. Sres.: D. Gregorio García Ancos D. Enrique Bacigalupo Zapater D. José Antonio Martín Pallín D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez D. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar _______________________ En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de mil novecientos noventa y ocho. Dada cuenta y a la vista de los siguientes I.- H E C H O S PRIMERO.- En el recurso de casación 1894/1997-P, interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia número 12 de 29 de septiembre de 1997, de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recayó sentencia, cuya PARTE DISPOSITIVA es del siguiente tenor literal:«F A L L A M O S: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de Ley, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha 29 de septiembre de 1997, en causa seguida a Pedro, por delito de asesinato, estimando su motivo único, y en su virtud ANULAMOS dicha sentencia, REIVINDICANDO Y MANTENIENDO por ello la sentencia del Tribunal del Jurado número 16/1997, de 11 de julio de 1997.- Comuníquese esta resolución al mencionado Tribunal Superior, a los efectos legales oportunos, interesando acuse de recibo.- Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos>> SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se presentó escrito de la Procuradora de los Tribunales, Doña María Jesús González Diez, en nombre y representación procesal de Pedro, en el que solicitaba que se resolviera por este Tribunal "si el fallo de la sentencia omitió por error ordenar la devolución de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que dicte la sentencia sobre los extremos que en la anterior no le era posible resolver". TERCERO.- Por proveído de este Tribunal de 25 de junio pasado se acordó unir el precedente escrito a las actuaciones y pasar la causa al Magistrado Ponente para la resolución correspondiente, acordándose por proveído de 7 de julio de 1998 pasar las actuaciones al Ministerio Fiscal a fin de que emita informe al respecto. CUARTO.- Mediante escrito con data de 15 de septiembre pasado, el Excmo. Sr. Fiscal dictaminó que la expresión de la sentencia de casación de "reinvindicación y mantenimiento" de la resolución del Tribunal de Jurado 16/1997, de 11 de julio, ha de entenderse como simple desestimación de la nulidad antes declarada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y sin perjuicio de cuanto resulte de la resolución sobre los motivos 2º y 3º, (que se refieren al fondo) del recurso de apelación, que entre en actuación de pendencia ante la Sala de lo Civil y lo Penal, como consecuencia necesaria de la desestimación de la nulidad por la sentencia de la Sala Segunda.
PRIMERO.- Antes de examinar el tema de los escritos de la defensa del acusado y del Ministerio Fiscal, sustancialmente coincidentes, procede destacar los siguientes presupuestos fácticos que deben ser contemplados: A.- La sentencia 16/97, de 11 de julio de 1997, del Tribunal del Jurado condenó al acusado, Pedrocomo autor criminalmente responsable de un delito de asesinato, sin circunstancias, a las penas correspondientes, indemnizaciones civiles y costas. B.- Contra dicho fallo la representación del condenado interpuso recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, con alegación de tres motivos. El primero, de infracción de precepto constitucional, amparado en el art. 24,1 de la Constitución en relación con el art. 846 bis c), por quebrantamiento de normas y garantías procesales. El segundo, por infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos amparado en el art. 846 bis c) por haber aplicado el art. 139,1 (asesinato), en lugar del art. 138 (homicidio), ambos del Código Penal. Y el tercero, con el mismo amparo procesal que el precedente, por inaplicación del art. 21,1º, en relación con el art. 20,1º del Código Penal. C.- La Sala de lo Civil y de lo Penal, al examinar el primer motivo del recurso y estimarlo, decretando en consecuencia la nulidad de la sentencia del Tribunal del Jurado, se abstuvo del examen de los dos restantes motivos de fondo. D.- Contra tal resolución recurrió el Ministerio Fiscal, con un recurso de infracción de ley, conformado en un único motivo, que fue estimado por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia y en la que se añadía en su Parte Dispositiva, literalmente transcrita en anterior antecedente de hecho de esta resolución, además de la anulación de la sentencia del Tribunal Superior, "reivindicando y manteniendo por ello la sentencia del Tribunal del Jurado número 16/1997, de 11 de julio de 1997". SEGUNDO.- Señala al respecto el art. 267,1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que "los Jueces y Tribunales no podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmados, pero sí aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan". También en el art. 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se pronuncia en semejante sentido. Pues bien, el mal llamado recurso de aclaración permite la corrección no sustancial de cualquier resolución definitiva. El objeto del recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia se refería exclusivamente a la censura casacional de la nulidad de la sentencia del Tribunal del Jurado decretada por dicho Tribunal. TERCERO.- Al estimar esta Sala de casación que no existía tal nulidad de la sentencia del jurado y declararlo así, añadió en su Parte Dispositiva: "Reivindicando y manteniendo por ello la sentencia del Tribunal del Jurado 16/1997, de 11 de julio de 1997", faltándole precisar y, por tanto omitiendo la consecuencia obligada de «en el estado procesal de impugnación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en que se encuentra debido a un recurso de apelación interpuesto en el mismo por la representación y defensa del acusado, cuyos dos motivos de fondo han quedado imprejuzgados>> Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación. III.- RESOLUCION LA SALA ACUERDA: SE SUPLE la omisión que contiene la parte dispositiva de la sentencia de esta Sala de Casación 763/1998, de 25 de mayo de 1998 -Recurso 1894/1997-P- añadiendo a la frase "Reivindicando y manteniendo por ello la sentencia del Tribunal del Jurado 16/1997, de 11 de julio de 1997" el siguiente párrafo «en el estado procesal de impugnación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en que se encuentra, debido a un recurso de apelación interpuesto en el mismo por la representación y defensa del acusado, cuyos motivos de fondo han quedado imprejuzgados>> La misma Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictará sentencia sobre los motivos no examinados por la nulidad precedente, ahora desestimada. Notifíquese a las partes esta resolución y comuníquese al Tribunal de Justicia a los efectos oportunos. III.- RESOLUCIÓN En nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español LA SALA ACUERDA: Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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