STS 932/2003, 27 de Junio de 2003

Por infracción de ley del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por infracción de ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por infracción de ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- La representación del procesado basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del principio de presunción de inocencia e infracción del artículo 24.1 y 2 de la Constitución Española.

Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por infracción del artículo 24.1 y 2 de la Cosntitución Española, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.

Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del principio de presunción de inocencia e infracción de los números 1 y 2 del artículo 24 de la Constitución Española.

Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgáncia del POder Judicial, por vulneración del principio de presunción de inocencia y del artículo 24.1 y 2 de la Constitución Española.

Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del principio de presunción de inocencia e infracción de los artículos 24.1 y 2 de la Constitución Española.

Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de ley, por infracción del artículo 153 del Código Penal.

5. - Instruidas las partes de los recursos interpuestos la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación el día 16 de Junio de 2003.

Examinaremos en primer lugar el recurso formalizado por el condenado que presenta un primer motivo, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por estimar que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

1. - El motivo se esfuerza en combatir la declaración de hechos probados, que le imputa haber quemado a su esposa con un cigarrillo en la muñeca. Estima que la declaración de la víctima, no puede ser prueba de cargo, debido a que existe una enemistad manifiesta entre ambos. Para reforzar su tesis, apunta que la denunciante también le acusó de la comisión de varios delitos de agresión sexual con penetración, que no han sido estimados por la Sala sentenciadora. Se extiende posteriormente, en consideraciones sobre la ambigüedad e imprecisión de todas las manifestaciones inculpatorias realizadas por la denunciante.

2. - El planteamiento de la cuestión deja muy pocos resquicios para tomar en consideración las argumentaciones deslizadas por la representación procesal de la defensa del acusado. Ante la abundante jurisprudencia sobre el tema de la presunción de inocencia, no podemos olvidar que su construcción crítica, se basa en dos presupuestos fundamentales. Por un lado, es necesario que se alegue la utilización, de pruebas ilícitamente obtenidas y con vulneración de derechos fundamentales. Es evidente, que este vicio no ha sido denunciado por la parte recurrente. Además, y con carácter alternativo, se debe concretar la impugnación en un análisis de la prueba disponible alegando que, por su contenido, carece de entidad incriminatoria o no es suficiente, para sustentar una decisión perjudicial para el reo.

En el caso presente, toda la fuerza impugnativa se basa en la desvalorización del testimonio de la víctima y de las que llama testigos de referencia. Para ello adopta una posición de rechazo, en función de una situación de enemistad manifiesta y, sobre todo, en la falta de credibilidad de los testimonios basándose en que, otras acusaciones más graves, como las de agresión sexual, no han sido tenidas en cuenta por la Sala sentenciadora.

La crítica del testimonio, es una obligación profesional de los que se encargan de impartir justicia en los juicios contradictorios, por lo que su desvalorización sólo puede tener su causa en una falta de congruencia y de racionalidad en el examen de los elementos de prueba disponibles. Esta carencia no se observa en el caso presente. Revisando los materiales probatorios utilizados, se llega a la incuestionable conclusión de su adaptación a las reglas de la sana crítica, aceptando determinadas versiones y rechazando otras por estimar que no están suficientemente acreditadas, más allá de toda duda razonable.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo segundo se ampara de nuevo en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por estimar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva habiéndosele causado indefensión. Asimismo estima que se le ha ignorado su derecho a ser informado de la acusación, vulneración del derecho a un proceso público con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

1. - Para dar salida a esta catarata de infracciones constitucionales, la parte recurrente parte inicialmente de la declaración, como hecho probado, de un suceso que no había sido objeto de acusación, como es el mal trato psíquico derivado de los acontecimientos del 5 de Diciembre de 1999. Por ello estima que no se le dio oportunidad de demostrar que no ha existido tal maltrato.

2. - Como se desprende de la lectura del desarrollo del motivo, a pesar de la cantidad de principios fundamentales que denuncia como violados, no existe la más mínima referencia a los datos o elementos procesales que podrían justificar las vulneraciones constitucionales alegadas.

   Por ello, debemos centrar nuestra respuesta, en torno a la conculcación del principio acusatorio en relación con un pasaje concreto del hecho probado, como el del intento de suicidio de la víctima a consecuencia de unos comportamientos escandalosos y reprobables del acusado, como fué el de masturbarse con la puerta abierta, sin tener en cuenta la posibilidad de que pudieran verle los menores. Al recriminarle esta conducta el acusado le reprochó su comportamiento de la cama.

3. - El principio acusatorio, exige que las pretensiones de las acusaciones, se concreten, de la mejor manera posible, en datos o elementos fácticos debidamente especificados, que sirvan de sustento firme a la calificación jurídica que mantienen las partes. La multiplicidad de sucesos que tienen acceso a los tribunales, hace imposible la descomposición de los hechos incriminados, en todas las secuencias encadenadas que constituyen la base del hecho delictivo.

   Existen hechos que, por su simplicidad y esquematismo, permiten sintetizar la acción imputada en un conjunto de actos, cronológicamente diferenciados, que nos dan una visión completa de la acción que se quiere enjuiciar.

   En el caso que nos ocupa, nos enfrentamos ante un comportamiento delictivo que, por sus especiales circunstancias, no puede agotarse en una acción concreta y en un sólo resultado causal. Se trata de examinar una historia de desencuentros, agresiones y violencia física y psíquica, en el seno de una relación matrimonial, que no se puede reducir a un relato sintético, cuando lo que se persigue es una reiterada y constante actuación agresiva, que pueda incardinarse en el tipo delictivo del artículo 153 del Código Penal. El citado precepto contempla una agresión continuada, que afecta no sólo a la integridad física sino a la dignidad y la estabilidad psíquica de la persona que, en el seno de una relación de pareja, se ve sometida, por uno de sus componentes, a una vejación y humillación continuada, metódica y deliberada, que tiene como objetivo conseguir una situación de dominio, que vulnera la propia personalidad de la víctima.

4. - Las acusaciones relataron, sin ánimo exhaustivo, la parte esencial de la imputación. La descripción pormenorizada de los detalles de la conducta agresiva y humillante hubieran convertido el relato en una dramática narración literaria, que se habría apartado de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 650, exige, solamente, escoger los hechos que, por su contenido, sean suficientes para sustentar una calificación delictiva.

   Si examinamos los escritos de acusación, el desarrollo del juicio y la asunción por la Sala de los que estima probados, podemos llegar a la conclusión de que el acusado ha tenido oportunidad de contradecir la acusación básica, que no era otra que la de imputarle una conducta permanente de violencia y humillación. Este debate estuvo presente en las sesiones del juicio oral y tuvo ocasión de defenderse. No podemos compartir la alegación de que, si hubiera conocido con todo detalle la acusación habría propuesto una prueba pericial psiquiátrica, para acreditar que no se había producido trastorno psíquico. Su práctica, cualquiera que hubiera sido su resultado, no tenía virtualidad para descartar, las acciones afrentosas a las que hemos hecho referencia. Las conclusiones y valoraciones sobre tan rechazable comportamiento corresponden, en todo caso y en exclusiva, a la Sala sentenciadora.

   A pesar de que nada se alega por la parte recurrente, tenemos que señalar que las condenas separadas por faltas de malos tratos, no impiden la aplicación del tipo del artículo 153 del Código Penal que, precisamente, se ha producido para recoger y elevar a la categoría de delito, el reiterado y anormal comportamiento de los que, en el seno de una pareja hacen de la convivencia, un infierno salpicado de conductas repetidas que, por su valoración aislada, se convertirían en un rosario de faltas, levemente castigadas, que no alcanzarían el reproche penal que tan ofensiva actitud merece.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

Los motivos tercero, cuarto y quinto se formalizan, todos ellos, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por estimar que se ha vulnerado el principio constitucional de presunción de inocencia.

1. - La parte recurrente explica que se trata de motivos subsidiarios, dedicando todos sus esfuerzos a combatir la valoración de las pruebas existentes y, con más intensidad, la relativa a la consideración del intento de suicidio como mal trato psíquico.

   De forma incorrecta y por la vía de la presunción de inocencia, introduce el tema de la doble agravación del hecho de la bofetada, por el que se le condena por falta y además, como un elemento más de la violencia doméstica.

2. - Una vez que se ha contestado negativamente a los supuestos de vulneración de derechos fundamentales, realizada en los dos motivos anteriores, no existe posibilidad alguna de tomar en consideración las alegaciones sobre la presunción de inocencia, pues como puede observarse por el contenido y desarrollo de los motivos, no denuncia la existencia de pruebas ilícitas, ni alega ni se observa insuficiencia probatoria de las que estima que se han valorado indebidamente.

   Su relación con la posible vulneración del principio ne bis in idem, debemos descartarlo ya que el tipo del artículo 153 del Código Penal, tiene autonomía propia, protegiendo valores constitucionales como la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, el rechazo a los tratos inhumanos y degradantes, reforzando en suma la convivencia en condiciones de igual, seguridad y libertad.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo sexto y último de este recurrente, se canaliza por la vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que se le ha aplicado indebidamente el artículo 153 del Código Penal.

1. - Estima que no concurre el elemento fundamental de la habitualidad, ya que no existe nada más que una sola sentencia condenatoria y, que, para apreciarla, es precisa la concurrencia de tres o más acciones que hayan sido probadas y condenadas.

   Denuncia que, si no se considera la habitualidad en función de estos datos objetivos, se entra en el mundo de la inseguridad jurídica y se vulneran los derechos constitucionales.

2. - Si bien la sentencia no concreta de una manera cronológica y precisa las acciones de malos tratos físicos y psíquicos, mantenidas por el acusado con respecto a su esposa, se afirma rotundamente que, desde los meses de diciembre de 1.999 a febrero de 2000, el recurrente mantuvo una conducta de permanente violencia y humillación hacia su esposa. Las referencias que se hacen en la sentencia a este comportamiento reiterado y persistente, sólo tratan de poner de relieve un elemento sustancial como es el de la habitualidad, no en sentido jurídico sino en sentido material.

   En la sentencia se describe la existencia de malos tratos psíquicos habituales, como golpes, vejaciones y humillaciones que, sin necesidad de ninguna otra connotación jurídica, constituyen un elemento que configura el reproche penal, hacia conductas de esta naturaleza, que no solamente afectan a la integridad física y psíquica de la persona sino también a su propia dignidad.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

La acusación particular interpone un primer motivo de casación al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

1. - Mantiene que el error que imputa al órgano juzgador, se desprende del contenido de un informe de la psicóloga en el que se dice que, en dos ocasiones, estando consumiendo drogas, agredió sexualmente a su mujer.

2. - Es evidente que el informe que se pretende aportar como documento, carece de este carácter, no sólo por su estricta naturaleza, sino también por su contenido. Como puede observarse no aporta ningún dato técnico, científico o médico, que pudiera servir para sustentar un error en el juzgador, si no que se limita a transcribir unas declaraciones de la esposa, que después también reproduce en el acto del juicio oral.

En definitiva, nos encontramos ante una prueba de carácter personal, que no tiene viabilidad respecto de la posibilidad de modificar el hecho probado.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo segundo de esta parte, se acoge a la vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando la inaplicación del artículo 178 del Código Penal y de paso la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

1. - La parte recurrente recuerda que, tanto el Ministerio Fiscal como la misma, habían sostenido la existencia de tres delitos de violación. Admite que no puede seguir manteniendo dicha petición, en el presente trámite casacional, porque el documento esgrimido en el motivo anterior habla solamente de dos agresiones sexuales y no de violaciones.

   El motivo, tiene como finalidad conseguir la condena por dos delitos de agresión sexual. Admite que la posible duda en favor del reo, nos llevaría a admitir agresiones sin penetración, lo que podría estar vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, dejando de este modo, impunes conductas delictivas en cuanto a infracciones contra libertad sexual tipificadas en el art. 178 del Código Penal. Entiende que la pretensión de que se condene al acusado por dos delitos de agresión sexual no vulnera el principio acusatorio.

2. - Habiéndose desestimado el motivo anterior, lo que impide la modificación del hecho probado, es absolutamente imposible, atender a la petición de la parte recurrente, ya que la falta de sustento fáctico no da pie para poder calificar los hechos, ni siquiera como un delito genérico de agresión sexual del artículo 178 del Código Penal.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo tercero de esta parte recurrente, se ampara en el art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denunciando la aplicaicón errónea de los artículos 109 y 110 del Código Penal, en relación con el artículo 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

1. - La sentencia rechaza la inclusión de las costas de la acusación particular en la condena, por lo que estima que se infringe la doctrina reiterada de esta Sala en relación a la apreciación de las costas de la acusación particular.

   Mantiene que su intervención en el proceso, no ha sido ni inútil, ni supérflua, ni gravemente perturbadora de la tramitación de la causa y recuerda que ha mantenido posturas absolutamente heterogéneas, respecto de las que sostuvo la acusación pública.

   Por otro lado ha propuesto numerosas pruebas testificales y ha incorporado a las actuaciones una serie de datos relativos a las agresiones y amenazas, que considera decisivas para que se haya obtenido una condena por delito de maltrato continuado.

2. - La impugnación realizada por la parte acusadora debe ser estimada, en cuanto que las peticiones que se formularon, como puede observarse por la lectura de los escritos de calificación, no fueron inicialmente homogéneas y porque, del examen de las actuacoines, se desprende que la actividad investigadora, que ha incentivado el acusador particular, ha contribuido a la clarificación de los hechos que han sido objeto de investigación.

   En consecuencia, no se trata de una actitud procesal irrelevante, sino decisiva, por lo que de acuerdo con la doctrina unánime de esta Sala, procede imponer las costas de la acusación particular al condenado.

   Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.

   III.

   FALLO

   FALLAMOS: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de ley y de precepto constitucional interpuesto por la representación procesal de Juan Francisco contra la sentencia dictada el día 18 de Febrero de 2002 por la Audiencia Provincial de Valladolid en la causa seguida contra el mismo por un delito de malos tratos habituales. Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

   QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR PARCIALMENTE AL RECURSO DE CASACION interpuesto por la representación procesal de Marisol casando y anulando la mencionada sentencia en lo relativo a las costas. Declaramos de oficio las costas causadas por la representación procesal de esta parte.

   Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicta a la Audiencia mencionada a los efectos oportunos, con devolución de la causa en su día remitida.

   Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

   SEGUNDA SENTENCIA

   En la Villa de Madrid, a veintisiete de Junio de dos mil tres.

   En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, con el número 1/01 contra Juan Francisco , con D.N.I nº NUM001 , nacido el 29-9-1964 en Valladolid, hijo de Jose Francisco y de María del Pilar , con domicilio en C/ DIRECCION000 nº NUM002 , NUM003 de Valladolid, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en libertad provisional por esta causa de la que ha estado privado desde el 1 de Febrero de 2002 hasta el 11 de Febrero de 2002, en la cual se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 18 de Febrero de 2002, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen, bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, que hace constar lo siguiente:

1. - Se da por reproducido los antecedentes de hecho y los hechos probados de la sentencia recurrida.

1. - Se da por reproducido el fundamento de derecho séptimo de la sentencia antecedente.