STS, 11 de Diciembre de 2002

Ponente:Enrique Lecumberri Martí
Número de Recurso:3898/2001
Procedimiento:CONTENCIOSO - RECURSO CASACION (PARA LA UNIFICACI
Fecha de Resolución:11 de Diciembre de 2002
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. JESUS ERNESTO PECES MORATED. ENRIQUE LECUMBERRI MARTID. AGUSTIN PUENTE PRIETOD. FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Diciembre de dos mil dos.

Visto por la Sala del Tribunal Supremo, Sección Sexta, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación para la unificación de doctrina número 3898/2001, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la Letrada de la Generalidad Valenciana contra la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 15 de mayo de 2001 -recaída en los autos 2805/97-, que desestimó el recurso contencioso-administrativo deducido contra la resolución del Secretario General de Presidencia dictada el 23 de julio de 1995, por la que se concedía una subvención a la entidad mercantil "Edicions del País Valencià S.A.", que posteriormente fue declarada lesiva para el interés público.

Ha comparecido en calidad de parte recurrida en este recurso de casación la procuradora Dª Teresa Castro Rodríguez, en nombre y representación de la entidad mercantil Edicions del País Valencià S.A

ANTECEDENTES

PRIMERO

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia el 15 de mayo de 2001 cuyo fallo dice:

"1º.- Desestimar la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la Generalidad Valenciana, asistida de su propio Servicio Jurídico, contra la resolución del Secretario General de Presidencia dictada el 23 de julio de 1995, por la que se concedía a la mercantil Edicions del País Valencià S.A. una subvención de 5.334.830 pts., posteriormente declarada lesiva para el interés público.

  1. - Declarar la conformidad a Derecho de la recurrida resolución, y, en consecuencia, la improcedencia de su posterior declaración de lesividad, reconociendo el derecho de la mercantil Edicions del País Valencià S.A, a percibir la ayuda concedida con los intereses correspondientes a contar desde la fecha en que la demandante conoció el escrito de contestación a la demanda computados sobre la cantidad que en su día se le asignó de 5.334.830 pts.

  2. - Hacer expresa imposición de las costas procesales a la demandante de conformidad con lo dispuesto en la Ley de esta Jurisdicción."

SEGUNDO

Por escrito de 11 de julio de 2001, la Letrada de la Generalidad Valenciana interpone ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recurso de casación para unificación de doctrina contra la sentencia antes referida, al considerar la misma lesiva para los intereses de su patrocinada, aportando como sentencias contradictoras las dictadas por la misma Sala de fechas 22 de junio de 2000 (recaída en el recurso contencioso-administrativo CH-1473/97) y 8 de febrero de 2000 (recaída en el recurso contencioso-administrativo 368/97), entendiendo que "la sentencia cuya casación se pretende efectúa una errónea interpretación de las normas que rigen la figura de la subvención que [...] es una de las medidas que utiliza la Administración para fomentar la actividad de los particulares considerados de interés general, comprendiendo el concepto toda clase de favorecimiento mediante la concesión de estímulos económicos, ya signifiquen estos una pérdida de ingresos para la Administración, ya un desembolso inmediato de dinero público, destinado a dicha función de fomento o promoción, y si bien, en principio, el establecimiento de la subvención se inscribe dentro de la potestad discrecional de la Administración, una vez que la subvención ha sido establecida y regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la regla y su atribución concreta escapa del puro voluntarismo de la Administración".

Frente a ello, entiende que "las sentencias invocadas como contradictoria vienen a recoger la doctrina jurisprudencial en la que se declara que conocida la existencia de la subvención y de las condiciones que debían regir la misma, el pago está condicionado al cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en la norma que la establece y regula".

Finalmente suplica a la Sala que, en su día, dicte sentencia por la que estime el presente recurso, y case y anule la recurrida, declarando que la misma quebranta la interpretación del Derecho y que la doctrina correcta es la contenida en las sentencias invocadas y, en consecuencia, que el pago de la subvención concedida está condicionado al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la norma que establece y rige la subvención.

TERCERO

Evacuando el traslado conferido, la representación procesal de Edicions del País Valencià S.A. formula su oposición al recurso de casación para la unificación de doctrina, mediante escrito de 17 de octubre de 2001 dirigido a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el que tras alegar cuanto estima procedente, suplica a la Sala que dicte sentencia por la que acuerde la inadmisión del recurso, o, alternativamente, desestime el recurso, confirmando la sentencia impugnada en todos sus extremos y con imposición de las costas al recurrente.

CUARTO

Admitido este recurso mediante diligencia de ordenación de 30 de julio de 2001 y elevadas las actuaciones a este Tribunal Supremo, por providencia de esta Sala de 9 de enero de 2002 se tiene por interpuesto el recurso y se remiten las actuaciones a la Sección Sexta, conforme a las reglas de repartos de asuntos.

QUINTO

Conclusas las actuaciones, se fijó para votación y fallo de este recurso el día 28 de noviembre de 2002, fecha en que tuvo lugar habiéndose observado en su tramitación las reglas establecidas por la ley.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO

La representación procesal de la Generalidad Valenciana interpone recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de quince de mayo de dos mil uno, recaída en los autos 2805/1997, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la referida Comunidad autónoma contra la resolución del Secretario General de Presidencia de veintitrés de julio de mil novecientos noventa y cinco, que concedió a la entidad mercantil "Edicions del País Valencià S.A." una subvención de cinco millones trescientas treinta y cuatro mil ochocientas treinta pesetas -32.062,97 ¤- posteriormente declarada lesiva para el interés público.

Considera la parte recurrente que la mencionada resolución judicial es contraria a las dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en sentencias de veintidós de junio y ocho de febrero del año dos mil, en las que respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sutancialmente iguales llegaron a pronunciamientos distintos, ya que, a su juicio, esta identidad de hechos se produce en la concesión de determinadas subvenciones que posteriormente fueron anuladas al no acreditarse debidamente los requisitos establecidos en la normativa que rige la subvención.

SEGUNDO

El artículo 97.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción exige que el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida.

En el caso que enjuiciamos, la parte recurrente, lejos de cumplir lo ordenado en el reseñado precepto, simplemente se limita a alegar que la sentencia recurrida efectúa una errónea interpretación de las normas -que no cita- que rigen la figura de la subvención, ya que su concesión ha de venir supeditada al cumplimiento de las condiciones y formalidades que regulan este tipo de auxilios económicos.

Esta defectuosa formalización del recurso, por sí sola habría de dar lugar a la desestimación del recurso de casación, puesto que, evidentemente, no concurre el requisito exigible conforme al artículo 96.1 de la Ley Jurisdiccional de que el pronunciamiento de la sentencia llega a resultados diferentes con fundamentos y pretensiones sutancialmente iguales; además, tampoco la Administración recurrente ha dado cumplimiento a lo exigido por el artículo 97.1 de la Ley de esta Jurisdicción, relativo a la necesidad de acompañar al escrito interpositorio del recurso de casación para unificación de doctrina certificación con expresión de la firmeza de las sentencias, firmeza que no consta en el texto de dicha certificación respecto de las dos sentencias de contraste que se acompañan.

TERCERO

Por otra parte, tampoco existe antinomia jurídica entre la sentencia recurrida, que recayó en un proceso de lesividad, y las que se citan como elemento de contradicción, pues sus hechos y pretensiones fueron distintas, según se deduce de una mera lectura de las fundamentaciones jurídicas de las respectivas sentencias.

En efecto.

la sentencia de veintidós de junio de dos mil versó en el proceso ordinario tramitado con el número 1473/97, sobre la legalidad de la resolución adoptada por la Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, que anuló una subvención concedida al amparo de la Orden de dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, y ordenó al Ayuntamiento de Alzira el reintegro de la misma, por incumplir la Corporación municipal las condiciones establecidas para la ejecución de unas obras de acondicionamiento de caminos rurales.

la sentencia de ocho de febrero de dos mil, recaída en los autos 368/1997, recayó en el proceso contencioso-administrativo, también ordinario, promovido a instancia de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana, contra la resolución de la Dirección General de Asuntos Sociales, de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que revocaba la ayuda concedida a la referida entidad para los programas de convivencia e intervención para la prevención e inserción social, y se le requería la devolución de una suma percibida, por no haber justificado el beneficiario la totalidad del gasto objeto de la subvención, y

la sentencia impugnada, después de delimitar en su fundamento segundo los presupuestos o requisitos determinantes de las ayudas contempladas en la Orden de 25 de marzo de mil novecientos noventa y siete: a) que las solicitudes se presenten en tiempo y forma y b) que no se hayan agotado las disponibilidades presupuestarias, llega a la conclusión jurídica que por el solicitante, obtentor de la subvención, se cumplieron los requisitos formales, por no estar obligado a presentar el documento 202, regulado por la Orden de dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y tres.

CUARTO

Por ello, ante esta falta de identidad declaramos no haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina y condenamos en costas a la parte recurrente, conforme a lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de la Generalidad Valenciana contra la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha quince de mayo de dos mil uno -recaída en los autos 2805/97-; con imposición de las costas causadas en este recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, firme , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Martí, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, lo que certifico. Rubricado.