STS, 3 de Mayo de 2007

Ponente:JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZ
Número de Recurso:4027/2005
Fecha de Resolución: 3 de Mayo de 2007
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social
RESUMEN

ACUERDO DE PREJUBILACIÓN. RECLAMACIÓN DE PAGAS DE BENEFICIOS. PRESCRIPCIÓN. Los actores reclaman el pago de determinadas cantidades en concepto de diferencias entre lo percibido y lo debido percibir, en virtud del pacto de prejubilación. Las pagas que nos ocupan deben abonarse en su totalidad, si bien aplicando la prescripción prevista en el art. 59.2 del ET, de suerte que deben considerarse prescritas las sumas devengadas más allá del año inmediatamente anterior a la presentación de la papeleta de conciliación. En primera instancia se admite en parte la demanda. Se estima en parte el recurso de casación.

 
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CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Mayo de dos mil siete.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos por el BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA y D. Jose Augusto Y OTROS, defendidos por los Letrados Sres. Ramos García y Sanchis Juste, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 7 de Junio de 2005, en el recurso de suplicación nº 3743/04, interpuesto frente a la sentencia dictada el 9 de Julio de 2004 por el Juzgado de lo Social nº 2 de Alicante, en los autos nº 392/04, seguidos a instancia del mencionado recurrente Jose Augusto Y OTROS contra el BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, sobre reclamación de cantidad.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JUAN FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El 7 de Junio de 2005 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Alicante, en los autos nº 392/04, seguidos a instancia de D. Jose Augusto Y OTROS contra el BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, sobre reclamación de cantidad. La parte dispositiva de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es del tenor literal siguiente: " Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Banco Santander Central Hispano, S.A. y estimamos en parte el también nterpuesto en nombre de los actores que luego se dirán contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 2 de los de Alicante el día 9 de julio le 2004 en proceso sobre cantidad seguido a instancia de los actores que se ndicarán contra de Banco Santander Central Hispano, S.A. y revocamos la expresada sentencia en el exclusivo sentido de sustituir el pronunciamiento de condena que contiene por el siguiente: A Don Jose Augusto, a la suma de DIEZ CHOCIENTOS CUARENTA y DOS EUROS, CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (10.842,52.-), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1.999 y el 31 de julio de 2.003. A Don Juan Pablo, a la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS, CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2.000 Y el 31 de julio de 2003. A Don Fidel

, la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y SIETE EUROS, CON CINCUENTA CENTIMOS

(11.857,50), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 1.999 Y el 31 de Julio de 2.003. A Don Pedro Miguel la suma de OCHO MIL DIECIOCHO EUROS, CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (8.018,55), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de

1.999 y el 31 de julio de 2.003. A Don Carlos Alberto, la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS, CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (9.460,44.-), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 1. 999 y el 31 de julio de 2.003. A Don Narciso, la suma de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS, CON CINCUENTA y SIETE CENTIMOS (10.921,57.-), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2.000 Y el 31 de julio de 2.003. A Don Clemente

, la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS, CON SESENTA y OCHO CENTIMOS

(11.236,68.-), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de Abril de 1.999 y el 31 de julio de 2.003. A Don Luis Alberto, la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA y TRES EUROS, CON OCHENTA y OCHO CENTIMOS (9.863,88.-), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1.999 y el 31 de julio de 2.003. A Don Ángel, la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA y DOS EUROS, CON CATORCE CENTIMOS (8.642,14. -), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2.000 y el 31 de julio de 2.003. A Don Victor Manuel, la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS, CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (11.824,57.-), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2.000 y el 31 de julio de 2.003. A Don Inocencio, la suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARETA y OCHO EUROS, CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (14.834,34), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1.999 y el 31 de julio de 2.003. A Don Agustín, la suma de DOCE MIL VEINTICINCO EUROS, CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (12.025,92.-), en concepto de diferencias en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1.999 y el 31 de julio de 2.003. Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir, condenándose al recurrente al abono de honorarios de Letrado de la parte impugnante del recurso en cuantía de 300 euros. En cuanto a la cantidad consignada para recurrir dése a la misma el destino legal, una vez firme la presente sentencia. "

SEGUNDO

La sentencia de instancia, de 9 de Julio 2004, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Alicante, contenía los siguientes hechos probados: "1º.- PRIMERO.- Que los actores D. Jose Augusto, D. Juan Pablo, D. Fidel, D. Pedro Miguel, D. Carlos Alberto, D. Inocencio, D. Victor Manuel,

D. Agustín, D. Ángel, D. Luis Alberto, D. Clemente, y D. Narciso, han prestado sus servicios para la entidad demandada, con las siguientes circunstancias laborales: 1.-D. Jose Augusto, desde el 1-2-67, con la categoría profesional de administrativo nivel IX, y salario mensual de 1.932,45 euros; 2. D. Juan Pablo, desde el 12-10-64, con la categoría profesional de administrativo nivel IX, y salario mensual de 2.091,95 euros; 3.- D. Fidel, desde el 15-9-69, con la categoría profesional de técnico nivel V, y salario mensual de

2.775,97 euros; 4.- D. Pedro Miguel, desde el 31-3-79, con la categoría profesional de administrativo nivel IX, y salario mensual de 1.759,57 euros; 5.- D. Carlos Alberto, desde el 1-10-61, con la categoría profesional de administrativo nivel IX, y salario mensual de 2.137,21 euros; 6.- D. Inocencio, desde el 22-9-65, con la categoría profesional de nivel IV, y salario mensual de 3.074,68 euros; 7.- D. Victor Manuel, desde el 25-10-64, con la categoría profesional de nivel VII, y salario mensual de 2.210,22 euros; 8.- D. Agustín, desde el 1-6-60, con la categoría profesional de nivel VII, y salario mensual de 2.271,48 euros; 9.- D. Ángel, desde el 1-9-69, con la categoría profesional de administrativo nivel IX, y salario mensual de 1.950,38 euros; 10.-D. Luis Alberto, desde el 19-7-77, con la categoría profesional de administrativo nivel IX, y salario mensual de 1.795,51 euros; 11.- D. Clemente, desde el 1-5-59, con la categoría profesional de administrativo nivel IX, y salario mensual de 2.087,70 euros, y 12.- D. Narciso, desde el 1-1-68, con la categoría profesional de técnico nivel VIII, y salario mensual de 2.075,50 euros. ...2º.- Que los actores acordaron con el Banco

cesar en el servicio activo mediante un convenio de prejubilación en las fechas siguientes: D. Jose Augusto el 31-3-99 con efectos de 1-4-99 (f. 74 a 76), D. Juan Pablo el 31-12-99 con efectos de I1-1-00 (f. 80 a

82), D. Fidel el 31-10-99 con efectos de 1-11-99 (f. 86 a 88), D. Pedro Miguel el 31- 10-99 con efectos de 1-11-99 (f. 92 a 94), D. Carlos Alberto el 30-11-99 con efectos de 1-12-99 (f. 98 a 100), D. Inocencio el 30-9-99 con efectos de 1-10- 99 (f. 104 a 106), D. Victor Manuel el 31-12-99 con efectos de 1-1-00 (f. 109 a 111), D. Agustín el 31-7-99 con efectos de 1-8-99 (f. 114 a 116), D. Ángel el 31-12-99 con efectos de 1-1-00 (f. 120 a 122), D. Luis Alberto el 31-3-99 con. efectos de 1-4-99 (f. 125 a 127), D. Clemente el 31-3-99 con efectos de 1-4-99 (f. 131 a 133), y D. Narciso el 31-12-99 con efectos de 1-1-00 (f. 137 a 139) hasta su jubilación. ...3º.- Que en dicho convenio la empresa, durante la suspensión del cóntrato, se comprometía a abonarles anualmente una cantidad equivalente al 100% de su salario, como si estuvieran en activo, una vez deducidas las cuotas de la Seguridad Social, que sería pagadera por doceavas partes, por meses vencidos, y cuyo importe sería base a tener en cuenta, en cuanto complemento a satisfacer por la entidad financiera respecto a las prestaciones a percibir por el Itrabajador del INSS, una vez haya solicitado y se le haya reconocido la pensión correspondiente I la contingencia por jubilación. En el supuesto de quedar en situación de Invalidez Permanente antes de proceder a su jubilación, la empresa complementaría hasta ese 100% del salario, la pensión a percibir por el trabajador de la Entidad Gestora, por la contingencia de invalidez. En el supuesto de fallecimiento del trabajador, este 100% de sueldo, sería la base a complementar por la entidad financiera, respecto a las prestaciones por viudedad (hasta el 50%), o de orfandad (20% por cada huérfano o 30% por orfandad total), por tales contingencias reconociera el INSS. ...4º.- Que la demandada viene abonando a los actores sus retribuciones sin tener en cuenta las pagas extraordinarias de beneficios que se aprobaron por acuerdo del dia 23-3-00 de la Junta General Ordinaria de la entidad, a la vista de los beneficios obtenidos durante el ejercicio de 1.9,99, como cqnsecuencia de la fusión de las dos entidades financieras, Banco Central Hispano, S.A., y Banco de Santander, S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del convenio colectivo para la Banca Privada (B.O.E. de 26 de noviembre de 1.999, con efectos del dia 1-1-99) aprobado por Resolución de fecha 5-11-99; y por ello reclaman mediante este procedimiento en concepto de diferencias salariales las cantidades de: 10.842,52 euros por el período 1-4-99 al 31-7-03 D. Jose Augusto, 10.673,89 eurospor el período 1-1-00 al 31-7-03 D. Juan Pablo, 11.857,50 euros por el período 1-11-99 al 31-7-03 D. Fidel, 8.018,55 euros por el período 1-11-99 al 31-7-03 D. Pedro Miguel, 9.460,44 euros por el período 1-12-99 al 31-7-03 D. Carlos Alberto, 14.848,34 euros por el período 1- 10-99 al 31-7-03

D. Inocencio, 11.824,57 euros por el período 1-1-00 al 31-7-03 D. Victor Manuel, 12.025,92 euros por el período 1-8-99 al 31-7-03 D. Agustín, 8.642,14 euros por el período 1-1-00 al 31-7-03 D. Ángel, 9.863,88 euros por el período 1-4-99 al 31-7-03 D. Luis Alberto, 11.23f,68 euros por el período 1-4-99 al 31-7-03 D. Clemente, y 10.921,57 euros por el período 1-1-00 al 31-7-03 D. Narciso ; calculadas sobre un salario bruto anual, respectivamente, de 4.017.654 de las antiguas pesetas para D. Jose Augusto, de 4.312.358 de las antiguas pesetas para D. Juan Pablo, de 5.761.659 de las antiguas pesetas para D. Fidel, de 3.636.303 de las antiguas pesetas para D. Pedro Miguel, de 4.427.780 de las antiguas pesetas para D. Carlos Alberto

, de 6.476.461 de las antiguas pesetas para D. Inocencio, de 4.585.701 de las antiguas pesetas para D. Victor Manuel, de 4.728.528 de las antiguas pesetas para D. Agustín, de 4.035.138 de las antiguas pesetas para D. Ángel, de 3.721.797 de las antiguas pesetas para D. Luis Alberto, de 4.331.077 de las antiguas pesetas para D. Clemente, y de 4.296.388 de las antiguas pesetas para D. Narciso, según desglose que obra efectuado en el hecho séptimo de sus demandas acumuladas que se da aquí por reproducido; así como su derecho a que dicho importe sea el importe matriz a complementar por la entidad financiera, en el momento en ' que a los actores les sean aprobadas las prestaciones de jubilación o invalidez; o a sus beneficiarios las de viudedad y orfandad por el INSS. ...5º.- Que interpuesta por los actores papeleta de conciliación en fecha 31-7-03, el preceptivo acto de conciliación ante el S.M.A.C. se celebró el dia 12-9-03 concluyendo el mismo con eí resultado de SIN AVENENCIA."

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Jose Augusto, D. Juan Pablo, D. Fidel, D. Pedro Miguel, D. Carlos Alberto, D. Inocencio, D. Victor Manuel, D. Agustín, D. Ángel,

D. Luis Alberto, D. Clemente, y D. Narciso, frente a la empresa BANCO SANT ANDER CENTRAL HISPANO, S.A.,' sobre CANTIDAD, debo declarar y declaro el derecho de todos los actores, a excepción de

D. Juan Pablo, D. Carlos Alberto, D. Victor Manuel, D. Ángel, Y D. Narciso, a que, en la retribución a satisfacer por la entidad financiera como consecuencia de la fusión de los Bancos antecesores, Banco Central Hispanoamericano, S.A., y Banco de Santander, S.A., fueron aprobadas por esta entidad en la Junta General Ordinaria celebrada el dia 23-3-00, con respecto al ejercicio de 1.999, si bien únicamente en proporción al tiempo efectivamente trabajado por cada uno de los actores en el año 1.999; y la cantidad resultante sea el importe matriz a complementar por la entidad financiera, en el momento en que a los actores les sean aprobadas las prestaciones de jubilación o invalidez, o a sus beneficiarios, las de viudedad y orfandad, por parte del INSS, condenando a la empresa demandada a que abone a los actores en concepto de diferencias salariales por el período 1-8-02 a 31-7-03 las cantidades siguientes: 2.502,12 euros a D. Jose Augusto,

2.978,76 euros a D. Juan Pablo, 3.162 euros a D. Fidel, 2.138,28 euros a D. Pedro Miguel, 2.580,12 euros a D. Carlos Alberto, 3.873,48 euros a D. Inocencio, 3.299,88 euros a D. Victor Manuel, 3.006,48 euros a D. Agustín, 2.411,76 euros a D. Ángel, 2.276,28 euros a D. Luis Alberto, 2.593,08 euros a D. Clemente, y 3.047,88 . euros a D. Narciso .

TERCERO

La Letrada Sra. Ramos García, mediante escrito de 29 de Septiembre de 2005, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alegan como sentencias contradictorias con la recurrida las dictadas por la Sala de lo Social con sede en Granada del Tribunal Superior de Andalucía de fecha 2 de marzo de 2004, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 25 de febrero de 2004 y la dictada por la Sala de Social del Tribunal Supremo de fecha 4 de febrero de 2003 . SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 59.1 del ET, en relación con el artículo

43.1 de la Ley General de la Seguridad Social,

El Letrado Sr. Sanchis Juste mediante escrito de 30 de Septiembre de 2005, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina en el que se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 29 de junio de 2004.

CUARTO

Por providencia de esta Sala de 20 de Octubre de 2005 se tuvo por personados ambos recurrentes y por interpuestos los presentes recursos de casación para la unificación de doctrina.

QUINTO

En la mencionada providencia se concedió al recurrente BSCH un plazo de 10 días para que eligiera, entre las sentencias que invoca, una por cada materia de contradicción alegada, con la advertencia de que de no hacer dicha elección se entenderá que opta por la más moderna. La parte designó como sentencia de contradicción la dictada en fecha 2 de marzo de 2004 por la Sala de lo Social con sede en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

SEXTO

Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar PROCEDENTE el recurso del Banco Santander Central Hispano e IMPROCEDENTE el recurso de los actores, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El Banco Santander Central Hispano, S. A (BSCH) recurre en casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada el 7 de Junio de 2005 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que se desestimó su recurso de suplicación interpuesto frente a la resolución de instancia, dictada el 9 de Julio de 2004 por el Juzgado de lo Social número dos de Alicante. Ésta había estimado parcialmente las demandas, condenando al BSCH a abonar a los actores determinadas cantidades en concepto de diferencias entre lo percibido y lo debido percibir, en virtud del pacto de prejubilación.. Pero como los trabajadores demandantes también habían entablado recurso de suplicación, éste se estimó, y la Sala revocó la decisión de instancia, y acordó que las sumas a pagar ascendían a las solicitadas en sus respectivas demandas (estimándolas así íntegramente) por el concepto que nos ocupa, ya que entendió que la acción no había prescrito, por considerar que se trataba de una mejora voluntaria de la Seguridad Social, y que estaba sujeta al plazo de prescripción de 5 años.

Pese a lo que se acaba de señalar con respecto a las demandas formuladas por los trabadores, ocho de éstos han interpuesto también recurso de casación unificadora, solicitando que se condene a la demandada a abonar a cada uno de ellos las cantidades que señalan, y que son exactamente las mismas que pretendían en sus demandas, y a cuyo pago íntegro ya resultó condenada la empresa -según hemos dicho- por la resolución aquí recurrida. Por razones de método nos ocuparemos en primer lugar de este recurso, para cuyo sostenimiento aportan, en calidad de referencial, la Sentencia dictada el día 29 de Junio de 2004 por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el Recurso 4860/03. Ni siquiera procede atender a si esta resolución resulta o no contradictoria con la recurrida, a los efectos prevenidos en el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), pues existen dos causas de inadmisión del recurso, a las que atenderemos seguidamente.

SEGUNDO

El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso extraordinario que debe estar fundado en un motivo de infracción de ley (artículo 222 de la LPL, en relación con los apartados a),

b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal). La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia "no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia "(S. 25 de abril de 2002 - R. 2500/2001). Así se deduce no sólo del art. 222 LPL, sino de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en ese orden Social, cuyo art. 477.1 prescribe que "el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso", mientras que el artículo 481.1 de la LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.2º de la LEC (Autos de inadmisión de 14 de marzo de 2001 (R. 1589/2000), 9 de mayo de 2001 (R. 4299/2000), 10 de enero de 2002 (R. 4248/2000) y de 27 de febrero de 2002 (R. 3213/2001 ), y Sentencias de 25 de abril de 2002 (R. 2500/2001), 11 de marzo de 2004 (R. 3679/2003), 19 de mayo de 2004 (R. 4493/2003), 8 de marzo de 2005 (R. 606/2004) y 28 de junio de 2005 (R. 3116/04 ).

Concurre claramente esta causa de inadmisión del recurso, toda vez que el escrito de interposición del mismo se limita a citar, con relación al fondo, el art. 18 del Convenio Colectivo para la Banca Privada, así como el art. 1258 del Código Civil y dos Sentencias de esta Sala, pero sin decir tan siquiera que tales preceptos y jurisprudencia haya sido infringidos, y menos aún contiene el escrito razonamiento alguno acerca de por qué o en qué sentido creen estos recurrentes que se haya producido la vulneración. Ello obligaría al Tribunal a construir el recurso, con la lógica pérdida de la obligada neutralidad de aquél y consiguiente producción de indefensión a la parte contraria.

Pero es que, además, la resolución impugnada resulta irrecurrible para los actores, por la evidente falta de interés de éstos, dada la inutilidad del recurso que formulan. El art. 448.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que trata del derecho a recurrir, señala con toda claridad que las partes podrán interponer los recursos legalmente previstos, pero solo "contra las resoluciones judiciales que les afecten desfavorablemente", y la que ellos impugnan les ha sido totalmente favorable, al reconocerles la totalidad de las cantidades que postulaban en sus respectivas demandas, plenamente ratificadas éstas en el acto del juicio verbal. La única explicación que puede tener tan anómalo proceder se encuentra en el hecho de que parecen recurrir contra la fundamentación y no contra el "fallo" o parte dispositiva, sin tener en cuenta que es dicho fallo y no la argumentación el que contiene el mandato judicial decisorio de la controversia.

Efectivamente, del razonamiento, no muy claro, contenido en al apartado 2 del tercer fundamento de dicha resolución, parece inferirse que la Sala sentenciadora sostiene que procede reconocer a los actores únicamente las cuantías de las pagas extraordinarias en proporción al tiempo trabajado durante el año 1999, que fue aquél en el que se suspendió el contrato; pero hemos de insistir en que el fallo de la resolución les ha concedido todo lo que pedían, de tal suerte que la decisión les resultó totalmente favorable.

Resulta evidente, por tanto, que los demandantes carecían de interés para impugnar la sentencia, lo que legalmente les privaba de facultad para recurrirla. Procede, pues, ya en este momento procesal, la desestimación de este recurso, sin imposición de costas (art. 233.1 de la LPL ), al tener reconocido los recurrentes el beneficio de justicia gratuíta.

TERCERO

Atendiendo ahora al recurso ejercitado por el BSCH, plantea dicho recurrente, con carácter previo, una petición de nulidad de la resolución combatida, por atribuirle incongruencia, pero a esta cuestión ni siquiera procede atender aquí y ahora, por cuanto, en relación con ella, no se cita (ni menos aún se aporta) ninguna resolución de contraste. Esta Sala se ha ocupado en múltiples ocasiones de la cuestión relativa a la necesidad de que, cuando en el recurso de casación para la unificación de doctrina se denuncian infracciones procesales graves que hayan causado indefensión, es preciso para poder dictar una resolución estimatoria que la resolución referencial sea realmente contradictoria con la recurrida, por exigencia del citado art. 217 de la LPL . Baste citar al respecto nuestras Sentencias de 16 de Junio de 2004 (rec. 4126/03) y de 16 de Noviembre de 2004 (rec. 4210/03 ), que a su vez invocan otras anteriores.

Podría parecer que esta decisión supone crear una indefensión a la parte recurrente por el hecho de que no obtenga la tutela pretendida con la alegación que nos ocupa. Sin embargo, esa falta de tutela no se produce, tal como se razona en nuestras Sentencias de 16 de Julio de 2004 (rec. 4126/03) y 7 de Diciembre de 2006 8rec. 3771/05 ), entre otras, "ya que, como recuerdan las sentencias de 21-11-01 (recs. 2856/99 y 234/99) y 28-2-01 (rec. 1902/2000 ) cuando no se supera el filtro de la contradicción, la protección solicitada podrá tener lugar, si se cumplen en cada caso los requisitos legales, bien por medio del incidente de la nulidad de actuaciones, del artículo 240 de la LOPJ de acuerdo con la reforma introducida por la Ley Orgánica 13/1999, del 14 de mayo [hoy sería el art. 241, en virtud de la reforma operada por Ley Orgánica 19/2003 de 23 de Diciembre]; bien por vía del error judicial de los artículos 293 y siguientes de la misma Ley reguladora del Poder Judicial; incluso por medio del Recurso de Amparo".

CUARTO

Como genuinos motivos del recurso, el BSCH ofrece formalmente tres, aunque los dos primeros suponen una descomposición artificial del contenido unitario de la controversia, a base de llevar a cabo una petición principal y una subsidiaria. A ellos nos referiremos posteriormente.

Atendiendo ahora al tercer motivo formal (segundo real), relativo a si corresponde al trabajador una actualización del complemento pactado que implique la adición de las dos pagas de beneficios en su totalidad o solo en la parte proporcional al tiempo en que permaneció en activo en el año 1999, aporta para el contraste nuestra Sentencia de 4 de Febrero de 2003 (rec. 1402/02 ).

Hay que apreciar falta de contradicción entre las dos resoluciones comparadas, pues la resolución aquí combatida, pese a que de su no muy clara argumentación pudiera deducirse otra cosa, lo cierto es que en el fallo concede a los actores -como ya antes hemos dicho- todas las cantidades que solicitaban en sus demandas, de tal suerte que, de hecho, resuelve en el mismo sentido (a este respecto) que la referencial, esto es, concediendo la cuantía íntegra de las pagas extraordinarias adicionales, y no meramente la parte proporcional al tiempo servido durante 1999. Por consiguiente, no se cumplen las condiciones requeridas por el art. 217 de la LPL para la existencia de la contradicción, por cuanto no existe discrepancia en los respectivos fallos. No puede prosperar, por ende, este motivo.

QUINTO

Debemos ahora prestar atención al primero y segundo motivo (formales) que, en realidad, constituyen uno solo. A este respecto, debemos poner de manifiesto que ya en otras ocasiones ha ejercitado este recurrente varios recursos exactamente iguales al que ahora nos ocupa, y señalado al respecto las mismas resoluciones de contraste que en esta ocasión. Así ha sucedido, entre otras, en el caso de nuestras Sentencia de 21 de Abril de 2004 (rec. 2324/05) y 13 de Marzo de 2007 (rec. 4240/05). Por eso, procede llevar a cabo ahora el mismo razonamiento y adoptar la misma decisión que en dichas Sentencias, pues así lo imponen elementales razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley (arts. 9º.3 y 14 de la Constitución española), además de resultar ello acorde con el espíritu y finalidad del recurso de casación para la unificación de doctrina. A continuación reproducimos la argumentación contenida en dichas resoluciones.

SEXTO

Como sentencia de referencia, en primer lugar y para lo que hemos de entender como un primer motivo del recurso, se aporta por la entidad recurrente la dictada el 2 de marzo de 2004 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, recaída en el recurso de suplicación 3038/03. En ella, la Sala de Granada, al analizar la prescripción de la acción opuesta por la empleadora en un asunto muy similar al que es objeto de este recurso de casación unificadora, aunque referido al parecer a las diferencias económicas correspondientes exclusivamente al año 2000, llega a la conclusión de que "tratándose en el presente caso de una reclamación de cantidad derivada de un pacto extintivo de la relación laboral, y no de una prestación o mejora de Seguridad Social, el plazo de prescripción aplicable no es el de 4 años propio de estas prestaciones al que alude la sentencia recurrida, sino el general del art. 59.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET)., conforme al cual, la reclamación económica que se postula se encuentra prescrita, ya que, tanto si se localiza el dies a quo en el 30 de noviembre de 1999, fecha en la que se extingue la relación laboral por mutuo acuerdo de las partes, como si lo es en la publicación del Convenio colectivo que se invoca de 26/11/99, o en el pacto que se dice celebrado entre empresa y trabajador en marzo de 2000..., presentada la papeleta de conciliación ante el CMAC el 10 de julio de 2002 es evidente que en esta fecha habían transcurrido más de dos años desde que la acción pudo ejercitarse, por lo que ha de ser acogido este motivo de la recurrente, sin necesidad por ello de entrar a conocer los demás motivos formulados asimismo al amparo del apartado c) del art. 191 de la LPL, con revocación de la sentencia de instancia".

En segundo lugar, de forma subsidiaria, según se dice, y para el que hemos de entender como el segundo motivo del recurso, se aporta como sentencia de referencia para la contradicción la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en fecha 25 de febrero de 2004, en el recurso de suplicación 1027/03, que, aplicando igualmente la prescripción anual, concluye que la misma solo puede afectar a los abonos anteriores en más de un año a la fecha de la interpelación que supuso la última reclamación. Pero no a los de la última anualidad.

De igual modo que ya dijéramos en nuestras reseñadas Sentencias de 21-IV-2006 (rec. 2324/05) y 13-III-2007 (rec. 4240/05 ), hemos de señalar ahora que "concurre el requisito de la contradicción respecto a lo que hemos considerado el primer motivo, resultando ya irrelevante el análisis del segundo, porque aunque la sentencia de Granada no establece con claridad, en contra de lo que parece sostener la entidad recurrente, que el dies a quo para el cómputo de la prescripción sea aquél en el que la demandante suscribió el compromiso de prejubilación, lo cierto es que, aunque sea por entender erróneamente, según luego se verá, que la prejubilación constituye la extinción de la relación y que las cantidades reclamadas suponen una indemnización por esa extinción pactada del contrato de trabajo, aplica el plazo de prescripción anual y no el quinquenal, como ha hecho la sentencia impugnada".

SEPTIMO

El recurso, que denuncia la infracción del artículo 59.1 del ET, en relación con el artículo

43.1 de la Ley General de la Seguridad Social, ha de ser parcialmente estimado respecto a este primer motivo, sin necesidad siquiera de analizar ya el segundo, en idéntico sentido al expresado, entre otras, por las Sentencias de esta Sala del 21 de septiembre de 2005 (rec. 3977/04), 15 de noviembre de 2005 (rec. 5037/04), 13 de febrero de 2006 (rec. 3488/04) y 10 de abril de 2006 (rec. 4216/04 ), en primer lugar, porque el pacto derivado de la aceptación por el trabajador de la oferta que le hizo la empresa no era de extinción sino de suspensión del contrato por expreso acuerdo de ambas partes (art. 45.1.a/ ET ), manteniendo la empleadora el compromiso de abonar determinadas cantidades hasta que el trabajador alcanzara la pensión pública de jubilación. Como ya dijimos, no es válido que la empresa postule hoy la extinción del contrato, en contra de sus propios actos, cuando ella misma ofreció y aceptó que éste quedara en suspenso. Ha de entenderse, pues, que el precepto aplicable es el art. 59.2 del ET (FJ 10º STS 21-9-2005, rec. 3977/05 ) porque la acción se ejercita para exigir percepciones económicas de tracto sucesivo que sólo prescriben con el transcurso de un año desde su respectivo vencimiento.

Lo hasta aquí razonado pone de manifiesto que la Sentencia recurrida se apartó de la buena doctrina, por lo que procede casarla y resolver conforme a la ortodoxia doctrinal el debate planteado en suplicación (art. 226.2 de la LPL ). A este respecto, cabe señalar que la resolución de instancia ha de ser plenamente confirmada, desestimando así los dos recursos de esta última clase, interpuestos tanto por los actores como por el demandado, pues dicha resolución entendió, correctamente, que las pagas que nos ocupan deben abonarse en su totalidad, si bien aplicando la prescripción prevista en el art. 59.2 del ET, de suerte que consideró prescritas las sumas devengadas más allá del año inmediatamente anterior a la presentación de la papeleta de conciliación. Debiendo hacerse notar que las cantidades concretas reconocidas por el Juzgado no fueron objeto de discusión en suplicación, donde solamente se postuló la prescripción total.

OCTAVO

Respecto de las costas, por aplicación de lo dispuesto en el art. 233.1 de la LPL, procede imponer las de suplicación al Banco recurrente y no a los actores, por gozar éstos del beneficio de justicia gratuita. En cuanto a las del presente recurso, no procede imponerlas a ninguno de los recurrentes.

Finalmente, debe devolverse al aludido Banco el depósito que constituyó para recurrir en casación, perdiendo en cambio el relativo a la suplicación, y quedando afectas al fin que les es propio las cantidades consignadas para interponer dicho recurso.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

  1. - Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por DON Jose Augusto y otros contra la Sentencia dictada el día 7 de Junio de 2005 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el Recurso de suplicación 3743/04, que a su vez había sido ejercitado frente a la Sentencia que con fecha 9 de Julio de 2004 pronunció el Juzgado de lo Social número dos de Alicante en el Proceso 392/04, que se siguió sobre reclamación de cantidad, a instancia de los mencionados recurrentes contra el BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. Sin costas.

  2. - Estimamos el recurso de casación unificadora interpuesto contra la propia Sentencia por el mencionado Banco. Casamos la Sentencia recurrida, anulando sus pronunciamientos, y resolvemos en los siguientes términos el debate planteado en suplicación: a) Desestimamos el recurso de esta última clase interpuesto por los actores, sin imposición de costas. b) Desestimamos igualmente el ejercitado por el demandado, al que imponemos las costas de dicho recurso, cuyo importe será fijado, si fuere preciso, por la Sala "a quo" dentro del límite legal. Confirmamos íntegramente la Sentencia del Juzgado. Sin costas en el presente recurso de casación.

  3. - Devuélvase al expresado Banco el depósito constituido para recurrir en casación, acordándose, en cambio, la pérdida del que constituyó para recurrir en suplicación, al que se dará el destino legal; y queden afectas al fin que les es propio las cantidades consignadas para recurrir el suplicación.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional de procedencia,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Juan Francisco García Sánchez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.