STS 1630/2002, 2 de Octubre de 2002

El acusado, Marcelino , fue condenado por la A.P. de Santa Cruz de Tenerife como autor responsable de un delito de lesiones del art. 150 C.P., con la concurrencia de la circunstancia atenuante, muy cualificada, de arrebato, del art. 21.3, a la pena de un año y seis meses de prisión con las accesorias legales, costas y responsabilidades civiles que se especifican en el fallo de la sentencia ahora recurrida.

El primer motivo contra dicha resolución se formula por el acusado al amparo del art. 849.2º, por error de hecho en la apreciación de la prueba, mediante el cual el recurrente pretende modificar el relato histórico de la sentencia impugnada, adecuándolo a la versión del desarrollo de los hechos que ofrece el acusado recurrente, y ello con el objetivo de fundamentar que la actuación de éste se llevó a cabo en el ejercicio del derecho a la legítima defensa que el Tribunal a quo no apreció.

El motivo no puede ser estimado, toda vez que, como ha declarado esta Sala en numerosísimos precedentes jurisprudenciales que por su notoriedad excusan de la cita, el único y exclusivo instrumento procesal que acredita el "error facti" del Tribunal sentenciador al elaborar la declaración de hechos probados, son auténticas y genuinas pruebas documentales, que por su simple contenido y literalidad, y sin necesidad de otros elementos probatorios complementarios, demuestren de manera indubitada y definitiva el error del juzgador acerca de datos de hecho que sean relevantes para la subsunción. Pero, de manera igualmente reiterada y pacífica, hemos declarado que no constituyen "documentos" a efectos casacionales del art. 849.2º L.E.Cr. las declaraciones o manifestaciones de acusados, coacusados y testigos, porque éstas no son pruebas documentales, sino de naturaleza personal, aunque figuren documentadas en el procedimiento judicial de una u otra forma, y que, por su carácter de pruebas personales, solamente pueden ser valoradas por los jueces ante los cuales se practican en virtud del principio de inmediación, por lo que dicha valoración no es posible someterla a la revisión casacional. El motivo aduce como elementos acreditativos del error que denuncia, las declaraciones del coacusado recurrente prestadas en diversas fases del proceso, por lo que, según la doctrina expuesta, dichas manifestaciones no constituyen los "documentos" requeridos por la Ley procesal para fundamentar la censura casacional prevista en el citado art. 849.2º L.E.Cr., y no habiéndose señalado ningún documento legalmente apto para acreditar el error que se alega, es claro que el reproche no puede prosperar.

Por el mismo cauce impugnativo alégase otro error de hecho en la apreciación de la prueba al no haberse declarado probado que el acusado que recurre acudió a la Comisaría de Policía a confesar la acción ilícita inmediatamente después de concluir la pelea con Agustín , de suerte que la inclusión de este elemento en la declaración fáctica obligaría a la aplicación de la circunstancia atenuante de arrepentimiento espontáneo prevista en el art. 21.4º C.P.

El motivo debe ser desestimado por dos razones. En primer lugar porque la diligencia policial (folio 1) que cita el recurrente no acredita que el acusado confesara la agresión por la que finalmente resultó condenado, sino que acudió a Comisaría a denunciar los hechos ocurridos de los que se presentaba como víctima. Y, en segundo lugar, porque, aún admitiendo a efectos dialécticos la modificación que se postula del relato histórico, lo cierto es que lo que el motivo pretende es la aplicación en este trámite casacional de la circunstancia atenuante ya mencionada, lo que no resulta legalmente posible si tenemos en cuenta que la misma no fue interesada en la instancia, planteándose de manera extemporánea, "per saltum", ante este Tribunal de casación como una cuestión nueva, no planteada ni debatida en el escenario procesal correspondiente cual es el procedimiento que concluyó con la sentencia que ahora se recurre, impidiendo de ese modo a las partes acusadoras alegar y proponer pruebas al respecto, y al Tribunal sentenciador pronunciarse sobre la cuestión. Tal insalvable obstáculo pretende soslayarlo el recurrente alegando que la atenuante que ahora interesa "debió aplicarse de oficio" por el Tribunal sentenciador, argumento absolutamente inaceptable al no tratarse de una materia de orden público que legitimara a aquél a resolver de oficio sin previa pretensión de alguna de las partes procesales.

Los motivos Cuarto y Quinto, formulados ambos al amparo del art. 849.1º L.E.Cr., alegan infracción de ley, el primero por incorrecta aplicación del art. 150 C.P., y el segundo por indebida falta de aplicación del art. 152.3 del mismo Código. Dada la evidente y estrecha relación entre ambas censuras casacionales, las analizaremos conjuntamente.

La misma línea argumental recorre el desarrollo de uno y otro motivo, que se fundamentan en la misma alegación reiteradamente aducida, esto es que ".... de los hechos probados se deduce la total falta de dolo .....", aseveración que se concreta más adelante señalando que el acusado ".... procuró la mordida al primigenio agresor, y con animus dolo-genético tradicional (animus laebendi), sin que dicho dolo abarcara el resultado producido" (sic). Y se resume afirmando que "la acción de lesiones, querida, produjo un resultado no deseado, lesión que si fuera dolosa se incardinaría en el art. 150 C.P.

Es bien sabido que el delito de lesiones requiere un elemento objetivo: la lesión causada a la víctima, y un elemento subjetivo consistente en el dolo genérico de lesionar. Tanto si ello es directamente querido por el agente, como si éste se ha representado la probabilidad del resultado y lo ha aceptado, concurrirá el dolo, bien directo, bien eventual, sin cabida a la preterintencionalidad del resultado concreto producido. Ello es así por cuanto el dolo del sujeto activo respecto al resultado lesivo ocasionado por la acción no puede ser puesto en duda cuando el agente pudo conocer íntegramente el riesgo implícito de dicha acción, debiendo recordarse que el término "de propósito" incluido en el art. 419 C.P. derogado ha sido excluido del art. 150 C.P. vigente, lo que elimina cualquier cuestión sobre la aplicación del dolo eventual al supuesto agravado de lesiones del citado art. 150 actual (STS de 24 enero 2.001).

La declaración de Hechos Probados nos dice que Marcelino (el ahora recurrente) y Agustín se enfrentaron "golpeándose entre sí los acusados utilizando Agustín solamente las manos, mientras que el acusado Marcelino le procuró a Agustín un mordisco en la cara que le originó una herida con pérdida de sustancia en mentón derecho que precisó tratamiento quirúrgico de cirugía maxilo facial .....".

Es patente que, dadas las características de la acción agresiva y la misma simplicidad de ésta revelan, si no un propósito deliberado de ocasionar la lesión producida, cuanto menos el conocimiento de la posibilidad del resultado concretamente ocasional y el altísimo grado de probabilidad de que así acaeciese, dado que se trata de un mordisco de tal intensidad que arranca la sustancia al rostro del lesionado, de lo que forzosamente tenía que ser consciente el acusado, por lo que el dolo eventual surge pristino de los hechos, impidiendo la apreciación de la culpa en cualquiera de sus expresiones jurídico- penales.

Ambos motivos deben ser desestimados.

Por la misma vía casacional de infracción de ley del art. 849.1º L.E.Cr., denuncia también el recurrente la indebida inaplicación de la legítima defensa, bien como eximente, bien, subsidiariamente, como eximente incompleta.

La sentencia recurrida excluye la concurrencia de esta causa de justificación, completa o incompleta, porque afirma que se trata de un supuesto de riña mutuamente aceptada que impide la apreciación de la legítima defensa según reiterada y pacífica doctrina jurisprudencial de esta Sala. Sin embargo, el relato histórico de los hechos objeto de enjuiciamiento ponen de manifiesto que Agustín , cuando caminaba por el Puerto de la Cruz, advirtió la presencia de Marcelino , mayor de edad y sin antecedentes penales, que conduciendo una furgoneta se encontraba detenido por las circunstancias de la circulación, y como ambos se encontraban enemistados desde hacía mucho tiempo el acusado Agustín se acercó al acusado Marcelino , dirigiéndole insultos, tales como "hijo de puta", "me cago en tu puta madre", la que hacía poco tiempo que había fallecido, y le retaba a salir del vehículo a pelear con él, si era hombre llamándole cobarde y se acercó tanto a Marcelino que le llegó a propinar algún golpe a través de la ventanilla que estaba abierta. Ante tal actitud de Agustín , Marcelino salió del vehículo, golpeándose entre sí los acusados ..... Queda claro del relato fáctico que la respuesta agresiva de Marcelino no fue consecuencia del reto que le lanzaba Agustín sino que dicha reacción se produce después de que éste agrediera a Marcelino propinándole "algún golpe a través de la ventanilla", es decir, como efecto de una previa agresión que determinó la reacción defensiva del ahora recurrente. Independientemente de cuál fuera la entidad y el resultado de esa defensa, no cabe duda que estuvo provocada por una agresión ilegítima de Agustín pues hasta que ésta no se produjo, no apareció la respuesta también violenta. Estamos, pues, ante un caso de "necesitas defensionis" para proteger y defenderse de un ataque violento injusto e ilegítimo al derecho de toda persona a su integridad e incolumidad corporal, defensa que se lleva a cabo mediante vías de hecho contra el agresor, debiéndose subrayar que tal situación de necesidad no desaparece por el hecho de que el agredido pueda eludir el ataque que sufre mediante la huída, dado que -como señala la STS de 5 de mayo de 1.999- en ese caso toda defensa resultaría innecesaria, y que la fuga solamente es exigible cuando no sea vergonzante, como se declara, entre otras, en STS de 18 de octubre de 1.985.

Si en el supuesto de autos concurre la agresión ilegítima que justifica la necesidad de la defensa y -obviamente- la falta de provocación, absoluta -no meramente insuficiente- por parte del defensor, no podemos decir lo mismo del segundo requisito establecido en el art. 20.4 C.P., esto es la necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedirla, toda vez que el hecho probado refleja un exceso en la defensa manifiesto dada la brutalidad no exenta de cierto salvajismo de la relación defensiva, de la que resulta un exceso intensivo en el empleo de ésta que la hace desproporcionada que impide la aplicación de la eximente completa pero permite su apreciación como incompleta.

Por todo lo cual el motivo debe ser estimado en la pretensión subsidiaria que se formula, lo que conlleva la casación de la sentencia de instancia en este concreto extremo y la aplicación en la segunda sentencia que dicte esta Sala de la circunstancia 1ª del art. 21 en relación con el 20.4 C.P. y la subsiguiente modificación de la pena a imponer que resulta de la aplicación del art. 68 en virtud del cual se estima como procedente, atendido el conjunto de circunstancias fácticas concurrentes, rebajar la pena en un grado que, unido a la reducción en otro grado que resuelve el Tribunal a quo por la concurrencia de la atenuante muy cualificada de arrebato, sitúa la franja penológica de prisión de nueve meses a un año y seis meses, fijándose definitivamente la sanción a imponer en un año de prisión.

El último motivo del recurso se articula igualmente al amparo del art. 849.1º L.E.Cr. por inaplicación del art. 620.2º C.P. que la defensa del recurrente, en su condición de acusador particular de Agustín , había interesado se aplicara a éste último como autor de una falta de injurias y así se había hecho constar en el escrito de acusación cuya calificación provisional fue elevada a definitiva en el acto del juicio oral, siendo así que el Tribunal sentenciador no ha realizado pronunciamiento condenatorio al respecto a pesar de haber declarado probada la conducta del coacusado que fundamenta fácticamente la condena postulada por el recurrente.

En rigor, lo que aparece del examen de las actuaciones es un quebrantamiento de forma por incongruencia omisiva del art. 851.3 L.E.r., como con toda razón señala el Ministerio Fiscal, porque mediando acusación por una falta de injurias tipificada en el art. 620.2, citado, el Tribunal no se ha pronunciado sobre tal pretensión, pues ni condena ni absuelve por tal imputación, irregularidad que, en principio, debería motivar la devolución del procedimiento al Tribunal sentenciador para que dictara nueva resolución en que se diera respuesta a la pretensión jurídica silenciada. No obstante, teniendo en cuenta las graves dilaciones que ello supondría para la conclusión del proceso en detrimento del derecho de los justiciables que proclama el art 24 C.E., y a la vista de que el reproche casacional se encauza por el art. 849.1º L.E.Cr. por vulneración de un precepto penal de carácter sustantivo que exige a esta Sala pronunciarse al respecto, entendemos que la ausencia de un explícito pronunciamiento condenatorio respecto a la infracción de que se acusaba a Agustín , permite a este Tribunal de casación subsanar la deficiencia formal en que incurrió el de instancia y declarar que, en efecto, la declaración de hechos probados recoge todos los elementos que configuran la falta de injurias cometida por el coacusado y así deberá ser apreciada en la sentencia que dictemos, resultado de la estimación del motivo, imponiendo al autor de la misma la pena de diez días de multa a razón de seis euros diarios.

En el mismo motivo y en su párrafo final el recurrente formula otra censura casacional referida a las indemnizaciones declaradas por el Tribunal a quo que se imponen al acusado, argumentando que "al existir condena para ambos contendientes .... debería reducirse la indemnización al cincuenta por ciento, ya que la actitud del propio Agustín fue la que motivó el inicio de la pelea y consecuente resultado .....".

Cierto es que el recurrente debería haber formulado esta alegación en un motivo casacional independiente, en lugar de incluirla en otro en el que se plantea una pretensión muy diferente, pero esa irregularidad procesal no puede menoscabar el derecho de la parte a la tutela judicial efectiva, que debe prevalecer ante una deficiencia formal. Cierto es también que el motivo, articulado por el cauce de infracción de ley del art. 849.1º L.E.Cr., no cita ningún precepto penal que haya sido infringido, aunque facilmente puede apreciarse que se refiere al art. 114 C.P., que regula de manera expresa la concurrencia de conductas a efecto de la declaración de las responsabilidades civiles derivadas del delito, estableciendo la posibilidad de moderar el importe de la reparación o indemnización de los daños o perjuicios sufridos por la víctima cuando ésta hubiere contribuido con su conducta a la producción de los mismos.

Pues bien, atendiendo a la declaración de Hechos Probados que describe una actuación de Agustín que destaca por su relevante contribución eficaz y eficiente al delito de lesiones y al resultado de éste del que aquél fue víctima; conducta que se revela como directamente determinante de la posterior acción delictiva de Marcelino y de la lesión deformante causada por éste en un claro exceso en su derecho a la defensa; conducta, en fin, que se manifiesta como gravemente provocadora primero, e ilegítimamente agresiva después, como factor primordial desencadenante del delito enjuiciado y de las concretas consecuencias lesivas de éste; teniendo en cuenta estas circunstancias, ninguna duda alberga esta Sala de casación de que debe ser aplicado al caso el art. 114 y, en consecuencia, moderar el importe de las indemnizaciones reduciendo en un tercio las fijadas en la sentencia recurrida, que se estima razonable y proporcional a la concurrencia examinada, modulación indemnizatoria que quedará reflejada en la segunda sentencia que habrá que dictarse por este Tribunal.

III.

FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de ley, con estimación parcial de sus motivos tercero y sexto, interpuesto por el acusado Marcelino ; y, en su virtud, casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Segunda, de fecha 28 de noviembre de 2.000 en causa seguida contra el mismo y otro por delito de lesiones. Se declaran de oficio las costas procesales. Y comuníquese esta resolución, y la que seguidamente se dicte, a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Octubre de dos mil dos.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 2 del Puerto de la Cruz, con el nº 144 de 1.998, y seguida ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Segunda, por delito de lesiones contra los acusados Marcelino , de 52 años de edad en la fecha de la sentencia de instancia, hijo de Germán y de Cristina , natural del Puerto de la Cruz, vecino del Puerto de la Cruz, de estado civil casado, de profesión hostelería, con instrucción, sin antecedentes penales, desconocido estado de fortuna y en libertad provisional por esta causa, de la que no estuvo privado y contra Agustín , de 54 años de edad en la fecha de la sentencia de instancia, hijo de Luis María y de Almudena , natural del Puerto de la Cruz, vecino del Puerto de la Cruz, de estado civil hostelería (sic), de profesión camarero, con instrucción, sin antecedentes penales, desconocido estado de fortuna, en libertad provisional por esta causa, de la que no estuvo privado, y en la que se dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 28 de noviembre de 2.000, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Diego Ramos Gancedo, hace constar lo siguiente: