STS, 9 de Marzo de 2009
| Ponente | EDUARDO CALVO ROJAS |
| ECLI | ES:TS:2009:1074 |
| Número de Recurso | 10761/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de marzo de dos mil nueve
La Sala constituida por los Excmos. Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso de casación nº 10761/04 interpuesto por el Procurador D. Roberto Primitivo Granizo Palomeque en representación de CONSTRUCCIONES MURIANO, S.A. contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana de 15 de septiembre de 2004 (recurso contencioso-administrativo nº 497/02). Se ha personado en las presentes actuaciones, como parte recurrida, el AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, representado por el Procurador D. Carmelo Olmos Gómez.
La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana dictó sentencia con fecha 15 de septiembre de 2004 (recurso contencioso-administrativo nº 497/02 ) en cuya parte dispositiva se establece:
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F A L L A M O S
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- Declarar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 69.c) de la Ley 29/1998, la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo núm. 497/2002, interpuesto por la Procuradora Dña. Maria Luisa Izquierdo Tortosa, en representación de Construcciones Muriano S.A., frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia de 28 de diciembre de 2001 que se estimó parcialmente el recurso de reposición formulado por la mercantil Promopinar 99 S.L. contra el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2000 por el que dispuso la aprobación del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución "Montcabrer", adjudicando su ejecución a Urbanizadora Valenciana 2000 S.A.
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- No hacer expresa imposición de costas procesales>>.
La sentencia recurrida expone las siguientes razones para justificar la inadmisión del recurso contencioso- administrativo:
<< (...)SEGUNDO.- Procede, previamente a resolver las cuestiones de fondo, que la Sala se pronuncie sobre la inadmisibilidad del presente recurso de conformidad con lo solicitado por la parte demandada en el escrito de contestación a la demanda, que alega que la demandante impugna el acuerdo resolutorio del recurso de reposición interpuesto por un tercero, la mercantil Promopinar 99 S.L., contra la aprobación y adjudicación del P.A.I. "Montcabrer", acuerdo que en nada afectaba a la actora, la cual no impugna en el recurso de autos los términos de dicho acuerdo, sino que solicita la nulidad de la aprobación del Programa, la exclusión de su parcela, la obtención de una licencia de obras o cuestiones tan ajenas a este recurso como la devolución de unos terrenos o indemnizaciones por daños y perjuicios.
En el escrito de conclusiones, la parte demandante opone al referido motivo de inadmisibilidad que es obvio que goza de un interés legítimo para la interposición del presente recurso contencioso administrativo en cuanto que, como propietaria de la finca sita en la Avda. Peris y Valero nº 84, incluida en el ámbito de actuación del P.R.I. Montcabrer, resulta plenamente afectada por la resolución recurrida.
La causa de inadmisibilidad invocada ha de ser acogida. La ahora demandante, Construcciones Muriano S.A., no puede impugnar en sede jurisdiccional el acuerdo municipal aprobatorio del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución Montcabrer al socaire de la resolución de un recurso de reposición interpuesto contra el mismo por otros interesados, y pretextando impugnar tal resolución, deducir un recurso contencioso cuyo objeto es realmente la impugnación de dicho acuerdo y no de esa resolución, como lo prueba el hecho de que en el suplico de la demanda haya solicitado, no que se deje sin efecto por la Sala la estimación parcial y desestimación en lo demás del recurso potestativo de reposición formulado por la mercantil Promopinar 99 S.L. contra el referido acuerdo, sino la nulidad de la aprobación del citado Programa y la exclusión de su parcela de su ámbito de actuación, así como otras pretensiones totalmente ajenas a la expresada resolución -vgr. el reconocimiento de la obtención por silencio administrativo de una licencia-, por todo lo cual procede, a tenor de lo dispuesto en el artículo 69.c) de la Ley 29/1998, la inadmisibilidad del recurso, por haberse interpuesto frente a un acto no susceptible de impugnación...>>.
Contra la referida sentencia la representación de Construcciones Muriano, S.A. preparó recurso de casación y luego efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2004 en el que, tras una extensa exposición de hechos, en la que, en realidad, reproduce los hechos y argumentos de impugnación que alegaba en su escrito de demanda, aduce seis motivos de casación aunque sin especificar al amparo de qué letra o apartado del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción se formula cada uno de ellos. El enunciado de estos seis motivos es, en síntesis, el siguiente:
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Infracción del artículo 304.1 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 que regula la acción pública en materia de urbanismo.
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Infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al ejercicio de la acción pública en materia urbanística.
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Infracción de los artículos 58 y 89 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en lo que se refiere a la obligación de notificar las resoluciones y actos administrativos a los interesados en el expediente administrativo.
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Infracción del artículo 24 de la Constitución que establece el derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
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Infracción de la jurisprudencia que impone la obligación de notificar a los interesados los instrumentos de gestión urbanística.
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Infracción de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2003, relativa a la obligación de notificar un acuerdo de declaración de urgente ocupación en un procedimiento expropiatorio.
El escrito termina solicitando que por esta Sala se dicte sentencia en la que se case y anule la sentencia que declara inadmisible el recurso contencioso-administrativo, y, entrando a conocer del fondo, se declare la nulidad o se anule la resolución del Ayuntamiento de Valencia recurrida, se declare la nulidad o anulabilidad de la aprobación del PAI-PRI "Montcabrer", se acuerde la exclusión de parte de la parcela de su propiedad de su ámbito de actuación y se reconozca la obtención por silencio positivo de la licencia de obras solicitada en fecha 10 de noviembre de 1997, permitiéndose la edificación de las viviendas previstas en el proyecto presentado en su momento, y a las que se tiene derecho según el artículo13 de la Ley 6/1998 y en virtud del vigente PGOU, permitiéndose la edificación referida teniendo en cuenta la posibilidad de garantizar la urbanización pendiente de la calle Mont Cabrer, en lo que sea proporcionalmente obligación de esta parte. Subsidiariamente, para el caso en que se declare la legalidad del acto recurrido o la no exclusión del ámbito de actuación del PAI-PRIM ni la obtención de la correspondiente licencia por silencio positivo, se declare la obligación del Ayuntamiento de Valencia de devolver la propiedad de los terrenos cedidos en su día, puesto que dicha cesión se realizó como condición previa a la obtención de la licencia de obras que permitiría haber materializado el aprovechamiento urbanístico al que tiene derecho conforme a la normativa aplicable. Asimismo solicita que se proceda a indemnizar a la recurrente por los daños y perjuicios que se están irrogando por la no concesión de la licencia de edificación, dada la exclusiva actitud dilatoria del Ayuntamiento de Valencia, en la cantidad señalada en el informe pericial emitido en el recurso contencioso-administrativo nº 2/1788/2001, que guarda íntima relación con el presente, y que cifra los daños y perjuicios ocasionados en la cantidad de 317.352´74 euros, cantidad que se deberá incrementar con el interés legal que proceda hasta que se abone la total cantidad reclamada, a fijar en ejecución de sentencia.
El Ayuntamiento de Valencia se opuso al recurso de casación mediante escrito fechado a 22 de septiembre de 2006 en el que formula alegaciones en contra de los motivos de casación aducidos, señalando, en particular, que, frente a lo que se alega en el recurso de casación, el acuerdo municipal por el que se aprueba el PAI y se adjudica su ejecución fue debidamente notificado a la recurrente, hasta el punto de que interpuso contra ese acuerdo un recurso contencioso-administrativo en el que se dictó sentencia que pende ahora del recurso de casación que la propia recurrente interpuso contra ella. Termina la representación del Ayuntamiento solicitando que se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo fijándose finalmente al efecto el día 11 de marzo de 2009, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO CALVO ROJAS,
El presente recurso de casación lo dirige la representación de Construcciones Muriano, S.A. contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana de 15 de septiembre de 2004 (recurso contencioso-administrativo nº 497/02) en la que se declara la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por la referida entidad contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia de 28 de diciembre de 2001 que estimó parcialmente el recurso de reposición formulado por la mercantil Promopinar 99 S.L. contra el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2000 por el que dispuso la aprobación del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución "Montcabrer" adjudicando su ejecución a Urbanizadora Valenciana 2000 S.A..
En efecto, según hemos visto en los antecedentes primero y segundo, el acto administrativo impugnado ante la Sala de instancia es el acuerdo municipal que resuelve -estimándolo en parte- el recurso de reposición interpuesto por un tercero contra el acuerdo del Ayuntamiento de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Integrada Montcabrer. La Sala de instancia declara inadmisible el recurso contencioso-administrativo.
En el antecedente tercero hemos dejado señalado, de manera sintetizada, el enunciado de los motivos de casación aducidos por la recurrente. Nos ocuparemos primero de los cuarto últimos, que examinaremos de forma conjunta porque en realidad no son sino variaciones sobre un mismo argumento central de impugnación, a saber, que al no haber sido notificado en su día a Construcciones Muriano, S.A. el acuerdo municipal de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Integrada Montcabrer, la entidad recurrente sólo conoció aquel acuerdo con ocasión del ulterior acuerdo municipal que resuelve los recursos de reposición interpuestos por terceros, acuerdo este último que sí le fue notificado y, además, con la expresa indicación de que contra él se podía interponer recurso-contencioso-administrativo.
Los motivos de casación tercero, cuarto, quinto y sexto parten de la premisa de que en su día no se notificó al recurrente el acuerdo municipal de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Integrada Montcabrer, y en ese alegato de falta de notificación descansa todo el planteamiento de la recurrente sobre la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
Pues bien, en el escrito de oposición del Ayuntamiento de Valencia queda claramente señalado que la resolución municipal en el que se decidió la programación de la unidad de ejecución "Montcabrer" sí fue notificada en su día a la entidad aquí recurrente; y prueba de ello es que la representación de Construcciones Muriano, S.A. interpuso ante la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Valencia recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 30 de junio de 2001 en el que, entre otras determinaciones, se aprueba el Programa de Actuación Integrada de la citada unidad y se adjudica su ejecución a Urbanizador Valenciana 2000, S.A. Con el escrito de interposición de ese recurso (recurso contencioso- administrativo nº 1787/01 de la Sección 2ª de la Sala de Valencia) la propia entidad recurrente acompañaba copia de la notificación del mencionado acuerdo municipal a Construcciones Muriano, S.A.; y, una vez tramitado, el citado recurso fue desestimado por sentencia de 1 de septiembre de 2004. En fin, contra esta sentencia desestimatoria la representación de Construcciones Muriano, S.A. preparó e interpuso recurso de casación (casación 361/2005) cuya deliberación tenemos señalada para el próximo día 31 de marzo del presente año.
Sorprende entonces la estrategia de la recurrente, que en las presentes actuaciones -y lo mismo sucede en el recurso de casación 9766/04, promovido también por Construcciones Muriano, S.A - se empeña en sostener la falta de notificación de un acuerdo municipal cuando es indudable que sí le fue notificado, pues contra él promovió un recurso contencioso-administrativo al que acompañaba copia de la notificación recibida. En consecuencia, debemos considerar acertada la decisión de la Sala de instancia de inadmitir el recurso contencioso-administrativo sin entrar a examinar las cuestiones de fondo que la recurrente pretendía plantear; cuestiones que, por lo demás, son enteramente coincidentes con las planteadas por la propia recurrente en ese otro litigio que acabamos de mencionar (recurso contencioso-administrativo nº 1787/01) y que fueron resueltas por la Sala de instancia en sentencia de 1 de septiembre de 2004, contra la que se formuló un recurso de casación que está pendiente de resolución.
Las circunstancias expuestas podrían llevar a pensar que, además de la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso- administrativo que señala la sentencia recurrida, pudo haberse apreciado también la de litispendencia (artículo 69.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción), si bien es cierto que el acto administrativo impugnado es formalmente distinto en uno y otro caso, y acaso por ello tal causa de inadmisión no fue alegada por las partes demandadas ni apreciada por la Sala de instancia.
A la conclusión de que procedía la inadmisión del recurso contencioso-administrativo acordada por la Sala de instancia no cabe oponer las alegaciones que formula la recurrente en los motivos primero y segundo de casación referidas a la acción pública en materia de urbanismo.
Como vimos, en el motivo primero se alega la infracción del artículo 304.1 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 1992, que regula la acción pública en este ámbito, y en el motivo de casación segundo se aduce la vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al ejercicio de la acción pública en materia urbanística. Sin embargo, ya lo hemos señalado, tales alegaciones carecen de consistencia.
Por lo pronto, parece contradictorio invocar la acción pública cuando al mismo tiempo se está alegando la condición de interesado y aun la de directamente afectado por la actuación municipal que se pretende combatir; y, sobre todo, cuando se están formulando argumentos de impugnación y pretensiones que, más allá de la defensa de la legalidad urbanística, están directa e inequívocamente dirigidos a la defensa de los intereses particulares de la recurrente y al reconocimiento de una situación jurídica individualizada (exclusión de su parcela del ámbito del Programa de Actuación Integrada, o, subsidiariamente, devolución de los terrenos cedidos con anterioridad al Ayuntamiento, y reconocimiento del derecho a indemnización).
Por lo demás, es obligado recordar que el recurso contencioso-administrativo no está dirigido contra el acto que aprueba el Programa de Actuación Integrada y adjudica su ejecución -decisiones ambas que pueden ser cuestionadas invocando la acción pública en materia de urbanismo- sino contra un ulterior acuerdo municipal que resuelve el recurso de reposición interpuesto por un tercero. Vemos así que la recurrente pretende instrumentalizar ese recurso de reposición promovido por tercero para suscitar en vía jurisdiccional un debate que no guarda relación con el de aquel recurso de reposición, planteando la aquí recurrente cuestiones y pretensiones que sólo a ella afectan y que, por tanto, nada tienen que ver con el ejercicio de la acción pública.
El modo de proceder descrito, aun sin ser aceptable, resultaría al menos explicable como un intento de la recurrente para reabrir el debate respecto de unos actos administrativos que de otro modo habrían de considerarse firmes y consentidos; pero, dado que, según hemos visto, la propia recurrente tiene impugnados en un proceso distinto esas mismas decisiones de aprobación del PAI y de adjudicación de su ejecución, su forma de actuar resulta no sólo rechazable sino difícilmente comprensible.
Por las razones expuestas en el apartado anterior el recurso de casación debe ser desestimado, debiendo imponerse las costas a la entidad recurrente, según establece el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si bien, como permite el apartado tercero del mismo precepto, procede limitar su cuantía, en lo que se refiere a la partida de honorarios de Abogado del Ayuntamiento comparecido como recurrida, a la cifra de tres mil euros (3.000 €) dada la actividad desplegada al oponerse al indicado recurso de casación.
Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción.
Debemos declarar y declaramos que no ha lugar al recurso interpuesto en representación de CONSTRUCCIONES MURIANO, S.A. contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana de de 15 de septiembre de 2004 (recurso contencioso-administrativo nº 497/02), con imposición de las costas procesales a la recurrente en los términos señalados en el fundamento cuarto.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION : Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Eduardo Calvo Rojas, estando la Sala celebrando audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario, certifico.
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