STS 1116/1994, 1 de Diciembre de 1994

La Compañía "Telefónica Nacional de España, S.A." promovió juicio declarativo de menor cuantía contra la también Compañía "Huarte y Cía., S.A.", en reclamación de la cantidad de 8.184.745.- pesetas en concepto de daños originados en instalaciones telefónicas, pretensión que se basaba en los siguientes presupuestos fácticos: La demandada "Huarte y Cía., S.A.", adjudicataria por el Ayuntamiento de Zaragoza de las obras de reforma del Puente de la Almazora, con ocasión de realizar obras complementarias, consistentes en la Urbanización de Glorieta circular situada en el extremo Sur del mencionado Puente: 1º) El día 21 de Agosto de 1.987, sobre las 18 horas, en el Paseo Echegaray y Caballero, cruce con la calle Santa Lucía, al verificar trabajos de demolición del pavimento de hormigón, mediante una máquina excavadora alquilada por horas con su operario, bajo las órdenes directas del encargado de obra de "Huarte y Cía., S.A." que le daba las instrucciones, rompió una canalización telefónica subterránea de cuatro conductos P.V.C., afectando a tres cables, y 2º) El día 5 de Noviembre de 1.987, en la Avda. de Pablo Gargallo, confluencia con el Paseo de Echegaray y Caballero, mediante un martillo neumático, manejado por un trabajador de dicha empresa, para dejar expedita una zanja, previamente abierta por una excavadora, por la que discurría una conducción de agua, rompió otra canalización telefónica subterránea de seis conductos, en tres puntos diferentes, distantes entre sí, unos treinta metros, afectando a un cable. El Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Zaragoza, por sentencia de 7 de Febrero de 1.990 y con estimación parcial de la demanda, condenó a "Huarte y Cía., S.A." a que abone a "Telefónica Nacional de España, S.A." la cantidad de 3.488.842'5.- pesetas, con absolución de los demás pedimentos, cuya resolución fue revocada en parte por la dictada, en 9 de Septiembre de 1.991, por la Sección Cuarta de la Iltma. Audiencia Provincial de Zaragoza, en el sentido de condenarse a "Huarte Cía., S.A." a abonar a "Telefónica Nacional de España, S.A." la cantidad de 6.977.685.- pesetas, así como al abono de los intereses del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la cantidad de 3.488.842.- pesetas desde la fecha de la sentencia de primera instancia, con absolución de los demás pedimentos. Y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por "Huarte y Cía. S.A." mediante la formulación de tres motivos, amparados, el primero de ellos, en el ordinal 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los dos restantes, en el ordinal 5º del mismo, en su redacción anterior a la Ley 10/1.992, de 30 de Abril.

En el primer motivo, por error de hecho, se cita como documento la sentencia dictada por el Juzgado de Distrito número Cinco de Zaragoza y recaída en juicio verbal de faltas, documento número 8 de la demanda, y su desarrollo argumental responde, en síntesis, a lo siguiente:

-Este motivo y el siguiente, que será su colorario, se refiere tan sólo al primero de los incidentes ocurridos el 21 de Agosto de 1.987-, -Es bien conocida la constante jurisprudencia de la Sala respecto a no tener carácter de documento a efectos casacionales civiles, aquellos incluidos en actuaciones penales, incluso las sentencias, pero esta impermeabilidad jurisdiccional ha sido rota en ocasiones bajo supuestos que son de aplicación al presente caso, así la sentencia de 22 de Diciembre de 1.986:

"... para que tales resoluciones penales pudieran ser consideradas como auténticas sería preciso que la sentencia hubiera sido condenatoria, o de ser absolutoria, que no existió el hecho del que la acción civil hubiera podido nacer", y, muy especialmente, la de 7 de Octubre de 1.983, en la que se acoge el recurso en base a la equivocación del juzgador demostrada por hechos declarados probados en una sentencia penal, y en la que, tras exponer la doctrina general señalada al inicio, continúa: "... sin embargo sí es muy atendible el contenido de los hechos probados en sentencia penal que no se castigan en ese ámbito por causa que jurídicamente lo impida, como es la defunción, la rebeldía, la inimputabilidad o la aplicación de indulto..."-, -La sentencia dictada en el referido juicio verbal de faltas, seguido por el primer daño (21 de Agosto de 1.987), declara probado: "Que por Don Alejandro, en nombre de la "Cía. Telefónica Nacional", se formuló denuncia contra "Huarte y Cía., S.A.", imputándole la causación el 21 de Agosto de 1.987 y con ocasión de las obras que la segunda compañía realizaba en el llamado Nuevo Punto de La Química, de daños en los cables telefónicos subterráneos existentes en la zona, siendo así que por el personal de la entidad "Huarte y Cía., S.A." se efectuaban esos trabajos con diligencia más que suficiente como resulta del hecho de que el encargado de obra en esa fecha, Sr. Felix, dirigiera personalmente la maniobra de la máquina excavadora, dada la existencia próxima de un poste semafórico, en evitación de producir daños en los cables de dicho poste, resultando imprevisible la aparición de cables de otra naturaleza"-, - Según estos hechos probados, estaríamos en un caso de actuación diligente de un buen padre de familia y, por tanto, sin que pueda serle imputable la responsabilidad-, -Así entendido, la expresada sentencia declara la inexistencia del hecho del que pudiera nacer una responsabilidad o derivarse una acción civil, pues a la acción/omisión le falta la condición de previsibilidad (antijuridicidad y culpa)-, -Por tanto, la sentencia recurrida incidió en el error de hecho denunciado al no trascender la declaración de la inexistencia del hecho jurídico necesario- y -Por último, no consta en autos los tan traídos y llevados "planos de canalización de Telefónica", previos a la realización de la obra, que demostraran la coincidencia con el lugar donde se produjeron las roturas, esto es, que con la previa petición de ellos se hubieran podido prevenir los accidentes-.

Como bien reconoce el mismo recurrente, carecen del carácter de documentos a efectos casacionales civiles, aquellos que figuran incluídos en actuaciones penales, incluso las sentencias recaídas en dicho orden jurisdiccional, pues constituye doctrina consolidada de la Sala la relativa a que "las sentencias, resoluciones, diligencias y testimonios procedentes de la jurisdicción penal, no pueden enervar prejuzgando, la estimación probatoria que en lo civil compete al Juez, guiada por motivaciones distintas y por una propia apreciación de las pruebas practicadas en el proceso civil, incluidos los documentos del orden penal traídos al amparo del artículo 596 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pueden ser valorados de modo distinto a lo hechos en la jurisdicción penal", así como la concerniente a que "las sentencias absolutoria dictadas en la jurisdicción penal, salvo la única excepción de que se haya declarado la inexistencia del hecho enjuiciado, no vincula a los Tribunales de la Jurisdicción civil, ni prejuzga la valoración que de los hechos pudieran hacer éstos, pues constituyendo la responsabilidad penal por imprudencia, y la civil dimanante de hechos u omisiones culposos, especies jurídicas distintas, aunque expresivas de un principio de culpa, la ausencia declarada de culpabilidad penal, no impide al Tribunal civil valorar y encuadrar, al amparo de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil, el hecho en el ámbito de la culpabilidad extracontractual, ni le coarta siquiera para apreciar con plenitud de competencia las pruebas obrantes en el juicio y sentar sus propias deducciones en orden a la realidad fáctica", doctrina una y otra que aparecen recogidas en múltiples sentencias, de las que son exponentes, entre otras, las de fecha 2 de Noviembre de 1.987; 9 de Abril, 30 de Junio y 15 de Octubre de 1.988; 9 de Junio de 1.989 y 19 de Febrero de 1.990. Dicha doctrina campea, asimismo, en la citada en el motivo, de fecha 22 de Diciembre de 1.986, aparte de no coincidir el supuesto que contempla (absolutoria por declararse, la inexistencia del hecho del que la acción civil hubiera podido nacer) con el correspondiente a la recaída en el Juicio verbal de Faltas (documento número 8 de la demanda) puesto que en ésta figura como realidad fáctica la causación de daños en los cables telefónicos, e igual sucede con la también reseñada en el motivo, la de 7 de Octubre de 1.983, toda vez que en ella, la razón de no castigarse los hechos declarados probados en la sentencia penal, fue por causa que jurídicamente lo impedía, como los de defunción, la rebeldía, la imputabilidad o la aplicación del indulto, lo cual, no aconteció con aquella pronunciada en el Juicio de Faltas, que resultó absolutoria por apreciarse diligencia en el encargado de "Huarte y Cía, S.A." y estimarse imprevisible la apreciación de cables de naturaleza distinta a los del poste semafórico. Así pues, proyectando la doctrina jurisprudencia de que se ha hecho mérito al motivo que nos ocupa, es de concluir que no cabe la posibilidad de admitir la tan repetida sentencia del Juicio de Faltas como documento válido y eficaz a los fines casacionales, lo que comporta, consecuentemente, la inviabilidad del motivo en cuestión.

En el segundo motivo se invoca como infringido el artículo 1.105 del Código Civil, considerándole corolario del anterior, y en él se razona que si prevalece la declaración fáctica recogida en la sentencia penal o si existió la debida diligencia y el hecho fue imprevisible, se estaría ante el supuesto del precitado artículo.

Atendiendo a la redacción del precepto supuestamente vulnerado, es evidente que su aplicación vendría condicionada por una de las siguientes alternativas fácticas: sucesos no previsibles o que, previstos, fueran inevitables, lo cual, no acontece en el caso de autos, en cuanto que en la sentencia recurrida se hacen las declaraciones que se exponen a continuación: "siendo esto previsible (se está refiriendo a que en el subsuelo de las ciudades discurren gran número de canalizaciones de todo tipo de servicios), actuar con la debida diligencia cuando se han de realizar obras y abrir zanjas, exige el informarse de qué canalizaciones y cual es su trazado, hay en el subsuelo acudiendo a las entidades correspondientes en demanda de información", "Huarte no solicitó a las oficinas de Compañía Telefónica Nacional de España ni datos ni planos para conocer la ubicación exacta de las canalizaciones subterráneas de las líneas telefónicas", "la canalización rota, figura entre las cajas Registro 1343 y 1351 (a 36 metros de ésta)", "respecto de la producción de la avería 2), dicha instalación de teléfonos se encuentra entre las cámaras de Registro 68 y 66, las cuales estaban a la vista en las proximidades y denotaban el tendido" y "el encargado de la obra no se informó adecuadamente del exacto emplazamiento del cable". Esto así, no cabe sostener que las roturas originadas se debieran a un suceso imprevisible o inevitable, y de aquí, la imposibilidad de que pueda prosperar el motivo ahora examinado".

En el tercer motivo se invoca la infracción del artículo 1.104 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial que le desarrolla, citándose, a título de ejemplo, las sentencias de 7 de Octubre de 1.968; 31 de Marzo de 1.978; 4 de Junio de 1.980; 20 de Febrero de 1.987; 28 de Octubre de 1.988 y 24 de Noviembre de 1.989, y razonándose, resumidamente, cuanto sigue: -Se articula este motivo en relación con el segundo de los hechos, del de 5 de Noviembre de 1.987 y, subsidiariamente, también para el sucedido el 21 de Agosto-, -Al menos, el día en que se produjo el primero de los sucesos, no se hallaba presente ningún empleado de Telefónica (fundamento jurídico cuarto)-, -Lo más absurdo, habiéndose producido el 21 de Agosto un suceso perjudicial para sus intereses, la Cía. Telefónica no toma ninguna precaución y se vuelve a producir otro incidente el 5 de Noviembre-, -Las conclusiones son evidentes, Telefónica conoce la existencia de unas obras; sabe que no se le han pedido planos de situación de sus instalaciones, y, sin embargo, no destaca a ninguno de sus empleados para que vigile las actuaciones que puedan perjudicarla y no tomó ninguna determinación para que no se repitan. ¿Es esa una conducta diligente según exigía la naturaleza de sus obligaciones para sus propios bienes en atención a las circunstancias?-, -La doctrina sustentada por esta Sala es como sigue: "La moderna doctrina jurisprudencia, penal y civil, viene desplazando la institución de la compensación de culpas al campo de lo causal, valorando los comportamientos confluyentes en la producción del resultado, tanto desde el lado activo de la infracción (actor), como desde el lado pasivo de su consecuencia (víctima), y limitando su aplicación a los supuestos en que se produce una interferencia en el nexo causal como consecuencia de la actuación negligente de la víctima o de un tercero que no llegan a ocasionar la ruptura del nexo de causalidad" (sentencia de 24 de Noviembre de 1.989); "... circunstancias que no impiden, ni por ello resultan incompatibles, con la valoración de la acción del perjudicado, que influyó evidentemente en el riesgo del accidente, lo que, en principio, debe calificarse como un actuar no diligente de la víctima, concausal en el evento... y originado la necesaria moderación y distribución proporcional de la cuantía indemnizatoria" (sentencia de 28 de Octubre de 1.988); "Si la víctima contribuyó culpabilísiticamente a la causación de su daño, en la misma medida de la intensidad y carácter de su aporte culpabilístico, deberá reducirse la responsabilidad de los demás..." (sentencia de 7 de Octubre de 1.968); "En los supuestos en que el resultado dañoso es causado por dos actividades culposas concurrentes, la consecuencia compensatoria ha de ser proporcional a la relación directa que tales actividades hayan tenido en la producción del resultado" (sentencia de 20 de Febrero de 1.987) y "Que la interferencia en el nexo causal de la actuación negligente de la víctima, concomitante con la del dañador pero sin llegar a la ruptura de la causalidad, ocasiona una concurrencia culposa que determina la moderación de la responsabilidad exigible y la consiguiente reducción de la suma a satisfacer como indemnización, no sólo por el juego del artículo 1.103 del Código Civil, sino por palmarias razones de equidad y lógica" (sentencia de 31 de Marzo de 1.978).

El último motivo del recurso viene a plantear una cuestión nueva ya que en la fundamentación jurídica de la contestación a la demanda no se hizo ninguna alusión a la facultad moderadora referida en el artículo 1.103 del Código Civil, precepto que es, realmente, el denunciado como infringido en el desarrollo argumental de aquel, por más, que en su encabezamiento se mencione el artículo 1.104 del Código, e incide, además, en hacer una valoración fáctica de la conducta de la sociedad recurrente, que resulta impropia de una motivación acogida al ordinal 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde luego, la mención del artículo 1.104 no se acomoda a las declaraciones fácticas contenidas en la sentencia impugnada y transcritas en el fundamento quinto de la presente, al desprenderse de las mismas la ausencia de la debida diligencia que procede exigir al buen padre de familia, y ello, en relación con el personal al servicio de "Huarte y Cía., S.A.", con lo cual, se descarta cualquier vulneración por el Tribunal "a quo" del expresado artículo. Y lo mismo es dable afirmar en torno al artículo 1.103, toda vez que es doctrina reiterada de la Sala la atinente a que "la facultad moderadora es discrecional y no constituye un mandato para el juez, sin que proceda reducir la indemnización de no existir compensación de culpas, así como que la susodicha facultad no es revisable en casación", pero es que, por otro lado, la aplicación del meritado precepto requiere la concurrencia, en mayor o menor medida, de culpa en uno y otro litigantes, y ésto, no sucedió en el caso concreto que nos ocupa, como evidenciaron las declaraciones fácticas a que se hizo cumplida referencia. Por consiguiente, las consideraciones que anteceden conducen, sin necesidad de mayores reflexiones, a entender claudicado el último motivo del recurso, al no poder atribuir a la Sala "a quo" infracción alguna acerca de los mencionados artículos del Código Civil y de la doctrina jurisprudencia reseñada a lo largo de su exposición. Y la improcedencia de todos los motivos formulados en el recurso de casación interpuesto por "Huarte y Cía., S.A.", lleva consigo, por imperativo de lo dispuesto en el párrafo final del rituario artículo 1.715, la declaración de no haber lugar al mismo y la imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación de la Compañía "Huarte y Cía., S.A.", contra la sentencia de fecha nueve de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, que dictó la Sección Cuarta de la Iltma. Audiencia Provincial de Zaragoza, y condenar, como condenamos, a dicha parte recurrente, al pago de las costas de este recurso. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.