STS 78/, 15 de Febrero de 1994
| Ponente | D. ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| Número de Recurso | 398/1991 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 78/ |
| Fecha de Resolución | 15 de Febrero de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid -Sección Octava-, en fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventa, como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía, sobre indemnización de daños morales por muerte en el extranjero de alumna que asistía a un curso de idiomas, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia número cinco de los de Madrid, cuyo recurso fué interpuesto por doña Elvirarepresentada por el Procurador de los Tribunales don Julián del Olmo Pastor, asistido del Letrado don Juán-Antonio Rodríguez Vila, en el que es parte recurrida Yago School Limited, en la representación del Procurador don Argimiro Vázquez Guillén y con la defensa del Letrado don Ernesto Díaz Bastín.
El Juzgado de Primera Instancia cinco de los de Madrid tramitó el proceso de menor cuantía número 1414/87, que promovió doña Elviraa medio de demanda admitida, en la que, trás hacer exposición de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, suplicó: "Dictar sentencia estimatoria de la presente demanda, que acuerde condenar a la entidad demandada a indemnizar a la actora por el fallecimiento de su hija en la cuantía de 4.000.000 de pts, más los intereses devengados desde la interposición de la demanda y las costas causadas por el presente litigio".
La entidad demandada, Yago School Limited se personó en el pleito y contestó a la demanda interpuesta para oponerse a la misma, con las razones fácticas y jurídicas que tuvo por conveniente, por lo que suplicó al Juzgado: "Se dicte en su día sentencia desestimando en todo la demanda absolviendo en su consecuencia de ella a la compañía demandada e imponiendo todas las costas del juicio a la actora por ser preceptivas y dada además su objetiva temeridad".
La Magistrada-Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia cinco de Madrid, el 7 de marzo de 1989 dictó sentencia la que contiene el Fallo que literalmente declara: "Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Olmo Pastor, en nombre de Dª Elvira, debo condenar y condeno a Yago School Limited, representada por el Procurador Sr. Vázquez Guillén, a que pague a la actora la cantidad de 4.000.000 pts. de principal, más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, hasta su completo pago. Con imposición de costas a la demandada".
La entidad demandada formuló contra dicha sentencia, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid (nº 632/89), el que fué resuelto por su Sección Octava, pronunciando sentencia en fecha 20 de diciembre de 1990, la que integra su parte dispositiva en la forma siguiente: "Debemos confirmar y confirmamos parcialmente, revocando en el resto, la sentencia dictada en los autos originales, de que dimana el rollo de Sala, con fecha 7 de marzo de 1989 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de esta Capital y en su consecuencia, estimando parcialmente la demanda, debemos condenar y condenamos a la entidad demandada Yago School Limited a pagar a la demandante Dª Elvira, la cantidad de cuatrocientas dieciséis mil seiscientas cincuenta y nueve pesetas (416.619 Pts), con sus intereses legales desde la fecha de esta sentencia".
El Procurador de los Tribunales don Julián del Olmo Pastor, causídico de doña Elvira, formuló ante esta Sala recurso de casación contra la sentencia de apelación, el que integró con los siguientes motivos, todos ellos conforme al número 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
Uno: Infracción por no aplicación de los artículos 1100, 1101 y 1106 del Código Civil en relación al 100 de la Ley de Contrato de Seguros y la Exposición de Motivos del Decreto 3787/1964, de 19 de noviembre.
Dos: Aplicación indebida del artículo 23,e)del Real-Decreto de 4 de julio de 1980.
Tres: Infracción por inaplicación del artículo 1258 del Código Civil.
Cuatro: Infracción por no aplicación del artículo 3-1 del Código Civil, en relación al 23 e) del Real-Decreto de 4 de julio de 1980 y Exposición de Motivos del Decreto de 19 de noviembre de 1964.
Debidamente convocadas las partes personadas en el recurso, se celebró la vista oral y pública del mismo el pasado día veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, con asistencia e intervención de los Letrados mencionados anteriormente, quienes por su debido orden intervienen en defensa de sus respectivas pretensiones.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL
La recurrente doña Elvira, como madre y sucesora universal de doña Begoña-Auto de declaración de herederos de 5 de noviembre de 1987 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Madrid-, promovió el presente pleito en reclamación a la entidad recurrida YAGO SCHOOL LIMITED, de la cantidad de cuatro millones de pesetas, en el concepto de indemnización por los daños morales derivados del fallecimiento de la referida hija, que acaeció en Dublín el día 15 de julio de 1982, al ser atropellada por un vehículo, sufriendo lesiones tan graves que determinaron su muerte en el acto.
La obitada había concertado con Yago School Limited contrato de estudios en el extranjero , para el curso correspondiente al verano de 1982 (seis semanas, desde el 1 de julio al 12 de agosto), por el precio de 60.000 pts por reserva y suscripción, más 465 libras irlandesas, que fué abonado mediante subvención que obtuvo de la Asociación de Huérfanos de la Armada. En la instrumentación publicitaria, que la entidad recurrida lanzó al mercado para la captación de alumnos, se hacía constar bien expresamente, aparte de las condiciones y prestaciones ofertadas para el aprendizaje del idioma inglés en Irlanda, que en el precio se incluía "un seguro individual para cada alumno que cubre, durante el curso, todo tipo de enfermedades, accidentes y medicinas".
La coincidencia impugnatoria de los cuatro motivos que integran el recurso, impone, como técnica procesal más adecuada, su estudio en conjunto, habiéndose aportado por la vía del número 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para denunciar infracción por no aplicación de los artículos 1100, 1101 y 1106 del Código Civil, en relación al 100 de la Ley de Contrato de Seguro y Exposición de Motivos del Decreto de 19 de noviembre de 1964 (motivo primero), del artículo 1258 del Código Civil (motivo tercero) y del precepto 3-1 de dicho cuerpo legal (motivo cuarto), así como aplicación indebida del artículo 23 e) del Real Decreto de 4 de julio de 1980, en relación a la Exposición de Motivos del Decreto 3787/1964 de 19 de noviembre (motivo segundo).
Conviene decir cuanto antes que no procede el recurso respecto a las Exposiciones de Motivos de las Leyes, por no constituir normativa de aplicación y ser sólo explicativos o justificativos.
La entidad recurrida y la persona fallecida estuvieron decididamente relacionadas por un contrato de estudios, en el que la primera quedó obligada a prestar la cobertura del seguro individual por alumno, que ofreció en su publicidad, y que de esta manera vino a integrarse en el negocio obligacional concertado, pues conforme al artículo 6 del Estatuto de la Publicidad (Ley de 11 de junio de 1964), vigente al tiempo de los hechos, la misma había de acomodarse a los principios de lealtad, veracidad, autenticidad y libre competencia, con la vinculación para el anunciante que dimana de su artículo 8 (sentencia de 16 de febrero de 1993).
Lo ocurrido fué que Yago School Limited no guardó fidelidad al contrato, pues no concertó ni tenía concertado seguro cobertor alguno al ocurrir el desgraciado evento, el que debería amparar "todo tipo de accidentes" y con mayor razón cuando se trata de muerte por atropello de vehículo de motor (artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980), por presentarse como uno de los riesgos que con mayor frecuencia tratan de cubrir los usuarios en sus viajes al extranjero. De esta manera el contrato de estudios relacionante quedó vacío en el aspecto de la concurrencia del necesario seguro que se integraba en el precio pactado y fué efectivamente satisfecho en razón a los servicios ofrecidos por la entidad recurrida, sin que pueda admitirse que estaba sustituido por el Seguro Escolar que ostentaba la víctima en razón a sus estudios en la Facultad de Derecho, ya que este no fué convenido por Yago School Limited y menos derivado o aplicado a las prestaciones a las que se comprometió; y sin perjuicio todo ello de que dicho Seguro Escolar negó la cobertura al hecho de autos, como quedó debidamente acreditado.
Consecuente a lo explicitado es que la parte recurrida incidió en estado suficientemente acreditado de incumplimiento contractual y por ello, conforme a los artículos 1101 y 1106 del Código Civil, incurrió en la obligación reparadora, al generarse así una deuda por los daños y perjuicios que ocasionó con su conducta de incumplidora contractual único.
El Tribunal de Apelación no lo comprendió debidamente. Se desentendió del negocio obligacional al momento de fijar cuantitatívamente dicha deuda, pues para componer el dato objetivo que dice, tuvo en cuenta la indemnización que por importe de 750.000 pesetas, establecía el Real- Decreto de 4 de julio de 1980, en su artículo 23 e), como si se tratara de un evento efectivamente cubierto por el Seguro Obligatorio, lo que no sucede, ocurrido en territorio español y producido por vehículo amparado por dicha cobertura de necesidad oficializada.
Esta interpretación y aplicación de la Sala sentenciadora no cabe ser aceptada, pues la norma a la que acude es de aplicación, en orientación automática para los supuestos previstos, pero no rige y deja abierta la vía las indemnizaciones procedentes, entre ellas, por daños morales, que constituyen el elemento integrador de la reclamación que postula la recurrente, como madre de la víctima, directamente perjudicada por su óbito.
Tanto el seguro obligatorio, como el voluntario, salvo que éste tenga una cobertura ilimitada, amparan y alcanzan los daños y perjuicios derivados de accidente, (artículo 23 citado, apartado tres), por lo que a los perjudicados directos o sus causahabientes, les asiste el derecho a reclamar los demás derivados que puedan asistirles y les sean reconocidos por los Tribunales, al actuar aquellos seguros ni como excluyentes, ni como exclusivos de las acciones reparadoras correspondientes, a efectos del logro reparador de la deuda de valor surgida.
La obligación de indemnizar en el caso que se enjuicia surge "ex contracto". Ocurrido el accidente, Yago School Limited debió de aplicar el seguro al que se obligó, y, al carecer del mismo, ha de atribuírsele la responsabilidad indemnizatoria correspondiente, pues se trata de obligación asumida, conforme al artículo 1258 del Código Civil, ya que en otro caso se frustraría el contenido negocial.
En esta línea, aunque la sentencia atacada concede la indemnización menor de 416.619 pts, dicho "quantum" no lo obtuvo correctamente, por razón del incumplimiento contractual que se deja analizado, pues si bien disponía de amplio arbitrio a tales efectos y del que usó el Juez de la instancia, al tener en cuenta las condiciones y circunstancias de la fallecida, no sucede así en la sentencia recurrida, en cuanto que el Tribunal sentenciador no ponderó dato alguno para la precisión de los daños morales reclamados, que no precisan de puntual prueba, pues se trata de daño notorio y no necesita exigente demostración.
El dolor de la madre es la mejor prueba y su reparación, en su dimensión íntima personal, nunca tendrá compensación suficiente.
La doctrina de esta Sala se define como respetuosa en la fijación del "quantum" indemnizatorio que llevan a cabo los Tribunales. Ahora bien, cuando sucede, como en la actual controversia, que se presenta un claro y manifestado estado de incumplimiento contractual y que el Tribunal de la Instancia no atendió, pues lo marginó decidídamente y llevó a cabo, consecuentemente, incorrecta aplicación de las bases que asientan y fijan la cantidad indemnizatoria correspondiente, ya que las únicas que tuvo en cuenta fueron las que procedían de normas no aplicables al caso, con la derivación de dejar vacío de todo contenido la reclamación por daños morales. Resulta así que la sentencia ha de ser saneada, declarando su anulación casacional, con lo que los motivos procede ser estimados y el recurso acogido.
Conforme al artículo 1715 de la Ley Procesal Civil, la estimación del recurso produce que respecto a las costas causadas en el mismo, no se efectúe declaración impositiva, debiendo cada parte satisfacer las suyas propias.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
DEBEMOS DE DECLARAR Y ASÍ LO DECLARAMOS QUE PROCEDE LA ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN que antes NOS pende y que formuló doña Elviracontra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Madrid -Sección Octava, en fecha veinte de diciembre de 1990, la que casamos y anulamos, confirmando en su integridad la dictada en el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Madrid el siete de marzo de 1989, en las actuaciones procedimentales de referencia.
Cada parte abonará las costas correspondientes al presente recurso.
Líbrese la correspondiente certificación de esta resolución y devuélvanse los autos y rollo a la mencionada Audiencia.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
-
STS 1238/2007, 27 de Noviembre de 2007
...se asienta la moderación aplicada, y con ello la indemnización que se fija, no son correctas, suficientes y resultan equivocadas (SSTS 15 de febrero de 1994; 18 de mayo 1994; 23 de noviembre de 1999; y 5 de diciembre de 2000 ), lo que también ocurre cuando los Juzgadores de instancia hacen ......
-
STS 606/2008, 18 de Junio de 2008
...se asienta la moderación aplicada, y con ello la indemnización que se fija, no son correctas, suficientes y resultan equivocadas (SSTS 15 de febrero de 1994; 18 de mayo 1994; 23 de noviembre de 1999; y 5 de diciembre de 2000 ), lo que también ocurre cuando los Juzgadores de instancia hacen ......
-
STS 906/2007, 19 de Julio de 2007
...se asienta la moderación aplicada, y con ello la indemnización que se fija, no son correctas, suficientes y resultan equivocadas (SSTS 15 de febrero de 1994; 18 de mayo 1994; 23 de noviembre de 1999; y 5 de diciembre de 2000 ), lo que también ocurre cuando los Juzgadores de instancia hacen ......
-
STS 469/2006, 4 de Mayo de 2006
...que se asienta la moderación aplicada, y con ello la indemnización que se fija, no son correctas, suficientes y resultan equivocadas ( SSTS 15-2-1994; 18-5-1994; 23-11-1999 y 5-12-2000 ), lo que también ocurre cuando los juzgadores de instancia hacen uso de la facultad moderadora que otorga......
-
El derecho a la intimidad familiar y el daño moral en la jurisprudencia
...litigiosa, que justifica la operatividad de la doctrina de la in re ipsa loquitur, o cuando se da una situación de notoriedad [SSTS de 15 de febrero de 1994 22 y 11 de marzo de 2000 Page 3444 En el mismo sentido se halla la SAP de Valencia, sentencia de 5 de septiembre de 2007 24, que indic......
-
Derecho de alimentos versus gastos de crianza y educación de los hijos mayores de edad. Los gastos de crianza como indemnización en los supuestos de wrongful conception o wrongful pregnancy
...de lo Civil, de 25 de abril de 1994, rec. 1876/1991. Ponente: José Luis ALBÁCAR LÓPEZ. La Ley 1994/9007. · STS, Sala Primera, de lo Civil, de 15 de febrero de 1994, rec. 398/1991. Ponente: Alfonso VILLAGÓMEZ RODIL. La Ley · STSJ, Sala de lo Civil y Penal, Sentencia 29/2014 de 25 de septiemb......