STS, 11 de Febrero de 2011
| Ponente | MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2011:302 |
| Número de Recurso | 5674/2009 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 11 de Febrero de 2011 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Febrero de dos mil once.
Visto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 5674/2009 interpuesto por la Abogada de la Generalitat Valenciana, en la representación que legalmente ostenta, contra el Auto de 15 de junio de 2009 que acuerda la medida cautelar de suspensión, y contra la desestimación de la suplica por Auto de 21 de julio de 2009, dictados ambos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso administrativo nº 513/2008 , sobre aprobación de Plan General De Les Useres.
Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, formulando su oposición al recurso de casación el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta..
En la pieza separada de suspensión del recurso contencioso-administrativo la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictó Auto de 15 de junio de 2009 , en cuya parte dispositiva se acordó lo siguiente:
La sala acuerda la suspensión cautelar de la eficacia de la Resolución de 20 de noviembre de 2008 , de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, dictada en sustitución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por la que se entienden cumplidas las condiciones impuestas al acto de la Aprobación definitiva integrado en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 23 de septiembre de 2008, a la que también se extiende la suspensión, ambos referidos al Plan General de "les Useres" Castellón.
.
Contra este Auto denegatorio de la medida cautelar de suspensión se interpuso recurso de súplica por la parte ahora recurrida, que fue desestimado mediante auto de 21 de julio de 2009 .
Contra indicada denegación de la medida cautelar se prepara recurso de casación ante la Sala de instancia, y se interpone, después, ante esta Sala, dicho recurso, en el que, alegando un único motivo de casación, se solicita que mediante su estimación se revoquen los autos dictados por la Sala de lo Contencioso administrativo.
La parte recurrida, la Administración General del Estado, se opone al recurso de casación interpuesto y suplica en su escrito que se confirme el auto recurrido por ser conforme a Derecho, con imposición de las costas a la recurrente.
Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día 8 de febrero de 2011, en cuya fecha ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez, Magistrado de la Sala
El auto que acuerda la medida cautelar de suspensión que se recurre en esta casación se fundamenta en que concurren en el caso enjuiciado todos los requisitos para que proceda la suspensión cautelar solicitada por la Administración General del Estado. Concretamente, en los fundamentos cuarto y quinto de la resolución impugnada se señala lo siguiente:
«En el supuesto de autos, la Confederación Hidrográfica emitió un informe negativo, declarando expresamente que el "incremento de demanda previsto no puede ser atendido" . En el expediente se intenta desvirtuar este informe negativo, por medio de otro que es emitido por la empresa suministradora del servicio de suministro de aguas, FACSA, que da la razón de la suficiencia en base a argumentos del siguiente tenor: ....
QUINTO:- Así las cosas, la Sala entiende que el principio de la no paralización de la ejecución del planeamiento, aquí ha podido entrar en conflicto con otros dos constitucionalmente protegibles y, prevalentes, cuales son: el de la necesaria sostenibilidad del desarrollo; y el defensa del medio ambiente, a través de un uso racional y conservador de un recurso tan importante como el agua. Y es precisamente la prevalencia de estos principios, unidos al clarísimo periculum in mora los que nos aconsejan suspender los instrumentos recurridos. Y esto no son afirmaciones vacías, son circunstancias que exige categóricamente el artº 17 de la ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Paisaje... "
Conviene, ante todo, señalar que el recurso contencioso administrativo del que dimana la pieza de medidas cautelares en la que se ha dictado el acto impugnado, se interpuso contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, de 23 de septiembre de 2008, por el que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Les Useres (Castellón).
El recurso de casación se sustenta sobre un único motivo, en el que, por el cauce procesal que establece el artículo 88.1.d) de la LJCA , se denuncia la infracción del artículo 129 y siguientes de la indicada Ley Jurisdiccional , en relación con los artículos 25.4 del TR de la Ley de Aguas de 2001, 19.2 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, 57 de la Ley 30/1992 y 103.1 de la CE.
El motivo de casación es idéntico al formulado por la misma administración recurrente en relación con otros recurso ya resueltos por esta Sala en Sentencias de 8 de octubre de 2010 (recurso de casación 4073/2009 ), 12 de febrero de 2010 (recurso de casación nº 2109/2009 ), de 25 de febrero de 2009 ( recurso de casación nº 872 / 2008), de 30 de marzo de 2009 ( recurso de casación nº 790 / 2008), de 6 de julio de 2009 (recurso de casación nº 658 / 2008 ), y de 6 de noviembre de 2009 (recurso de casación nº 2771/2008 ). Sentencias todas ellas dictadas con motivo de la impugnación en casación, también por la Generalidad Valenciana, de las resoluciones dictadas por la misma Sala de instancia que igualmente acordaron la suspensión de acuerdos similares, sobre la disponibilidad de recursos hídricos para hacer frente a las nuevas demandas derivadas del sector. En estos casos, así como en el actual, se plantean, en esencia, las mismas cuestiones de fondo - la ponderación de intereses en juego, los perjuicios derevados de su ejecución y la apariencia de buen derecho - por lo que obligado resulta seguir el criterio mantenido en dichas resoluciones, al que nos remitimos.
Pues bien, en aquellos casos señalamos respecto de la sujeción a condición y la valoración del interés público que «Tampoco puede prosperar la alegación relativa a la preeminencia del interés público derivado de la aprobación del planeamiento frente al interés, también público, referido a la necesidad de asegurar el adecuado y racional aprovechamiento de los recursos hidráulicos. (...) Ante todo, ya hemos visto que ese alegato sobre la pretendida preeminencia del interés público urbanístico queda en buena medida desvirtuado por la alegación de la propia recurrente relativa a que no es necesario suspender el acuerdo de aprobación del instrumento de planeamiento porque éste carece de efectividad. (...) Tampoco se puede olvidar que, como afirmamos en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2008 (RC 2161/2007 ): " No cabe duda que existe una línea jurisprudencial reticente a la suspensión de los instrumentos de ordenación general, que requieren, a su vez, (...) para su efectiva y última ejecución, actos concretos de aprobación de proyectos o la concesión de licencias de obras, pero también existe una corriente jurisprudencial paralela que, en evitación de múltiples recursos o impugnaciones en vía administrativa y sede jurisdiccional, viene accediendo a suspender la ejecutividad de los instrumentos de planeamiento cuando hay riesgo, como en este caso, de que, de no suspenderse la aplicación o ejecución del ordenamiento urbanístico aprobado, pierda su legítima finalidad el recurso contencioso-administrativa ... [En este concreto caso], de no suspenderse su ejecutividad, cuando se dictase una sentencia estimatoria, se habría llevado a cabo la ejecución de un planeamiento urbanístico radicalmente nulo, lo que contradice el más elemental principio de que cualquier actuación urbanística debe ajustarse a la legalidad, que es por lo que, en cualquier caso, debe velar la jurisdicción al decidir acerca de la suspensión o no de decisiones en esta materia, en la que los sucesivos instrumentos de ordenación concatenados, seguidos de actos de ejecución, suelen hacer irreversibles las situaciones, que, como el propio Ayuntamiento admite al articular su recurso de casación, sólo tienen solución a través de revisiones del planeamiento urbanístico o de las consiguientes demoliciones, de compleja y muy costosa realización ésta, y conducentes, de ordinario, aquéllas a declaraciones de imposibilidad legal de ejecutar las sentencia, que realmente encubren auténticos incumplimientos de sentencias firmes "» ( Sentencia 6 de julio de 2009 (recurso de casación nº 658 / 2008). En definitiva, « la suspensión decretada por la Sala de Valencia resulta conforme a Derecho, en cuanto suspende la aprobación definitiva de un Plan General Municipal que se ha llevado a cabo sin tener asegurada la existencia de agua para los desarrollos urbanísticos previstos en él, cosa que exige la suspensión pues en otro caso se perdería la finalidad legítima del recurso. (Artículo 130.1 de la Ley Jurisdiccional 29/98 )» ( Sentencia de 25 de febrero de 2009 dictada en el recurso de casación nº 872 / 2008).
Téngase en cuenta que en el caso examinado consta el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al que se refiere la resolución judicial impugnada, que es de carácter negativo y que alerta de los peligros derivados de la inexistencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas necesidades de consumo de agua que comportará la ejecución del plan.
Por lo demás, como se señala en las dos primeras sentencias antes citadas, "la referencia que se hace a la doctrina del «fumus bonis iuris » no puede tener favorable acogida, a los efectos ahora enjuiciados sobre la medida cautelar adoptada, por dos razones. De un lado, porque como acabamos de señalar en el fundamento anterior consta un informe desfavorable del organismo de cuenca, Confederación Hidrográfica del Júcar, expresando su preocupación por la inexistencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas necesidades de consumo de agua que comportará la ejecución del plan. Y, de otro, porque esta Sala viene declarando, como hemos señalado en el fundamento anterior, que no ha lugar a los recursos de casación interpuestos contra resoluciones judiciales similares a la ahora impugnada, lo que cierra el paso a la indicada doctrina, pues de las resoluciones anteriores se infiere que el buen derecho aparece en el lado contrario al de quién lo invoca.
No está de más añadir sobre la apariencia de buen derecho, que sustenta la última parte del recurso de casación, que si bien la LJCA no hace expresa referencia al criterio del " fumus bonis iuris ", su aplicación descansa ahora en el efecto reflejo de la LEC de 2000 que sí alude a este criterio en el artículo 728 y a la aplicación en la valoración circunstanciada de intereses que pueda hacer la jurisprudencia. A estos efectos conviene precisar que la más reciente jurisprudencia, como señala la Sentencia de 15 de marzo de 2004 (recurso de casación nº 6127 / 2001), hace una aplicación mucho más matizada de la doctrina de la apariencia del buen derecho, utilizándola en determinados supuestos, como son los casos de nulidad de pleno derecho, de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, de existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme; y de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz. Supuestos que no guardan relación alguna con el caso examinado, pues existen reiteradas resoluciones de la Sala de instancia, primero, y después sentencias de esta Sala Tercera, antes citadas, contrarias a cuanto postula la Administración recurrente en casación".
En consecuencia procede la desestimación del motivo invocado lo que determina que declaremos que no ha lugar al recurso de casación.
Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede imponer a la Administración recurrente las costas procesales del recurso de casación (artículo 139.2 de la LRJCA ).
Al amparo de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la citada Ley , se determina que el importe de los honorarios del Abogado del Estado no podrá rebasar, dada la existencia de diversos recursos con idéntico contendio, la cantidad de 800 euros.
Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que desestimando los motivos invocados, declaramos que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Abogada de la Generalitat Valenciana, contra el Auto de 15 de junio de 2009 que acuerda la medida cautelar de suspensión, y contra la desestimación de la suplica por Auto de 21 de julio de 2009, dictados ambos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso administrativo nº 513/2008 . Se imponen las costas causadas en el recurso a la Administración recurrente, con el límite fijado en el último fundamento de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez, estando la Sala celebrando Audiencia Pública en el mismo día de la fecha, de lo que, como Secretaria, certifico.
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