STS, 25 de Mayo de 2006

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se ha seguido el recurso nº 938/2000, promovido por la entidad PROASOL, S. A., y en el que ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, sobre deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa que comprende desde el extremo norte de la Playa de "Las Almoladeras" hasta el margen sur de la Gola de "Marchamalo", en la Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena (Murcia).

Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 7 de febrero de 2003 , cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de Proasol S. A. contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 28 de diciembre de 1999 , que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa que comprende desde el extremo norte de la playa de "Las Amoladeras" hasta el margen sur de la Gola de "Marchamalo", en la Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena (Murcia), declarando que la misma es conforme al ordenamiento jurídico, por lo que la confirmamos, sin imposición de costas a ninguno de los litigantes.

Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de la entidad PROASOL, S. A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de marzo de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la PROASOL, S. A. compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, en fecha 25 de abril de 2003 se presentó escrito interponiendo recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó que previos los oportunos trámites dictara sentencia por la que "se deje sin efecto y declare la nulidad de la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 28 de Diciembre de 1.999 , por la que se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa que comprende desde el extremo Norte de la Playa de Las Almoladeras hasta el margen Sur de la Gola de Marchamalo; subsidiariamente y para el caso de desestimar la anterior petición, se acepte ante la Audiencia Nacional, en el sentido de modificar el trazado de la línea poligonal, haciéndola coincidir con el cerramiento del Hotel Entremares, trasladando el vértice DP 16 hasta hacerlo coincidir con el mojón actual existente como número de orden DR-12 M-3; trasladar el vértice DP 17 perpendicularmente hacia el mar en una distancia de 4,5 metros, hasta ubicarlo junto al muro de cerramiento del Hotel; mantener el vértice DP 18 en la ubicación propuesta, y trasladar el vértice DP 19 hasta coincidir con el mojón Derecho, de conformidad con las consideraciones vertidas en los motivos de Recurso expuestas en este escrito, imponiendo las costas causadas en la instancia a la Administración demandada".

El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 17 de noviembre de 2004, ordenándose también, por providencia de 12 de enero de 2005, entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Abogado del Estado) a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que hizo la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO en escrito presentado en fecha 17 de marzo de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que "sea inadmitido o, en su defecto, desestimado el recurso de casación interpuesto por "Proasol, S.A." contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 7 de febrero de 2003 (autos 938/00 ), al ser la misma plenamente conforme a Derecho, con imposición de las costas a la mercantil recurrente por ser preceptivas".

Por providencia de 4 de abril de 2006 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 10 de mayo de 2006, en que tuvo lugar.

En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado de Sala

Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó en fecha de 7 de febrero de 2003 , en su recurso contencioso administrativo nº 938/2000, por medio de la cual se desestimó el formulado por la entidad PROASOL, S. A. contra la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 28 de diciembre de 1999 , por la que, aprobando el deslinde al que se refiere el expediente, según se define en los planos que se integran en el proyecto y que están fechados en mayo de 1998, en los que se delimitan los bienes de dominio público marítimo-terrestre, de unos dos mil cuatrocientos noventa y cuatro (2.494) metros de longitud, denominado Tramo 1, que comprende desde el extremo norte de la playa de "Las Amoladeras" hasta la margen sur de la Gola de "Marchamalo" en la Manga del Mar Menor, lado del Mar Mediterráneo, en el término municipal de Cartagena (Murcia).

Como decimos, la Sala de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo declarando la conformidad con el ordenamiento jurídico de la Orden recurrida.

La Sala, tras realizar una síntesis de las posiciones de las partes en litigio, así como de la justificación constitucional y legal del deslinde marítimo terrestre, concreta los hitos en los que se sitúa la propiedad de los recurrentes; se trata del Hotel Entremares, situado entre los vértices DP- 16 y DP-19. En relación con los mismos la Orden aprobatoria del deslinde señala que "entre los vértices DP-15 y DP-23, se incluyen dentro de la poligonal del deslinde terrenos que tuvieron las características de playa y que en la actualidad están ocupados por obras, realizadas sin autorización".

Para llegar a tal conclusión la sentencia de instancia contrasta la realidad física del terreno con el contenido y ámbito del artículo 3.1.b de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas señalando al respecto que "la poligonal de deslinde ha de incluir, y así lo hace, los terrenos que responden a las características físicas de materiales sueltos tales como arena, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, ya tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o viento marino, o por otras causas naturales o artificiales. Y estas características habrán de apreciarse tanto si los terrenos se encuentran en su estado natural, como si han sido "desnaturalizados" por la acción del hombre (por ejemplo mediante construcciones en su superficie) para proceder a la inclusión o no de dichos terrenos como bienes de dominio público maritimo-terrestre".

Al margen del examen de la Memoria, la sentencia de instancia ratifica los razonamientos jurídicos de la Orden impugnada, en el particular relativo al carácter parcial de los anteriores deslindes, resultando necesario el completar los mismos, y llega, por último, a la siguiente conclusión: "la resolución de la controversia requiere tomar en consideración la prueba documental practicada en la fase administrativa previa, siendo especialmente significativo el estudio geomorfológico al que se acaba de hacer mención, y también el reportaje fotográfico (que si bien figura en el expediente de modo borroso, se adjuntan fotocopias compulsadas mucho más nítidas por el Abogado del Estado en fase de prueba). Si a ello añadimos que tal material probatorio, así como los planos y el resto de la documentación obrante en el Expediente, no ha sido desvirtuado a través de la prueba practicada a instancia de la parte actora en el correspondiente periodo probatorio, desprendiéndose además, de la hoja 1 del plano 1 de los oficiales de la Dirección General de Costas adjuntados a las actuaciones (y también de las hojas 4 y 5 del plano 2), que la línea de deslinde no sufre ningún quiebro o retranqueo en la zona en discusión, sino que discurren en paralelo con la línea de zona marítimo terrestre, en coherencia con la justificación que de tal línea de deslinde se lleva a cabo por la Administración (esencialmente las características de playa de la zona), consideramos por todo ello que el pronunciamiento de la Orden Ministerial impugnada ha de ser aquí confirmado, a tenor de lo preceptuado en los preceptos legales en ella mencionados, y en relación con la doctrina anteriormente expuesta, sin que sea posible tomar en consideración el trato discriminatorio invocado por la parte actora dado el paralelo discurrir de la línea poligonal a que se acaba de hacer referencia".

Contra esa sentencia ha interpuesto recurso de casación la entidad PROASOL, S. A. en el cual esgrime tres motivos de impugnación que se articulan a través del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA ).

El primero, por aplicación indebida de los artículos 3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC ), en relación con el 38 de la Constitución Española sobre el derecho al dominio privado.

El segundo motivo ---según podemos deducir--- se fundamenta en la contradicción existente entre el actual deslinde y el anterior llevado a cabo en fecha de 17 de marzo de 1969. Por otra parte, se pone de manifiesto la vulneración del principio de igualdad a la vista de la construcción que actualmente se realiza en la parcela AC-4.

Por último, en el tercer motivo, se considera vulnerado el derecho de igualdad y no discriminación contemplado en el artículo 14 de la Constitución Española , para lo cual se remite al anterior motivo así como a las anteriores demandas, recursos y alegaciones.

En síntesis, y tras negar todo rigor científico a la Orden aprobatoria del deslinde, dirigida a la privación de los derechos particulares sobre el dominio, se expone que el criterio general que se adopta es el de la traslación de la línea poligonal seis metros tierra adentro, transformando una franja de terrenos de dominio privado a dominio público marítimo terrestre. Por ello reclama mayor rigor en la determinación de la ubicación de la línea atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto de cada parcela afectada y rechaza la uniformidad del trazado.

Por otra parte, se expone que el trazado de deslinde de 1969 respondía a la perfección a los conceptos y definiciones de público y privado. Reconoce la aglomeración turística de la Manga del Mar Menor y rechaza que, en tal situación, se utilicen los medios públicos para intentar mejorar la zona, situación que no se conseguirá con el retranqueo de seis metros. Por último destaca la intención expropiatoria que dice tener el deslinde.

Tal motivo no ha de prosperar de conformidad con los argumentos que, de forma pormenorizada, a continuación desarrollamos.

Hemos de exponer los conceptos de "dominio público marítimo terrestre" y "zona marítimo terrestre", al resultar claros y evidentes los conceptos que por la sentencia se utilizan.

Como dijimos en nuestra STS de 17 de diciembre de 2003 , la cuestión "está en la permanente confusión, que se manifiesta en todos los escritos de alegaciones presentados, entre zona marítimo terrestre (artículo 3.1.a de la Ley 22/1988, de 28 de junio ) y ribera del mar (artículo 3.1.a y b de dicha Ley ), de la que se derivan planteamientos incorrectos y pretensiones rechazables, pues el hecho de que un terreno no resulte alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, no sea inundado por la pleamar máxima viva equinoccial, no lo excluye del dominio público marítimo terrestre como ribera del mar, dado que también se encuentran dentro de ésta las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales (artículo 3.1 b) de la mentada Ley de Costas 22/1988 )".

Esto es, lo que en el supuesto de autos se discute es que, si bien no concurren las características del apartado a) del artículo 3.1 de la vigente Ley de Costas (que define la denominada zona marítimo terrestre de la ribera del mar), sin embargo, se pueden dar las contempladas en el apartado b) del mismo precepto (que define las "playas"), igualmente determinantes de su naturaleza demanial marítimo-terrestre como ribera del mar.

Tal realidad física según la sentencia, no es discutida por la recurrente, limitándose aquella a confirmar las consideraciones expuestas en la Memoria, las cuales no han sido desvirtuadas en el curso del proceso, y, tal como es descrita, encaja en el concepto que de playa se establece en el artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas .

Como dice la sentencia de este Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2001 "en materia de deslinde de la zona marítimo terrestre, la función propia de esta jurisdicción se limita a determinar la corrección del procedimiento de deslinde y la inclusión de los terrenos afectados en alguna de las categorías que, según la Ley de Costas, constituyen el dominio público marítimo. Así lo ha proclamado esta Sala en reiteradas sentencias, entre las que se encuentran las de 10 de febrero de 1988, 8 de junio de 1990, 17 de diciembre de 1990 y 21 de octubre de 1993, y las más recientes de fechas 24 y 26 de septiembre y 3 de octubre de 2001 , de las que se debe extraer idéntica conclusión".

Al llegar a tales conclusiones la sentencia impugnada ni es incongruente, ni inventa el origen y la realidad de la arena, ni, en fin, escapa de la realidad que ha quedado acreditada, pues basta el examen de las fotografías que aparecen en las actuaciones para ratificar tales conclusiones. En consecuencia, la Sala de instancia, después de un examen riguroso del expediente administrativo y de las fotografías aportadas, ha llegado a la conclusión de que existe prueba de que ---en el tramo del deslinde--- se esté ante una zona de "playa", y esta es una apreciación de las pruebas del expediente administrativo y de los documentos aportados por las partes que no puede ser discutida en casación, como no sea ---que no es--- que se trate de una apreciación contradictoria o ilógica. Esto es, la Sala de instancia ha valorado todas las pruebas practicadas y ha llegado a la conclusión de que los terrenos del hotel de la recurrente reúnen las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Costas para ser considerados bienes de dominio público marítimo-terrestre, ya que pueden ser calificados de playa, conclusión a la que llega después de describir prolijamente la situación y características de dicho terreno a la vista de los medios de prueba ofrecidos tanto por los demandantes como por la propia Administración, y, por consiguiente, la presunción de veracidad, a la que la recurrente se refiere, no ha quedado desvirtuada.

Por ello, la valoración llevada a cabo por la sentencia de instancia de la prueba practicada así como las conclusiones alcanzadas, en modo alguno pueden calificarse de arbitrarias.

Y, por lo que hace referencia al carácter expropiatorio del deslinde, hemos de limitarnos, para rechazar este aspecto del motivo, a añadir (como dijimos en nuestra STS de 19 de mayo de 2004 ) que:

"Este último motivo de casación tampoco puede prosperar porque, como esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado en sus Sentencias de 14 de julio de 2003 (recurso de casación 4665/98, fundamento jurídico cuarto), 27 de octubre de 2003 (recurso de casación 686/1999, fundamento jurídico tercero), 30 de diciembre de 2003 (recurso de casación 4300/2000, fundamento jurídico quinto 4), 27 de enero de 2004 (recurso de casación 5825/2000, fundamento jurídico quinto), 6 de abril de 2004 (recurso de casación 5927/2001, fundamento jurídico segundo D) y 11 de mayo de 2004 (recurso de casación 2477/2001 , fundamento jurídico quinto), los titulares de derechos afectados por los deslindes practicados con arreglo a la vigente Ley de Costas 22/1988 reciben una condigna compensación con el otorgamiento de las concesiones previstas en las Disposiciones Transitorias de la propia Ley de Cotas , lo que impide entender vulnerados los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución , como así lo entendió el Tribunal Constitucional en su Sentencia 149/1991, de 4 de julio (fundamento jurídico octavo).

La representación procesal del recurrente nos hace patente su absoluta disconformidad con este criterio, lo que resulta legítimo, pero lo que también resulta evidente es que, conforme al sistema de fuentes establecido en nuestro ordenamiento jurídico, la Sala sentenciadora no ha infringido lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución , al haber considerado que con el deslinde aprobado por la Orden ministerial impugnada no se produjo una proscrita confiscación de bienes, sin perjuicio de que el recurrente pueda, como nos anuncia, instar el amparo de su derecho, que estima lesionado, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, sometiendo a la consideración de éste la alegada vulneración de lo establecido en el artículo 1 del Protocolo nº 1 adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 , que nosotros entendemos que no ha sido conculcado con la delimitación practicada en virtud de lo dispuesto en los artículos 11 a 13 de la vigente Ley de Costas .

No debe olvidar, sin embargo, la representación procesal del recurrente que en nuestros más venerables textos legales las playas se consideraron como bienes de dominio público, y así se recogió en el artículo 339.1º de nuestro Código civil , consagrándolo en la actualidad el artículo 132.2 de la Constitución , a pesar de lo cual aquéllas fueron indebidamente ocupadas por particulares, incluso con el consentimiento y autorización de las Administraciones Públicas, lo que no desnaturalizó su condición de bienes demaniales, dado su carácter de imprescriptibles e inalienables, razón por la que con los deslindes practicados se ha llevado a cabo una recuperación de tales bienes, reconociendo, no obstante, a sus detentadores los derechos concesionales que las aludidas Disposiciones Transitorias de la Ley de Costas establecen, razón por la que el undécimo y último motivo de casación alegado debe ser desestimado, al igual que los anteriores".

El segundo motivo ---según podemos deducir--- se fundamenta en la contradicción existente entre el actual deslinde y el anterior llevado a cabo en fecha de 17 de marzo de 1969. Por otra parte, se pone de manifiesto la vulneración del principio de igualdad a la vista de la construcción que actualmente se realiza en la parcela AC-4.

El motivo debe rechazarse, ya que "el hecho de que en el presente litigio recaiga un pronunciamiento de signo diferente al dictado en otros recursos relativos a terrenos comprendidos en los mismos tramos del deslinde (puede verse la sentencia dictada con fecha de hoy en el Recurso 257/98 o la de 2 de Noviembre de 2001 en el Recurso 345/98 ) no implica que las decisiones jurisdiccionales sean contradictorias, pues cada una de ellas pretende ser congruente con las alegaciones formuladas y las pruebas practicadas, y, en definitiva, congruente con los términos en que se ha planteado el debate procesal en cada caso".

En nuestra STS de 2 de junio de 2004 (RC 5086/2002 ) señalamos ---y ratificamos ahora--- que "ya hemos explicado que ese diferente modo de proceder no ha conculcado el principio de igualdad y no ha incurrido en arbitrariedad porque ha obedecido a supuestos de hecho distintos, tanto desde el punto de vista de lo probado o acreditado en cada proceso como de los planteamientos jurídicos o procesales de las partes litigantes, y así lo expresó con toda claridad la Sala de instancia en una de las Sentencias que reiteradamente cita el recurrente para apoyar su tesis sobre la desigualdad, cual es la de 15 de noviembre de 2001, dictada por el Tribunal a quo en el recurso contencioso-administrativo nº 251/98. Al así considerarlo, el Tribunal a quo ha seguido estrictamente la doctrina jurisprudencial de esta Sala, recogida, entre otras, en nuestras Sentencias de 16 de junio de 2003 (recurso de casación 2096/98, fundamentos jurídicos primero y segundo), 14 de julio de 2003 (recurso de casación 4665/1998, fundamento jurídico sexto), 20 de octubre de 2003 (recurso de casación 9670/1998, fundamento jurídico segundo), 20 de enero de 2004 (recurso de casación 6495/2000, fundamento jurídico sexto), 16 de abril de 2004 (recurso de casación 6170/2001, fundamento jurídico noveno) y 5 de mayo de 2004 (recurso de casación 1058/2002 , fundamento jurídico tercero), según la cual el hecho de que otros terrenos con las mismas características no se hayan incluido dentro del dominio público marítimo-terrestre no determina la exclusión de aquéllos que estuviesen correctamente calificados o definidos como tales, ya que «el principio de igualdad carece de trascendencia para amparar una situación contraria al ordenamiento jurídico», por lo que uno y otro motivo de casación alegados no pueden prosperar.

Además, esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado en sus Sentencias de 1 de abril de 1996, 19 de junio de 1999, 3 de julio de 1999, 24 de junio y 13 de noviembre de 2000, 27 de abril de 2002 y 17 de marzo de 2003 (recurso de casación 2686/2000 , fundamento jurídico segundo), que para que pueda ser apreciada la existencia de discriminación, contraria al principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución , es imprescindible que exista, como requisito esencial, lo que se ha dado en llamar validez del término de comparación, esto es, que las situaciones contempladas sean sustancialmente iguales, por cuya razón tanto este Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional tienen reiteradamente declarado que, caso de alegarse la infracción del artículo 14 de la Constitución , es necesario aportar un término de comparación válido y demostrativo de la identidad sustancial de situaciones jurídicas que han recibido trato diferente sin causa objetiva y razonable, lo que en este caso, por las razones expresadas, no sucede".

Para concluir, hemos de rechazar también el tercer motivo, en el que se considera vulnerado el derecho de igualdad y no discriminación contemplado en el artículo 14 de la Constitución Española , para lo cual se remite al anterior motivo segundo así como a las anteriores demandas, recursos y alegaciones.

Al margen de lo que acabamos de exponer en el Fundamento anterior, debemos recordar, como hemos señalado, entre otras, en nuestra STS de 14 de julio de 2003 , que "el procedimiento de deslinde, contemplado en el capítulo III del título I de la Ley de Costas 22/1998, de 28 de julio , tiene como finalidad constatar y declarar que un suelo reúne las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5 de dicha Ley , sin que ello comporte la imposibilidad de practicar ulteriores deslindes si el llevado a cabo resulta incorrecto, incompleto o inexacto, aunque no haya cambiado la morfología de los terrenos, ya que el dominio público marítimo-terrestre viene configurado por hechos naturales que el deslinde se limita a comprobar, por lo que resulta innecesario usar el procedimiento de revisión de los actos administrativos contemplado en el capítulo primero del título VII de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999 , pues con el deslinde no se persigue la revisión de actos contrarios al ordenamiento jurídico sino la determinación del dominio público marítimo- terrestre a fin de constatar si efectivamente un terreno reúne o no las características contempladas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Costas , y ello cuantas veces fuese necesario, bien de oficio o a petición de cualquier interesado, por lo que no cabe argüir, para impedir el deslinde, la existencia de otro practicado anteriormente y, si, como al parecer sucedió en este caso, el deslinde aprobado por Orden Ministerial de ... no incluyó algunos suelos que reunían las características físicas contempladas en el apartado b) del artículo 3.1º de la vigente Ley de Costas , no existe obstáculo legal alguno para practicar otro que, comprobando esa realidad, así lo declare, con lo que ni la Administración del Estado ni la Sala de instancia, al confirmar la decisión de aquélla, han conculcado lo establecido en los artículos 3.1 y 12.6 de la Ley de Costas ni tampoco la Disposición Transitoria Tercera de ésta ...".

En tal sentido debemos dejar constancia de lo señalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 4 de julio de 1991 , en relación con la Ley de Costas de 1988. En ella se dijo: "que la nueva Ley utilice para la delimitación de la zona marítimo-terrestre una definición distinta de un concepto ya utilizado por Leyes anteriores sobre la materia, no es, ciertamente, razón alguna que abone su inconstitucionalidad. Una cosa es que las Instituciones públicas o los Institutos de Derecho privado constitucionalmente garantizados no pueden ser modificados en términos que afecten a su contenido esencial, de manera que aún conservándose la antigua denominación, ésta venga a designar un contenido en el que la conciencia social no reconoce ya la Institución garantizada y otra bien distinta que el legislador no pueda modificar las definiciones o los criterios definitorios de realidades naturales, no jurídicas, a las que la Constitución alude".

Y en las mismas SSTS ya citadas añadíamos que "por tanto, el hecho de establecer un contenido diferente de las categorías que conforman el dominio público marítimo terrestre no lesiona el artículo 9.3 de la Constitución . El que este contenido sea más restrictivo para los derechos individuales que el establecido en la legislación anterior, podrá producir en casos concretos otras consecuencias, pero en ningún caso la inconstitucionalidad de la norma, pues el artículo 132.2 de la Constitución otorga al legislador la potestad de determinar los bienes que lo integran. Como señala la sentencia constitucional citada "la eliminación de las titularidades privadas sobre terrenos incluidos en el dominio público sobre la ribera del mar no puede ser considerada, desde el punto de vista constitucional, como una decisión arbitraria o carente de justificación, pues es, cuando menos, la forma más simple y directa de poner en práctica una decisión ya adoptada por la Constitución misma...". En fin, la posible indefensión queda subsanada desde el momento en que la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas de 1988 contempla los supuestos compensatorios a los antiguos titulares, mediante la transformación de su derecho en concesión de aprovechamiento del demanio. Según la sentencia citada "si la expropiación se opera precisamente por la transformación de la propiedad en concesión, el valor económico de ésta no puede ser entendido sino como compensación, determinada "ope legis", por la privación del título dominical"".

Al declararse no haber lugar al recurso de casación procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo ( artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio ). Esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Letrado, a la cantidad máxima de 3.000'00 euros, (artículo 139.3 de la citada Ley ), a la vista de las actuaciones procesales.

VISTOS los preceptos y jurisprudencia citados, así como los de pertinente aplicación.

Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.