STS, 24 de Marzo de 2004

D. Rubén , D. Jesús , D. Emilio , D. Alvaro , D. Jesús Carlos , D. Jose Francisco , D. Plácido , D. Joaquín , D. Felix , D. Carlos , D. Agustín , D. Juan Ramón y D. Luis Antonio , interpusieron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1774/1993 contra trece resoluciones de la Dirección General de Aviación Civil (de fechas 27 de enero de 1993 -expediente número NUM000 -, 28 de enero de 1993 -expediente número NUM001 -, 14 de abril de 1993 - expediente número NUM002 -, 23 de marzo de 1993 -expediente número NUM003 -, 28 de abril de 1993 -expediente número NUM004 -, 16 de marzo de 1993 -expediente número NUM005 -, 13 de abril de 1993 -expediente número NUM006 -, 17 de mayo de 1993 -expediente número NUM007 -, 17 de mayo de 1993 -expediente número NUM008 -, 25 de noviembre de 1992 - expediente número NUM009 -, 5 de abril de 1993 -expediente número NUM010 -, 25 de noviembre de 1992 -expediente número NUM011 - y 17 de febrero de 1993 -expediente número NUM012 -), confirmadas presuntamente en alzada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como contra la Orden Ministerial de 30 de junio de 1992, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre aceptación de licencias expedidas en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas al personal que ejerce funciones en la aviación civil.

En su escrito de demanda, de 14 de diciembre de 1995, alegaron los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicaron se dictase sentencia "por la que: a) anule los actos administrativos recurridos por no ser conformes a Derecho. b) Declare nula de pleno derecho la O.M. de 30 de junio de 1992 por contravenir la propia Directiva 91/670/CEE e indirectamente el artículo 189 del Tratado CEE, todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de la Jurisdicción. c) Reconozca a mis representados el derecho al cobro de una indemnización de daños y perjuicios comprensiva del daño moral que se le ha irrogado. d) Condene a la Administración del Estado (MOPTMA) a pagar a mis mandantes por el concepto exclusivo de daño moral a ellos irrogado, la cantidad de doce millones de pesetas cada uno de ellos, más la suma que se determine por el Tribunal en ejecución de sentencia correspondiente a los conceptos de daño emergente y de lucro cesante, más los intereses legales correspondientes". Por otrosí interesaron el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 15 de enero de 1996, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que: -Inadmita la demanda respecto de las pretensiones de impugnación indirecta de la O.M. de 30 de junio de 1992 y solicitud de responsabilidad patrimonial de la Administración. - Desestime íntegramente la demanda, confirmando el acto administrativo recurrido."

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 11 de abril de 1996 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 11 de octubre de 1999, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado D. Álvaro Castellano Leyva en representación de D. Rubén y 12 más, contra las trece resoluciones dictadas en los años 1992 y 1993 por la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como contra las trece resoluciones presuntamente desestimatorias de recurso de alzada ante el citado Ministerio; también impugna la Orden Ministerial de 30 de junio de 1992, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (B.O.E. 7 de julio de 1992) sobre aceptación de licencias expedidas en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas al personal que ejerce funciones en la aviación civil; habiendo sido parte la Administración demandada, debemos anular y anulamos las mentadas resoluciones por ser contrarias al ordenamiento jurídico, debiendo la Administración proceder a la convalidación de la Licencia de Piloto Comercial de Helicópteros obtenida en Portugal; también estima la petición del Abogado del Estado de inadmitir la solicitud de que esta Sección declare que la Orden de 30-6-92 es nula, pues carece de competencia para ello, al estarle atribuida a la Audiencia Nacional. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".

A instancias de los recurrentes, la Sala de instancia dictó auto de aclaración con fecha 8 de noviembre de 1999 y rectificó el error material contenido en el fallo de dicha sentencia, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

"Debemos anular y anulamos las mentadas resoluciones por ser contrarias al ordenamiento jurídico, debiendo la Administración proceder a la convalidación de las trece Licencias Aeronáuticas obtenidas en Portugal objeto de este recurso".

Con fecha 23 de febrero de 2000 D. Rubén , D. Jesús , D. Emilio , D. Alvaro , D. Jesús Carlos , D. Jose Francisco , D. Plácido , D. Joaquín , D. Felix , D. Carlos , D. Agustín , D. Juan Ramón y D. Luis Antonio interpusieron ante esta Sala el presente recurso de casación número 539/2000 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, en relación con el 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por infracción del artículo 24.1 de la Constitución y de los artículos 33 y 67 de la Ley Jurisdiccional: incongruencia omisiva.

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en relación con el 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por infracción del artículo 106 de la Constitución, de los artículos 139 y 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas resumida en las sentencias de 3 de febrero de 1989 y 17 de noviembre de 1990.

El Abogado del Estado interpuso igualmente recurso de casación contra la citada sentencia con fecha 6 de marzo de 2000.

Por providencia de 13 de junio de 2001 se puso de manifiesto a las partes la posible causa de inadmisión de los recursos interpuestos "por no haberse justificado, en el escrito de preparación del recurso, la infracción de la norma estatal o comunitaria europea que ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia, tal como previene el artículo 89.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción".

Evacuado el trámite de alegaciones por ambas partes, por auto de 4 de febrero de 2002 esta Sala declaró la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado y la admisión del formulado por D. Rubén , D. Jesús , D. Emilio , D. Alvaro , D. Jesús Carlos , D. Jose Francisco , D. Plácido , D. Joaquín , D. Felix , D. Carlos , D. Agustín , D. Juan Ramón y D. Luis Antonio .

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición a la recurrente de las costas del mismo.

Por providencia de 14 de enero de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 16 de marzo siguiente, en que ha tenido lugar.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 11 de octubre de 1999, estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Rubén y los demás señores reseñados en el primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia anulando las resoluciones administrativas también referidas en dicho antecedente y ordenando a la Administración que procediera a convalidar las licencias aeronáuticas (de Piloto Comercial de Helicópteros en unos casos, de habilitación IFR para vuelo instrumental en otro y de Piloto comercial de avión en otro) obtenidas por todos ellos en Portugal.

La Sala de instancia, sin embargo, desestimó, entre otras, la pretensión indemnizatoria que habían formulado los recurrentes, siendo precisamente este rechazo lo que impugnan en casación.

Dado que el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado ha sido declarado inadmisible y subsiste tan sólo la pretensión revisora de los recurrentes, dirigida en exclusiva contra la parte de la sentencia que les fue desfavorable, debemos transcribir las razones en las que se basó el tribunal sentenciador para ello, razones que expresa el fundamento jurídico noveno de la sentencia en los siguientes términos:

"[...] Interesa, por último, el recurrente una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración, pretensión respecto de la que interesa su inadmisibilidad el Abogado del Estado al no haber sido planteada en vía administrativa. Independientemente de que se deba rechazar la excepción aducida por la demandada, pues por economía procesal no se exige la reclamación previa cuando la responsabilidad ejercida deriva directamente del acto cuya nulidad se interesa y que sí ha sido objeto de petición en sede administrativa, lo cierto es que no se puede atender en este punto la pretensión actora debido a que no existe prueba bastante de que el recurrente hubiera encontrado trabajo en el caso de que la Administración hubiera atendido su solicitud, realidad respecto de la que deriva el daño".

El primero de los motivos de casación se formula al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se denuncia en él la infracción del artículo 24.1 de la Constitución y de los artículos 33 y 67 de la Ley Jurisdiccional por cuanto la Sala de instancia habría omitido responder a la pretensión indemnizatoria relativa a los daños emergentes, incluidos los daños morales, sufridos por los recurrentes.

El motivo ha de ser acogido pues, en efecto, el razonamiento de la sentencia que antes hemos transcrito pone de relieve que la Sala ha incurrido en incongruencia omisiva. El tribunal de instancia ha fundado la denegación de la pretensión indemnizatoria sólo respecto de una de las tres partidas en que aquélla se concretaba, esto es, en cuanto al lucro cesante. Pero no ha hecho lo propio con las otras dos partidas, que se entienden simplemente rechazadas (en la parte dispositiva de la sentencia ni siquiera hay una referencia explícita a ello) sin haber previamente dado explicación o motivación alguna al respecto, como resultaba obligado.

La demanda comprendía entre sus antecedentes de hecho uno (el undécimo) en el que se afirmaba que, como consecuencia de la indebida denegación del reconocimiento de sus licencias portuguesas por parte de la Dirección General de Aviación Civil, los recurrentes se habían visto obligados a soportar determinados gastos (daños emergentes) que reclamaban y habían sido privados de la posibilidad de trabajar en España dejando de percibir las retribuciones correspondientes (lucro cesante); añadían, además, que habían sufrido "un daño moral inconmensurable" cuya indemnización cifraban en doce millones de pesetas. Afirmaciones de hecho que tenían su correlativo en el fundamento jurídico octavo de la demanda y en el suplico de este escrito procesal.

La Sala de instancia debió, para ser congruente con las pretensiones de los recurrentes, exponer las razones que a su juicio fundaban la negativa a conceder la indemnización solicitada en relación con los tres títulos jurídicos diferenciados bajo cuya cobertura se interesaba el resarcimiento patrimonial. Al limitar su respuesta motivada a uno de ellos, omitiéndola en cuanto a los otros dos, infringió las normas procesales reguladoras de las sentencias, en concreto la que dispone que éstas han de decidir motivadamente todas las cuestiones controvertidas en el proceso.

La estimación del motivo primero obliga a que debamos resolver lo que proceda en los términos en que aparece planteado el debate (artículo 95.2.d. de la vigente Ley Jurisdiccional) en relación con las cuestiones a las que no dio respuesta motivada el tribunal de instancia.

Situados ya en esta perspectiva y una vez examinada la demanda en sus propios términos, así como la pieza de prueba, llegamos a la conclusión de que la pretensión indemnizatoria no puede ser acogida, dada la absoluta falta de pruebas de los daños concretos en que se basa, por un lado, y el tipo de "daños morales" cuyo resarcimiento se pretende, por otro.

En abstracto nada impide sostener que una decisión administrativa de este género, ulteriormente anulada, puede haber tenido para sus destinatarios consecuencias económicas desfavorables y causado una serie de daños y perjuicios que han de ser indemnizados. Pero cuando en un proceso singular se pasa del plano abstracto al plano individual y en él se ejercita una acción específica de resarcimiento, además de la propiamente anulatoria, es preciso demostrar que efectivamente aquellos daños tuvieron lugar, pormenorizando en qué se han traducido las consecuencias económicas desfavorables para cada uno de los recurrentes.

Si no se realiza tal demostración a lo largo del proceso en que se pretenda el resarcimiento y la parte demandada ha negado la existencia misma de los daños y perjuicios meramente afirmados por la demandante, los tribunales no pueden acceder a la pretensión de ésta. Por mucho que, insistimos, en abstracto se pueda sostener la causación del perjuicio, su efectiva existencia en un caso singular debe ser probada, pues precisamente para ello se pone en marcha el mecanismo procesal en el que se ejercita la acción de resarcimiento.

Añadiremos que la demostración del daño debe hacerse precisamente en el proceso que culmina con la sentencia, no en la ejecución de ésta: pues la existencia de aquél y su prueba es el presupuesto lógico para que la sentencia pronuncie la condena a indemnizar. Si no se da este presupuesto, el fallo del tribunal no puede en buena lógica condenar al resarcimiento, del mismo modo que no cabe deferir para la ejecución de sentencia lo que es justamente el objeto principal (o, en este caso, uno de los objetos principales) de la demanda.

La declaración de existencia de daños y perjuicios es, en efecto, cuando se inste en la demanda, uno de los objetos propios del recurso contencioso-administrativo y, en consecuencia, sobre ella ha de recaer un pronunciamiento específico de la sentencia que no se puede trasladar al ulterior período de ejecución, en el que únicamente cabría precisar su cuantía.

Afirmaciones las anteriores que se inscriben en la línea de una jurisprudencia constante según la cual es a lo largo del recurso contencioso- administrativo donde debe acreditarse, en tanto que requisito ineludible para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada, el daño o perjuicio efectivo y evaluable económicamente cuya indemnización se solicita. No cabe, pues, diferir a la fase de ejecución de sentencia la demostración de un daño que ha de quedar acreditado en el proceso, tanto más cuanto que ante la oposición de la parte demandada sólo mediante la prueba de la existencia de daños o perjuicios concretos, evaluables y efectivos es posible condenar a la Administración al pago de los causados.

A partir de este planteamiento, la pretensión indemnizatoria está llamada al fracaso si en el curso del proceso se ha omitido, como aquí ocurre, toda prueba sobre la realidad de los daños y perjuicios. Es particularmente relevante que, ante la oposición del Abogado del Estado en su contestación a la demanda negando la realidad de los daños y perjuicios, en la fase de prueba ninguna solicitaron los recurrentes para acreditarlos. Tanto las documentales como la de confesión que en aquella fase procesal instaron, y cuya práctica fue aceptada, eran ajenas a la demostración de los daños y perjuicios.

1. En cuanto al daño emergente, afirmaron que, para poder realizar la prueba adicional de verificación en vuelo, la resolución de la Dirección General de Aviación Civil exigía a los demandantes estar en posesión de la licencia y habilitación IFR en vigor, lo que les obligaba a desplazarse cada seis meses a Portugal a tales efectos, con todos los gastos que ello supone. Ninguna prueba hay de estos desplazamientos y gastos.

   Afirmaron igualmente que algunos de ellos se habían visto obligados a "la realización de las pruebas adicionales de conocimientos teóricos y de vuelo que le exigía la resolución recurrida", pero tampoco justificaron de modo alguno los gastos correspondientes. No acreditan, pues, que haya habido daño emergente concreto y específico, evaluable económicamente, a consecuencia de la indebida denegación del reconocimiento de sus licencias.

2. En cuanto al lucro cesante, la sentencia contiene un específico razonamiento desestimatorio, por lo que no es posible aceptar en relación con él la censura de incongruencia omisiva. La misma conclusión se extiende a la supuesta reducción de expectativas profesionales derivada de la disminución de horas de vuelo, que no es sino un componente adicional de aquél.

3. Por último, en lo que se refiere al "daño moral inconmensurable" supuestamente producido, los propios actores admitían que podría serles reparado parcialmente con la anulación de los actos administrativos recurridos. Dado que la anulación se ha producido, esta parte de su pretensión habría quedado satisfecha.

   Añaden que debería serlo también con la condena a la Administración del Estado al pago de la cantidad "prudencial" de doce millones de pesetas, pero para fijar esta cifra acuden a parámetros que poco tienen que ver con el daño moral. Toman en consideración "el salario medio de un piloto comercial de avión con habilitación IFR sin ninguna antigüedad, es decir, recién incorporado; el tiempo transcurrido desde que formuló la solicitud de reconocimiento de su licencia y el que habrá de transcurrir hasta que se dicte sentencia en la presente litis y la Administración proceda a su efectivo cumplimiento, así como las limitaciones de las expectativas profesionales a que antes hacíamos referencia", partidas que tendrían su acomodo en el lucro cesante, no en este apartado.

   En efecto, los daños morales, por oposición a los meramente patrimoniales, son los derivados de las lesiones de derechos inmateriales y no tienen propiamente un equivalente económico en cuanto tal aun cuando, obviamente, pueden generar en quien los ha sufrido un derecho a la compensación pecuniaria o reparación satisfactoria. Como se afirma en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2002, el concepto de daño moral "no comprende aspectos del daño material. Si una lesión del derecho subjetivo atenta a la esfera patrimonial del sujeto no pretenda éste que alcance también a la esfera espiritual. Hay daño moral exclusivamente cuando se ha atentado a un derecho inmaterial de la persona: es el caso del honor, intimidad e imagen que contempla la Ley 1/1982, de 5 de mayo; es el caso también de la muerte del ser querido, tanto si es del hijo menor que no produce perjuicio económico, sino también del padre de familia que, además, sí lo produce; es el caso, asimismo, del «pretium doloris». Pero no cabe alegarlo si se produce y se reclama un perjuicio patrimonial, es decir, cuando la lesión incide sobre bienes económicos, a modo de una derivación o ampliación del daño patrimonial."

   Si es cierto que la noción de daño moral ha sufrido una progresiva ampliación, de la que da fe la sentencia de la misma Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000, también lo es, según dicha sentencia se encarga de refrendar, que "la situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico [...] o espiritual, [...] impotencia, zozobra, ansiedad, angustia", estados de ánimo permanentes o de una cierta intensidad que no necesariamente se identifican con la carga derivada de acudir a un procedimiento jurisdiccional para obtener la anulación de un acto administrativo contrario a la solicitud formulada. En todo caso, insistimos, los propios actores reconocen que la estimación de su pretensión restablece, en cierto modo, el equilibrio alterado por la actuación administrativa no conforme a derecho.

El segundo motivo de casación se interpone al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en relación con el 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por infracción del artículo 106 de la Constitución, de los artículos 139 y 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas resumida en las sentencias de 3 de febrero de 1989 y 17 de noviembre de 1990.

Debe entenderse que el motivo se limita a la parte de la sentencia que rechaza la pretensión indemnizatoria en su modalidad de lucro cesante. Pues si el órgano jurisdiccional no se ha pronunciado, indebidamente, en torno al daño emergente y a los daños morales y tal omisión se censura como quebrantamiento de forma, mal puede acusársele de infringir con su (inexistente) pronunciamiento sobre ambos extremos norma sustantiva o jurisprudencia alguna.

Circunscrito en este sentido el segundo motivo de casación, se observa que la discrepancia de los recurrentes queda referida a la apreciación que sobre la prueba del perjuicio hizo la Sala de instancia. Ya consignamos que, según ésta afirmó, "no existe prueba bastante de que el recurrente hubiera encontrado trabajo en el caso de que la Administración hubiera atendido su solicitud, realidad respecto de la que deriva el daño".

El lucro cesante se había hecho valer mediante una referencia indeterminada a los "años perdidos como consecuencia de la denegación del reconocimiento de las licencias". La tesis de los recurrentes adolece de una cierta ambigüedad (e incluso contradicción) en este punto, pues si, como afirman, algunos llegaron a realizar las pruebas adicionales exigidas por las autoridades españolas, estaban con ello en disposición de actuar como miembros de las tripulaciones de vuelo de aeronaves con matrícula española o con matrícula extranjera dentro de los límites del espacio aéreo español, lo que se opone a su afirmación de que se vieron imposibilitados para trabajar en España.

En todo caso, la indemnización por el lucro cesante requiere demostrar que se ha producido, de forma inmediata, exclusiva y directa, un perjuicio efectivo y susceptible de valoración económica derivado de la pérdida de unos ingresos no meramente contingentes. Tras la obtención de la licencia aeronáutica, su obligado reconocimiento habría puesto a sus titulares en situación de aspirar a un trabajo en las líneas aéreas que operaban en España, pero ni necesariamente tenían seguridad de conseguirlo ni nada les impedía trabajar en otras. En todo caso, se hubiera requerido una más cumplida acreditación de las condiciones de aquel mercado laboral y de las expectativas de encontrar un empleo consecutivo, de modo inmediato, a la obtención de la licencia portuguesa si ésta hubiera sido automáticamente asimilada a la española.

Excluidas de aquel concepto las meras expectativas o ganancias dudosas o hipotéticas, según reiterada jurisprudencial del Tribunal Supremo, que no computa las dejadas de percibir que sean posibles pero derivadas de resultados inseguros, difícilmente puede entenderse probado, en este caso singular, la existencia de un lucro cesante indemnizable.

La consecuencia de cuanto se deja expuesto es que procede estimar el primer motivo de casación en cuanto a la incongruencia omisiva ya reseñada y rechazar el segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el presente recurso de casación número 539/2000 interpuesto por D. Rubén , D. Jesús , D. Emilio , D. Alvaro , D. Jesús Carlos , D. Jose Francisco , D. Plácido , D. Joaquín , D. Felix , D. Carlos , D. Agustín , D. Juan Ramón y D. Luis Antonio contra la sentencia dictada en el recurso número 1774/1993 por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 11 de octubre de 1999 exclusivamente en cuanto que dicha sentencia ha omitido dar respuesta a la pretensión indemnizatoria referida a los daños emergentes y a los daños morales.

Desestimar el recurso de casación en lo demás.

Desestimar la pretensión indemnizatoria deducida en la demanda del recurso contencioso-administrativo número 1774/1993, referida a los daños emergentes y a los daños morales. Todo ello sin perjuicio de la subsistencia del motivo de anulación apreciado por la sentencia de instancia y que no ha sido objeto de este recurso de casación.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- José Manuel Bandrés.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.