STS, 29 de Marzo de 2001

Ponente:YAGUE GIL, PEDRO JOSE
Número de Recurso:2937/1996
Procedimiento:CONTENCIOSO - 01
Fecha de Resolución:29 de Marzo de 2001
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

"RECURSO DE CASACIÓN. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LICENCIA DE OBRAS. SUELO URBANIZABLE. Se impugna la sentencia que estimó el recurso contra la resolución que concedió licencia de obras para un edificio destinado a vivienda unifamiliar. Es un dato admitido pacíficamente el de que el suelo al que se refería la licencia está clasificado en el Plan General de Santander como no urbanizable, y, por lo tanto, sometido al régimen de los artículos 86 y 85 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976, que no distingue dentro de él según que el Plan contenga unas u otras determinaciones. Y así, aunque el suelo se encuentre, dentro del Suelo no urbanizable, en lo que el Plan llama ""Núcleo Rural"", no deja de ser exigible la intervención de la Comunidad Autónoma que aquellos preceptos disponen, al ser esa intervención independiente del régimen concreto que el Plan prescriba para el suelo urbanizable. Se desestima el recurso. "

 
ÍNDICE
CONTENIDO
  1. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil uno.

Visto el recurso de casación nº 2937/96 interpuesto por el Procurador Sr. Granizo Palomeque, en nombre y representación del Ayuntamiento de Santander, contra la sentencia dictada en fecha 27 de Enero de 1996 y en su recurso nº 1592/94, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sobre impugnación de licencia para vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable, siendo parte recurrida D. Carlos Manuel , representado por la Procuradora Sra. Pardillo Landeta. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dictó sentencia estimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del Ayuntamiento de Santander se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 4 de Marzo de 1996, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 15 de Abril de 1996, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se desestimara el recurso contencioso administrativo.

TERCERO

El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 28 de Enero de 1998, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (D. Carlos Manuel ) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que no hizo, declarándose caducado el trámite por providencia de fecha 2 de julio de 1998.

CUARTO

Por providencia de fecha 9 de Febrero de 2001, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 22 de Marzo de 2001, en que tuvo lugar.

QUINTO

En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó en fecha 27 de Enero de 1996, y en su recurso contencioso administrativo nº 1592/94 por la cual se estimó el interpuesto por D. Carlos Manuel y D. Rodolfo contra la resolución del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander de fecha 29 de Diciembre de 1992, que concedió a D. David licencia de obras para un edificio destinado a vivienda unifamiliar en el Barrio de DIRECCION000 nº NUM000 de Peñacastillo.

SEGUNDO

El Tribunal de instancia estimó el recurso contencioso administrativo y anuló la licencia impugnada, ordenando la retracción del expediente administrativo a fin de que el Ayuntamiento diera cumplimiento al trámite regulado en el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística, (es decir, al trámite de autorización previa de la Comunidad Autónoma por tratarse de edificación en suelo no urbanizable).

TERCERO

Contra esa sentencia ha formulado el Ayuntamiento de Santander recurso de casación, en el cual esgrime un único motivo de casación, a saber, infracción por aplicación indebida del artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística, así como infracción, por inaplicación, de los artículos 242 y 243 del T.R. de la Ley del Suelo y las Ordenanzas II.5.8 y I.8 del Plan General de Ordenación Urbana.

No existen tales infracciones, y, por lo tanto, el motivo debe ser rechazado. Y así:

  1. - No se puede traer a casación la posible infracción de normas autonómicas (como el Plan General de Santander) pues lo prohiben los artículos 93-4 y 96-2 de la ley Jurisdiccional.

  2. - Las citas de preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de Junio de 1992 que han sido declarados anticonstitucionales (v.g. artículos 14, 242 y 243) deben entenderse hechas a los preceptos equivalentes del Texto Refundido de 1976, a saber, artículos 86-1, en relación con el 85-2, (que regula el régimen del suelo no urbanizable), y 178 y 179 (que regulan los actos sujetos a licencia y la competencia para su otorgamiento).

Pues bien; la razón de que se alegue la infracción de estos preceptos es doble.

  1. Por un lado, que la obra de que se trata no es una obra de nueva planta, sino de reforma y ampliación de una edificación ya existente.

  2. Por otro, que el suelo en cuestión, aun siendo no urbanizable, se encuentra en un Núcleo Urbano Rural, de forma que no existe riesgo de formación de un núcleo de población (porque ya existe), lo que hace innecesaria la autorización previa de la Comunidad Autónoma.

Pero ninguno de estos argumentos puede ser aceptado.

  1. El primero, por ser una cuestión no planteada en la instancia, que, por lo tanto, no puede ser traída por primera vez a casación.

    Además, el presupuesto de la obra (9.601.963 pesetas) revela que, por encima de la denominación del proyecto, aquella consistía en una auténtica reconstrucción, como lo revela el hecho de que existan partidas de demolición, cimentaciones, estructuras, fachadas, etc.

  2. El segundo, porque es un dato admitido pacíficamente el de que el suelo al que se refería la licencia está clasificado en el Plan General de Santander como no urbanizable, y, por lo tanto, sometido al régimen de los artículos 86 y 85 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976, que no distingue dentro de él según que el Plan contenga unas u otras determinaciones. Y así, aunque el suelo se encuentre, dentro del Suelo no urbanizable, en lo que el Plan llama "Núcleo Rural", no deja de ser exigible la intervención de la Comunidad Autónoma que aquellos preceptos disponen, al ser esa intervención independiente del régimen concreto que el Plan prescriba para el suelo urbanizable.

CUARTO

Al rechazarse el recurso de casación procede condenar en las costas del mismo al Ayuntamiento de Santander. (Artículo 102-3 de la Ley Jurisdiccional).

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 2937/96, y, en consecuencia, confirmamos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en fecha 27 de Enero de 1996 y en su recurso contencioso administrativo nº 1592/94. Y condenamos al Ayuntamiento de Santander en las costas del presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.