STS, 17 de Septiembre de 2003

Ponente:D. Juan Gonzalo Martínez Micó
Número de Recurso:9444/1998
Procedimiento:CONTENCIOSO - RECURSO CASACION
Fecha de Resolución:17 de Septiembre de 2003
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. Con respecto a los años 1990, 1991 y 1992 la actuación de la Administración no fue ajustada al ordenamiento jurídico, puesto que se incumplió lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del art. 70 de la L.H.L., pues ni las ponencias de valores se publicaron dentro del primer semestre del año inmediatamente anterior a aquel en que debían surtir efecto los valores catastrales ni éstos fueron notificados individualmente al sujeto pasivo antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que debían surtir efecto dichos valores. Se desestima la demanda. Se estima la apelación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. JAIME ROUANET MOSCARDOD. JUAN GONZALO MARTINEZ MICOD. ALFONSO GOTA LOSADA

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Septiembre de dos mil tres.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Segunda por los Magistrados al margen indicados, el presente recurso de casación que con el num. 9.444/98 ante la misma pende de resolución, promovido por la compañía IBERDROLA S.A., representada por procurador y dirigida por letrado, contra la sentencia de fecha 8 de septiembre de 1998 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Tercera, en el recurso de dicho orden jurisdiccional seguido ante la misma bajo el núm. 03/7722/1996, 7.723/96 y 7.724/96 (acumulados). Se ha personado como parte recurrida la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios Afectados por Centrales Hidroeléctricas y Embalses.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

IBERDROLA S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo contra resolución del Ayuntamiento de Vilariño de Conso (Orense) de 27 de enero de 1996 por la que se desestimaba el recurso de reposición formulado contra la liquidación practicada por dicho Ayuntamiento en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, correspondiente a la Presa de Edrada, por los años 1990, con un importe de 120.803.- pesetas, 1991, con un importe de 126.834.- pesetas, y 1992, con un importe de 133.185.- pesetas con un total por los tres ejercicios de 380.822.- pesetas.

Al mismo tiempo IBERDROLA S.A. interpuso ante el mismo Tribunal dos recursos contencioso- administrativos más contra resolución de la misma fecha y del mismo Ayuntamiento de Vilariño de Conso, desestimatoria de los recursos de reposición interpuestos por IBERDROLA S.A. contra las liquidaciones giradas por los mismos ejercicios 1990, 1991 y 1992 para las presas de Las Portas y Bao, por un importe total para la primera de 43.604.708.- pesetas (8.381.491.- pesetas por el año 1990; 8.800.566.- pesetas por el 1991 y 26.422.61.- pesetas por el 1992) y de 1.794.332.- pesetas para la presa de Bao (344.898.- pesetas por el año 1990; 362.143.- pesetas por el 1991 y 1.087.291.- pesetas por 1992). La recurrente interesó la acumulación de las pretensiones planteadas que fue acordado por Auto de 13 de junio de 1996.

En la demanda deducida, después de dedicarse a estudiar la recurrente los bienes sujetos al IBI, los edificios y los bienes sujetos a la imposición sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, la sujeción, no sujeción y exención, los edificios e instalaciones industriales en la legislación anterior a la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante L.H.L.), los saltos de agua, el artículo 62 de la L.H.L., el IBI y los saltos de agua, terminaba solicitando se dictase sentencia por la que se "anule y deje sin efecto las liquidaciones practicadas por el concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, años 1990, 1991 y 1992, correspondientes a las Presas de Edrada, Las Portas y Bao, en el término municipal de Vilariño de Conso".

No habiendo comparecido la Administración demandada, Ayuntamiento de Vilariño de Conso (Orense), se le tuvo por decaída en su derecho de contestar a la demanda.

Evacuado el trámite de conclusiones por la parte recurrente compareció en el proceso la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios afectados por centrales hidroeléctricas y embalses, en calidad de "coadyuvante" de la Administración demandada. Habiéndosele conferido el trámite de conclusiones, lo evacuó sin concretar su pretensión, aunque de su estudio puede deducirse que plantea la inadmisibilidad del recurso y, subsidiariamente, su desestimación.

SEGUNDO

La sentencia cuya casación se pretende en las presentes actuaciones dijo en su parte dispositiva lo siguiente: Fallamos: Que desestimamos los recursos contencioso- administrativo nums. 7722, 7723 y 7724/96 (acumulados) deducido por IBERDROLA S.A. contra Acuerdo de 27 de enero de 1996 desestimatorio de recurso de reposición contra la liquidación por impuesto bienes inmuebles de naturaleza urbana correspondiente a la Presa de Edrada, años 1990, 1991 y 1992, dictado por AYUNTAMIENTO DE VILARIÑO DE CONSO (Ourense). Sin imposición de costas.

TERCERO

Notificada dicha sentencia a la parte demandante, la compañía IBERDROLA S.A. presentó ante la Sala de instancia escrito por el que se preparaba recurso de casación y, teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para su comparecencia ante esta Sala.

CUARTO

Dentro del plazo concedido, la representación procesal de IBERDROLA S.A. formalizó el recurso de casación e interesó sentencia por la que se anule la sentencia recurrida y las liquidaciones recibidas el 12 de diciembre de 1995 del Ayuntamiento de Vilariño de Conso practicadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana a la presa de Las Portas y referidas a los años 1990, 1991 y 1992, cuyas deudas tributarias ascienden, respectivamente, a las cantidades de 8.381.491.- pesetas, 8.800.566.- pesetas y 9.240.594.- pesetas.

QUINTO

Sometida a la deliberación de la Sala la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso interpuesto, por providencia de 11 de enero del dos mil fue admitido el recurso.

SEXTO

Ha comparecido como recurrida la Federación de Asociaciones y Municipios afectados por centrales hidroeléctricas y embalses, que, cuando fue requerido para ello, formuló sus alegaciones de oposición.

SEPTIMO

Tramitado el recurso en debida forma, señalóse el día 17 de septiembre de 2033 para su votación y fallo, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia de instancia, cuyos datos básicos esenciales han quedado constatados en el encabezamiento de esta resolución, al considerar que el problema planteado en la instancia era exactamente el mismo que había sido objeto de los recursos 7501/94, 7810/94 y 7099/95, reprodujo lo dicho en las sentencias dictadas en los recursos indicados. Dijo así la Sala de A Coruña: ... "Al objeto de establecer el marco normativo que rige el procedimiento de impugnación que nos ocupa, es de mencionar que el art. 78.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, dispuso que la elaboración de las Ponencias de valores, así como la fijación, revisión y modificación de valores catastrales y la formación del Padrón del Impuesto, se llevará a cabo por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebren con las Entidades Locales en los términos que reglamentariamente se establezca, añadiendo, por lo que en este momento interesa, que el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos aprobatorios de la delimitación del suelo, de las Ponencias de Valores y contra los valores catastrales, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 70 y 71 de la Ley, corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.- Por su parte, el apartado 2 de dicho precepto dispuso que la liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto se llevará a cabo por los Ayuntamientos y comprenderá, en lo que en este momento importa, la realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos.- Tercero.- La entidad demandante parte de que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/88, los saltos de agua no estaban sujetos a la antigua Contribución Territorial Urbana, por lo que para, ya en aplicación de dicha Ley, proceder a su sujeción, concepto tributario de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fue necesario confeccionar Ponencias de Valores individualizadas en base a las que posteriormente se calcularon los valores catastrales de aquéllos. Y reconoce que tanto las Ponencias como los valores fueron objeto de reclamación económico-administrativa por estimar que los saltos de agua no estaban sujetos al Impuesto, así como por descartar que el lecho del embalse fuese un bien de su pertenencia.- Cuarto.- Si se repara en el desdoblamiento en la gestión del Impuesto al que antes se hizo referencia, ya se concluye que lo planteado por la recurrente ante el Ayuntamiento -reiteración de lo expuesto en su reclamación económico-administrativa contra los particulares mencionados-, que no es otra cosa que la sujeción de los saltos de agua al Impuesto, es materia que excede del conocimiento y competencia de dichos entes municipales que, para confeccionar su liquidación, parten de los valores catastrales y de la Ponencia de Valores previamente elaborada por la Administración Tributaria Estatal. En consecuencia, la cuestión que se sometió ante el Ayuntamiento demandado y ahora ante la Sala no puede ser resuelta a propósito de cuestionar la liquidación, ya que en este punto el éxito del recurso solamente sería viable si la Administración municipal se hubiese apartado de las determinaciones técnicas procedentes de la Ponencia de Valores y concretada en los valores catastrales utilizando una base imponible inadecuada, lo que ni se alega por la recurrente ni resulta del expediente administrativo.- En consecuencia, y aún siendo procesalmente admisible cuestionar las liquidaciones giradas con el fin de evitar las consecuencias del acto consentido, las materias planteadas por la recurrente son ajenas a las liquidaciones de autos y precisamente objeto de reclamación económico-administrativa que se dice ya interpuesta, cuyo resultado, en definitiva, será el que permita concluir, en su caso, la no sujeción de los saltos de agua postulada por la actora y la improcedencia de liquidar en el concepto discutido. Entre tanto, y no constando que en la reclamación económico-administrativa se haya solicitado obtenido la suspensión de la ejecutividad de los actos impugnados, es correcto que se giren las liquidaciones correspondientes por el Ayuntamiento demandado, procediendo así la desestimación del recurso".

SEGUNDO

El presente recurso de casación, promovido todo él al amparo del ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción temporalmente aplicable, se funda, en resumen, en los siguientes argumentos:

  1. La asignación de valor catastral al aprovechamiento hidroeléctrico cuya liquidación se impugna -el de la presa de Las Portas- se realizó por primera vez mediante Acuerdo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria notificado en el año 1992, por lo que sólo a partir de 1 de enero de 1993 podrán practicarse liquidaciones en las que la base imponible lo constituya el valor catastral notificado en 1992. La Administración local toma como valor catastral del bien para los años 1990, 1991 y 1992 el valor catastral asignado con efectos de 1 de enero de 1993 y lo descuenta utilizando una tasa del 5%. Con esta actuación, al valor catastral asignado para 1992 se le dota de carácter retroactivo por cuanto la Corporación Local pretende que tenga validez y produzca efectos en los años 1990, 1991 y 1992, es decir, con anterioridad a su notificación.

  2. La sentencia cuya casación se pretende considera sometida a tributación el lecho del embalse.

TERCERO

De la redacción del art. 78 de la L.H.L. se desprende implícitamente la distinción, plenamente asumida por la doctrina y por esta Sala, entre gestión catastral y gestión tributaria.

La gestión catastral hace referencia a la serie de actuaciones procedimentales que debe desarrollar la Administración del Estado, a través del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, para determinar el valor del suelo y construcciones, elaboración de las Ponencias de Valores y notificación de los valores catastrales.

La gestión tributaria engloba los procedimientos de liquidación y recaudación del Impuesto sobre Bienes Muebles, así como la revisión de los actos dictados en el curso de dicho procedimiento

Quedan subsumidas en la gestión tributaria las funciones de concesión o denegación de beneficios fiscales, determinación de la deuda tributaria, elaboración de los instrumentos cobratorios, resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos y resolución de recursos interpuestos contra las mencionadas actuaciones. La competencia para el desarrollo de la gestión tributaria se atribuye a los Ayuntamientos (art. 782 de la L.H.L.).

El punto de conexión entre gestión catastral y gestión tributaria está en la determinación de la base imponible del impuesto que viene constituida por el valor catastral; dicho valor constituye el resultado de la gestión catastral y el punto de partida para la gestión tributaria; la gestión tributaria empieza donde termina la gestión catastral.

Esa autonomía en cuanto a la actuación de ambas Administraciones -la estatal y la local- determina que sus actos deban ser objeto de impugnaciones autónomas, sin que pueda imputarse a quien realiza la liquidación vicios que, en realidad, sólo son imputables a la previa fijación de valores, realizada en fase procedimental autónoma y por Administración independiente.

Pero en aquellos casos en que no hubo notificación previa de los valores catastrales, porque no ha habido fase previa de gestión catastral, forzoso resulta permitir la impugnación del valor catastral en el momento en que se notifica la liquidación correspondiente. La posibilidad de impugnación del valor catastral en el momento de notificación de la correspondiente liquidación queda condicionada a la inexistencia de una notificación de dicho valor por la Administración estatal durante la fase de gestión catastral.

El art. 70 de la L.H.L., en sus apartados 3 y 4, establece que los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se publicaran por edictos en el Boletín Oficial de la provincia dentro del primer semestre del año inmediatamente anterior al en que deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas. A partir de la publicación de las ponencias, los valores catastrales resultantes de las mismas deberán ser notificados individualmente a cada sujeto pasivo antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto dichos valores, pudiendo -tanto las ponencias como los valores catastrales resultantes de las mismas- ser recurridos en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.

Los preceptos citados obligan a pensar que esa notificación individualizada de los valores catastrales no solo es obligatoria sino presupuesto necesario de la liquidación.

CUARTO

Consta en el expediente escrito del Gerente Territorial del Catastro de Orense, de fecha 30 de noviembre de 1995, dirigido al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vilariño de Conso en respuesta a previo escrito de éste referente a la falta de tributación de las presas existentes en el municipio, en el que dice adjuntarle las liquidaciones correspondientes a las presas en los años 1990, 1991 y 1992. No consta en el expediente el recibo de liquidación del IBI del Ayuntamiento pero si hay un abonaré del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Orense, con fecha de liquidación 28 de noviembre de 1995, correspondiente a la presa de Las Portas, referencia catastral DF01055, con un importe de 8.381.491.- pesetas para el año 1990, 8.800.566.- pesetas para el año 1991 y 9.240.594.- pesetas para el año 1992.

Es cierto que, con carácter general, los valores catastrales para los bienes de naturaleza urbana en el ejercicio de 1990 fueron los mismos que se hallaban vigentes en el municipio en cuestión para el año 1989, incrementados en un 5 por 100 (art. 29 del Real Decreto Ley 7/1989, de 29 de diciembre); asimismo lo es que los valores catastrales de esos mismos bienes para el año 1991 serían los correspondientes al ejercicio de 1990, incrementados en un 5 por 100 (art. 70.1 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991) y es igualmente cierto que el art. 77 de la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Estado, previó para el año 1992 la actualización de valores mediante la aplicación de un coeficiente del 5 por 100. Ahora bien, ello, como es lógico, exige la previa constancia de un valor catastral que actualizar, presupuesto que en esta ocasión no existía puesto que hasta 1992, y con efectos de 1 de enero de 1993, no se fijaron los valores catastrales para los saltos de agua. No estará de más recordar que al no estar sujetas las presas y saltos de agua a la anterior Contribución Territorial Urbana, no tenían valores catastrales asignados en 1989 y, consiguientemente, no se les podía aplicar la Disposición Transitoria Segunda de la L.H.L. La consecuencia es clara: hasta que no se procedió a la fijación de los valores catastrales con arreglo a las normas contenidas en la L.H.L. el IBI no pudo comenzar a exigirse para las presas, saltos de agua y embalses. Y por lo que se refiere a la presa de Las Portas, la asignación de valor catastral y la inclusión en el Padrón del IBI se produjo en el año 1992, con efectos a partir de 1 de enero de 1993.

Lo que se deja expuesto evidencia que con respecto a los años 1990, 1991 y 1992 la actuación de la Administración no fue ajustada al ordenamiento jurídico, puesto que se incumplió lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del art. 70 de la L.H.L., pues ni las ponencias de valores se publicaron dentro del primer semestre del año inmediatamente anterior a aquel en que debían surtir efecto los valores catastrales ni éstos fueron notificados individualmente al sujeto pasivo antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que debían surtir efecto dichos valores.

La omisión de las actuaciones reseñadas no pudo ser subsanada por la notificación de la liquidación acordada practicar por el Ayuntamiento porque los requisitos exigidos por el art. 70, apartados 3 y 4, de la L.H.L. han sido configurados como presupuestos inexcusables para la validez de la exacción del IBI el 1 de enero de 1990, el 1 de enero de 1991 y el 1 de enero de 1992. Lo contrario implicaría conceder efecto retroactivo a la liquidación practicada con el fin de permitir el cobro de un impuesto que no era exigible en la fecha de su devengo -el primer día del período impositivo, coincidente con el año natural-. La omisión de la notificación individualizada de los valores catastrales no pudo subsanarse con la notificación de la liquidación realizada por el Ayuntamiento dado que: a) estaba hecha por órgano incompetente; b) la notificación no se realizó dentro del año inmediatamente anterior a aquél en que debía surtir efecto; c) de reconocerle validez entrañaría privar al sujeto pasivo de su derecho a recurrir los valores catastrales en vía económico-administrativa y d) la privación al administrado de ese cauce procedimental administrativo implicaría que las liquidaciones se han girado sin que el procedimiento administrativo previo a su determinación haya quedado completo al haberse suprimido un requisito procedimental -el derecho a la reclamación económico-administrativo- de carácter esencial e imprescindible.

QUINTO

En mérito a las consideraciones expuestas, procede estimar el recurso de casación interpuesto por IBERDROLA S.A., dado que las liquidaciones correspondientes a los años 1990, 1991 y 1992 no han sido ajustadas a Derecho. Ello determina que la sentencia impugnada deba ser revocada y así lo declaramos, por lo que anulamos, casamos y dejamos aquéllas sin valor ni efecto alguno.

En consecuencia, debemos dictar en el proceso contencioso-administrativo una sentencia sustitutoria de la que aquí hemos anulado, para lo cual debemos atenernos a los términos en que el debate está planteado.

Y al hacerlo, y con fundamento en los razonamientos que anteceden, debemos declarar y declaramos que procede anular la liquidación practicada en concepto de IBI por el Ayuntamiento de Vilariño de Conso con respecto a la presa de Las Portas para los ejercicios de 1990, 1991 y 1992.

SEXTO

En aplicación de lo previsto en el art. 102 de la Ley de la Jurisdicción temporalmente aplicable, y dado que no se aprecia mala fe en ninguna de las partes, no procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas de la instancia. Y en cuanto a las del presente recurso de casación, cada parte abonará las suyas.

En su virtud en nombre de su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que, acogiendo el motivo de casación aducido por IBERDROLA S.A., estimamos el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el once de septiembre de mil novecientos noventa y ocho por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Tercera) en su recurso num. 03/7722/1996, 7723/96 y 7724/96 (acumulados) y anulamos la sentencia. Y al resolver lo procedente dentro de los términos del debate procesal suscitado, estimamos el recurso contencioso-administrativo deducido en su día por IBERDROLA S.A. contra Acuerdo del Ayuntamiento de Vilariño de Conso de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y seis desestimatorio del recurso de reposición formulado contra la liquidación practicada por dicho Ayuntamiento en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, correspondiente a la presa de Las Portas por los años 1990, 1991 y 1992, dejando sin efecto la liquidación practicada.

No procede imponer las costas causadas, sino que cada parte ha de satisfacer las causadas a su costa.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JUAN GONZALO MARTINEZ MICÓ, constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario de la misma, CERTIFICO.