STS, 29 de Diciembre de 1994
| Ponente | D. Rafael Martínez Emperador |
| Número de Recurso | 1169/1994 |
| Procedimiento | Recurso de casación. Unificación de doctrina |
| Fecha de Resolución | 29 de Diciembre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos los presentes autos pendientes en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por el Letrado Don José Ignacio Montejo Uriol, en la representación que ostenta de Dª Concepción , Dª Alejandra , Dª Soledad , Dª Pilar , Dª Marí Juana , Dª Paloma y Dª Luz , contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de enero de 1994, por la que se resuelve, desestimándolo, el de suplicación que interpusieron los hoy recurrentes contra la dictada el 27 de febrero de 1993 por el Juzgado de lo Social núm .4 de Madrid, en autos seguidos a instancia de los recurrentes frente a Viajes Meliá, S.A. e Interventores Judiciales de la suspensión de pagos de dicha sociedad D. Pedro Antonio , D. Íñigo y D. Juan Alberto , sobre resolución indemnizada de contrato de trabajo.
Con fecha 27 de febrero de 1993 el Juzgado de lo Social nº.4 de Madrid dictó sentencia, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando totalmente la demanda presentada por Dª Concepción , Dª Alejandra , Dª Soledad , Dª Pilar , Dª Marí Juana , Dª Paloma y Dª Luz , contra VIAJES MELIA S.A., y los interventores judiciales D. Íñigo , D. Íñigo y D. Juan Alberto , debo absolver y absuelvo a la empresa demandada de la misma".
En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: " 1º.- Los demandantes viene prestando sus servicios para la entidad demandada en las condiciones laborales que constan en el anexo de la demanda y que se dan aquí por reproducidas.- 2º.- La demandada no ha pagado a los actores nóminas de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, extra de diciembre de 1992 y enero de 1993.- 3º.- En la empresa hubo una huelga del 21-12-92 al 10-2-93, en la que solo participó la demandante Dª Alejandra .- 4º.- La empresa que se encuentra en suspensión de pagos no ha solicitado ERE, ni tampoco lo han hecho los Sindicatos ni el Comité de Empresa.- 5º.- Intentada la conciliación ante el SMAC, no hubo avenencia".
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por Doña Concepción , Dª Alejandra , Dª Soledad , Dª Pilar , Dª Marí Juana , Dª Paloma y Dª Luz , ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual dictó sentencia con fecha 24 de Enero de 1994, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Concepción y otros, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número CUATRO de MADRID, de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y tres, a virtud de demanda por ellos formulada contra VIAJES MELIA S.A., y otros, en reclamación sobre extinción de contrato, y, en su consecuencia debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida".
Por la representación procesal de Dª Concepción y otros, se preparó el recurso de casación para la unificación de doctrina.
En su formalización se invocaron como sentencias con valor referencial las dictadas por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo en fechas 24 de marzo de 1992, 27 de mayo de 1987 y 24 de julio de 1986.
Por providencia de esta Sala de fecha 9 de junio de 1994 se procedió a admitir a trámite el presente recurso, y habiéndose personado en tiempo y forma los recurridos, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y el fallo el día 21 de diciembre de 1.994, en el que tuvo lugar.
1.- La sentencia dictada en suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 24 de enero de 1994, que es contra la que los demandantes han formulado el recurso de casación para la unificación de doctrina al que ahora se da respuesta, ha confirmado la recaída en la instancia por la que se absolvía a la empresa demandada de la pretensión por aquellos interpuesta, tendente a obtener la resolución indemnizada de sus contrato de trabajo, con fundamento en el impago de salarios en que había incurrido dicha empresa, la cual se encuentra en suspensión de pagos, sin haber instado expediente de regulación de empleo a efecto de despido colectivos por causas económicas, no habiéndolo hecho tampoco los representantes de los trabajadores.
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- Afirman los recurrentes que la sentencia que impugnan, al resolver como lo hace, incurre en contradicción con las dictadas por esta Sala con fechas 24 de marzo de 1992, 27 de mayo de 1987 y 24 de julio de 1986. En términos ajustados a las exigencias impuestas por el artículo 221 de la Ley de Procedimiento Laboral, incluyen en su recurso la relación precisa y circunstanciada de la contradicción que denuncian.
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- Basta examinar la mencionada sentencia de 24 de marzo de 1992 -por cierto, citada en la fundamentación jurídica de la recurrida- para comprobar que concurre en el caso el presupuesto o requisito de recurribilidad que consagra el artículo 216 de la referida ley procesal. La pretensión a que da respuesta, al igual que la correspondiente al presente proceso, se interpuso para obtener la resolución indemnizada de los contratos de trabajo de los allí accionantes, alegando como causa el impago de salarios. En ambos casos, además de aquellos, existían otros trabajadores de la empresa que también habían sufrido demora en el percibo de sus retribuciones, siendo datos igualmente comunes a uno y otro supuesto, tanto la mala situación económica de la respectiva empresa, como que estas no habían seguido procedimiento para la realización de despido colectivo por causas económicas, cuanto que los representantes de los trabajadores tampoco habían solicitado la incoación de expediente de regulación de empleo. El único elemento diferencial consiste en que, en el presente, la empresa demandada se halla en suspensión de pagos, circunstancia que no concurría en el resuelto por la sentencia objeto de cotejo. Tal diferencia, sin embargo, no excluye la igualdad sustancial en los hechos y fundamentos de la respectiva pretensión, ciertamente exigida por el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues la referida situación, si bien genera consecuencias jurídicas, no enerva la pretensión resolutoria, máxime teniendo en cuenta que no se halla en curso procedimiento para despido colectivo, ni tampoco ha habido acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre aplazamiento de retribuciones debidas.
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- Concurrente, pues, el presupuesto o requisito de recurribilidad consagrado por el citado artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral, se ha de entrar en la censura jurídica que proponen los recurrentes en el motivo de casación que aducen , con el que denuncian infracción del artículo 50 1.b) del Estatuto de los Trabajadores.
1.- Nuestra sentencia de 24 de marzo de 1994, que es precisamente la que antes ha servido como término de comparación, perfila línea jurisprudencial con proyección unificadora sobre el alcance y significación de la causa resolutoria que ampara el invocado artículo 50 1.b) del Estatuto de los Trabajadores. Según su doctrina, que reitera y precisa la anterior sentada al respecto, la operatividad de la referida causa, su actuación eficaz, requiere que el retraso en el pago del salario o, lo que es lo mismo, el incumplimiento por el empresario del deber de abonar puntualmente la retribución convenida -impuesto por el artículo 29.1 del mismo cuerpo legal como prestación básica exigible por razón del sinalagma contractual- no se haya producido de manera esporádica, sino de forma continuada y persistente, sin que, por el contrario,sea preciso que dicho incumplimiento obedezca a propósito deliberado, pues la ausencia de culpabilidad no exime del referido deber. Consiguientemente, una situación económica adversa, ponderable a efectos de posibilitar la suspensión o extinción de los contratos de trabajo, no es aducible, sin embargo, para excluir la aplicación de la causa resolutoria de que se trata, ya que dicha situación no afecta al esencial deber de abonar puntualmente los salarios.
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- La sentencia impugnada, aun conocedora de la anterior doctrina, deniega la resolución pedida en razón a que existen otros trabajadores de la empresa que también han sufrido impago de salarios, de lo cual deduce que la pretensión interpuesta es abusiva y ajena a la idea de solidaridad. El dato referido también se daba en el supuesto que dicha sentencia resuelve, sin que su concurrencia excluyera el pronunciamiento al que llega.
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- Es cierto desde luego que el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en norma que para el ámbito procesal de trabajo reitera el artículo 75 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, determina que los Juzgados y Tribunales rechazaran fundadamente las peticiones que se hubieran formulado con manifiesto abuso de derecho. Mas no lo es menos que la diligencia manifestada por los hoy recurrentes al pedir la resolución indemnizada de sus contratos de trabajo por el impago salarial que sufrían, que abarcaban periodo tan amplio como el comprendido entre septiembre de 1992 y enero de 1993, incluida la correspondiente paga extraordinaria, no es demostrativa, por si sola, de un uso abusivo del mencionado derecho, ya que la atonía de otros trabajadores, también perjudicados por dicho impago, no puede impedirles el ejercicio de sus acciones individuales, lo cual constituye derecho reconocido por el artículo 5.2 g) del Estatuto de los Trabajadores; conclusión distinta supondría tanto como dejar condicionado dicho ejercicio a la actitud que adoptaran aquellos. De otro lado, la empresa hoy recurrida pudo enervar la acción interpuesto promoviendo expediente de regulación de empleo, el cual no podían instar los recurrente, ya que, conforme a lo dispuesto por el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción vigente a la sazón -norma que reproduce el apartado 9 del mismo artículo, según versión aprobada por la ley 11/1994-, sólo están legitimados los representantes de los trabajadores.
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- Al no entenderlo así la sentencia recurrida y apartarse de la doctrina unificadora sentada por nuestra sentencia de 24 de marzo de 1994, infringió el artículo 50.1 b) del Estatuto de los Trabajadores y produjo quebranto en la unificación de la interpretación del derecho y formación de la jurisprudencia, por lo que procede casarla y anularla. Ante ello se ha de resolver el debate planteado en suplicación con pronunciamiento ajustado a dicha unidad de doctrina, tal como dispone el artículo 225.2 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, lo que en el caso ha de hacerse, con base en lo ya razonado, revocando la sentencia de instancia y estimando la pretensión deducida, sin que proceda imposición de costas en este recurso y en el de suplicación, pues así deriva de lo dispuesto por el artículo 232 de la mencionada ley procesal.
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por el Letrado Don José Ignacio Montejo Uriol, en la representación que ostenta de Dª Concepción , Dª Alejandra , Dª Soledad , Dª Pilar , Dª Marí Juana , Dª Paloma y Dª Luz , contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de enero de 1994, por la que se resuelve, desestimándolo, el de suplicación que interpusieron los hoy recurrentes contra la dictada el 27 de febrero de 1993 por el Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid, en autos seguidos a instancia de los mismos frente a Viajes Meliá, S.A. e Interventores Judiciales de la suspensión de pagos de dicha sociedad, D. Pedro Antonio , D. Íñigo y D. Juan Alberto , sobre resolución indemnizada de contrato de trabajo. Casamos y anulamos la sentencia de suplicación y resolviendo el debate planteado en tal grado jurisdiccional y con revocación de la sentencia de instancia, estimamos la pretensión deducida por las demandantes y declaramos resuelto el contrato de trabajo que las vincula con la sociedad demandada, condenando a ésta a que pague a cada una de ellas una indemnización de cuarenta y cinco días de su respectivo salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferior a un año, con el límite para cada una de ellas de cuarenta y dos mensualidades. Sin costas en este recurso, y en el de suplicación.
Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Rafael Martínez Emperador hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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