STS, 16 de Mayo de 2014

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, dictó, con fecha 10 de octubre de 2002, sentencia en el recurso contencioso- administrativo número 814 de 1998 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLAMOS: Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 contra el acto administrativo a que se refiere el antecedente de hecho primero de la presente sentencia. Segundo.-No procede hacer expreso pronunciamiento sobre las costas».

Dicha sentencia se basa en el siguiente fundamento jurídico tercero: «Se hace preciso centrar la cuestión. El EDIFICIO000 está situado en la Calle Venegas de esta Capital y se construyó al amparo de la licencia de obras otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de GC celebrada el 15 de diciembre de 1992. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 25 de septiembre de 1997 se otorga licencia al Ministerio de Educación para la construcción de la Biblioteca Pública del Estado en el solar sito entre Calle Venegas y Avda Marítima del Norte. Como hemos expuesto, relatando su postura, la comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 alega vulneración del Plan por inexistencia del Plan Especial con carácter previo y alteración de los limites establecidos para el Sistema General Cultural Administrativo asignado a la parcela litigiosa. Los presupuestos de hecho que hay que extraer de cuanto se ha expuesto en el ordinal segundo de los presentes fundamentos de derecho son los siguientes: -desde el PGOU se prevé un espacio libre en parte delantera del EDIFICIO000 (así aparece en el plano adjuntado por la actora como documento nº 5 y una superficie destinada a Sistema Cultural Administrativo a la que se le asigna la Ordenanza M7). -mediante instancia de 3 de febrero de 1997 la representación de la Subdirección General de Inmuebles y Obras del Ministerio de Educación y Cultura se insta la licencia de obras. -el 16 de mayo de 1997 el técnico municipal emite informe donde se reconoce "no se ha redactado el Plan Especial , no existiendo Ordenanza especifica reguladora para el Sistema General Cultural Administrativo, la edificación proyectada no se ajusta a los limites señalados en el Plan General para Sistema General.... se proyecta el acceso rodado a través de la franja de terreno calificada como espacio libre entre esto y lindero norte con el EDIFICIO001 y futuro edificio de aparcamientos (folio 2). -El Jefe de Sección de la Universidad de Planeamiento, con fecha 29 de mayo de 1997 emite el informe reflejando que el Plan dispone para el emplazamiento de la Biblioteca una parcela de forma trapezoidal, el proyecto presentado desborda el ámbito de la parcela y se extiende por el espacio libre colindante. El técnico redactor justifica esta cuestión en base al carácter abstracto del Plan General y previo a ella debió tramitarse y en definitiva aprobarse un Plan Especial que desarrollara aquel Sistema General apoyándose para ello en el art. 161 de las Normas Urbanísticas del Plan General pero lo que subyace es que se persigue el reconocimiento de los supuestos perjuicios ocasionados por la ejecución material de una obra que desde su punto de vista ha mermado un supuesto derecho de luces y vistas. En cuanto a los fundamentos de derecho: a) el art. 17 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y 76 del Reglamento de Planeamiento dice que en desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales....deberán redactarse si fuera necesario , planes especiales. En el precepto reglamentario "en desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes podrán formularse y aprobarse Planes Especiales...." y ello resulta incompatible con el carácter obligatorio que se quiere atribuir al Plan especial en el presente caso nos encontramos con una simple edificación en espacio libre, en una superficie parcelaria que para nada se compadecen con lo que constituyen aquellos elementos integrantes de la estructura general. No se trata de un área de sistema general (art. 161 de las normas urbanísticas del Plan General vigente) sino una mera edificación que en absoluto puede ser considerada con la categoría de sistema general tal y a pesar de su designación como tal en el Plan General. Como resulta del expediente administrativo la ordenación se sitúa dentro del ámbito de la Ordenanza M7 a cuyo amparo se construyó el edificio sobre el que hoy se constituye la Comunidad de Propietarios recurrente... De esta forma se ha logrado un equipamiento público y rematar el rincón de la ciudad con el espacio libre correspondiente. Lo único en lo que se sustenta la demanda es en la privación de las luces y de las vistas. El Abogado del Estado manifiesta que la verdadera naturaleza urbanística del equipamiento de carácter público que nos ocupa en su mera condición de edificación a construir en un espacio libre acotado por mucho que en el Plan General se le llame Sistema General Cultural Administrativo ya que el planeamiento sólo exige desarrollo por un Plan Especial cuando se trata de Areas de sistemas generales vinculadas a suelos urbanos. Habiendo quedado acreditada la pertinencia de la reordenación del espacio libre y la minoración en altura y edificabilidad, no hay términos hábiles para cuestionar la licencia que la forma trapezoidal no es la adecuada para una biblioteca. Añade que el proyecto incorpora el espacio libre integrando todo el conjunto en un concepto unitario con evidente valor arquitectónico.... no obstante subsiste el hecho formal de la invasión del espacio libre por la edificación y seria necesario articular la debida cobertura legal si dada la importancia del asunto se estima conveniente seguir adelante con la propuesta (folio 8). El 2 de junio de 1997 el Letrado Asesor de Urbanismo del Ayuntamiento dice que "parece aconsejable se formule un Plan Especial que contemple no solo la edificación en si misma sino la ordenación del espacio libre pues, éste, a mi juicio aunque aparece calificado con aquel uso, ello no empece para ser considerado como un sistema general ligado a aquel equipamiento cultural administrativo. -mediante Acuerdo municipal 25 de septiembre de 1997 se otorgó a la Dirección General del Archivo y Bibliotecas de Ministerio de Cultura la licencia de obras instada, estableciendo, entre otros como condicionante la necesidad de adaptarse a un plan especial que está en tramitación para el desarrollo y tramitación de este sistema general. -En la resolución combatida se establece como condición la necesidad de adaptar el proyecto tanto en lo referente a la edificación propiamente dicha como en la ordenación del espacio libre a las determinaciones contenidas en el Plan Especial que está en tramitación. En principio, parece querer respetarse" -dice la actora-el carácter reglado de la licencia, otorgándolas si se adapta a la legislación y por ello se impone la condición de que se adapte el Plan especial en tramitación, para salvar esa exigencia. El art. 161 del PGOU 7 de marzo de 1989 dice que para el desarrollo de áreas de sistemas generales será preceptivo la redacción de planes especiales cuando dichas zonas se encuentren vinculadas a suelos urbanos. En el PGOU la superficie donde se ha materializado la Biblioteca se designa como Sistema General Cultural Administrativo . En fin, el Plan General no es la mera expresión de una aspiración con vocación de inspirar las decisiones de los entes públicos sino una norma jurídica vinculante y de esta manera somete la coyuntura oportunista con una intensa voluntad de cumplimiento. Dice el Tribunal Supremo que los planes son normas jurídicas que despliegan su eficacia hasta su revisión o modificación, son vinculantes tanto para los ciudadanos como para la Administración, y la inadecuación de las determinaciones adoptadas por el plan solo puede subsanarse promoviendo su reforma, con todas las garantías que para ello establece la ley ( STS 22 de mayo de 2001 ). El Plan Especial como instrumento de desarrollo del Plan General no existía cuando se concedió la licencia a pesar de que era preceptivo . Para intentar soslayarlo se concedió una licencia condicionada. En relación con la naturaleza reglada de la licencia urbanística ha de advertirse que la jurisprudencia ha venido admitiendo la posibilidad de otorgar licencias introduciendo en ellas "conditiones iuris", es decir, cláusulas que eviten la denegación de la licencia mediante la incorporación a ésta de exigencias derivadas del ordenamiento vigente y que sin embargo no aparecían en la petición formulada por el administrado. Con estas "conditiones iuris" se hace viable el otorgamiento de una licencia adaptando, completando o eliminando extremos de un proyecto no ajustado a la ordenación urbanística, siendo de añadir que tales condiciones "deben" ser introducidas por virtud de las exigencias del principio de proporcionalidad -arts. 6 Rgto. De servicios y hoy 84.2 L 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local-cuando la acomodación de la petición a la legalidad aplicable resulte posible con facilidad y sin alterar sustancialmente la actuación pretendida "SS 21-4-87, 20-12-88, 2-2-89 y 8-7-89, 12-12-90, etc. En este caso no se podía condicionar la licencia a cambios no previstos en la normativa vigente. Lo cierto es que a la vista del informe pericial: "el proyecto redactado para la biblioteca pública del Estado no se ajusta a los limites señalados en el Plan General de Ordenación Urbana de las Palmas de Gran Canaria de 1989, en cuanto a las formas y dimensiones establecidas y correspondientes a equipamiento de SG-CA, así como a la superficie destinada Espacio Libre tampoco. El proyecto propone otra redistribución de este espacio libre de tal modo que incorpora la zona ajardinada haciéndola formar parte integrante del edificio, relegando el resto de esta superficie a espacio de carácter residual dentro del conjunto. De esta actuación resulta que la superficie de parcela ocupada por la edificación de uso cultural ha aumentado con respecto a la propuesta inicial en aproximadamente 580 m2 y la superficie destinada a Espacio Libre ha disminuido unos 817.00 m2. Por lo tanto, altera la determinación establecida en el PGOU respecto del Sistema General Cultural Administrativo y de Espacios Libres, vulnera la zonificación en cuanto a zona verde y priva de 817 m2, ubica el edificio en emplazamiento totalmente distinto. No solo se concedió la licencia sin redactar el Plan Especial sino que además se cambiaron extremos en el Proyecto autorizado sin modificación ordenancista. Tanto Ayuntamiento como Abogacía del Estado atribuyen a la actora que se acoja a la mención literal con que aparece clasificado el solar en cuestión y todo para poner de manifiesto la minoración producida en el valor de los pisos colindantes a raíz de la ejecución material de la obra, mermando lo que para ello es sólo un supuesto derecho de luces y vistas nunca garantizado. Entienden que se trata de una mera edificación en un espacio libre acotado y que ha justificado la reordenación operada en el espacio libre circundante pues los parámetros inicialmente aplicables eran los propio de una Ordenanza M7 como queda plasmado en el expediente de cesión gratuita de la parcela a Patrimonio del Estado. Mas difícil resulta al Ayuntamiento salir al paso de los informes de sus propios técnicos donde dice que " no se ha redactado Plan Especial como señala el Plan General , no existiendo ordenanza específica reguladora para "el Sistema General Cultural Administrativo (folio 2) y que el Plan General dispone para el emplazamiento de la biblioteca General una parcela de forma trapezoidal ... (folio 8). Y también igual de ilustrativo es aunque en términos mas tímidos, lo que el Letrado asesor de urbanismo concluye en informe 2 de junio de 1997 "acorde con lo que el Plan General prescribe para el desarrollo o materialización de aquel sistema general, parece aconsejable se formule un Plan Especial que no solo contemple la edificación en si misma sino la ordenación del espacio libre pues éste, a mi juicio, aunque considerado con aquel uso, ello no empece para ser considerado como un sistema general ligado a aquel equipamiento cultural administrativo". No parece sino que ahora, para justificar el camino seguido se pretenden encontrar en la actora una simple intención de que se le reconozca cómo han perdido valor los pisos cuando "a la vista de los citados informes-el expediente estaba colmado de criterios idénticos a los que sostiene la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 quien utiliza para articular su demanda ni mas ni menos que palabras de la Administración de las que esta ahora intenta desdecirse. Manifiesta la actora que desde el PGOU se preveía un espacio libre en su fachada delantera como puede apreciarse en el folio cuatro del expediente administrativo, y por ello se construyó un edificio de alta calidad y que disfrutaría de vistas espléndidas al estar mirando al mar, lo que según la actora, llevó a fijar un precio diferente en función de la ubicación con respecto a la Biblioteca. No constituye el objeto de este recurso el examen de dicha cuestión. Es totalmente comprensible que dicha situación sea puesta de manifiesto como un elemento mas sustentador de la demanda aunque el resto de las partes hable de que lo que realmente subyace es el interés porque se le reconozca unos perjuicios que demandado y codemandado niegan. En realidad mas parece que se trata de resaltar las consecuencias que la inobservancia de lo establecido en el Planeamiento les ha producido en el plano económico con el consiguiente deterioro de la confianza en la aplicación estricta de una norma jurídica. Es toda una paradoja, que se niegue, en esta vía jurisdiccional, la necesidad de un Plan Especial y la categoría de Sistema Genera cuando en la resolución combatida se impuso como condicionante de la licencia que se ajuste al Plan Especial que se tramita para el desarrollo y materialización de este Sistema General. Se impone pues, la estimación del recurso».

La referida sentencia fue recurrida en casación por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, y por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y esta Sala del Tribunal Supremo dictó, con fecha 4 de julio de 2006, sentencia en el recurso de casación número 2014 de 2003 , en la que se declaró no haber lugar a los recursos de casación interpuestos.

Con fecha 9 de diciembre de 2007, la representación procesal de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 , demandante en la instancia, presentó ante el Tribunal a quo escrito solicitando que, al amparo del artículo 104.2 de la Ley Jurisdiccional , se procediese, sin más dilación, al íntegro cumplimiento del fallo de la sentencia con las consecuencias legales inherentes al mismo, lo que reiteró con fecha 14 de febrero de 2008, habiendo presentado también escrito el representante procesal del Ayuntamiento, en el que se exponía que se había dado traslado al Servicio Técnico de licencias para que informase acerca de si con el Plan General Municipal de Ordenación actualmente en vigor, se contempla el edificio como una Ordenación directa y si es conforme al Plan, a fín de poder determinar si procede o no iniciar un incidente de inejecución de sentencia, de cuyo escrito la Sala de instancia dio traslado a la representación de la actora por seis días, quien adujo que deberían exigirse las responsabilidades correspondientes por no haber ejecutado la sentencia la Administración municipal, por lo que la Sala de instancia, con fecha 3 de marzo de 2008, ordenó requerir al Ayuntamiento para que, en el plazo de diez días, informase acerca del funcionario o el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia, con la advertencia de que, si no se cumplimentase en plazo el requerimiento, se impondría directamente la multa al Alcalde, pero, dentro del plazo concedido, el representante procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó escrito aduciendo que se trata de un supuesto de inejecución material de la sentencia porque en el Plan General de Ordenación vigente la parcela, en la que se sitúa el edificio de la Biblioteca Pública del Estado, está clasificado como suelo urbano consolidado, de ordenación directa, estando calificado de equipamiento cultural en un ámbito de ordenanza A (edificabilidad agotada), al que se adjuntaban una serie de documentos, de lo que la Sala de instancia dio traslado a la representación procesal de la Comunidad de Propietarios recurrente para que alegase lo que a su derecho conviniese respecto de la incoación del correspondiente incidente de ejecución de sentencia, la que, con fecha 9 de mayo de 2008, presentó escrito, en el que, por las razones y argumentos ampliamente desarrollados, pedía a la Sala que ordenase al Ayuntamiento que procediese a la inmediata ejecución de la sentencia firme, declarando la nulidad de las determinaciones contenidas en el vigente Plan General en relación a la parcela y edificio litigioso y rechazando la incoación de incidente de inejecución de sentencia, pero la Sala de instancia dictó auto, con fecha 16 de septiembre de 2008, en el que acordó no haber lugar a declarar la nulidad de las determinaciones del planeamiento vigente en relación a la parcela y declarar inejecutable por imposibilidad material la sentencia recaída en los autos, cuya indemnización sustitutoria se fijaría por los trámites del artículo 105.2 de la Ley Jurisdiccional en relación con el artículo 713 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil , concediendo el plazo de diez días a la parte actora para que presentase relación de daños y perjuicios como consecuencia de la imposibilidad legal de ejecución del fallo.

Notificado dicho auto a las partes, el representante procesal de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 presentó escrito de interposición de recurso de súplica contra el mismo, del que se dio traslado tanto al Abogado del Estado como al representante procesal del Ayuntamiento de Las Palmas, quienes se opusieron al expresado recurso de súplica y la Sala de instancia, con fecha 1 de julio de 2009, dictó auto desestimatorio del mismo.

Notificado ese auto a las partes, el representante procesal de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra aquél recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por providencia de 16 de octubre de 2009, en la que ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

Sustanciado el indicado recurso de casación, esta Sala y Sección del Tribunal Supremo dictó sentencia con fecha 17 de noviembre de 2010 (recurso de casación 6528/2009 ), cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que, rechazando la causa de inadmisión alegada y con estimación del motivo de casación invocado, debemos declarar y declaramos que ha lugar al recurso interpuesto por la Procuradora Doña Matilde Marín Pérez, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 , contra los autos pronunciados, con fechas 16 de septiembre de 2008 y 1 de julio de 2009, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria , en la fase de ejecución de la sentencia dictada por esa misma Sala de instancia con fecha 10 de octubre de 2002 en el recurso contencioso-administrativo número 814 de 1998 , autos, que, por consiguiente, anulamos, al mismo tiempo que debemos declarar y declaramos que la ordenación de la parcela, en la que se sitúa el edificio de la Biblioteca Pública del Estado, entre la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt y el Pasaje Jesús Bombín Quintana Editor, es nula de pleno derecho por haberse aprobado para eludir el cumplimiento de la referida sentencia de fecha 10 de octubre de 2002 , la que debe ejecutarse inmediatamente con demolición de lo construído al amparo de la licencia municipal anulada por dicha sentencia, sin hacer expresa condena al pago de las costas procesales causadas en la instancia y en este recurso de casación».

Dicha sentencia se basa, entre otros, en el siguiente fundamento jurídico sexto: «Aunque no se haya suspendido la ejecutividad de un acto impugnado en sede jurisdiccional, ello no impide la precaución con la que debe proceder la Administración para evitar las consecuencias que pudiesen derivarse de la anulación de dicho acto. De lo contrario, habría que interpretar lo dispuesto en el artículo 130.1 de la Ley Jurisdiccional como una suspensión automática de la ejecutividad de los actos impugnados ante la inexorable pérdida de la finalidad legítima del recurso.

»Si no se ha suspendido la ejecución de un acto y la Administración autora del mismo lo ejecuta o permite su total consumación, ha de ser muy consciente de que, al anularse aquél por sentencia, las cosas habrán de reponerse a su situación original aun a costa de demoler, como en el caso enjuiciado, una edificación y soportar todas la consecuencias derivadas de ello. De no ser así, el recurso jurisdiccional pierde su finalidad, que no es la de obtener una indemnización sustitutoria de la ejecución».

También se declara en el fundamento jurídico séptimo de la misma sentencia que: «Efectivamente, la fecha de la sentencia dictada en la instancia, que devino firme por no haber lugar a los recursos de casación interpuestos contra ella, es de fecha posterior a la construcción de la biblioteca pública, pero tanto la Administración municipal que la concedió como la Administración del Estado, titular de la misma, eran conscientes de que estaba planteado un litigio en el que se discutía la conformidad o no a derecho de la referida licencia y la sentencia que lo pusiera fin podría ser estimatoria de la acción ejercitada, a pesar de lo cual se ejecutó la obra.

»La aprobación del planeamiento municipal, que ahora se esgrime como causa para declarar inejecutable la sentencia, tuvo lugar el 9 de marzo de 2005, es decir, dos años y medio después de que la Sala de instancia anulase la licencia por no ajustarse al planeamiento urbanístico vigente, aunque dicha sentencia se hubiese recurrido en casación».

Continúa declarando aquélla nuestra sentencia, de fecha 17 de noviembre de 2010 , que: «Con la aprobación del nuevo planeamiento municipal se levantaron los escollos que el planeamiento urbanístico anterior ofrecía para el otorgamiento de la licencia de obras y construcción del edificio destinado a biblioteca pública, a pesar de que, como certeramente expresa la representación procesal de la Comunidad recurrente al articular el motivo de casación aducido, el referido cambio «no responde a eventuales circunstancias sobrevenidas en el desarrollo de la ciudad» sino al designio de conferir cobertura a una actuación declarada contraria a derecho por sentencia.

»No compartimos la apreciación de la Sala de instancia acerca de que « el objeto de este incidente cuenta con un importante componente subjetivo », pues no se trata de enjuiciar intenciones sino de constatar hechos y éstos son los que hemos dejado expuestos: un cambio de la ordenación urbanística de un singular y concreto ámbito, que ampara el otorgamiento de una licencia de edificación que había sido anulada por ser contraria al ordenamiento existente al ser otorgada, vigente también cuando se pronunció la sentencia anulatoria.

»De tales circunstancias se deduce que el cambio o alteración del planeamiento tuvo como finalidad eludir el cumplimiento de la sentencia, y, por consiguiente, los autos recurridos contradicen los términos del fallo que se trata de ejecutar, por lo que el motivo de casación alegado debe prosperar y los referidos autos deben ser anulados, resolviendo nosotros lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate, que se circunscriben a enjuiciar la solicitada nulidad de las determinaciones del planeamiento contenidas en el vigente Plan General en relación a la parcela y edificio litigioso, a resolver el incidente de inejecución de la sentencia por imposibilidad legal y a la demolición reiteradamente pedida de la edificación levantada al amparo de la licencia declarada contraria a Derecho.».

Finalmente, en el noveno fundamento jurídico de la mencionada sentencia de fecha 17 de noviembre de 2010 declaramos que: «Todas esas cuestiones han de recibir respuesta y solución coherente con lo ya expresado al examinar el motivo de casación esgrimido.

»En resumen, no cabe apreciar la causa de inejecución de la sentencia firme porque la aprobación de la nueva ordenación urbanística del ámbito en cuestión no tuvo otra finalidad que eludir el cumplimiento de una sentencia, cuya ejecución en forma específica y plena impone la demolición de la edificación destinada a biblioteca pública, según lo establecido en los artículos 103.4 y 5 , 105.1 y 2 , 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la interpretación jurisprudencial recogida, entre otras, en las Sentencias de esta Sala anteriormente citadas.».

Recibidas las actuaciones por la Sala de instancia con testimonio de nuestra sentencia firme, dicha Sala, mediante providencia, de fecha 18 de marzo de 2011, ordenó requerir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que procediese a la ejecución y cumplimiento de la sentencia, y así se llevó a cabo con fecha de 6 de abril de 2011, a pesar de lo cual el referido Ayuntamiento no cumplimentó el requerimiento, por lo que, con fecha 8 de junio de 2011, la representación procesal de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 presentó ante la Sala de instancia escrito en el que solicitaba la ejecución forzosa y que se recabase del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informe expresivo de las actuaciones practicadas para la ejecución del fallo, a lo que la Sala de instancia accedió por providencia de 7 de julio de 2011, en la que ordenó requerir al Ayuntamiento para que, en el plazo de veinte días, informase a la Sala sobre las medidas adoptadas en relación a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo o, en su caso, indique los motivos que impiden su cumplimiento, lo que se llevó a cabo con fecha 21 de julio de 2011 , sin que el Ayuntamiento diese respuesta alguna, por lo que el Tribunal a quo , con fecha 1 de diciembre de 2011, dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: « Requerir al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que lleve a puro y debido efecto la sentencia recaída en los presentes autos. El requerimiento se practicará por el Secretario Judicial del Tribunal, que certificará haberse llevado a cabo, y contendrá la expresa advertencia de que el incumplimiento de la obligación que esta resolución impone al Sr. Alcalde determinaría remitir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal, por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia grave, así como la imposición de multas por importe de quinientos euros que será reiterada cada veinte días », requerimiento que se llevó a cabo con fecha 20 de enero de 2012.

Con fecha 1 de febrero de 2012, la representación procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó ante la Sala de instancia escrito, en el que, con citas de la Constitución, de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985, y del Código Penal, interpretados por la asistencia letrada del citado Ayuntamiento, se terminaba con la súplica literal siguiente: « Que

habiendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo, tener por contestado el requerimiento efectuado a este Ayuntamiento en la persona de su Alcalde-Presidente, y en mérito de lo expuesto declarar la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, con apertura de la pieza separada para indemnizar, en su caso, los daños y perjuicios que tal inejecución pudiera representar a la parte recurrente, la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 .».

En respuesta al indicado escrito presentado por la representación procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Sala de instancia, con fecha 29 de febrero de 2012, dictó la siguiente providencia: « Por presentado el anterior escrito de fecha 31 de enero de 2012 en el cual se solicita se abra pieza separada para declarar la imposibilidad legal de ejecutar la Sentencia de esta Sala de fecha 10 de octubre de 2002 que anuló la licencia municipal para la construcción de la Biblioteca Pública del Estado, por formar parte dicho inmueble del Patrimonio Histórico Español conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, no ha lugar a acceder a lo solicitado dado que esta Sala se ha de limitar a dar cumplimiento a lo acordado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 17 de noviembre de 2010 , en cuyo fallo se dice que debe ejecutarse inmediatamente con demolición de lo construido por no concurrir la imposibilidad legal ya que la ordenación de la parcela en que se sitúa el edifico de la Biblioteca Pública del Estado, es nula de pleno derecho por haberse aprobado para eludir el cumplimiento de la referida Sentencia de fecha 10 de octubre de 2002 . Por lo que procede dar cumplimiento a lo prevenido en Auto de fecha 1 de diciembre de 2011, y como consecuencia de ello imponer al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una primera multa coercitiva en cuantía de quinientos euros. ».

Con fecha 2 de marzo de 2012, el representante procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó ante la Sala de instancia escrito en el que se pedía la suspensión de la ejecución en virtud de un acuerdo transaccional al que había llegado con la Comunidad de Propietarios demandante, a lo que la Sala de instancia se negó mediante providencia de fecha 16 de marzo de 2012, y, mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2012, el representante procesal del citado Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dedujo el oportuno recurso de reposición frente a la providencia dictada por la Sala de instancia con fecha 29 de febrero de 2012, que ha quedado transcrita en el precedente antecedente decimocuarto, en el que se insiste en la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, pues lo contrario supondría una infracción de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, y se pide que se levante la medida correctiva impuesta al Alcalde Presidente y que se abra la correspondiente pieza indemnizatoria.

Del indicado recurso de reposición se dio traslado a las demás partes personadas en la ejecutoria, y el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, manifestó no oponerse a dicho recurso al mismo tiempo que apoyó la tesis del Ayuntamiento recurrente, mientras que la representación procesal de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 se opuso a él y pidió su desestimación, salvo al levantamiento de la medida coercitiva al Alcalde Presidente del Ayuntamiento.

Mediante auto de fecha 14 de febrero de 2013, la Sala de instancia desestimó el recurso de reposición deducido por la representación procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra la providencia de 29 de febrero de 2012.

Las razones por las que el Tribunal a quo desestima el recurso de reposición deducido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se recogen en el fundamento jurídico segundo y tercero del auto recurrido en casación y son del tenor literal siguiente: «De la lectura de los artículos 206 y 208 de la LEC , de aplicación supletoria, y artículos 245 y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría entenderse que la resolución recurrida debió adoptar la forma de auto. No obstante, en todo caso se trataría de un defecto formal y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene señalado que si bien los trámites han de ser entendidos como garantía de los administrados para propiciar el acierto de las decisiones, nunca deben ser instrumentalizados como hitos formales para obstaculizar el procedimiento, por lo que, razones de economía procesal, aconsejan la improcedencia de declarar nulidades cuando el nuevo acto que se dicta, subsanando el defecto formal, se presuma que haya de ser idéntico al anterior, especialmente cuando ello no conlleve indefensión para los interesados , lo cual se considera que en el supuesto de autos no se habría producido puesto que las restantes partes en las alegaciones formuladas respecto al recurso de reposición han realizado las manifestaciones que han estimado oportunas sobre el fondo del asunto, máxime teniendo en cuenta que la providencia de fecha 29 de febrero de 2012 está debidamente fundada pues se dicta en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de noviembre de 2010 que acordó la demolición inmediata del edificio de la Biblioteca Pública del Estado, al estimar el recurso de casación formulado contra los autos de esta Sala de fecha 16 de septiembre de 1998 y 1 de julio de 1999 , que declararon inejecutable al sentencia de fecha 10 de octubre de 1992 .

»De conformidad con el artículo 11.2 de la LOPJ " Los juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso del derecho o entrañen fraude de ley o procesal". La Sala rechazó de plano mediante providencia la nueva imposibilidad de ejecución planteada porque presentaba manifiestos tintes de insinceridad ya que no se había puesto en escena un nuevo hecho obstativo de lo ordenado sino una causa que, de existir, no habría motivo alguno de haberse silenciado tantos años, evidenciando por tanto el interés en evitar el cumplimiento de lo mandado por el Tribunal Supremo sin fundamento alguno.».

»Como segundo motivo de impugnación se alegó que las Administraciones Públicas y demás partes personadas, mientras no conste en los autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contradecir el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución conforme con lo establecido en el artículo 109 de la LJ .

»El citado artículo cita especialmente como cuestiones: a) órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones; b) plazo máximo para su cumplimiento; c) medios con que han de llevarse a efecto el procedimiento a seguir.

»La lectura del citado artículo conduce a considerar que las cuestiones que en base a dicho artículo se pueden plantear son de índole estrictamente formal, es decir, aquellas que tienden a ejecutar lo juzgado, de tal forma que le dota al órgano jurisdiccional y a las partes de medios para conseguir el exacto cumplimiento del fallo judicial, tratando con ello de evitar no sólo el incumplimiento abierto o declarado sino también la "insinceridad de la desobediencia disimulada por parte de los órganos de la Administración." El artículo 109 de la LJ establece un procedimiento sencillo en lugar de acudir a la aplicación supletoria de la LEC, pero no permite plantear cuestiones no resueltas anteriormente.

»Lo que pretende la Administración demandada no es la adopción de alguna medida determinada para ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2010 que estimó el recurso formulado contra autos de esta Sala de fecha 16 de septiembre de 2008 y 1 de julio de 2009 que estimaron el incidente de imposibilidad de ejecución de la sentencia, sino que por el contrario formula nueva imposibilidad de ejecución de sentencia mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2012 alegando como causa de imposibilidad legal en cuanto que el cumplimiento de la sentencia del TS de 17 de noviembre de 2010 supondría realizar una actuación que vulneraría no solo el artículo 46 de la C.E . sino también la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español que incluye las Bibliotecas Públicas del Estado como bienes integrantes del mismo y el Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el TR de la Ley del Suelo, además de incurrir, caso de acordarse la demolición, en una posible responsabilidad penal de conformidad con lo establecido en los artículos 323 y 324 del código Penal .

»En el supuesto de autos, el presente motivo de impugnación recogido en el escrito formulando el recurso de reposición ha de ser desestimado ya que: a) la causa en base a la cual se promovió el incidente de imposibilidad legal de ejecución de sentencia - conservación del patrimonio Histórico del cual forma parte la Biblioteca como instituciones culturales-pudo haberse alegado por la Administración en la formulación del primer incidente de imposibilidad de la ejecución pues tal conservación está regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio; b) el argumento expuesto por el Ayuntamiento basado en el artículo 7 de la Ley 16/1985 según el cual los mismos cooperan con los órganos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español no es de aplicación al caso de autos, ya que no estamos ante el supuesto de que la propia Corporación procediera por propia iniciativa a la demolición de la Biblioteca, como que tal demolición se produciría en cumplimiento de una sentencia firme, lo cual exoneraría de posible responsabilidad a la misma; c) la existencia de una sentencia del TS de fecha 17 de noviembre de 2010 con fuerza de cosa juzgada material en la que se declara que la ordenación de la parcela en que se sitúa el edificio de la Biblioteca Pública del Estado es nula de pleno derecho, por haberse aprobado con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala en fecha 10 de octubre de 2002 , conlleva que tal nulidad de planeamiento urbanístico impida la iniciación de posterior incidente tendente a suspender la ejecución de la sentencia por imposibilidad legal por lo que el segundo incidente promovido por el Ayuntamiento no puede prosperar pues ello supondría prescindir de la decisión del Alto Tribunal; y es que cuando se atribuye a esta Sala que está ignorando el carácter del bien en cuestión realmente de quien se está predicando es del Tribunal Supremo, pues la Sala se ha limitado a proveer conforme a lo ordenado por el mismo; d) el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias ha sentado como doctrina que el artículo 118 de la CE establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes de los Jueces y Tribunales con la única excepción de aquellos supuestos de imposibilidad de ejecución, pero ésta debe entenderse en el sentido más restrictivo y estricto y en los términos de imposibilidad absoluta, esto es, absoluta imposibilidad física o clara imposibilidad jurídica de cumplir el fallo; pues la ejecución de las sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales reconocido en el artículo 24 de la CE ya que, en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen o declaran no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones por lo que la ejecución de las sentencias no sólo puede concebirse como parte integrante de la tutela judicial efectiva sino también teniendo en cuenta al interés público ( STC 107/1992 ; 4/1998 , 86/2006 y 22 /2009 ) doctrina que aplicada al caso objeto de estudio impide tomar en consideración el segundo incidente de imposibilidad de ejecución promovido por el Ayuntamiento.».

Notificado dicho auto a las partes, tanto el representante procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como el Abogado del Estado presentaron escrito ante la Sala de instancia solicitando que se tuviese por preparado contra el mismo el correspondiente recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió mediante providencia de fecha 18 de marzo de 2013, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

Dentro del plazo, al efecto concedido, comparecieron ante esta Sala del Tribunal Supremo, como recurrida, la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 , representada por la procuradora Doña Matilde Marín Pérez, y, como recurrentes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representado por el procurador Don José María Ruiz de la Cuesta Vacas, y el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, al mismo tiempo que éstos presentaron sendos escritos de interposición de recurso de casación.

El representante procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó, con fecha 9 de marzo de 2013, su escrito de interposición de recurso de casación, basándose en un único motivo, al amparo de lo establecido por el apartado c) del artículo 87.1 de la Ley de esta Jurisdicción , por cuanto el auto de 14 de febrero de 2013 , dictado en ejecución de sentencia, vulnera los artículos 105 y 109 de la Ley de esta Jurisdicción , así como reiterada doctrina jurisprudencial recogida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2009 , 20 de julio de 1998 , 15 de diciembre de 2011 , y las sentencias del Tribunal Constitucional 109/1984 , 190/1990 , y las demás citadas al articular el motivo de casación, debido a que cabe plantear sucesivas causas de imposibilidad de ejecutar una sentencia, según permite el citado artículo 109 de la Ley Jurisdiccional , lo que determina la incoación del incidente contemplado en el también referido artículo 105 de la misma Ley , ya que lo dispuesto concordadamente en los artículos 24.2 y 60.1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985, de 25 de junio , impide la demolición de una biblioteca de titularidad estatal al ser aplicable el régimen establecido en dicha ley para los bienes de interés cultural, de modo que su demolición daría lugar a la comisión de un delito de daños contemplado en los artículos 323 y 324 del Código Penal , mientras que la ejecución de la sentencia en cuestión no sólo se lleva a cabo mediante la demolición del edificio sino también a través de una indemnización a los perjudicados por la inejecución in natura de la sentencia, y así terminó con la suplica de que se anule el auto recurrido y se estime la solicitud de imposibilidad legal de ejecución de la sentencia con sustitución de la ejecución de aquélla mediante la demolición por una indemnización.

El Abogado del Estado presentó su escrito de interposición de recurso de casación con fecha 5 de julio de 2013 y lo basa también en un solo motivo porque el auto del Tribunal Superior de Justicia se excede respecto de la Sentencia de esta Sala de fecha 17 de noviembre de 2010 y de los términos del fallo de la sentencia a la que se dice dar cumplimiento, pues no examina, tramita y resuelve si concurre o no la causa de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia alegada por el Ayuntamiento de Las Palmas, con lo que se infringe lo establecido en el artículo 87.1.c) de la Ley de esta Jurisdicción , porque en aquella sentencia no se contempla la causa de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia que ha aducido dicho Ayuntamiento de Las Palmas al amparo de lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español respecto de las Bibliotecas de titularidad estatal, que no pueden ser demolidas, de manera que procede o bien la anulación del auto recurrido para que se tramite el incidente de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia o que se decida que concurre tal imposibilidad legal y que se sustituya por una indemnización, terminando con la súplica de que se anule el auto impugnado para declarar que concurre causa de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, cuya ejecución se sustituirá por una indemnización, o que debe sustanciarse en la instancia el correspondiente incidente sobre la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia planteado por el Ayuntamiento.

Admitidos a trámite ambos recursos de casación, se dio traslado a la representación procesal de la Comunidad de Propietarios comparecida como recurrida para que, en el plazo de treinta días, formalizase por escrito su oposición a dichos recursos, lo que llevó a cabo con fecha 20 de noviembre de 2013, y, después de referir que la licencia, anulada por la sentencia de cuya ejecución se trata, fue concedida por el Ayuntamiento de Las Palmas en contra de los informes emitidos por los técnicos municipales, reseña que, al pedirse por dicho Ayuntamiento a la Sala de instancia que declare la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, no se aportó acto novedoso o situación jurídica sobrevenida que no se conociese cuando planteó el primer incidente de imposibilidad de ejecutar dicha sentencia, toda vez que entonces ya se conocía el régimen jurídico aplicable a la biblioteca de titularidad estatal, lo que, por otro lado, no es óbice para ejecutar la sentencia, dado que lo determinante es la ilegalidad de la construcción que trasciende del uso que tenga la misma, uso que era conocido desde que se otorgó la licencia ilegal, resultando evidente que, una vez sustanciado un incidente relativo a la imposibilidad legal de ejecutar una sentencia, no cabe iniciar otro al amparo de lo establecido en el artículo 109 de la Ley Jurisdiccional , especialmente cuando la circunstancia determinante de la imposibilidad ya existía al promover el primero, teniendo presente, además, que la protección de que gozan los bienes inmuebles de interés cultural debe entenderse referida a los edificios legales que albergan bibliotecas estatales y no a los ilegales, ya que el destino del edificio no sana la nulidad de pleno derecho de la licencia que amparó la construcción, para cuya comprensión bastaría remitirse al supuesto de una biblioteca pública construida en un espacio natural protegido, sin que la ilegalidad de la licencia anulada viniese determinada sólo por la falta de Estudio de Detalle, sino que obedeció a algo mucho más trascendental, cual es la eliminación de zonas verdes previstas por el Plan General y a la conculcación de los preceptos que impedían la formación de pantallas arquitectónicas que hicieran perder la vista del litoral, y, por tanto, es inaceptable el argumento relativo a que, una vez demolida la construcción, sería posible levantar otra ya amparada en el ordenamiento urbanístico, y así finalizó con la súplica de que se desestime el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que se confirme el auto recurrido en todos sus extremos.

Formalizada la oposición al recurso de casación, las actuaciones queraron pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 29 de abril de 2014, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate ,

Ambos recursos de casación se esgrimen al amparo de lo establecido por el artículo 87.1.c) de la Ley de esta Jurisdicción por entender que el auto recurrido contradice lo ejecutoriado al haberse negado a sustanciar un nuevo incidente de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, en contra de lo establecido concordadamente en los artículos 105.2 y 109 de la misma Ley , que, contrariamente a lo declarado por la Sala de instancia en el auto recurrido, permiten el planteamiento de sucesivos incidentes de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia mientras no conste en autos la total ejecución de la misma.

Esta tesis, desarrollada por ambos recurrentes, resulta inadmisible por ser contraria abiertamente a la literalidad y a la finalidad de lo dispuesto en los referidos artículos 105.2 y 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

Es evidente que en este último precepto sólo se contempla el planteamiento de cuestiones que no contraríen el contenido del fallo de la sentencia y nada es más contrario a aquél que la imposibilidad de ejecutarlo.

Sin embargo, cabría plantearse si es posible, al amparo de lo establecido en el artículo 105.2 de la misma Ley, promover sucesivos incidentes tendentes a declarar la imposibilidad legal o material de ejecutar la sentencia.

Esta Sala y Sección del Tribunal Supremo ha admitido (Sentencias de 17 de noviembre de 2008 -recurso de casación 4285/2005 -y 9 de febrero de 2009 -recursos de casación 1622/2005 -, entre otras) que el plazo de dos meses, establecido por el citado artículo

105.2 de la Ley Jurisdiccional, no es un plazo de caducidad absoluto, de manera que su inobservancia, si está justificada, no impide promover, transcurrido el plazo de dos meses, el incidente de imposibilidad legal o material de ejecutar las sentencias.

No es este el supuesto que nos ocupa, sino que estamos ante un incidente ya sustanciado de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia, en el que se decidió que no concurría la causa alegada y se declaró nula de pleno derecho la nueva ordenación urbanística de la parcela por tener la exclusiva finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia, y el planteamiento de un nuevo incidente por la misma Administración municipal con fundamento en una causa de imposibilidad legal que ya existía al tiempo de haberse promovido el incidente anterior.

Tal pretensión es contraria a lo establecido por el artículo 105.2 de la Ley de esta Jurisdicción y a la jurisprudencia, antes citada, interpretativa del mismo, y, en definitiva, contradice abiertamente lo dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 103.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , ya que la ejecución de una sentencia firme no puede quedar supeditada indefinidamente a la promoción sucesiva de incidentes de imposibilidad legal o material de ejecución de una sentencia por causas existentes al momento de haberse promovido el primero, y, por tanto, ambos recursos de casación, en cuanto invocan que la Sala de instancia, al negarse a sustanciar un nuevo incidente de inejecución de sentencia, ha conculcado lo establecido concordadamente en los artículos 105.2 y 109 de la Ley de esta Jurisdicción , no pueden prosperar.

Por las razones que acabamos de expresar es ajustada a Derecho la decisión de la Sala de instancia de inadmitir el nuevo incidente de inejecución de la sentencia por causa de imposibilidad legal que ya existía al tiempo de haberse promovido el primero, pero vamos a examinar también si la razón, que ahora se ofrece por la Administración obligada al cumplimiento de la misma, es justificada aunque haya sido invocada extemporáneamente.

Se asegura por las representaciones procesales de ambas Administraciones recurrentes que, al estar destinado el edificio ilegalmente construido a biblioteca de titularidad estatal y gozar ésta de un régimen jurídico igual al de los bienes inmuebles declarados de interés cultural, no es posible proceder a su demolición en aplicación concordada de lo establecido en los artículos 24.2 y 60.1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985, de 25 de junio .

Este argumento encubre, a nuestro juicio, un fraude de ley por tratar de aplicar al supuesto enjuiciado la literalidad de unos preceptos promulgados con otra finalidad.

La Ley de Patrimonio Histórico Español, según se proclama en su preámbulo, tiene como objetivo último el acceso a los bienes que constituyen el patrimonio histórico, de manera que todas las medidas de protección y fomento que la propia Ley establece cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo porque estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura.

No parece, pues, que el fin de esta Ley sea amparar la construcción de un edificio de nueva planta contrario a las disposiciones urbanísticas aplicables, y que, entre otras infracciones, ha eliminado zonas verdes y constituye una pantalla arquitectónica que cercena las vistas del litoral.

Es evidente que la finalidad de la citada Ley de Patrimonio Histórico Español es amparar las bibliotecas de titularidad del Estado bajo el presupuesto de que éstas se hayan construido legalmente y no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales, pues, de lo contrario, quebraría el Estado de Derecho, entre cuyos valores superiores está el de la justicia, que conlleva, a su vez, el cumplimiento de las sentencias firmes como manifestación del derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales ( artículos 24.1 y 118 de la Constitución ).

El edificio, para el que se pidió en su día licencia municipal de construcción, tenía un uso previsto de biblioteca de titularidad estatal, licencia que fue concedida por el Ayuntamiento recurrente en contra de los informes técnicos, y cuya construcción, hasta ser terminada la obra, se continuó a pesar de que dicha licencia había sido impugnada en sede jurisdiccional por ser contraria a una serie de determinaciones urbanísticas, entre otras las encaminadas a preservar zonas verdes y vistas del litoral, y, aunque tanto en la instancia como en casación se declaró la ilegalidad de la licencia concedida, la Administración urbanística, en contra de lo establecido en los artículos 103.1 y 118 de la Constitución , 3.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 103.1 , 2 y 3 de la Ley de esta Jurisdicción , aprueba una nueva ordenación urbanística con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia, que fue declarada nula en nuestra Sentencia de fecha 17 de noviembre de 2010 (recurso de casación 6528/2009 ), y ahora invoca, para perseverar en el incumplimiento de la sentencia, lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución , la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y hasta los preceptos del Código penal que tipifican los daños al patrimonio histórico, cuestiones todas que no guardan relación alguna con el hecho inicial de haber concedido una licencia ilegal ni con su intento de ampararla después con una ordenación urbanística ad hoc para evitar la ejecución de la sentencia firme, que declaró ilegal aquella licencia anulándola.

Esta Sala es consciente de los conflictos que plantean las actuaciones administrativas jurisdiccionalmente declaradas ilegales cuando los hechos se han consumado, como sucede en este caso con el edificio destinado a biblioteca de titularidad estatal, pero nuestro cometido institucional ( artículo 117 de la Constitución ) es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales.

Entre las razones que esgrimen los recurrentes, ante todo el Ayuntamiento que concedió en su día la licencia ilegal de obras, para tachar el auto recurrido de contrario a lo resuelto en la sentencia que se ejecuta está la tesis de que no toda sentencia anulatoria de una licencia de obras ilegal comporta la demolición de lo edificado a su amparo, ante todo si, como en este caso, se trata de un inmueble declarado bien de interés cultural por ministerio de la ley, cual es una biblioteca de titularidad estatal, en que la forma de ejecutar la sentencia, en evitación de la demolición prohibida por el artículo 24.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español , debe ser una cóngrua indemnización.

Ninguna razón existe para excluir de la demolición una obra cuya licencia fue jurisdiccionalmente declarada ilegal por el hecho de que el uso asignado a dicha edificación ilegal sea albergar un archivo, museo o biblioteca de titularidad estatal, ya que la protección conferida a éstos por la citada Ley de Patrimonio Histórico Español presupone que la construcción o edificación, que lógicamente es previa o anterior a su uso, sea conforme al ordenamiento jurídico, de manera que no es admisible, como sostienen los recurrentes, que, una vez que se haya instalado el uso protegido (archivo, museo o biblioteca), el edificio resulta legalizado, y por ello la demolición consiguiente a la ejecución de la sentencia, que declaró ilegal la licencia de obra, se haya de sustituir por una indemnización en favor de quien ejercitó la acción tendente a la protección de la legalidad urbanística.

A esta indemnización sólo habría lugar, en aplicación de los preceptos relativos a la ejecución de las sentencias dictadas por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, si antes se ha declarado la imposibilidad legal o material de ejecutar la sentencia, pero ya hemos expresado las razones por las que, aunque el uso del edificio sea una biblioteca de titularidad estatal, este destino no es razón para, en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, declarar la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, encubriendo tal pretensión un auténtico fraude de ley porque, repetimos, la finalidad de dicha Ley no es proteger edificios ilegales construidos para destinarlos a bibliotecas de titularidad estatal, sino preservar de la demolición las bibliotecas para favorecer el acceso a la cultura y no para legitimar infracciones urbanísticas, pues lo contrario supondría una auténtica reserva de dispensación, vulneradora del principio de igualdad en aplicación de la ley, en favor de la Administración del Estado singularmente sometida, ex artículo 103.1 de la Constitución , a la Ley y al Derecho.

Si recordamos el sendero tortuoso que ha seguido la ejecución de la Sentencia de esta Sala, de fecha 16 de octubre de 2000 (recurso de casación 3699/1993 ), relativa al teatro romano de Sagunto, hasta terminar por un auto de inadmisión del recurso de casación contra el auto que declaró la imposibilidad legal de ejecutarla dictado por la Sala de Valencia, no guarda analogía alguna con el caso enjuiciado, pues en aquél la intervención del legislador autonómico dejó inoperante la Ley estatal 16/1985 aplicada, sin que, en cualquier caso, pueda esgrimirse como precedente para doblegar al Estado de Derecho ante actuaciones administrativas ilegales, que no pueden contar con el respaldo de los jueces y tribunales sometidos exclusivamente al imperio de la Ley.

Finalmente, nos queda por examinar la insistente solicitud de ambas Administraciones recurrentes (estatal y municipal) para que sustituyamos la ejecución en forma específica de la sentencia por una indemnización de daños y perjuicios a favor de quienes obtuviesen satisfacción de la pretensión que ejercitaron con el argumento de que el derecho a la ejecución de una sentencia, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, se obtiene indistintamente por la ejecución "in natura" o mediante una cóngrua indemnización, recordándonos que, en definitiva, así sucedió en la ejecución de la sentencia pronunciada por la Sala de instancia, con fecha 13 de enero de 1998 (recurso 67 de 1995 ), en relación con una parcela, contigua a la que alberga la biblioteca pública, destinada a edificar la Jefatura Superior de Policía.

Es cierto que esta sentencia fue declarada inejecutable por imposibilidad material (sic) mediante auto de la Sala de instancia de fecha 7 de diciembre 2004, en el que se ordenó sustanciar el incidente para la fijación de una indemnización sustitutoria, pero no cabe esgrimirlo como contraste porque dicho auto devino firme por no haber sido impugnado en casación, al parecer porque los demandantes, como demuestra lo que indebida e ilegalmente plantearon en el pleito, trataban precisamente de conseguir una indemnización sustitutoria de la ejecución "in natura" de la sentencia, a pesar de que el cumplimiento de la legalidad urbanística ni está sometido a la disponibilidad de las partes ni puede, por eso mismo, ser objeto de transacción.

Aunque la Comunidad de Propietarios, demandante en este pleito, hubiese pedido la ejecución de la sentencia mediante el cobro de una indemnización sustitutoria, lo que no ha hecho a pesar de las insinuaciones del Ayuntamiento, no cabría acceder a tan ilegal pretensión de no concurrir una causa de imposibilidad legal o material de ejecución de la sentencia, que en este caso, según lo expresado, no existe, encontrándonos ante un pronunciamiento firme relativo al cumplimiento de la legalidad urbanística, interés general que no se satisface porque el interés particular de quien ejercitó la acción resultase compensado económicamente mediante una indemnización.

Por las razones expuestas en los precedentes fundamentos jurídicos, ambos recursos de casación no pueden prosperar, al no haber infringido el Tribunal a quo en el auto recurrido los preceptos que se invocan como conculcados en el único motivo de casación que se esgrime en cada uno de esos recursos, y, por tanto, deben soportar ambas Administraciones recurrentes las costas procesales causadas con sus respectivos recursos, según establece el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , si bien, como permite el apartado tercero del mismo precepto, procede limitar su cuantía, por el concepto de honorarios de abogado de la Comunidad de Propietarios comparecida como recurrida, a la cifra de cinco mil euros a cargo exclusivamente del Ayuntamiento recurrente, dado que la oposición se ha circunscrito al recurso de casación deducido por éste y atendida la actividad y trabajo desplegados para ello, mientras que los derechos arancelarios de la Procuradora representante de dicha Comunidad de Propietarios deberán ser satisfechos por mitad por ambas Administraciones recurrentes, sin que tales derechos, sujetos a la correspondiente liquidación, puedan superar los mil euros.

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa .