STS, 20 de Junio de 2007
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 20 Junio 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala cuarta, (Social) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Junio de dos mil siete.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en representación del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia de 22 de mayo de 2006, recurso 581/06, interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia, de fecha 31 de enero de 2006, autos 871/05, en proceso promovido en virtud de demanda de D. Felix contra el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Se ha personado ante esta Sala, en concepto de recurrido D. Felix, representado por el Letrado D. Rafael Escámez Martínez.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. MARÍA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Con fecha 31 de enero de 2006, dictó sentencia el Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia, declarando como probados los siguientes hechos: "PRIMERO. - El actor don Felix, nacido el 11 de septiembre de 1974, con D.N.l. n° NUM000, solicitó en fecha 16 de febrero del 2005 el reconocimiento del grado de minusvalía.- SEGUNDO. - El 25 de julio del 2005 el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia resolvió reconocer al demandante un grado de minusvalía del 4 por 100 por aquejar una limitación funcional en los miembros inferiores de etiología traumática.- TERCERO.- El 14 de diciembre del 2003 el actor tuvo un accidente deportivo a consecuencia del cual sufrió luxación abierta del astrágalo con enucleación parcial del tobillo izquierdo y policontusiones varias. Le han quedado como secuelas movilidad limitada del tobillo izquierdo por dolor, principalmente la eversión-inversión, lo que le causa limitación para realizar actividades que requieran de la deambulación prolongada por terrenos irregulares.- CUARTO.- El anterior cuadro clínico residual ha determinado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en resolución de 27 de enero del 2005, reconozca al actor la pensión de incapacidad permanente total para su profesión habitual de albañil con efectos de fecha 23 de diciembre del 2004.- QUINTO.- Se ha agotado la vía administrativa previa.
El fallo de dicha sentencia es del siguiente tenor literal: "Que ESTIMANDO la demanda formulada por don Felix contra el INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGION DE MURCIA, debo declarar y declaro que el demandante está afectado por un grado de minusvalía igualo superior al 33 por 100, con los efectos reglamentarios procedentes".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dictó sentencia el 22 de mayo de 2006, con el siguiente fallo: "Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, contra la sentencia número 44/2006 del Juzgado de lo Social número 7 de Murcia, de fecha 31 de enero, dictada en proceso número 871/2005, sobre Seguridad Social, y entablado por don Felix frente a Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia y confirmar, como confirmamos, el pronunciamiento de instancia".
Por el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, se preparó recurso de casación para la unificación de doctrina, contra la meritada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y emplazadas las partes se formuló en tiempo escrito de interposición del presente recurso, seleccionando como contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 2 de febrero de 2005 .
Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el recurso, y habiéndose impugnado el recurso por la recurrida, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de estimar improcedente el recurso. E instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 14 de junio de 2007, en el que tuvo lugar.
El Juzgado de lo Social núm. 7 de los de Murcia dictó sentencia dictó sentencia el 31 de enero de 2006, autos 871/05 estimando la demanda formulada por D. Felix contra el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en reclamación reconocimiento de minusvalía en grado superior al 33%, declarando que el demandante está afectado por un grado de minusvalía igual o superior al 33%, con los efectos reglamentarios procedentes. De los hechos probados de dicha sentencia resulta que el actor obtuvo el reconocimiento de una minusvalía del 4%, mediante resolución del Instituto de Servicios Sociales de la Seguridad Social de 27 de enero de 2005 se declaró al actor afecto de incapacidad permanente total, para su profesión habitual de albañil, con efectos de fecha 23 de diciembre de 2004. La sentencia de instancia entendió que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 51/03, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, se considerarán afectados de una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento, por lo que al actor ha de serle reconocido el grado de minusvalía postulado.
Recurrida en suplicación por la demandada, Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia dictó sentencia el 22 de mayo de 2006, recurso 581/06, desestimando el recurso de suplicación interpuesto, confirmando el pronunciamiento de instancia.
Contra la anterior resolución interpone el presente recurso de casación para la unificación de doctrina el letrado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la representación que de la misma ostenta, aportando como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en fecha 2 de febrero de 2005, recurso de suplicación 2528/04, firme en el momento de publicación de la recurrida.
El recurso ha sido impugnado por la parte actora, habiendo informado el Ministerio Fiscal que estima improcedente el recurso.
Procede el examen de la sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el 2 de febrero de 2005, recurso 2528/04, para determinar si concurre la identidad exigida por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin la cual no puede entrarse a examinar el fondo del recurso.
En la sentencia referencial se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el actor contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Álava, dictada el 4 de junio de 2004, autos 126/04, seguidos por Joaquín contra el Instituto de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava. Constan como hechos probados que el actor inició expediente sobre declaración de minusvalía que, tras estimar parcialmente la reclamación previa interpuesta, finalizó mediante resolución del Instituto de Bienestar Social de 1-12-03, reconociendo al demandante un grado de minusvalía del 26%, frente al 41% postulado. El actor fué declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de especialista de químicas mediante resolución del INSS de 21 de abril de 2003. La sentencia concluye que el reconocimiento de la condición de personas con discapacidad que efectúa la Ley 51/03, produce efectos dentro de su específico ámbito de aplicación y de las medidas de todo orden que la misma establece, en aras a la igualdad de oportunidades que persigue, sin que, en consecuencia, pueda basarse el reconocimiento de la minusvalía en el hecho de que el actor haya sido declarado en situación de incapacidad permanente total.
Concurre pues el requisito de la contradicción ya que en ambos casos el objeto del proceso es el mismo, a saber, determinar si, en virtud de lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 51/03, de 2 de diciembre, al pensionista de seguridad social que tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, ha de considerársele afecto de un grado de minusvalía igual o superior al 33 por cien, como entiende la sentencia recurrida, -que reconoce un grado igual o superior al 33 por cien- o dicho reconocimiento del grado de minusvalía se limita al específico ámbito de aplicación y medidas, que en aras al principio de igualdad de oportunidades, establece la precitada Ley 51/03, tal como ha entendido la sentencia de contraste.
Se aprecia la contradicción exigida por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, siendo irrelevante a estos efectos que en la sentencia recurrida el actor reclamara el reconocimiento del grado de minusvalía superior al 33% y en la de contraste del 41%, pues en ambas se postula el reconocimiento del grado de minusvalía solicitado, en virtud de lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, ya que ambos actores son pensionistas de la Seguridad Social que tienen reconocida una incapacidad permanente en el grado de total. Procede, en consecuencia, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, entrar a examinar el fondo del asunto
La cuestión que se suscita en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, determinar si, a partir de la aprobación de la Ley 51/2003 de accesibilidad universal de personas con discapacidad, los perceptores de pensiones de Seguridad Social, por encontrarse en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, ostentan automáticamente, a todos los efectos, la condición de minusválidos o discapacitados, con todos los derechos y ventajas de distinta naturaleza que ello comporta, ha sido resuelta por esta Sala, reunida en Sala General, en sentencia de 21 de marzo de 2007, recurso 3872/05
, a cuya doctrina ha de estarse. Los razonamientos de dicha sentencia son los siguientes:
"SEGUNDO.- Para dar respuesta a la cuestión de unificación de doctrina que plantea el presente recurso debemos elaborar dos premisas intermedias del razonamiento, relativa una a la definición legal de la condición de discapacitado (o minusválido, según terminología ya periclitada por indicación del legislador), y concerniente la otra a la configuración actual del grupo de normas reguladoras de la protección de estas personas.
Para la definición del estatus o condición de discapacitado la ley utiliza el criterio del porcentaje de disminución de las "capacidades físicas, psíquicas o sensoriales", refiriendo tal disminución a las "posibilidades de integración educativa, laboral o social" del discapacitado; esta definición se encuentra en el art. 7 de la Ley 13/1982, de Integración Social de Minusválidos (LISM ). El porcentaje mínimo para la consideración de persona con discapacidad está cifrado en el 33 %; el precepto que lo fija es en la actualidad el art 2.1 de la Ley 51/2003 .
En la configuración del grupo de normas reguladoras de la protección de las personas con discapacidad destacan las dos disposiciones legales que ya se han citado, seguidas ambas por una serie nutrida de normas reglamentarias. Como reconoce la Exposición de Motivos de la Ley 51/2003, el eje central del sistema de protección sigue siendo la Ley de Integración Social de Minusválidos, si bien el legislador "considera necesario promulgar otra norma legal que la complemente y que sirva de renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad", función que corresponde precisamente a la Ley 51/2003. Se trata, en suma, de acuerdo con la propia Exposición de Motivos, de proporcionar a los discapacitados "garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país".
Las garantías suplementarias establecidas en la Ley 51/2003 se refieren, entre otras materias, a "medidas contra la discriminación" (en las que se incluyen las llamadas "exigencias de accesibilidad"), a "medidas de acción positiva" adicionales a las ya establecidas, a actuaciones administrativas de "fomento", y a normas de "tutela judicial" y "protección contra las represalias". También se comprende dentro de la Ley 51/2003, además de una larga lista de previsiones reglamentarias sobre "condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación", la modificación del art. 46.3.párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores, que concede un período de excedencia por cuidado de un familiar que no pueda valerse por sí mismo.
Las materias reguladas en la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos se pueden clasificar en los siguientes grupos: a) la determinación de la condición de minusválido (incluidos el diagnóstico y la valoración de las minusvalías); b) el acceso de los minusválidos al sistema educativo ordinario y a la educación especial; c) la reserva para ellos de cuotas de empleo en empresas de más de 50 trabajadores; d) la colocación de minusválidos en centros especiales de empleo; e) las prestaciones en dinero y en especie específicamente establecidas en su favor; f) los servicios sociales para minusválidos; y g) las normas especiales sobre "movilidad y barreras arquitectónicas".
De las consideraciones anteriores se infiere que la atribución de la condición o estatus de persona con discapacidad pertenece al grupo normativo de la Ley 13/1982 y no al de la Ley 51/2003. Así se indica de manera expresa en el art. 10 LISM, que atribuye a "equipos multiprofesionales de valoración", entre otras competencias, "la valoración y calificación de la presunta minusvalía, determinando el tipo y grado de disminución en relación con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la legislación"( art.
10.2.c. LISM ). La disposición reglamentaria que desarrolla esta competencia de valoración y calificación es el RD 1971/1999, que contiene en su Anexo I un baremo de los valores porcentuales que corresponden a diferentes dolencias o enfermedades con secuelas discapacitantes.
El precepto contenido en el art. 2.1. de la Ley 51/2003 despliega, por tanto, plena eficacia en todo el ámbito de materias de dicha Ley; es precisamente ésto lo que quiere decir la expresión "en todo caso". Pero no alcanza a la atribución con carácter general de la condición de minusválido o discapacitado. Como se cuida de decir también el propio art. 2.1. de la Ley 51/2003 en su pasaje inicial, la atribución automática de tal carácter a los perceptores de pensiones de incapacidad permanente de la Seguridad Social ha de circunscribirse "a los efectos de esta Ley".
El argumento de interpretación sistemática que se acaba de exponer puede ser completado con un argumento de interpretación finalista, que atiende a los distintos propósitos de protección que persiguen las normas de protección de la discapacidad y la acción protectora de la Seguridad Social en el ámbito de la incapacidad permanente. La definición de los grados de incapacidad permanente a efectos de Seguridad Social atiende exclusivamente a consideraciones de empleo y trabajo; en cambio, la definición de la minusvalía incluye como se ha visto otras dimensiones de la vida social, como son la educación y la participación en las actividades sociales, económicas y culturales. La coincidencia de los respectivos campos de cobertura de una y otra legislación puede ser amplia; y el legislador puede establecer una asimilación o conjunción de los mismos, como sucede en el art. 2.1. Ley 51/2003. Pero, junto a estos espacios de coincidencia, hay otros que corresponden privativamente bien a la Seguridad Social bien a la protección de los discapacitados, y cuyos beneficiarios han de ser determinados, en principio, mediante los procedimientos establecidos en uno y otro sector del ordenamiento social. "
Aplicando la anterior doctrina al supuesto debatido, procede la estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en representación del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, lo que conduce a casar y anular la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia, de fecha 22 de mayo de 2006, recurso 581/06 y resolviendo el debate planteado en suplicación, procede desestimar la demanda origen de este proceso y absolver a la demandada de los pedimentos en su contra formulados.
No procede la imposición de costas, en virtud de lo establecido en el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral .
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en representación del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia de 22 de mayo de 2006, recurso 581/06, interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia, de fecha 31 de enero de 2006, autos 871/05, en proceso promovido en virtud de demanda de D. Felix contra el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado en suplicación, desestimamos la demanda formulada por D. Felix frente al Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, al que absolvemos de las pretensiones en su contra formuladas. Sin costas.
Devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional correspondiente,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. María Luisa Segoviano Astaburuaga hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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