STS, 14 de Septiembre de 2006
| Ponente | MARIANO BAENA DEL ALCAZAR |
| ECLI | ES:TS:2006:5383 |
| Número de Recurso | 187/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil seis.
Visto por la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Iberdrola, S.A. contra la Sentencia de fecha 23 de septiembre de 2004 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, habiendo comparecido la citada entidad Iberdrola, S.A. asi como el Ayuntamiento de Cartagena.
Con fecha 23 de septiembre de 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó Sentencia, en cuyo fallo se desestimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad Iberdrola, S.A. contra el Decreto municipal del Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, por delegación de la Sra. Alcaldesa, en el que acordaba no admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de 6 de marzo de 2000, en el que se aprobaba el informe sobre costes de obras formulado por el Ingeniero Jefe del Servicio de Proyectos de Obras y Urbanización, y se acordaba requerir a la compañía ahora recurrente para que, por aplicación de lo establecido en la Orden de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Comunidad de Murcia de 3 de marzo de 2005, sobre extensión de redes eléctricas, procediera a reintegrar al Ayuntamiento de Cartagena el citado coste de las obras de electrificación.
Notificada dicha Sentencia a las partes, la representación procesal de Iberdrola, S.A, presentó ante la Sala de instancia escrito de interposición de recurso de casación para unificación de doctrina, expresando los motivos en que se ampara.
Mediante Resolución de fecha 14 de diciembre de 2.004, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia acordó admitir el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto y dar traslado a la parte recurrida del escrito de interposición para que, en el plazo de treinta días, compareciera ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal Supremo.
La Sala de instancia, mediante Providencia notificada el 6 de mayo de 2005, mandó elevar las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, poniéndolo en conocimiento de las partes.
Mediante Providencia de 12 de julio de 2005, de acuerdo con lo previsto en el artículo 97.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se otorgó a las partes un plazo de cinco días para que formulasen las alegaciones que estimasen oportunas sobre la siguiente causa de inadmisión; se trata de una resolución dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en asunto atribuido a la competencia de los Juzgados tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre
, que modificó el artículo 8 de La Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Por tanto, le es aplicable el régimen de recursos establecido para las sentencias de segunda instancia, con la consiguiente exclusión del recurso de casación para unificación de doctrina (disposición transitoria primera , en relación con el artículo 8.1 de la Ley Jurisdiccional ). En este sentido, los Autos de la Sección Primera de esta Sala de 11 y 21 de marzo de 2005. SEXTO.- Las representaciones procesales de las partes personadas han formulado alegaciones en relación a la causa de inadmisión puesta de manifiesto en la Providencia citada, señalando lo siguiente.
En cuanto a Iberdrola, en síntesis, viene a denunciar que la Disposición Transitoria Décima de la Ley 19/2003, no resulta de aplicación al presente caso por cuanto estamos ante un recurso iniciado en 2001, la sentencia se dictó en septiembre de 2004, y, finalmente los recursos que cabían contra la misma no pueden verse afectados, y menos aun suprimidos, continúa el recurrente, por el hecho de que la materia sobre la que versa el proceso esté ahora atribuida a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Por su parte, la representación procesal del Ayuntamiento de Cartagena entiende que efectivamente el recurso es inadmisible, aunque cita como causas de inadmisibilidad los apartados 2 y 4 del artículo 86 de la Ley Jurisdiccional.
Recibidas las actuaciones en esta Sala del Tribunal Supremo y repartidas a esta Sección, se señaló para votación y fallo el día 12 de septiembre de 2006, en cuya fecha tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano Baena del Alcázar, Magistrado de Sala
Se interpone el presente recurso de casación para la unificación de doctrina contra la Sentencia de 23 de septiembre de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, alegándose que su doctrina es contradictoria con las Sentencias de la misma Sala y Tribunal de 8 de febrero de 2002 y 5 de julio de 2002.
La materia de la Sentencia ahora impugnada versa sobre la inadmisión de un recurso de reposición interpuesto contra un Decreto del Ayuntamiento de Cartagena, que ordenaba a Iberdrola el reintegro de ciertas cantidades correspondientes al coste de obras de electrificación por extensión de redes.
La Sentencia dictada en las presentes actuaciones es de fecha posterior a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley 29/1.998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, introducida por la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Con arreglo a dicha reforma y a partir de la entrada en vigor de la misma los Juzgados de lo Contencioso Administrativos conocerán, conforme al artículo 8.1, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades o corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.
Partiendo de la anterior consideración, la cuestión es el tratamiento que a efectos impugnatorios debe darse a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica 19/2003 en los procesos pendientes antes de esa fecha, cuando la competencia para resolver los asuntos corresponda a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo según la reforma introducida en la Ley Jurisdiccional.
La Sala ya se ha pronunciado reiteradamente sobre la cuestión, afirmándose en el Auto de 21 de marzo de 2.005 que la cuestión ha sido ya resuelta en múltiples pronunciamientos anteriores, de los que cita a título de ejemplo, los de 4 de octubre de 2004, 18 de noviembre de 2004, 23 de noviembre de 2004, 13 de enero de 2005 y 25 de enero de 2005.
De ello se deduce que a las referidas sentencias les es aplicable el régimen establecido en la Ley Jurisdiccional para las sentencias dictadas en segunda instancia contra las que no cabe recurso de casación. Así se infiere de la Disposición Transitoria Tercera , párrafo primero, y del artículo 86.1, ambos de la Ley de la Jurisdicción, que establecen, respectivamente, que el régimen de los recursos de casación regulados en esta Ley será de plena aplicación a las resoluciones de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, dictadas con posterioridad a su entrada en vigor, y que la casación sólo procede contra resoluciones dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en instancia única. De donde se deduce que tampoco resulta procedente el recurso de casación para unificación de doctrina que sólo cabe interponer, conforme al artículo 96 de la Ley Jurisdicción, contra sentencias dictadas en única instancia por los propios Tribunales Superiores de Justicia.
Por tanto, el presente recurso resulta inadmisible, y ello porque como declaramos en el Auto de 21 de marzo de 2.005, aunque es cierto que la reforma de la Ley Orgánica 19/2003, en la Disposición Transitoria Décima no incorpora una previsión similar a la contemplada en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de 1.998, referible al recurso de casación, también es cierto que esa disposición ha de entenderse que se está refiriendo a la mera tramitación del recurso contencioso-administrativo sin incluir la fase de recursos, pues hay que estimar que la expresión "finalización", de la Ley Orgánica de 19/2003, es más precisa que la de "conclusión" utilizada por la Disposición Transitoria Primera , párrafo 1º de la Ley Jurisdiccional. Pues aquella está referida a los diferentes modos de terminación del proceso -desistimiento, allanamiento, renuncia, sentencia-, mientras que la voz "conclusión" podría entenderse como relativa a la mera tramitación. De modo que la nueva terminología ha sido introducida por el legislador orgánico para evitar las interpretaciones diversas que se habían producido con la entrada en vigor de la nueva Ley de la Jurisdicción. Así es ya que consta por notoriedad que ciertos Tribunales Superiores de Justicia, habían considerado que dicha Disposición Transitoria 1ª, debía tomarse en el sentido de que los recursos contencioso-administrativos ante ellos pendientes, pero concernientes a materias que, con la nueva regulación de la competencia, eran propios de los Juzgados, debían continuar sus tramites ante aquellos órganos colegiados, hasta el momento de la sentencia, pero que el dictado de ésta correspondía a los Juzgados, a los que, conclusos los trámites, había que remitir las actuaciones. Y ello frente a otros Tribunales Superiores de Justicia, que incluso pronunciaban la sentencia. Diversidad notablemente distorsionadora, por cuanto venía a influir en el subsiguiente régimen de impugnación de las sentencias, por vía de recurso.
En segundo lugar porque la omisión del legislador orgánico, ha de ser suplida atendiendo a la solución que impone la coherencia del sistema, estimando que, del conjunto de la actual regulación del recurso de casación, se infiere que deben excluirse del mismo los asuntos que, por su menor relevancia o por otras razones organizatorias o practicas, aparecen atribuidas a la competencia de los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo, y, lógicamente de entre ellos, los asuntos que, asignados antes de las últimas reformas competenciales a los Tribunales Superiores de Justicia en primera o única instancia, el legislador en la reforma de 2003, ha decidido transferir a los Juzgados.
Interpretación, ésta, que no es sino la que se ha venido haciendo del párrafo segundo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Jurisdiccional de 1998 . Se unifica así el tratamiento procesal a efectos de acceso a la casación, de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia, en asuntos ante ellos tramitados pero de competencia de los Juzgados, venga esta competencia atribuida por la redacción originaria de la Ley, o lo haya sido por sucesivas ampliaciones de la misma.
Como se añade en el Auto arriba citado, Completando los argumentos expuestos por este Tribunal en la interpretación aludida de la Disposición Transitoria Primera, párrafo 2º, de la LRJCA/1998, desde el punto de vista ahora utilizado de la coherencia del sistema, cabe decir que esa solución generalizadora también se desprende de los términos literales y amplios en que aparece redactado el encabezamiento de dicha Disposición Transitoria Primera de la LRJCA Asuntos de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y, de que es de tener en cuenta que la norma que ahora se estudia se está ocupando expresamente, en su párrafo segundo, del sistema de recursos aplicables a resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia, dictadas en asuntos competencia de los Juzgados, que es la cuestión ahora a resolver. Y que la solución que se propugna es la que se infiere de una interpretación finalista de la regulación legal referible inmediatamente al problema planteado, realizada contemplando en su conjunto la que se contiene en la Ley reguladora de la Jurisdicción, sobre las materias afectadas -competencia de los Juzgados y Tribunales Superiores y régimen de los recursos, en particular del de casación. Y así la regulación de la competencia, desde esa perspectiva, permite deducir que la idea de que se parte es la de que se atribuya a los Juzgados los asuntos de relativa importancia, o que, por su índole, aconsejen que sean solucionados por el órgano judicial en contacto próximo con la realidad en que surgió el pleito, o bien porque exija soluciones rápidas, tal como ocurre en materia de extranjería (siendo de advertir a estos efectos que la reforma introducida en la Ley Jurisdiccional, por la Ley Orgánica de 2003, ha modificado también el artículo 78.1, estableciendo que deben seguirse por los trámites del procedimiento abreviado los asuntos de extranjería). Y ello con la aplicación del subsiguiente régimen de recursos, que excluye la del recurso de casación.
La interpretación que ahora se sostiene, si se realiza contemplando en términos de totalidad el régimen de la casación, también conduce a una limitación de los asuntos que pueden acceder a estos recursos, pues esta idea aparece impulsada por el propio legislador ordinario, si se observa el apartado VI, núm. 2, párrafo tercero, de la Exposición de Motivos de la Ley de la Jurisdicción, que así viene a decirlo cuando expresa la justificación de las reformas que introduce respecto de la anterior regulación legal, en cuanto al régimen de acceso a la casación.
Por último, ha de significarse que la posible restricción en la recurribilidad de determinadas resoluciones no es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, debiendo tenerse presente, además, que según doctrina reiterada de esta Sala no se quebranta el derecho porque un proceso contencioso-administrativo quede resuelto en única instancia.
En este sentido, debe recordarse que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso a los recursos puede resumirse en los siguientes términos, siguiendo la STC 37/1995 : "El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, (salvo en lo penal STC 140/1985, 37/1988 y 106/1988 ). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos; que la regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983 ). (...) pues el principio hermenéutico "pro actione" no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a tal pretensión cuya es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos. «Es distinto el enjuiciamiento que puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso extraordinario contra una sentencia anterior dictada en un proceso celebrado con todas las garantías» STC 3/1983 y 294/1994 ".
En definitiva, y conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 20/2004 y 225/2003 ), "la decisión sobre la admisión o no de un recurso, y la verificación de la concurrencia de los requisitos materiales y procesales a que está sujeto, constituye una cuestión de legalidad ordinaria, que corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les atribuye el artículo 117.3 del texto Constitucional ".
No obstan a lo expuesto las alegaciones manifestadas por la mercantil recurrente, que, como se dijo, se circunscriben a considerar, que la Disposición Transitoria Décima de la Ley 19/2003, no resulta de aplicación al presente caso por cuanto estamos ante un recurso iniciado en 2001 y la sentencia se dictó en septiembre de 2004 de donde deduce que los recursos que cabían contra la misma no pueden verse afectados por el hecho de que la materia sobre la que versa el proceso esté ahora atribuida a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Ha quedado suficientemente explicitada la doctrina de esta Sala en la materia, contradictoria con la interpretación de la norma procesal que el recurrente sostiene, pues es precisamente el dato de que la sentencia se haya dictado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/2003, el que impide - concurriendo además el resto de los requisitos- la admisión del recurso de casación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, procede la imposición de las costas a la parte recurrente, fijándose en 1.500 euros la cantidad máxima a que ascienda el importe de la Minuta del Letrado del Ayuntamiento recurrido.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y común aplicación.
Que debemos declarar y declaramos la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de Iberdrola, S.A. contra la Sentencia de fecha de 23 de septiembre de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ; con expresa condena en costas de la empresa recurrente, si bien con la precisión que se contiene en el Fundamento jurídico cuarto.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Mariano Baena del Alcázar, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretaria certifico.
