STS, 21 de Junio de 2002
| Ponente | D. RAMON RODRIGUEZ ARRIBAS |
| ECLI | ES:TS:2002:4580 |
| Número de Recurso | 3833/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 21 de Junio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. PASCUAL SALA SANCHEZD. JAIME ROUANET MOSCARDOD. RAMON RODRIGUEZ ARRIBASD. JOSE MATEO DIAZD. ALFONSO GOTA LOSADA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Junio de dos mil dos.
VISTO ante esta Sección Segunda de la Sala Tercera el recurso de casación nº. 3833/97 interpuesto por la Administración General del Estado, defendida y representada por el Abogado del Estado, contra la Sentencia dictada, en fecha 11 de Marzo de 1997, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso nº. 563/94, interpuesto por ERCROS S.A. , contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 29 de Junio de 1994, sobre liquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1981.
Comparece, como parte recurrida, Ercros S.A., representada por el Procurador Sr. Alvarez Zancada, asistido de Letrado.
La representación procesal de ERCROS S.A. interpuso recurso contencioso administrativo y formalizada la demanda, en la que alegó los hechos e invocó los fundamentos de derecho que estimó del caso, pidió de dicte Sentencia por la que se anule la resolución del Tribunal Económico Administrativo central y con ella el Acta de Inspección de fecha 29 de Diciembre de 1988, por haber prescrito el derecho de la Hacienda Pública a exigir el ingreso de la liquidación documentada en la referida Acta de Inspección. Solicitando en otrosí el recibimiento a prueba del recurso.
Conferido traslado al Abogado del Estado, en la representación que ostenta, evacuó el trámite de contestación, solicitando se dicte Sentencia por la que se desestime el recurso , confirmando íntegramente la resolución impugnada por ser conforme a derecho.
En fecha 11 de Marzo de 1997, la Sala de instancia dictó Sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: Fallo " En atención a lo expuesto la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha decidido: Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad ERCROS S.A., contra resolución de 29 de Junio de 1994 del Tribunal Económico Administrativo Central, a que las presentes actuaciones se contraen, y, en consecuencia, anular la expresada resolución impugnada, por su disconformidad a Derecho. Sin expresa imposición de costas."
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, preparó recurso de casación, según lo establecido en el art. 96 de la Ley reguladora de este orden Jurisdiccional, en la redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de Abril e interpuesto este, compareció, como parte recurrida, ERCROS S.A., que se opuso al mismo pidiendo se dicte Sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación interpuesto; tras lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, señalado para el 18 de Junio de 2002, fecha en que tuvo lugar dicha actuación procesal.
En el presente recurso y como se acaba de apuntar en los Antecedentes, el Abogado del Estado pretende que se case la Sentencia dictada por la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional que, estimando el recurso contencioso administrativo, en su dia interpuesto por ERCROS S.A. contra el Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central de 29 de Junio de 1994, (que estimó en parte la reclamación y ordenó modificar el acuerdo y liquidación recurridos, en el sentido de suprimir la sanción impuesta) y vino a declarar -la Sentencia de instancia- la prescripción del derecho a liquidar dicha deuda tributaria.
Formula el Abogado del Estado, el único motivo de casación que ampara en el artículo 95.1.4º de la Ley de Jurisdicción, invocando - como infringidos por la Sentencia recurrida - los artículos 64 de la Ley General Tributaria y 31 apartados 3 y 4 del Reglamento General de la Inspección, aprobado por el Real Decreto 939/86 de 25 de Abril , en relación con los artículos 42 y 43 del mismo.
Alega, en síntesis, el representante de la Administración General del Estado que, contrariamente a lo sostenido por la parte actora en la instancia, las actuaciones inspectoras no concluyen con la notificación del acto administrativo de liquidación, sino cuando se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión que proceda dictar, es decir, cuando concluyan dichas actuaciones inspectoras, no las liquidadoras de la propia inspección y por lo tanto, una vez levantadas las actas, aunque transcurran más de seis meses hasta la liquidación, no se produce la desaparición del efecto interruptivo de la prescripción que previene el artículo 31.4. del Reglamento de Inspección.
Sosteniendo su criterio, frente al sentado por esta Sala en la Sentencia de 28 de Febrero de 1996, el Abogado del Estado invoca el texto de los artículo 41 y 42 , el preámbulo del citado Reglamento, asi como su interna sistemática, para afirmar que el artículo 31 , por estar en el título primero del Reglamento, que se ocupa " del desarrollo de las actuaciones" es aplicable a las que regula, es decir las que finalizan en el momento de la formalización de las actas, pero no a la tramitación de estas, que se regula en el título Segundo, con concretos límites temporales, mientras las actuaciones inspectoras previas a las actas del citado título primero no tienen límites temporales concretos y por eso - entiende el recurrente en casación - se dictaran los apartados 3 y 4 del artículo 31 del Reglamento de Inspección, que señala el controvertido límite de seis meses.
Tambien se alega por el recurrente en casación la interpretación orgánica de las competencias de la inspección , de manera que las funciones liquidadoras atribuidas por la reforma del artículo 140 de la Ley General Tributaria operada por la Ley 10/1995, están distinguidas de las propiamente inspectoras y no lo son aquellas, aunque deriven de estas.
Finalmente invoca el Abogado del Estado la interpretación gramatical para sostener que no se puede desligar la palabra "actuaciones" de "inspectoras" y por lo tanto han de referirse a estas y no a las de liquidación, los efectos del transcurso del plazo fijado en el Reglamento.
La cuestión ( planteada por el representante de la Administración General del Estado en bastantes ocasiones, que han dado lugar a Autos de inadmisión a partir del año 1998 y que es igual que la tratada en Sentencias de 28 de Octubre de 1997) -como recuerda el mismo recurrente en esta casación- fue resuelta por la ya citada Sentencia de esta Sala de 28 de Febrero de 1996, que en relación con el asunto debatido sentó la doctrina, que ahora se reitera y en lo sustancial se reproduce : en efecto la solución del problema pasa por la amplitud que se de a la expresión "actuaciones inspectoras"; es decir, si se entiende por tales todas las que se produzcan desde el inicio de la inspección hasta su conclusión mediante la notificación de la liquidación resultante de la misma, o solo las desarrolladas desde el inicio de la inspección hasta que se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión.
Esta Sala , en Sentencia de 13 de Mayo de 2002, en recurso de casación prácticamente igual al presente declaró que a juicio de la Administración hay que partir del artículo 42 del Reglamento que dice : Las actuaciones inspectoras se darán por concluidas cuando, a juicio de la Inspección, se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión que proceda dictar, bien considerando correcta la situación tributaria del interesado o bien regularizando la misma con arreglo a Derecho; precepto que limita la dimensión de las actuaciones inspectoras a la concreta labor de indagación y obtención de elementos para dictar el acto de gestión tributaria; conseguido lo cual el artículo 43 añade que "cuando proceda concluir las actuaciones inspectoras, se procederá, sin más, a documentar el resultado de las mismas conforme a lo dispuesto en el Título II de este Reglamento, entendiéndolas terminadas" con lo que se inicia la fase de "Documentación de las actuaciones inspectoras."
Con arreglo a este planteamiento, ni siquiera la redacción de las actas de Inspección, previas o definitivas, tiene el caracter de "actuaciones inspectoras" ya que se incardinan en el Título II del Reglamento ( artículos 44 y 49 a 58) correspondiente a "Documentación de las actuaciones inspectoras". Es decir , la tesis de la Administración conduce a entender como actuaciones inspectoras solamente las que comprenden el proceso intelectual de obtención de datos y pruebas.
Sin embargo, el Reglamento General de la Inspección de los Tributos usa el término "actuaciones inspectoras" en un triple sentido. En primer lugar, el que emana de su artículo 9º, con arreglo al cual "las actuaciones inspectora podrán ser : a) de comprobación e investigación. b) de obtención de información con transcendencia tributaria. c) de valoración. d) de información y asesoramiento." Con arreglo a este artículo , y los que a continuación desarrollan cada una de sus manifestaciones, el concepto de actuaciones inspectoras es, notoriamente , mas amplio que el patrocinado por la Administración como simple obtención de datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión. En segundo lugar , ciertamente, el Reglamento emplea el término de actuaciones inspectoras en el sentido que aqui sustenta la Administración y que se deriva del artículo 42, es decir, mera obtención de datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión tributaria. Y finalmente, el Reglamento habla de actuaciones inspectoras como sinónimo de "actuaciones de la Inspección de Tributos". Asi, el Capitulo V del Título I se denomina "Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras", y comienza diciendo . " Artículo 29. Modos de iniciación . Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se iniciarán.....; Artículo 30. Iniciación de las actuaciones inspectoras", establece : Artículo 44. Normas generales. Las actuaciones de la Inspección de los tributos se documentarán........
Pues bien, toca ahora decidir cual de los tres sentidos en que el Reglamento emplea el término " actuaciones inspectoras" es el que se debe tomar en consideración a los efectos del artículo 31-3 y 4. Para ello es necesario recordar , que tales preceptos son una limitación que se auto-impuso la Administración Tributaria en el Reglamento de la Inspección, en acatamiento del principio constitucional de la seguridad jurídica. El artículo 31-3 y 4 no tiene otra razón de ser que evitar que la Inspección de los Tributos pueda retardar por otros cinco años más el plazo de prescripción del artículo 64 de la Ley General tributaria, como podría ocurrir si no existiese esta norma; y siendo este su fin, no cabe duda que el término "actuaciones inspectoras" hay que tomarlo en el sentido de "actuaciones de la Inspección de los Tributos", pues , en otro caso, restringido al limite que patrocina la Administración (obtención de datos y pruebas necesarios para fundamentar el acto de gestión ) no garantizaría aquella finalidad, toda vez que la dilación podría producirse en cualquier otra fase, quebrando el principio de seguridad jurídica.
Además de por los razonamientos transcritos -decíamos en la Sentencia últimamente citada- el motivo casacional esgrimido por el Abogado del Estado ha de ser rechazado por lo siguiente:
La distinción entre actuaciones inspectoras y actuaciones liquidadoras de la Inspección, que se viene a pretender, no puede admitirse por que ese descoyuntamiento del conjunto de facultades de la Inspección es contrario al origen histórico de las mismas.
En efecto, hasta el Real Decreto 412/82 de 12 de Febrero, ninguna duda había que la inspección solo inspeccionaba y correspondía la liquidación de los tributos inspeccionados a los Organos de Gestión de estos.
El Real Decreto citado trató de encomendar a la Inspección la liquidación , como consecuencia y remate de su labor, si bien fue declarado nulo por la Sentencia de 24 de Abril de 1984, a causa de su insuficiencia normativa.
Posteriormente la Ley 10/1985 reformó el artículo 140 de la Ley General Tributaria, para establecer que corresponde a la Inspección de los Tributos, además de la investigación de los hechos imponibles e integración de las bases tributarias, practicar las liquidaciones resultantes de esa actuaciones de comprobación e investigación; es decir que ahora la inspección no solo inspecciona, sino que tambien liquida lo inspeccionado y por lo tanto actuaciones inspectoras lo son todas las que realiza, tanto las de investigación y comprobación como las de liquidación.
En cualquier caso -concluía la doctrina que estamos reiterando- debe prevalecer el criterio finalista de interpretación , que robustece la que es mas favorable a la protección de la seguridad jurídica, que como principio constitucional ha de ser prevalente, frente a cualquier otro de eficacia funcional.
En cuanto a costas y habiendo de rechazarse el único motivo casacional esgrimido, ha de aplicarse lo dispuesto en el art. 102.3 de la Ley de la Jurisdicción en la redacción de 1992 e imponerse al recurrente.
Por lo expuesto en nombre de Su Majestad el Rey y la potestad que nos confiere el pueblo español.
Que debemos desestimar y desestimamos la casación interpuesta por el Abogado del Estado, contra la Sentencia, dictada, en fecha 11 de Marzo de 1997, por la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso administrativo nº. 563/94 , con imposición de las costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa correspondientes, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior Sentencia en el dia de la fecha, siendo Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Ramón Rodriguez Arribas, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, lo que como Secretario de la misma, certifico.
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STS, 17 de Enero de 2006
...doctrina. Pues en efecto, en el primer motivo de casación la parte recurrente señala como sentencia de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2002 , que se refiere y define el concepto de las actuaciones inspectoras y la sentencia aquí recurrida se refiere estrictamen......
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STSJ Comunidad de Madrid 1363/2010, 30 de Diciembre de 2010
...del art. 140 LGT) se atribuyó a la Inspección la facultad de liquidar. Este criterio ha sido reiterado en SSTS de 28-10-1997, 4-12-2001, 21-6-2002, 22-7-2002 y En consecuencia, la labor inspectora terminó en nuestro caso el 6 de junio de 2007, fecha de la notificación de la resolución de 18......