STS 1625/2003, 27 de Noviembre de 2003

El objeto del presente recurso de casación lo constituye la sentencia dictada por el T.S.J. de Asturias que desestimó el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular (al que se adhirió el Ministerio Fiscal) y por la acusada contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Oviedo que condenó a la ahora recurrente como autora de un homicidio imprudente con las atenuantes 4ª y 5ª del art. 21 del C.P. a la pena de un año, dos meses y dieciocho días de prisión, accesorias legales de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, al pago de las costas del juicio extensibles a las de la acusación particular y a que abone en concepto de responsabilidad civil a la madre del fallecido María Angeles en 10.000.000 de pesetas y a cada uno de los hermanos del fallecido -Gonzalo , Constantino , Flor y Abelardo -, en 2.000.000 de pesetas.

El primer motivo de casación invoca la vulneración del art. 24 C.E. en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, y a la tutela judicial efectiva con proscripción de toda indefensión al admitirse a la acusación privada la práctica de una nueva prueba pericial propuesta en el mismo acto del juicio oral y sin posibilidad de recusar al perito.

La censura ya fue desestimada por el T.S.J. y este pronunciamiento debe ser mantenido en este trance casacional, toda vez que el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado resolvió en el marco legal del art. 45 de la Ley del Jurado que, al tratar de las "alegaciones previas de las partes al Jurado", dispone que "en tal ocasión podrán proponer al Magistrado-Presidente nuevas pruebas para practicarse en el acto, resolviendo éste tras oir a las demás partes que deseen oponerse a su admisión". Cabe señalar que al amparo de dicho precepto la acusación particular interesó la prueba pericial a practicarse en el acto, del mismo modo que la defensa solicitó y obtuvo en el mismo momento y en base a la mencionada norma, la aportación de prueba documental que le era propicia. Del mismo modo, debe significarse que el citado art. 45 de la Ley del Jurado no establece limitación alguna al derecho de las partes a proponer pruebas para practicarse en el acto, debiéndose seguir los requisitos ordinarios de pertinencia y necesidad para dictar su admisión por el Magistrado Presidente, habiendo seguido el legislador en esta materia el sistema de aportación de pruebas que rige en el procedimiento abreviado (véase el art. 793.2 L.E.Cr.), que el rígido modelo del procedimiento ordinario.

El fundamento del motivo de casación, en todo caso, radica en la indefensión que le produjo a la acusada la resolución de admitir la prueba pericial. En este ámbito, la doctrina de esta Sala es firme al declarar que en casación no es suficiente la invocación de una situación de indefensión meramente formal o retórica, sino que es menester acreditar que se ha producido un menoscabo real y efectivo del derecho de defensa, lo que, en el caso presente no ha sucedido, pues es lo cierto que la defensa de la acusada conocía desde varios días antes la prueba pericial que la acusación particular iba a proponer en el momento legalmente previsto por el art. 45, lo que evidencia que aquélla tuvo oportunidad de diseñar la estrategia adecuada para desactivar los eventuales resultados adversos que tal prueba pudiera generar, incluso proponiendo a su vez otras contrapruebas al respecto, y, desde luego en ningún caso fue privada, ni limitada dicha defensa en interrogar y contradecir al perito informante durante la práctica de la prueba. De donde debe concluirse que en modo alguno se ha producido ese daño, detrimento o quebranto verdadero y efectivo del "ius defensionis" de la parte recurrente.

Por las mismas razones debe recharzarse el reproche en relación con la recusación del perito, al no constar la indefensión que hubiera podido ocasionar, máxime si se tiene en cuenta que ni ante el Tribunal del Jurado, ni ante el T.S.J. de Asturias en apelación, ni, finalmente, ante este Tribunal Supremo en casación se aduce motivo o dato alguno que permitiera considerar la existencia de alguna de las circunstancias contempladas en el art. 468 L.E.Cr., como causas de recusación de los peritos.

Por todo lo cual, el motivo debe ser desestimado.

Al amparo del art. 849.1º L.E.Cr. se alega indebida aplicación de los artículos 109, 110.3º y 113 C.P.

Sostiene el motivo que la indemnización concedida en la sentencia de primera instancia es la misma que solicitó el Fiscal sobre la base de una imputación por delito doloso, y que al dictarse el veredicto como delito imprudente, el "quantum" de la indemnización debía ser inferior a los 10 millones de ptas. asignados a la madre del fallecido y dos millones a cada uno de los cuatro hermanos de la víctima. En segundo lugar, argumenta que la indemnización a estos hermanos establecida por el Tribunal del Jurado infringe la ley, pues la propia sentencia establece el distanciamiento y frialdad de relaciones con el fallecido, así como la ausencia de dependencia económica con el mismo, por lo que -aduce el motivo- se ha valorado un inexistente daño moral respecto de los hermanos de la víctima.

Por lo que se refiere al primer reproche, que el homicidio haya sido doloso o culposo resulta determinante para la calificación jurídica y, por consiguiente, para establecer la penalidad establecida por la ley para tan distintas tipicidades. Pero carece de relevancia tal diferencia a la hora de determinar el montante de la indemnización por el daño moral sufrido por los "familiares y terceros" (art. 113 C.P.) generados por la muerte de la víctima de los hechos, cuya fijación se inscribe en la competencia ponderadamente discrecional del Tribunal de instancia dentro de los parámetros máximos determinados por las pretensiones acusatorias (la acusación particular solicitó 12 millones para la madre y 4 millones para cada hermano del fallecido), y del principio de razonabilidad (por todas, STS de 30 de junio de 2.000), de suerte que, verificados estos extremos, el "quantum" de la indemnización no puede ser revisado en casación, teniendo en cuenta que en el caso enjuiciado se trata de la muerte violenta de un hijo y que el "pretium doloris" señalado por la sentencia en 10 millones de ptas. ni excede lo solicitado por las acusaciones ni puede reputarse desorbitado en modo alguno.

En relación con el segundo apartado del motivo, debe decirse en primer lugar que el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado no aplicó la Ley 30/95 para determinar las indemnizaciones a favor de los hermanos de la víctima, cuyo anexo establece el Baremo en el que, a tal fin indemnizatorio, revisten especial importancia circunstancias tales como la convivencia o las relaciones de dependencia económica con el causante. Por ello mismo, al no estar sometido a las disposiciones de dicha norma, el juzgador es dueño de ponderar todas las crircunstancias concurrentes para pronunciarse sobre las personas afectadas por el daño moral generado por la muerte de un familiar y señalar el correspondiente "pretium doloris".

Ahora bien, en el caso enjuiciado no parece legalmente acertada la decisión de indemnizar a los hermanos del fallecido por daños morales, siendo así que la propia sentencia del Tribunal del Jurado deja manifiesta y explícita constancia de la frialdad de relaciones con aquéllos y el distanciamiento afectivo entre el fallecido y sus hermanos que, a tenor de las consideraciones consignadas en el Fundamento Jurídico Undécimo de la sentencia recurrida reflejan más bien una prolongada relación de enemistad. El art. 113 C.P. habla -como receptores de la indemnización- de quienes hubieren sufrido daños materiales o morales, debiéndose reservar esta segunda eventualidad a quienes, efectiva y realmente, hayan padecido una severa aflicción por el fallecimiento de la víctima derivada de unas especiales relaciones previas de afectividad con ésta y, desde luego, cabe advertir que la mera circunstancia de la consanguinidad no es elemento suficiente para determinar automáticamente la realidad de esa significada afectividad, en ocasiones inexistente y que, sin embargo, se puede apreciar en relación a miembros más lejanos de la familia en la línea de consanguinidad o afinidad o, incluso, respecto a personas son integradas en el ámbito familiar.

Por ello mismo, la sentencia de esta Sala de 5 de noviembre de 1.990 ya declaraba que ha de atenderse en la pecunia doloris, sobre todo al vacío que deja la víctima en la reclamante, en sus sentimientos de afecto, en su grado de parentesco, permanente convivencia familiar con el perjudicado del que había de ser no sólo apoyo económico sino, sobre todo, afectivo.

Por su parte, la STS de 1 de febrero de 1.991, exponía que a la familia pertenecen los hermanos, quienes por su condición de tales, aunque no exista en la sentencia referencia alguna a relaciones de convivencia o de particular afección, están legitimados para recibir "iure propio" la prestación reparatoria por daño moral cuando no existan otros familiares más inmediatos (sentencia de 9 de febrero de 1981), pues el vínculo de la común filiación, salvo en los casos en que se pruebe un distanciamiento o rotura de la cohesión familiar, explica y justifica el dolor moral que genera la indemnización, dado que los hermanos están dentro de un orden natural de afectos, reconocido paladinamente por ciertos preceptos penales (encubrimiento, excusa absolutoria, lesiones), y en las instituciones civiles, particularmente en materia de sucesión intestada, tutela y deuda alimenticia.

Y en la misma línea, la STS de 19 de octubre de 2.001 sentaba que para no indemnizar a los hermanos por daño moral, y en defecto de otros familiares más cercanos, no hay que probar la falta de dependencia económica sino la rotura del afecto familiar, pues el ser hermano, en un orden natural, genera aquel afecto, tradicionalmente reconocido por el Código Penal y por el Código Civil. Así lo mantienen las STS de 9 de febrero de 1.981 y 1 de febrero de 1.991, y precisamente por su falta de dependencia y su mayoría de edad, reduce el quantum indemnizatorio, pedido por las acusaciones (S. 1872/2001, de 19 de octubre).

El motivo debe, pues, estimarse parcialmente excluyendo de las responsabilidades civiles las cantidades asignadas a los hermanos de la víctima.

Alterando el orden de los motivos que figuran en el recurso, examinaremos ahora el que se formula bajo el ordinal Cuarto que, al amparo del art. 849.1º L.E.Cr., alega infracción de ley por aplicación indebida del art. 124 C.P. al haberse condenado a la acusada al pago de las costas de la acusación particular en la instancia.

El motivo debe ser desestimado.

A pesar de que -como veremos- el Tribunal sentenciador no tiene obligación de motivar la condena en costas causadas por la acusación particular, la sentencia del Tribunal del Jurado razona jurídicamente la resolución adoptada en el F.J. Noveno, que ratifica en todos sus extremos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el F.J. Décimotercero, recogiendo la doctrina jurisprudencial de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo; pronunciamientos, ambos, que deben ser confirmados en sede casacional.

En efecto, el criterio consolidado, pacífico y reiterado de esta Sala de casación se encuentra plasmado en multitud de pronunciamientos, de los que podemos citar como exponente la Sentencia de 12 de febrero de 2.001 (también las de 30 de junio y 22 de septiembre de 2.000 y 15 de octubre de 2.001), según la cual, la doctrina de esta Sala en relación con la imposición de las costas de la acusación particular se encuentra recogida en sentencias como la 1980/2000, de 25 de enero de 2001, 1731/1999, de 9 de diciembre o la sentencia núm. 1414/1997, de 26 de noviembre, que recuerdan que conforme a una reiterada jurisprudencia entre la que se pueden citar las sentencias de 13 de febrero 1996, 13 febrero y 9 julio 1997, las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado salvo que las pretensiones del mismo sean manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal, o las acogidas en la sentencia, relegándose a un segundo plano el antiguo criterio de la relevancia.

Estas sentencias recogen un criterio jurisprudencial consolidado expresado, por ejemplo en la sentencia 619/94, de 18 de marzo, que establece "La doctrina de esta Sala, en orden a la imposición de las costas de la acusación particular, ha prescindido del carácter relevante o no de su actuación para justificar la imposición al condenado de las costas por ellas causadas y, conforme a los arts. 109 C.Penal y 240 L.E.Criminal, entiende que rige la "procedencia intrínseca" de la inclusión en las costas de la acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas de las mantenidas por el Ministerio Fiscal, de las que se separa cualitativamente y que se evidencien como inviables, inútiles o perturbadoras (vid SS 7 de marzo 1989 y 22 enero 1992)".

Criterio reafirmado por la más reciente sentencia número 395/99, de 15 de abril de 1999, al señalar que "Es doctrina generalmente admitida por esta Sala, que procederá incluir en las costas, las devengadas por la acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas respecto a las conclusiones aceptadas en la sentencia (SS de 6.4.89, 2.22.89, 9.3.91, 22.12 y 27.2.92 y 8.2.95).

Asimismo la sentencia num. 956/98, de 16 de julio de 1998 resume la doctrina jurisprudencial diciendo que: "a) Que la regla general supone imponer las costas de la acusación particular, salvo cuando la intervención de ésta haya sido notoriamente superflua, inútil o gravemente perturbadora, también cuando las peticiones fueren absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal, b) Que por lo común sólo cuando deban ser excluidas procederá el razonamiento explicativo correspondiente, en tanto que en el supuesto contrario, cuando la inclusión de las costas de la acusación particular haya de ser tenida en cuenta, el Tribunal no tiene que pronunciarse sobre la relevancia de tal acusación lo mismo en el proceso ordinario que en el abreviado".

En el mismo sentido la sentencia núm. 430/99, de 23 de marzo de 1999, destaca que el Nuevo Código Penal no afecta a este criterio jurisprudencial consolidado, señalando que: "El artículo 124 del Código Penal 1995, que impone la obligatoriedad de la inclusión de los honorarios de la acusación particular en los delitos solamente perseguibles a instancia de parte, no se pronuncia en lo que se refiere a los demás hechos delictivos, dejando subsistentes los criterios jurisprudenciales en esta materia. Conforme a éstos (S.T.S. 27 de noviembre de 1992, 27 de diciembre de 1993, 26 de septiembre de 1994, 8 de febrero, 27 de marzo, 3 y 25 de abril de 1995, 16 de marzo y 7 de diciembre de 1996, entre otras), la exclusión de las costas de la representación de la parte perjudicada por el delito, (que constituyen perjuicios para la víctima, derivados directamente de la voluntaria ejecución del delito por el condenado), únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o supérflua, o bien gravemente perturbadora por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas en la sentencia o pretensiones manifiestamente inviables".

Pese a la confusa regulación de las costas en el proceso penal, tanto la doctrina procesalista actual como la jurisprudencia (S.T.S. de 21 de febrero de 1995, 2 de febrero de 1996, 9 de octubre de 1997 y 29 de julio de 1998, entre otras), coinciden en destacar su naturaleza procesal, cuyo fundamento no es el punitivo sino el resarcimiento de los gastos procesales indebidamente soportados por la parte perjudicada por el proceso, bien sea la acusación particular, privada o la acción civil que representan a la víctima o perjudicado por el delito y deben ser resarcidos de gastos ocasionados por la conducta criminal del condenado, bien el condenado absuelto en caso de acusaciones infundadas o temerarias (art. 240.3 de la L.E.Criminal). Como señala expresamente la sentencia de 21 de febrero de 1995 "la condena en costas no se concibe ya como sanción sino como mero resarcimiento de gastos procesales".

Asimismo el auto de 11 de mayo de 1998, señala que "las costas son por lo general consecuencia del delito y presentan una función reparadora. El proceso origina unos gastos y el procesado está obligado al pago, por su causación indirecta a través del delito ..... En definitiva ...... el condenado está obligado a su resarcimiento como consecuencia de su conducta criminal".

La inclusión en la condena en costas de las originadas a la víctima o perjudicado por el delito, que se persona en las actuaciones en defensa de sus intereses y en ejercicio de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E) y a la asistencia letrada (art. 24.2 C.E), constituye, en consecuencia, la aplicación última al proceso penal del principio de la causalidad, como destaca la doctrina procesal. El efecto de este principio es el resarcimiento por el condenado, declarado culpable del acto delictivo que causó el perjuicio, del gasto procesal hecho por la víctima en defensa de sus intereses.

Junto a esta dimensión constitucional de las costas, como resarcimiento de los gastos procesales ocasionados a los perjudicados por un comportamiento antijurídico, destacada por el Tribunal Constitucional en diversas resoluciones, no ha de olvidarse que a través del proceso penal también se ejercitan acumuladamente acciones civiles de reparación de daños, que no resulta congruente someter a criterios procesales antagónicos con los que rigen en el proceso civil. Constituiría un supuesto de diferenciación irrazonable, y por ende discriminatorio, que quien ejercite en el propio proceso penal sus acciones civiles para la reparación de un daño derivado de un ilícito penal sea obligado a soportar sus propios costes procesales pese a obtener el pleno reconocimiento de su derecho, mientras que si se reserva las mismas acciones para ejercitarlas separadamente a un proceso civil la norma procesal civil aplicable imponga las costas al condenado como responsable del daño, salvo supuestos excepcionales.

En definitiva, la doctrina jurisprudencial de esta Sala en materia de imposición de las costas de la acusación particular, con excepción de algunas resoluciones aisladas que se apartan del criterio jurisprudencial consolidado, puede resumirse en los siguientes criterios, conforme a las resoluciones anteriormente citadas:

1) La condena en costas por delitos sólo perseguibles a instancia de parte incluyen siempre las de la acusación particular (art. 124 C.Penal 1995).

2) La condena en costas por el resto de los delitos incluyen como regla general las costas devengadas por la acusación particular o acción civil (S.T.S. 26.11.97, 16.7.98, 23.3.99 y 15.9.99, entre otras muchas).

3) La exclusión de las costas de la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia (doctrina jurisprudencial citada).

4) Es el apartamiento de la regla general citada el que debe ser especialmente motivado, en cuanto que hace recaer las costas del proceso sobre el perjudicado y no sobre el condenado (S.T.S. 16.7.98, entre otras).

5) La condena en costas no incluye las de la acción popular (S.T.S. 21 de febrero de 1995 y 2 de febrero de 1996, entre otras).

Atendiendo a dicha doctrina se impone la desestimación del motivo, pues en el caso actual la Sala sentenciadora incluye las de la representación de la víctima que ejecutó justificadamente la acusación particular.

Por último, el recurrente alega infracción de ley al amparo del art. 849.1º L.E.Cr., por incorrecta aplicación del art. 66.4 y 70.1 y 2 C.P. en relación con el art. 142.1º.

Sostiene el motivo que la pena legalmente establecida para el delito de homicidio imprudente del art. 142.1º C.P. en el que se subsumieron los hechos enjuiciados, debe ser rebajada al menos en un grado al haberse apreciado la concurrencia de dos circunstancias atenuantes.

El reproche, que cuenta con el expreso apoyo del Fiscal, debe ser estimado, pues la pretensión del recurrente se encuentra plenamente avalada por la abundante y sostenida doctrina de esta Sala, sobre todo a partir del Pleno de 22 de marzo de 1.998 que acordó que a tenor de la regla 4ª del art. 66, la reducción de la pena en al menos un grado es preceptiva, siendo lo discrecional bajar la pena en dos grados. En consecuencia, el motivo debe ser estimado, casada la sentencia impugnada y procediéndose a dictar otra por esta misma Sala en la que, corrigiendo el "error iuris" que denuncia la queja casacional, se fije la pena correctamente, de suerte que, partiendo de que la señalada para el delito es de prisión de uno a cuatro años, la rebaja en un grado sitúa aquélla en la franja de 6 meses a un año, por lo que entendemos proporcional establecer definitivamente la sanción privativa de libertad en diez meses de prisión.

III.