STS, 18 de Diciembre de 1991
| Ponente | D. ENRIQUE ALVAREZ CRUZ |
| Número de Recurso | 681/1991 |
| Procedimiento | Recurso de casación. Unificación de doctrina |
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 1991 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.
Vistos los presentes autos, pendientes ante esta Sala, en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por D. Carlos Alberto, representado y defendido por letrado D. Juan Antonio Lara Domínguez, contra la sentencia dictada el 23 de octubre de 1990 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conociendo del recurso de suplicación interpuesto por el mismo contra la del Juzgado de lo Social num. 10 de Madrid, en autos sobre reclamación de cantidad, seguidos por el ahora recurrente contra el Fondo de Garantía Salarial.ANTECEDENTES DE HECHO
El 23 de octubre de 1990,la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia en virtud de recurso de suplicación interpuesto por D. Carlos Albertocontra la dictada por el Juzgado de igual clase núm.10 de Madrid, en los autos mencionados, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Carlos Alberto, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid, de fecha 12 de mayo de mil novecientos noventa, a virtud de demanda por aquél deducida contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre cantidad, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida, sin que haya lugar a promover la cuestión de inconstitucionalidad que se pide".
La sentencia de instancia, contenía los siguientes hechos probados y fallo: "PRIMERO: El actor D. Carlos Albertointerpuso, el 18 de julio de 1986, demanda por despido contra la empresa "S.A. INDUSTRIAS DEL LIBRO" (SAIL) que tras el correspondiente reparto, correspondió a est Juzgado de lo Social núm. 10.- SEGUNDO: Citadas las partes a los actos de conciliación y, en su caso, juicio el día 23 de julio de 1986, llegaron ambas a la conciliación que fue recogida en la oportuna acta, en virtud de la cual la empresa se obligó a pagar al actor la cantidad de 3.125.000 pesetas, pagaderas en 25 mensualidades consecutivas, de 125.000 pesetas cada una de ellas, el día 5 de cada mes, a partir del mes de agosto de 1986 y hasta el mes de agosto de 1988, inclusiva.-TERCERO: La empresa S.A.I.L. cumplió lo prevenido en el Acta de conciliación abonando al actor cantidades parciales hasta el 5 de diciembre de 1987, sumando lo pagado 2.125.000 pesetas, pero dejó de hacer dichas pagas a partir de enero de 1988, cuando aun faltaba por abonar al actor 1 millón de pesetas.- CUARTO: El actor, el 29 de febrero de 1988, instó la ejecución del acta de conciliación, recayendo el 18 de julio de 1989, auto por el que se declaró la insolvencia de la ejecutada, previa citación del Fondo de Garantía Salarial.- QUINTO: El 26 de julio de 1989 el actor solicitó el pago de la cantidad adeudada ante el Fondo de Garantía Salarial que desestimó dicha solicitud el 8 de noviembre de 1989, en resolución que obra en los folios 9 y 1 de las actuaciones y que se tiene por reproducida". "Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por D. Carlos Albertocontra el Fondo de Garantía Salarial, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a dicho demandado de las pretensiones contra él deducidas en este juicio".
Por la representación procesal de D. Carlos Alberto, se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, con fecha 8 de abril de 1991, en el que se denuncia la contradicción existente entre la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la dictada por esta propia Sala el 17 de septiembre de 1989; centrándose la cuestión debatida en determinar el alcance del art. 33. 2 del Estatuto de los Trabajadores, tras la redacción dada por la Ley 32/84, de 2 de agosto. Aportando varias sentencias de la Sala III y de la antigua Sala V de este Tribunal Supremo.
Por providencia de esta Sala de fecha 28 de junio de 1991, se admitió a trámite el presente recurso, pasando las actuaciones al Ministerio Fiscal.
Evacuado el traslado conferido por el Ministerio Fiscal, se emitió informe en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 12 de diciembre de 1991, en el que tuvo lugar. Dada la complejidad del asunto la Sala se compuso por cinco Magistrados.
Se interpone el presente recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 23 de octubre de 1990 que desestimó el de suplicación formalizado por el trabajador contra la sentencia de instancia. Se invoca y aporta como contradictoria, con independencia de varias de la Sala III y de la antigua Sala V de este Tribunal, no aptas para viabilizar este tipo de recurso, la sentencia de esta propia Sala de fecha 17 de septiembre de 1989. Y la cuestión debatida se centra en determinar el alcance del artículo 33. 2 del Estatuto de los Trabajadores, tras la nueva redacción que le fue dada por la Ley 32/84, de 2 de agosto, en orden a la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los supuestos de despido o extinción del contrato de trabajo conforme a los artículos 50 y 51 de dicho Estatuto.
La base fáctica de la sentencia ahora impugnada estriba en que, interpuesta demanda por despido, conciliadas judicialmente las partes, incumplido en parte por la empresa lo acordado en el acta de conciliación, instada por el trabajador la ejecución de dicho acta y recaído auto declaratorio de la insolvencia de la ejecutada, el actor reclamó el pago de la cantidad adeudada al Fondo de Garantía Salarial. El Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid desestimó la demanda y el Tribunal Superior de Justicia de dicha capital desestimó también, como ya se dijo, el recurso de suplicación formalizado por el trabajador, sobre la base de que "el artículo 33. 2 del Estatuto de los Trabajadores, redactado por la Ley 32/84, en el supuesto de despido, caso presente, solo establece la indemnización a cargo del Fondo de Garantía Salarial, como responsable subsidiario, como consecuencia de sentencia o resolución administrativa, fórmula más restrictiva que lo indicado en la Exposición de Motivos de la Ley, y que no permite extender a la conciliación, cualquiera que sea su naturaleza, el poder de generar la responsabilidad subsidiaria del Fondo".
La sentencia de esta Sala de fecha 17 de septiembre de 1989, que es la aportada para contraste, contempla un caso sustancialmente idéntico, con la única diferencia, irrelevante para lo que ahora interesa, de que la conciliación no es judicial sino ante el IMAC. Su pronunciamiento es distinto, ello no obstante, pues sostiene que del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, tras la modificación introducida por la Ley 32/1984, se desprende que el acto de conciliación, sin distinción entre el celebrado ante el IMAC y el habido ante el Magistrado, es título bastante para que el Fondo quede obligado en los términos que previene la norma.
Acreditada, pues, la contradicción entre las sentencias que se contrastan, es preciso examinar ahora si concurre también la infracción que en el recurso se denuncia, esto es, si es o no ajustada a derecho la interpretación que en la sentencia impugnada se lleva a cabo del precepto al que se viene aludiendo. Y a este propósito es preciso hacer constar que la cuestión ha sido resuelta por esta Sala de forma definitiva, en sentencia de fecha 4 de julio de 1990, dictada en recurso en interés de ley. En dicha sentencia, seguida también por la de 30 del mismo mes y año, se establece que el artículo 33. 2 del Estatuto de los Trabajadores, en la nueva versión dada al mismo por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, ha concretado y limitado la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial a "las indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia o resolución administrativa", por lo que los términos claros y diáfanos utilizados no permiten incluir, en el ámbito de responsabilidad, las indemnizaciones acordadas por las partes en conciliación judicial o extrajudicial. Esta decisión, cuya argumentación exhaustiva y prolija se da por reproducida en la presente, ha de ser mantenida, en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley por el mismo tribunal integrado en el de tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución Española. En definitiva, y como sostiene y argumenta la repetida sentencia en interés de ley, la sentencia de esta Sala de 17 de septiembre de 1989, "ni desvirtúa ni desmonta las consideraciones que se han expuesto", ni constituye por sí sola jurisprudencia, dado lo dispuesto en el artículo 1. 6 del Código Civil. Procede, pues, la desestimación del recurso, en armonía con lo informado por el Ministerio Fiscal.
Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Don Carlos Albertocontra la sentencia dictada con fecha 23 de octubre de 1990 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conociendo del recurso de suplicación que el mismo formalizó contra la del Juzgado de igual clase núm. 10 de dicha capital, en el juicio sobre reclamación de cantidad seguido por el ahora recurrente contra el Fondo de Garantía Salarial.
Devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Enrique Alvarez Cruz hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
