STS 714/1995, 15 de Julio de 1995

El antecedente previo de que ha de partirse es el siguiente: En la página 6 del periódico "DIRECCION000", para Andalucía, correspondiente al día 16 de Junio de 1987, apareció una información, hecha por Benedicto, Enviado Especial, con los siguientes titulares: "Las amenazas de muerte se suceden contra los dos candidatos a la Alcaldía.- Los independentistas de Villafranco culpan del sabotaje a compañeros del DIRECCION001de La Puebla". En el texto de la expresada información o reportaje, después de referirse al enfrentamiento existente entre los concejales partidarios de un DIRECCION001y los de otro, defensores, unos, y otros, no, de la segregación de la entidad local menor de Villafranco del municipio de La Puebla del Río (Sevilla), al que aquélla pertenecía, y después de referirse también al que llamaba sabotaje cometido mediante el corte del suministro de agua y el incendio de un aula del colegio "Antonio Machado", en Villafranco, se decía: "Todos reconocen que el ambiente está cargado y nadie se atreve a dar nombres y apellidos de los presuntos culpables. Al final llega Alejandraal Ayuntamiento de la entidad local menor y en el círculo de la candidata surgen los primeros nombres que pueden estar relacionados con el incendio del aula y el corte de las tuberías. Se comenta que el Peugeot 205 blanco, matrícula de Sevilla letra AJ, que la madrugada del sábado sirvió para llenar las paredes de pintadas ofensivas a la candidata, es el mismo que se empleó en los sucesos posteriores. Todos los acusados gozan de la confianza de Rubén, DIRECCION001de La Puebla desde hace ocho años. La lista de presuntos que se ofrece empieza con el mismo hermano del DIRECCION001, Raúl, segundo de la candidatura del PSOE, conocido en la pedanía con el sobrenombre de 'Bernardo', le sigue el propietario del coche, que dicen pertenece a Antonio, concejal en funciones y responsable municipal del agua y la electricidad, y termina en Lucas, un jugador del Puebla FC, propietario de un bar."

Por considerar que las imputaciones que se les hacen en el transcrito reportaje periodístico son atentatorias a su honor, D. Raúl, D. Antonioy D. Lucas, al amparo de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, sobre Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, promovieron contra D. Benedicto(autor de la referida información periodística), D. Valentín(DIRECCION002del periódico "DIRECCION000", en Andalucía) y la entidad mercantil "Información y Prensa, S.A." (propietaria-editora de dicho periódico) el proceso de que este recurso dimana, en el que postularon se dicte sentencia, por la que (expuestos aquí sintéticamente sus pedimentos) se declare: a) Que el contenido del referido artículo periodístico es atentatorio al honor de los demandantes; b) El derecho de los actores a ser indemnizados por los perjuicios causados, incluido el daño moral, en la cantidad de diez millones de pesetas cada uno; c) La difusión de la sentencia en el periódico DIRECCION000Andalucía y d) Se condene a los demandados a estar y pasar por dichas declaraciones y a pagar a los actores la cantidad expresada.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y absolvió a los demandados de todos los pedimentos de la misma.

En el correspondiente recurso de apelación, interpuesto por los demandantes, recayó sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla, por la que, revocando la de primera instancia y estimando parcialmente la demanda, declara lo siguiente: 1º El derecho de los actores a ser protegidos en su honor.- 2º Que el contenido del artículo publicado por el DIRECCION000Andalucía, en la página 6 del ejemplar correspondiente al día 16 de Junio de 1987, titulado 'Los independientes de Villafranco culpan de sabotaje a compañeros del DIRECCION001de La Puebla' daña el honor, buen nombre y reputación de los demandantes.- 3º El derecho a ser indemnizado cada uno en la cantidad de CIEN MIL PESETAS.- 4º La difusión de la sentencia en DIRECCION000Andalucía en lugar semejante al que se publicó el artículo cuestionado y debemos condenar y condenamos a los demandados D. Benedicto, D. Valentíny la entidad Información y Prensa, S.A. a estar y pasar por esta declaración y al abono a los actores de la cantidad total de TRESCIENTAS MIL PESETAS, CIEN MIL PESETAS a cada uno".

Contra la referida sentencia de la Audiencia han interpuesto sendos recursos de casación los demandantes D. Raúl, D. Antonioy D. Lucas(con un solo motivo) y los demandados D. Valentín, D. Benedictoy la entidad "Información y Prensa, S.A." (con dos motivos).

Como el recurso de los actores (con su motivo único) sólo se orienta a combatir el "quantum" indemnizatorio (por considerarlo exiguo) fijado por la sentencia recurrida, mientras que el de los demandados viene a impugnar el pronunciamiento condenatorio que, contra ellos, hace la expresada sentencia, razones de metodología casacional aconsejan comenzar por el estudio de éste último recurso, ya que si el mismo hubiera de ser estimado (en su motivo segundo), devendría lógicamente innecesario el examen del expresado recurso de los actores.

Asimismo, y dentro ya del recurso de los demandados, como su motivo primero sólo se dirige a impugnar el pronunciamiento condenatorio que la sentencia recurrida hace del codemandado D. Valentín, por su condición de DIRECCION002adjunto del periódico, mientras que el segundo de sus motivos se orienta a combatir el pronunciamiento condenatorio que la referida sentencia hace de los tres demandados, por entender (los recurrentes) que la publicación periodística objeto de litis no integra ningún atentado al honor de los demandantes, las mismas razones metodológicas antes aludidas aconsejan también invertir el orden de estudio de los dos referidos motivos de este recurso, comenzando por el segundo de ellos.

Después de hacer un estudio de la doctrina jurisprudencial acerca de la colisión entre los derechos fundamentales de protección al honor y de libertad de información, la sentencia aquí recurrida basa la "ratio decidendi" de su pronunciamiento estimatorio (parcial) de la demanda en la motivación que, transcrita literalmente, dice así: "A la luz de la doctrina arriba expuesta obligada es la estimación del recurso porque si conforme a lo establecido en el número 7 del artículo 7 de la Ley de 5 de Mayo de 1982 constituye intromisión ilegítima la divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena, los demandados incurrieron respecto a los actores en la intromisión de honor que ese precepto determina, habida cuenta que la noticia publicada y traídos a colación los respectivos derechos fundamentales no encuentra la adecuada salvaguarda en los de información o expresión porque no consta que el autor del artículo desarrollara esa apremiante actividad que si no exhaustiva sí le era exigida en orden a rescatar la noticia de la mera esfera del recurso (sic) para ingresarla, siquiera fuese de forma lata, en la vía de la veracidad, porque a los fines de desvirtuar la intromisión al honor que los actores advierten no basta con apelaciones al comentario callejero del hecho sino que la noticia para adquirir los tintes legítimos que la información demanda merece una protección investigadora que aquí no se da o, al menos, no queda suficientemente probada tenga" (Fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida).

Por el motivo segundo del recurso de los demandados, al amparo procesal del ordinal quinto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente), se denuncia textualmente: "infracción e indebida aplicación del nº 7 del artículo 7º de la Ley Orgánica 1/82 de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen por no tener los hechos la consideración de intromisión ilegítima, e infracción del artículo 20 de la Constitución en su apartado 1, a) y d), es decir, el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones y a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, artículo de la Constitución que se invoca formalmente como derecho constitucional vulnerado a los efectos de cumplir lo ordenado en el artículo 44 de la Ley Orgánica 2/79 de 3 de Octubre del Tribunal Constitucional". En el alegato que integra su desarrollo, después de exponer la que considera doctrina jurisprudencial acerca de la forma de resolver la colisión entre el derecho a la libre información y el de protección al honor, los recurrentes resumen y concluyen la tesis impugnatoria del motivo en los siguientes términos: "En momento alguno, mis representados han despreciado el rango constitucional que el artículo 18 de la Carta Magna, atribuye al honor y a la intimidad personal, ni han podido atentar contra los mismos, toda vez que quien ha informado de esos hechos ha sido un profesional del periodismo, y que su publicación no ha sido gratuita, sino en virtud del conocimiento público de los hechos, la tensión existente en Puebla del Río y las discrepancias entre dos grupos, unos partidarios del que era DIRECCION001y otros partidarios de la candidata a la Alcaldía, todo ello relacionado con la pretendida segregación de la pedanía de Villafranca del Guadalquivir y en el ejercicio legítimo de su profesión, y siempre, repetimos, con el exclusivo ánimo de informar, y al amparo del derecho constitucional de la libertad de expresión, derecho garantizado y protegido en nuestro Ordenamiento jurídico. Finalmente, la veracidad de la noticia está exclusivamente en la existencia como tal de la información publicada y que dicha información coincida con lo que se transcribe en los medios de comunicación, que en el hecho que nos ocupa, con independencia de la veracidad o falsedad en su origen de los hechos divulgados, es claro que el periodista se limita a dar noticia de un hecho concreto".

Como premisa previa indispensable para poder dar una respuesta casacional adecuada al presente motivo, ha de clarificarse, ante todo, que el reportaje periodístico aquí enjuiciado, aunque integrando un único texto, contiene dos partes claramente diferenciables, que parecen olvidar los recurrentes y a la que la sentencia recurrida no se refiere tampoco con la suficiente explicitación. Son las siguientes: una de ellas (a la que, únicamente a meros efectos de la exigible claridad expositiva, llamaremos primera) que es la atinente al relato que en dicho reportaje se hace del enfrentamiento existente, en el municipio de La Puebla del Río (Sevilla), entre los partidarios del DIRECCION001y los que lo eran de la candidata a la Alcaldía, en relación con la pretendida segregación de la pedanía o entidad local menor Villafranco del Guadalquivir, y acerca de los incidentes ocurridos en este último núcleo urbano, consistentes en el corte del suministro del agua y en el incendio ocurrido en un aula del Colegio "Antonio Machado" (a cuya parte de noticia es a la única a la que los recurrentes parecen referirse en el alegato del motivo); y la otra (a la que, a los ya dichos únicos efectos, llamaremos segunda) que es la denominación que, con base exclusivamente en un rumor o comentario popular, hace el periodista de tres personas, a las que designa por sus respectivos nombres y apellidos (a dos de ellas) y con datos plenamente identificativos (a la tercera), como presuntos autores de un delito, que el propio periodista ya califica de sabotaje, integrado por los hechos anteriormente relacionados, corte del suministro del agua e incendio del aula colegial (a cuya parte de noticia no se refieren los recurrentes en el alegato del motivo).

En el siempre inquietante tema de la colisión entre los derechos fundamentales de libertad de información y de protección al honor, intimidad familiar e imagen de las personas, ambos de proclamación constitucional, no puede olvidarse, por un lado, que no se pueden fijar apriorísticamente los límites o fronteras entre uno y otro derecho, y, por otro lado, ha de tenerse en cuenta que es doctrina jurisprudencial la de que "el artículo 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación libre, sin la cual quedarían vacíos de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1º, apartado 2, de la Constitución y que es base de toda nuestra ordenación jurídico-política" (Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Marzo de 1981, recogida en las de esta Sala de 17 de Mayo de 1991 y 28 de Marzo de 1994), puntualizándose que la Constitución otorga a las libertades del artículo 20 una "valoración que transciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales" (Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de Julio de 1986), así como que "si cuando se ejerce el derecho a transmitir información respecto de hechos o personas de relevancia pública adquiere preeminencia sobre el derecho a la intimidad y el honor, con los que pueda entrar en colisión, resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos, el de la libertad de información, como regla general, debe prevalecer, siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos públicos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública" (Sentencia 171/1990, de 12 de Noviembre, del Tribunal Constitucional, también recogida en las de esta Sala de 11 de Abril de 1992, 30 de Octubre de 1993 y 28 de Marzo de 1994).

La referida doctrina jurisprudencial nos hace llegar a la conclusión de que la que (a efectos de mera claridad expositiva) hemos llamado primera parte del reportaje periodístico aquí enjuiciado es totalmente irreprochable, por cuanto la información recogida en la misma, además de afectar a asuntos de naturaleza pública municipal y de indudable interés general, se halla respaldada por la veracidad contrastada de la misma, por lo que en modo alguno puede ser tachada de atentatoria al honor de los actores.

No puede predicarse lo mismo de la que (a los ya dichos únicos efectos) hemos llamado segunda parte del referido reportaje periodístico, pues la libertad de información, por mucha amplitud institucional que se atribuya a la misma, no faculta a ningún periodista, por muy profesional que sea (en dicha profesionalidad hace un énfasis especial el alegato del motivo), para hacer una pública relación de unas personas (con plena identificación de las mismas) como presuntos autores de un delito, de tanta gravedad, además, como un sabotaje (así lo califica el propio periodista), para cuya noticia se basa única y exclusivamente en tan vaga y etérea fuente de conocimiento como es un simple comentario o rumor popular, sin haberse preocupado, previamente, de contrastar, dentro de unos normales y exigibles límites, la veracidad o certeza de dicho rumor, como hubiera sido la de tratar de comprobar si las tres referidas personas habían sido denunciadas ante la Policía o algún Juzgado, únicos organismos que pueden atribuir a una persona, en principio, y salva siempre la presunción de inocencia, el carácter de presuntos autores de un posible delito, cuya comprobación no consta que hiciera el periodista autor de la información, sino que con base exclusivamente, repetimos, en un difuso e incontrolable rumor o comentario popular, se decidió a hacer tan grave imputación a los demandantes, con lo que atentó al honor de los mismos, al no hallarse dicha conducta periodística amparada por el derecho a la libertad de información y quedar la misma plenamente incardinada en el número 7 del artículo 7º de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, en relación con los artículos 18.1 y 20.4 de la Constitución. Por todo lo cual, el motivo ha de ser desestimado.

Por el motivo primero del mismo recurso que nos hallamos examinando (el de los demandados), con la misma sede procesal que el que ya ha sido estudiado (antiguo ordinal quinto), se denuncia "inaplicación de la excepción cuarta del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no tener el Director adjunto la representación del periódico ni de la empresa titular del mismo", para lo cual se viene a aducir que el codemandado D. Valentínno era el DIRECCION002del periódico, ni a él le correspondía la representación del mismo.

Después de hacer constar que el cauce impugnatorio adecuado para denunciar la infracción de preceptos procesales no es el aquí utilizado (antiguo ordinal quinto) sino el del número tercero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el expresado motivo ha ser desestimado, ya que la sentencia recurrida, como antes la de primera instancia, al desestimar la excepción procesal, que ahora se reproduce en esta vía casacional, considera probado que D. Valentín, aunque denominándose DIRECCION002adjunto, era el que, efectivamente, desempeñaba las funciones de Director del periódico en su publicación para Andalucía, cuyo hecho probado ha de ser aquí mantenido, al no haber sido desvirtuado por medio impugnatorio adecuado para ello, lo cual, además, aparece reconocido por el propio Sr. Valentín, cuando al absolver las posiciones para él formuladas en la correspondiente prueba de confesión judicial, declara que tenía a su cargo la organización de la redacción y que "es cierto que puede impedir la publicación de un artículo en el periódico si sabe que no es veraz", sin que, por otro lado, indicara que alguna otra persona, distinta de él, ejerciera las funciones directivas del periódico en su referida publicación para Andalucía, por lo que la condena solidaria que del referido Sr. Valentín, como DIRECCION002del periódico, hace la sentencia recurrida y que es lo que, en definitiva , aunque por esta vía indirecta, se viene a combatir con este motivo, ha de ser aquí mantenida, por ser la misma procedente, conforme al artículo 65.2 de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de Marzo de 1966, la vigencia y aplicabilidad de cuyo precepto ha venido siendo reiteradamente proclamada por esta Sala (Sentencias de 19 de Febrero de 1988, 30 de Abril y 23 de Julio de 1990, 22 de Abril de 1992, 20 de Mayo de 1993, por citar algunas).

El decaimiento de los dos motivos integradores del recurso interpuesto por los demandados D. Valentín, D. Benedictoy entidad mercantil "Información y Prensa, S.A.", ha de llevar aparejada la desestimación del referido recurso, con expresa imposición a los recurrentes de las costas causadas con el mismo, debiendo, no obstante, devolverse a los mismos el depósito, al haberlo constituido innecesariamente, ya que las sentencias de la instancia no son conformes de toda conformidad.

La desestimación que acaba de hacerse del recurso interpuesto por los demandados (especialmente de su motivo segundo), ha de llevarnos necesariamente, como ya se dejó anunciado, al examen del formalizado por los demandantes, el cual aparece integrado por un motivo único, que se refiere a la cuantía de la indemnización que les ha sido concedida. Con relación a dicho extremo, la sentencia aquí recurrida dice escuetamente lo siguiente: ".... y en cuanto a la indemnización pedida, diez millones para cada uno de los actores, se reduce a cien mil pesetas para cada uno de ellos, o sea trescientas mil pesetas en total, atendidas las circunstancias políticas y sociales en que el artículo fue publicado y la reparación moral que representa la publicación de la sentencia" (Fundamento jurídico sexto de la sentencia recurrida).

A combatir dicho pronunciamiento de la referida sentencia se orienta el motivo único del recurso de los demandantes, con residencia procesal en el ordinal quinto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que se denuncia infracción del artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, y en cuyo alegato se aduce, en esencia, que la sentencia recurrida, al fijar en cien mil pesetas la indemnización correspondiente a cada uno de los actores, aquí recurrentes, no ha aplicado correctamente el citado precepto, pues no ha tenido en cuenta la intensidad del daño moral que se les ha causado, al tacharles de delincuentes a través de un medio de tan amplia difusión y audiencia como es DIRECCION000-Andalucía, que abarca a toda la comunidad andaluza.

El expresado motivo ha de ser estimado, pues si bien es cierto que reiterada y conocida doctrina de esta Sala tiene proclamado que la fijación del "quantum" indemnizatorio es atribución de los juzgadores de instancia que, en general, queda excluida de la revisión casacional, al no ser este recurso extraordinario una nueva instancia, también lo es que, en materia de intromisión ilegítima en el derecho al honor de las personas, el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, marca unas pautas valorativas del daño moral, el cual (dice el precepto) "se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido", por lo que cuando tales pautas no hayan sido tenidas en cuenta por la sentencia recurrida o lo hayan sido de manera claramente arbitraria, inadecuada o irracional, puede ser revisada en esta vía casacional, con carácter excepcional, la fijación del "quantum" indemnizatorio hecha por el Tribunal de apelación (Sentencias de esta Sala de 23 de Marzo de 1987 y 27 de Octubre de 1989). Esto es lo ocurrido en el presente supuesto litigioso, en el que la sentencia aquí recurrida, con el escueto razonamiento que anteriormente ha sido transcrito, ha ponderado de manera totalmente inadecuada e ilógica el daño moral verdaderamente causado a los demandantes, aquí recurrentes, a los que, sin fundamento veraz alguno, como ya se ha dicho extensamente al desestimar el motivo segundo del recurso de los demandados, se les presenta públicamente, a través del reportaje periodístico aquí enjuiciado, como presuntos autores de un delito que el periodista califica nada menos que de sabotaje, a través de un medio de amplia difusión en toda la comunidad andaluza, como es el DIRECCION000- Andalucía, lo que no ha sido tenido en cuenta por la sentencia recurrida y, por tanto, no ha aplicado correctamente las ya dichas pautas valorativas que establece el citado artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, por lo que el motivo ha de ser estimado, como anteriormente se dijo.

El acogimiento del motivo único del recurso de los demandantes, con la estimación del referido recurso y la subsiguiente casación y anulación, tan sólo parcial, de la sentencia recurrida, obliga a esta Sala a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate (número 3º del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo que ha de hacerse única y exclusivamente en el sentido de que, ponderando adecuadamente las pautas que para la valoración del daño moral establece el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, según ya se ha dicho en el Fundamento jurídico anterior de esta resolución, ha de fijarse en quinientas mil pesetas la indemnización que, por daño moral, corresponde a cada uno de los demandantes, cuya cantidad (que en total hace un millón quinientas mil pesetas para los tres) deberá serles abonada por los demandados con carácter solidario, debiendo mantenerse subsistentes todos los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida; no procede hacer expresa imposición de las costas de este recurso de casación, sin que haya lugar a acordar la devolución del depósito, al no haber sido constituido el mismo, por no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que con estimación del recurso interpuesto por la Procuradora Dª Rosina Montes Agustí, en nombre y representación de D. Raúl, D. Antonioy D. Lucas, ha lugar a la casación y anulación, tan sólo parcial, de la sentencia de fecha quince de Marzo de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla en el proceso a que este recurso se refiere (autos número 796/88 del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Sevilla) y, en sustitución tan sólo parcial de lo resuelto en la referida sentencia, esta Sala acuerda que los demandantes en dicho proceso, D. Raúl, D. Antonioy D. Lucas, deben ser indemnizados, por daño moral, en la cantidad de quinientas mil pesetas cada uno, cuyas indemnizaciones deberán serles abonadas por los demandados con carácter de deudores solidarios; se mantienen subsistentes todos los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida; no procede hacer expresa imposición de las costas de dicho recurso de casación.

Asimismo, debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Dª Teresa Uceda Blasco, en nombre y representación de D. Valentín, D. Benedictoy la entidad mercantil "Información y Prensa, S.A.", contra la ya referida sentencia de fecha quince de Marzo de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla en el proceso a que este recurso se refiere, con expresa imposición a los recurrentes de las costas causadas con su referido recurso de casación; devuélvase a dichos recurrentes el depósito que constituyeron indebida e innecesariamente, al no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente de esta sentencia, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.