STS, 30 de Octubre de 2001
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 30 Octubre 2001 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Octubre de dos mil uno.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el nº 6198/1997 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia de 3 de octubre de 1.996, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Habiendo sido parte recurrida D Abelardo , representado por el Procurador D. Fernando Julio Herrera González.
La sentencia recurrida contiene una parte dispositiva que copiada literalmente dice:
"FALLAMOS; "Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Abelardo , representado y asistido por el letrado D. Eduardo-Raúl Viera del Manso, contra la resolución del Secretario General Técnico de Educación y ciencia, de fecha 4 de Diciembre de 1993, y contra la desestimación presunta del recurso de alzada formulado frente a la misma, relativa a la homologación del título de Cirujano-Dentista del interesado, obtenido en la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica (Perú), con el vigente en España de Licenciado en Odontología; y en su virtud, reconociendo el derecho del mismo a la homologación concreta con el antiguo título español de Odontólogo, sin ser necesario a tal objeto la superación de la prueba de conjunto exigida, declaramos que en este sentido tales resoluciones no se ajustan a derecho, las que anulamos y dejamos sin efecto, debiendo la Administración en su lugar verificar tal homologación, conforme a la motivación que antecede; sin costas".
Notificada la anterior sentencia, por el Abogado del Estado se preparó recurso de casación, y por Providencia de 27 de mayo de 1997 se tuvo por preparado por la Sala de instancia y se remitieron las actuaciones a este Tribunal, con emplazamiento de las partes.
Recibidas las actuaciones, el ABOGADO DEL ESTADO presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que, tras formular las correspondientes consideraciones fácticas y jurídicas, se terminaba con este Suplico a la Sala:
"(...) dicte sentencia por la que se case la recurrida en cuanto acuerda la homologación del título peruano de Cirujano Dentista con el español de Odontólogo vigente hasta 1948, y dicte sentencia más ajustada a Derecho".
La representación de D. Abelardo se opuso al recurso, mediante escrito en el que, después de alegar lo que convino a su derecho, suplicó a la Sala:
"(...) dicte Sentencia que declare no haber lugar al recurso, confirmando íntegramente la Sentencia recurrida, con imposición de las costas procesales del recurso a la Administración recurrente".
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia de 23 de octubre de 2.001, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
El proceso de instancia lo inició D. Abelardo frente a las resoluciones administrativas que acordaron la homologación del título de Cirujano-Dentista, obtenido en la Universidad "San Luis Gonzaga" de Ica (Perú), con el título español de Licenciado en Odontología, pero condicionada a la superación de una prueba de conjunto referida a las materias señaladas en el Informe del Consejo de Universidades.
La resolución administrativa expresa que se pronunció sobre dicha homologación señaló que el Consejo de Universidades emitió informes favorables a la homologación, previa la superación de una prueba de conjunto, "al apreciarse carencias de formación en las siguientes materias: Anatomía patológica general y bucal, Patología médica general, Patología quirúrgica general, Anestesiología y reanimación, Pediatría, Otorrinolaringología, dermatología y Venereología".
En la demanda formalizada en ese proceso de instancia se postuló la nulidad de los actos recurridos, y que se reconociera al demandante, sin condicionamiento alguno, la homologación de su título con el español de Licenciado en Odontología.
La sentencia aquí recurrida de casación, estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Abelardo , le reconoció el derecho a que ese título de Cirujano-Dentista le fuera homologado con el antiguo título español de Odontólogo, sin necesidad de prueba de conjunto; y anuló las resoluciones administrativas recurridas.
El presente recurso de casación ha sido interpuesto por el Abogado del Estado al amparo del ordinal cuarto del art. 95.1 de la Ley Jurisdiccional, y denuncia la infracción, por interpretación errónea, del art. XI del Convenio suscrito el 30 de junio de 1971 entre España y la República del Perú, en relación con los artículos 2 y 5 y disposición adicional primera del Real Decreto 1986/1987, de 16 de enero.
También señala que la solución seguida por la sentencia recurrida es contraria a la más reciente jurisprudencia de esta Sala.
La cuestión de la homologación de títulos extranjeros con el español de Odontólogo, solicitada al amparo de Convenios internacionales suscritos por España, ha sido recientemente analizada en un gran número de pronunciamientos de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo.
En ellos se sigue de manera reiterada un mismo criterio, que por esta razón merece ya la calificación de doctrina jurisprudencial sobre esta materia.
Una muestra de esos pronunciamientos es la sentencia de 28 de junio de 2000, dictada por la Sección Tercera, que, a su vez, invoca las anteriores de 20/01/97, 28/01/97 y 01/04/98. Y también lo son las sentencias de esta Sección Séptima de 3/07/2001 y 16/10/2001.
La doctrina que en todas esas sentencias se viene sosteniendo puede ser resumida en los asertos siguientes:
- A) La recta interpretación de los preceptos del Convenio Internacional que haya sido invocado para apoyar la homologación se enmarca dentro de una profusa legislación, entre la que destacan las siguientes normas:
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) La Ley 10/1986, de 17 de marzo, que regula la profesión de Odontólogo y las de otros profesionales relacionados con la salud dental, y reconoce las siguientes profesiones: la de Odontólogo (art. primero), la de Protésico dental (art. segundo) y la de Higienista dental (art. tercero).
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) Los arts. 28 y 30 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el art. primero y la Disposición Final Primera de la Ley 10/1986, de 17 de marzo citada, y el Real Decreto 970/1986, de 11 de abril, por el que se crea el título oficial de Licenciado en Odontología, que exigen para ejercer actualmente en España la profesión de Odontólogo el título Universitario de Licenciado en Odontología, título para cuya obtención se precisan unos conocimientos sustancialmente distintos a los requeridos para la adquisición del antiguo título de Odontólogo cuyas enseñanzas dejaron de impartirse en el año 1948.
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) Las Directivas Comunitarias sobre la materia de Odontología (Directivas 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/688/CEE, 81/1057/CEE y concordantes), que imponen que en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y, por lo tanto, en España, la profesión de Odontólogo cumpla las exigencias de conocimientos cualificados y contrastados por la autoridad académica competente en cada uno de ellos.
- B) La Ley 10/1986 impone taxativamente en su Disposición Final Primera y en el art. 1º que para ejercer la profesión de Odontólogo se requiere el título universitario de Licenciado, y el apartado 4. de este artículo dispone que "La titulación, planes de estudio, régimen de formación y especialización de los Odontólogos se acomodarán a los contenidos, niveles y directrices establecidos en las normas de la Comunidad Económica Europea".
El Real Decreto 970/1986 estableció las directrices generales para la obtención del título, ajustándose a los requisitos de formación exigidos por las Directivas del Consejo de la Unión Europea.
Y, producida en 1990 la definitiva implantación en las Universidades españolas de los estudios destinados a obtener el título de Licenciado en Odontología conforme a las Directivas comunitarias, la habilitación para ejercer la profesión debe quedar sometida a las reglas y reglamentaciones del País de establecimiento, entre las que deben incluirse los conocimientos y experiencia clínica exigidos para la obtención del título de Licenciado en Odontología en España.
- C) Habiendo dejado de impartirse en 1948 las enseñanzas del viejo título de Odontólogo, tal título no existe ya en España, y tampoco la homologación a dicho título anterior puede ser aceptada.
Por lo cual, la homologación, de ser procedente, lo habrá de ser con el título español actual de Licenciado en Odontología al que se refieren la Ley 10/1986, de 17 de marzo, y el Real Decreto 970/1986, de 11 de abril, que cumplimentan lo dispuesto en la Directiva 78/686/CEE, de 25 de julio.
D) La recta aplicación del Convenio internacional que haya sido invocado para la homologación no puede prescindir de la normativa interna, acorde con las Directivas Comunitarias, a que se ha hecho mención. Por ello, la homologación solicitada exige que la Administración lleve a cabo un control de equivalencia del título extranjero respecto del título español al que se pretende homologar.
La doctrina que ha quedado expuesta, como ya se ha dicho, se contiene en las sentencias anteriormente citadas, que forman unidad con el valor que le asigna el apartado 6 del art. 1º del Código civil.
Debe subrayarse que nada impide a los Tribunales variar sus criterios o interpretar de forma diferente las normas aplicables, siempre que "el cambio de criterio no sea fruto de un mero voluntarismo casuístico sino consciente, justificado y razonado" (SSTC 91/90, de 23 de mayo, y 200/90, de 10 de diciembre). Y que así ocurre en este cuerpo de doctrina jurisprudencial que se ha citado, que excluye la arbitrariedad y las resoluciones ad personam, como prescriben las SSTC nº 49/1985, 120/1987, 160/1993, 192/1994 y 166/1996, de 28 de octubre (dictada en el recurso de amparo nº 3164/1994).
El Tribunal de instancia adopta una decisión sobre la homologación que no se ajusta a cuanto ha quedado expuesto en esta sentencia, ni a la jurisprudencia que se cita en los fundamentos precedentes.
Y, visto el planteamiento que efectúa el Abogado del Estado, su motivo de casación alegado merece prosperar por lo siguiente:
1) Porque no es ya posible la homologación con el viejo título de odontólogo cuyas enseñanzas dejaron de impartirse en España en 1948.
2) Porque, en lo que se refiere al art. XI del Convenio de Intercambio Cultural celebrado entre España y Perú, es de aplicación lo que se declara en esa doctrina jurisprudencial de que se viene hablando: que para su interpretación y aplicación no puede ya prescindirse de la normativa interna, acorde con esas Directivas Comunitarias a que se también ha hecho referencia; y que esto determina que la Administración, para decidir la homologación solicitada, tenga que realizar un control de equivalencia del título extranjero respecto del título español al que se pretende homologar.
3) Porque el título de Odontólogo obtenido en Perú por el recurrente en la instancia no es equivalente al nuevo título de Odontólogo al que se refieren la Ley 10/1986, de 17 de marzo, y el Real Decreto 970/1986, de 11 de abril, que cumplimentan lo dispuesto en la Directiva 78/686/CEE, de 25 de julio, ya que, según el Informe del Consejo de Universidades que reseña la resolución administrativa de homologación, presenta carencias en relación a determinadas materias.
Procede, pues, siguiendo la doctrina que ha quedado expuesta, declarar haber lugar al recurso de casación y anular la sentencia impugnada; y, a consecuencia de lo anterior, desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en el proceso de instancia.
En cuanto a las costas procesales, no hay razones que aconsejen un especial pronunciamiento sobre las causadas en el proceso de instancia, y cada parte deberá satisfacer las suyas en las correspondientes al presente recurso de casación (artículo 102.2 de la Ley de la Jurisdicción de 1.956).
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- Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO contra la sentencia de 3 de octubre de 1.996, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y anular y dejar sin efecto la sentencia recurrida.
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- Desestimar, a consecuencia de lo anterior, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Abelardo contra la resolución de 4 de noviembre de 1993 de la Secretaría General Técnica de Educación y Ciencia, y contra la desestimación presunta del posterior recurso de alzada que fue presentado, al ser esta actuación administrativa conforme a Derecho en lo que fue discutida en el proceso de instancia.
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- No hacer especial pronunciamiento sobre las costas del proceso de instancia, y declarar que, en las correspondientes al presente recurso de casación, cada parte satisfará las suyas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
