STS 1722/2003, 15 de Enero de 2004

1. - La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la apelación núm. 5/03, contra la sentencia de la Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial de Alicante, núm. 1/2003, de veintisiete de enero de dos mil tres, dictó sentencia en fecha diez de abril de dos mil tres, conteniendo los siguientes Antecedentes de Hecho:

   "Primero.- Por la Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial de Alicante, en la causa 10/02, correspondiente al procedimiento 1/01, se dictó la sentencia núm. 1/2003, de 27 de enero de 2001, cuyo fallo dice literalmente: "Que, de conformidad con el veredicto emitido por el Jurado, debo condenar y condeno al acusado en esta causa a Clemente como autor criminalmente responsable del delito de homicidio ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y pago de las costas procesales, incluidas las de la Acusación Particular.- En vía de responsabilidad civil, el condenado indemnizará a Celestina en cincuenta y cuatro mil novecientos veintidós euros (54.922 euros ) y al Servicio de Salud, dependiente de la Consellería de Sanidad de la Generalidad Valenciana en mil doscientos dos euros con sesenta y cinco céntimos de euro (1.202'65 euros) por la asistencia sanitaria que hubo de dispensarse a Fernando . Estas cantidades devengarán el interés legal del art. 576 de la LECr.- Se abona al condenado todo el tiempo de prisión provisional sufrido por esta causa para el cumplimiento de la expresada pena de privación de libertad.- Únase a esta Sentencia el acta del jurado, publicándose y archivándose en legal forma y notificándolo a las partes conforme el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, extendiéndose en la causa certificación de la misma".- Segundo.- En la dicha sentencia se declaran probados los siguientes hechos: "En la madrugada del día 17 de noviembre del pasado año 2001, el acusado, Clemente , intervino activamente en una reyerta iniciada en la terraza del Pub Esquimazo, sito en la esquina de la calle Labradores y la Plaza de San Cristóbal de Alicante.- En un momento dado, el acusado se dirigió en solitario hacia el Pub The Auld Dublín, que se encuentra a unos cien metros del anterior pub y le pidió a la camarera un cuchillo, dándole la misma uno de cocina con mango de 13,50 cm. y hoja de 19'50 cm. de longitud.- Con dicho cuchillo el acusado se dirigió al lugar donde se encontraba el grupo con el que antes había tenido la reyerta, localizándolo frente al Pub Soul Night, sito a unos 50 metros del Auld Dublin y tras aproximarse a dicho grupo empuñando el cuchillo, se abalanzó sobre Fernando , que no llevaba arma alguna y le asestó dos puñaladas que afectaron a órganos vitales, uno en la región epigástrica que le provocó una herida inciso de 3 cm. de ancha y entre 10 y 15 cm. de longitud, con trayectoria ascendente de izquierda a derecha, que afectó al hígado y cúpula diafragmática atravesándolos hasta llegar al pulmón derecho en su lóbulo inferior; la otra puñalada fue de hemitórax izquierdo y le causó una herida incisa de 2,7 cm. de ancha y una longitud de entre 10 y 15 cm., penetrante entre el quinto y sexto espacio intercostal en sentido ascendente, de izquierda a derecha, afectando al pulmón izquierdo en la porción inferior del lóbulo superior, también afectó al saco pericárdico y venas pulmonares izquierdas.- Estas heridas mortales determinaron el fallecimiento de Fernando por parada cardio-respiratoria debida a shock hipovolémico entre las 17 y 17,30 horas del mismo día en el Hospital General de Alicante.- Tras el apuñalamiento, el acusado huyó del lugar con el cuchillo de cocina, del que se desprendió arrojándolo debajo de un contenedor de basura de la Plaza del Carmen de esta capital".- Tercero.- Contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso de apelación por la representación procesal del acusado con base en (Ojo ver original.....) un en el que se establecen los siguientes motivos: a) Por haberse producido en el procedimiento y en la sentencia quebrantamiento de las normas y garantías procesales causantes de indefensión, implicando la vulneración de un derecho fundamental, y en concreto se denuncia la infracción de: 1º). De los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 46 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y del 24 de la Constitución, con referencia a los principios de inmediación y contradicción y del derecho de defensa, ya que el Jurado se ha basado en su veredicto en pruebas que no han sido practicadas en el acto del juicio oral.- 2º) Del artículo 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado con relación a la declaración prestada por uno de los testigos.- 3º). Del artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado por defectos en el objeto del veredicto planteado al Jurado.- 4º) También del artículo 52 de la misma Ley Orgánica.- 5º) Del artículo 63 de la dicha Ley Orgánica por existir contradicciones en el veredicto.- b) En base al art. 846 bis c), apartado b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por haber incurrido la sentencia en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos y en la determinación de la pena, tratándose de la infracción de: 1º) Artículo 21,1º del Código Penal.- 2º) Artículo 66.3º (sic) del Código Penal.- c) En base al art. 846 bis c), apartado e) de la LECRIM, se denuncia vulneración de la presunción de inocencia porque a la vista de la prueba practicada carece de toda base razonable la condena impuesta.- El escrito acaba sin petición alguna de fondo, pues en el mismo se alude sólo a peticiones formales de traslado a las otras partes y emplazamiento ante esta Sala.- Cuarto.- Por providencia de 10 de febrero de 2003 la Ilma. Sra. Magistrado- Presidente del Tribunal del Jurado ordenó unir el anterior escrito al rollo de su razón, tuvo por interpuesto el recurso de apelación y mandó dar traslado de las copias a las partes para que pudieran presentar escrito de impugnación del recurso presentado o formular recurso supeditado de apelación. Notificada esta resolución se presentó escrito de impugnación por el Ministerio Fiscal pidiendo la confirmación de la sentencia en todos sus extremos, con desestimación del recurso, y por la representación procesal de la acusación particular, con la misma petición.- Quinto.- Remitidos los autos a esta Sala y recibidos en la misma el día 27 de febrero de 2003, ante la personación ya antes de las partes, por providencia de la misma fecha se turnó de ponencia y se determinó la composición de aquélla, con arreglo a las normas correspondientes de reparto, lo que fue notificado a todas las partes que se habían personado y que se fueron personando, es decir, al acusado condenado en la instancia y al Fiscal. Por providencia de 11 de marzo de 2003 se señaló la vista del recurso para el día 8 de abril, habiéndose celebrado ésta, con la asistencia de: 1) El condenado Clemente , personalmente y con la representación de la procuradora Doña Teresa Pérez Orero y la defensa del letrado Don Enrique Javier Botella Soria, que ha sostenido el recurso. 2) El Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. Don Antonio Gisbert Gisbert.- Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Juan Montero Aroca.".

2. - La citada Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia, en el anterior procedimiento dictó el siguiente pronunciamiento:

   "FALLAMOS.- No ha lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado Clemente contra la sentencia 1/2003, de 27 de enero, dictada por la Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial de Alicante, la cual se confirma íntegramente, con imposición de costas a la parte recurrente....".

3. - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, por el acusado Clemente , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

4. - El recurso interpuesto por la representación del acusado Clemente , se basa en los siguientes motivos de casación: MOTIVO PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se denuncia infracción de precepto constitucional y vulneración de derecho fundamentales, en concreto de los derechos contenidos en el artículo 24 de la Constitución Española, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a un proceso con todas las garantías, principio de inmediación, derecho de defensa y derecho a la presunción de inocencia.- Se denuncia la infracción de los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (vulneración del principio de inmediación, por haberse basado en jurado en pruebas que no han sido practicadas en el acto del juicio oral y no deben tener carácter de prueba) y de los artículos 46.5, 52 (defectos en el objeto del veredicto y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa y presunción de inocencia) 61 y 63 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (contradicciones en el acta del veredicto y falta de motivación del veredicto), lo que implican una vulneración de los derechos constitucionales contenidos en el artículo 24 de la Constitución Española y en concreto del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a un proceso con todas las garantías y derecho de defensa y presunción de inocencia.- Apartado primero.- El primero de los apartados del presente motivo de recurso al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace referencia a la infracción del principio de inmediación, del derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a la tutela judicial efectiva, teniendo como base el hecho que en el procedimiento se produjo la vulneración de normas y garantías procesales causantes de indefensión.- Estas vulneraciones se pueden concretar en que el jurado se ha basado para emitir el veredicto en pruebas que no han sido practicadas en el juicio oral y en diligencias que carecen de valor probatorio, vulnerándose tanto el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el artículo 46.5 de la Ley Orgánica del tribunal del Jurado.- Apartado segundo.- Dentro del presente apartado del motivo de casación hay que hacer mención a la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en resolución del recurso de apelación instado por esta parte en su día.- La citada sentencia utiliza como argumentos para desestimar este motivo de recurso, fundamentalmente, que no se realizó reclamación alguna por la defensa, que se dio cumplimiento al principio de contradicción porque la declaración testifical en el juzgado de instrucción se prestó en presencia del letrado del acusado, el cual pudo efectuar las preguntas que consideraba necesarias a los intereses de su defendido y aun en el caso de que se procediera a la lectura de las declaraciones prestadas en la Comisaría.- Apartado tercero.- Al amparo de lo previsto en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se denuncia infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, al derecho de defensa y la presunción de inocencia, ya que al acta del juicio oral se aportaron testimonio de las declaraciones prestadas en Comisaría de Policía tanto por el acusado, Clemente como por el entonces coimputado Juan Pablo y además en el acto del juicio oral se procedió a leer parte de las declaraciones prestadas por este último ante la policía y en el Juzgado de Instrucción, tal y como consta en el acta del juicio oral lo que contraviene lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.- Apartado cuarto.- Infracción de Precepto Constitucional al amparo de lo establecido en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hace referencia a vulneración de garantías procesales causantes de indefensión por entender que se ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en dos aspectos: en primer lugar por la existencia de defectos en el objeto del veredicto y por otra parte en la sentencia de apelación se produce una nueva vulneración del mismo derecho, concretado en el derecho a obtener una respuesta sobre el fondo, ya que la misma no se produce al ampararse el Tribunal de apelación en la falta de reclamación de subsanación en el acto del juicio oral.- Apartado quinto.- Referencia los que consideramos una nueva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, esta vez producida en la sentencia de apelación, ya que el Tribunal de Apelación no ha dado una respuesta sobre el fondo respecto a los defectos alegados en la redacción del objeto del veredicto.- Apartado sexto.- Dentro del primer motivo de recurso, entiende esta parte que se ha producido infracción de precepto constitucional, en concreto del artículo 24 de la Constitución Española, en lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, derecho de defensa y presunción de inocencia, porque el veredicto del jurado carece de motivación y adolece de múltiples contradicciones por lo que el acta del veredicto debió ser devuelta al jurado por la Magistrado Presidente.- Apartado séptimo.- Finalmente para concluir con el primer motivo de recurso basado en la infracción de precepto constitucional, tenemos que hacer referencia a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que se ha producido en el presente procedimiento. Varios aspectos indican que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado y estos aspectos tienen relación tanto con la prueba practicada como con el modo de practicar la prueba.- MOTIVO SEGUNDO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.1 se denuncia inaplicación de los artículos 20.4, 20.6 y 21.1 del Código Penal y aplicación indebida del artículo 66 del Código Penal.- En el presente procedimiento no se ha aplicado los artículos 20.4 (legítima defensa) y 20.6 (miedo insuperable) cuando, de la prueba practicada se desprende que se cumplen todos los requisitos para aplicar la citadas eximentes. Del mismo modo tampoco se ha aplicado el artículo 21.1 en relación con los artículos 20.4 y 20.6 del Código Penal, en caso de no llegar a apreciar como completas las eximentes y se ha producido una aplicación indebida del artículo 66.3 del Código Penal.- Apartado primero.- En primer lugar hay que poner de relieve que de la prueba practicada en el presente procedimiento se desprende con toda claridad que el acusado actuó tratando de defenderse de una agresión por parte de varias personas y que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 204 del Código Penal para aplicar la eximente de legítima defensa.- Apartado segundo.- Del mismo modo entiende esta parte que no se ha aplicado la eximente de miedo insuperable del artículo 20.6 del Código Penal, cuando existen elementos suficientes para entender que la misma concurre en el presente caso.- Apartado tercero.- Alternativamente y para el caso que se considere que no se cumplen la totalidad de los requisitos para aplicar la eximente de legítima defensa y miedo insuperable como completas, se debería haber aplicado el art. 21.1 del Código Penal, considerándolas como eximentes incompletas.- Apartado cuarto.- Como consecuencia de lo anterior se produce la aplicación indebida del artículo 66 del Código Penal en lo referido a la determinación de la pena y al respecto hay que destacar: 1.- La sentencia impone la pena de diez años de prisión porque no aplica el artículo 21.1º y tampoco el artículo 66 del Código Penal, ya que, según dispone este último precepto cuando concurran dos o más atenuantes o una sola muy cualificada podrá imponerse la pena inferior en uno o dos grados.- 2.- En el presente caso concurren dos eximentes incompletas, la legítima defensa y el miedo insuperable y por tanto la pena impuesta debió verse reducida tal y como solicita el propio jurado en el acta del veredicto, en uno o dos grados.- 3.- En aplicación del artículo 66 del Código Penal la pena que se debió imponer es la de dos años y seis meses de prisión, en atención a que concurren dos atenuantes muy cualificadas y es la que corresponde a dos grados inferiores a la pena señalada para el delito.

5. - Instruído el Ministerio Fiscal y las partes del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los Autos para señalamiento de Vista, cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento para Vista, se celebró la misma el día 11 de Diciembre de 2003, con la asistencia del Letrado Sr. D. Enrique Javier Botella Soria en representación de Clemente que mantuvo su recurso. El Ministerio Fiscal se instruyó del recurso y lo impugnó.

Que debemos DECLARAR y DECLARAMOS NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación del acusado Clemente , contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de fecha 10 de abril de 2003, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado de 27 de enero de 2003 constituído en el ámbito de la Audiencia Provincial de Alicante, que confirmó en todos sus términos la resolución recurrida.

Condenanos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales procedentes con devolución de la causa si en su día la remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Enrique Bacigalupo Zapater Andrés Martínez Arrieta Perfecto Andrés Ibáñez José Ramón Soriano Soriano Gregorio García Ancos

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Gregorio García Ancos , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.