STS 2147/2002, 5 de Marzo de 2003

QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS A Casimiro del delito de homicidio por imprudencia grave que le imputaba la acusación particular, declarando de oficio una sexta parte de las costas procesales causadas.

Por vía de Responsabilidad Civil,

CONDENAMOS a Jose Pablo a que satisfaga a) 1) D. Lorenzo , la suma de 25.240.600 pesetas como indemnización de los perjuicios causados al mismo por el fallecimiento de sus dos hijas, así como la suma de 503.958 pesetas, gastos de entierro y funeral por él abonados y que han sido objeto de reclamación; 2) Dña. Natalia , la suma de 25.240.600 pesetas, como indemnización de los perjuicios causados a la misma por el fallecimiento de sus dos hijas; 3) D. Rogelio , la suma de 4.589.200 pesetas como indemnización de perjuicios causados al mismo por el fallecimiento de sus dos hermanas con las que convivía; y 4) A los herederos legales de Dña. María del Pilar , la suma de 105.000 pesetas como indemnización de los daños producidos en la moto que fue de su propiedad como consecuencia del accidente. Acredítese en forma legal la solvencia del acusado.

DECLARAR a la Aseguradora ASTRA S.A responsable civil directo y condenarla a que, directa y solidariamente con el condenado Jose Pablo indemnice a D. Lorenzo , Dña. Natalia , D. Rogelio y a los herederos legales de Dña. María del Pilar , en las sumas dichas, las cuales devengarán el interés previsto en el art. 921 de la L.E.C. desde la fecha de esta resolución y hasta su completo pago.

DECLARAR a D. Rosendo responsable civil subsidiario y condenarlo a que, subsidiariamente a los condenados directos, indemnice a D. Lorenzo , Dña. Natalia , D. Rogelio y a los herederos legales de Dña. María del Pilar , en las sumas dichas.

CONDENAMOS a Casimiro a que satisfaga a Dña. Almudena a la suma de 30.663.963 pesetas, como indemnización de los perjuicios causados por los días de incapacidad sufridos durante la curación de sus lesiones y por las secuelas que padece. Acredítese en forma legal la solvencia del acusado.

DECLARAR a la Aseguradora REALE S.A. responsable civil directo y condenarla a que, directa y solidariamente con el condenado Casimiro , indemnice a Dña. Almudena , en las sumas dichas, las cuales se incrementarán, con cargo a la Cía. Aseguradora, con el 20% de interés previsto en el art. 20 de la L.C.S. devengado desde la fecha del accidente y hasta su completo pago.

ABSOLVER a Jose Pablo , Casimiro , Astra S.A., Reale S.A. y Rosendo del resto de peticiones que, por vía de responsabilidad civil, se realizaron frente a los mismos en el juicio oral.

Para el cumplimiento de las penas privativas de libertad que se imponen declaramos de abono, para cada uno de los acusados, de todo el tiempo que, cada uno de ellos, hubiera estado privado de libertad por la presente causa siempre que no le hubiera sido computado en otra.

Notifíquese que contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma dentro del plazo de cinco días.

3. - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la Acusación Particular, el procesado y el responsable civil subsidiario, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

4. - La representación de la Compañía ASTRA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Por infracción de ley, al amparo del nº 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por infracción de ley, al amparo del nº 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por infracción de ley, al amparo del nº 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- La representación del procesado Jose Pablo , basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por infracción en su correcta aplicación, del artículo 379 del Código Penal, por la vía del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por infracción en su correcta aplicación, del artículo 142 del Código Penal, por la vía del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Infracción del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por su incorrecta aplicación, del punto 3 de la Disposición Adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Infracción de ley del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por haberse producido error en la apreciación de la prueba documental.

Quebrantamiento de forma del artículo 851.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no resolver la sentencia que se recurre sobre todos los puntos que han sido objeto de defensa.

La representación de los ACUSADORES PARTICULARES, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Por la vía del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por la vía del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca la incorrecta aplicación de la pena prevista en los artículos 379 y 142 del Código Penal.

5. - Instruidas las partes de los recursos interpuestos, la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación el día 12 de Diciembre de 2002.:

Ordenando sistemáticamente el Recurso formalizado por Jose Pablo , en primer lugar el motivo sexto por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 851.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que no han sido resueltos todos los puntos que han sido planteados por la defensa.

1. - El recurrente suscita una serie de cuestiones fácticas que afectan directamente a la valoración de la prueba, añadiendo al final una cuestión jurídica como es la relativa a la imposición de las costas de las acusaciones particulares. Advierte que en la sentencia no se especifica a qué acusación se refiere, cuando, en relación con las lesiones de Doña Almudena , no ha sido condenado por su causación.

2. - Como ha dicho una reiterada jurisprudencia de esta Sala, por la vía de la incongruencia omisiva, sólo se pueden alegar el silencio sobre cuestiones jurídicas que han sido objeto de la acusación o de defensa. En el caso presente, se pone de manifiesto que, dada la amplitud de las pruebas practicadas sobre la forma en que ocurrieron los hechos, es lógico que la Sala sentenciadora tomase en consideración aquellos elementos probatorios que estimaba más cercanos a la realidad, que se trató de reproducir en el momento del juicio oral, a partir de la numerosa prueba acumulada durante la fase de investigación, lo que automáticamente implica que han sido manejadas y descartadas las hipótesis fácticas que esgrime el recurrente.

3. - El tema relativo a la imposición de las costas, es una cuestión jurídica que, evidentemente debe ser abordada por la sentencia, sin perjuicio de que su valoración sobre la adecuada aplicación de sus normas reguladoras, pueda ser alegada también por la vía del error de derecho.

La cuestión debió ser planteada por la vía del Recurso de Aclaración evitando demorarla hasta el momento presente. Al acusado le corresponde pagar las tres sextas partes de las costas correspondientes a los tres delitos por los que ha sido condenado, sin que pueda entenderse que la corresponde pagar también las dos sextas partes del otro condenado por delito distinto. En ningún momento se dice que deberá pagar también las costas de la acusación particular, ejercida por Doña Almudena , ya que la valoración realizada por la Sala sobre la inexistencia de temeridad y mala fe, es conjunta para ambas acusaciones, pero el pago debe desglosarse, correspondiendo al recurrente exclusivamente las costas derivadas de los delitos por los que ha sido condenado y en relación con la acusación particular, que ejercitaba los padres y hermanos de las dos jóvenes fallecidas. Hecha esta aclaración no es necesario dictar una segunda sentencia.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

Examinaremos en segundo lugar el primer motivo invocando la vulneración de su derecho constitucional a la presunción de inocencia.

1. - Sostiene que la valoración de la prueba realizada por la Sala sentenciadora, no es lógica ni racional, añadiendo que se ha dado preferencia a la prueba indiciaria sobre el material probatorio directo.

   A continuación realiza un análisis de lo que considera prueba directa transcribiendo, en parte, las declaraciones del acusado, en su versión exculpatoria, que difiere de la que da por probada la Sala sentenciadora. Asimismo, cita las declaraciones del ocupante del conductor del otro vehículo, que también resultó condenado y los testimonios de dos ocupantes del vehículo que conducía, así como de otro conductor que circulaba en aquellos momentos por la autopista y de sus ocupantes.

   Siguiendo con su postura impugnatoria, examina el atestado de la Guardia Civil y rechaza la validez de las pruebas de alcoholemia. Por último se apoya en los dictámenes de las autopsias y en una prueba pericial.

   Contrasta dicha prueba con la que considera indirecta o indiciaria y llega a la conclusión de que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

2. - La impugnación de la parte recurrente, se proyecta sobre los tres delitos por los que ha sido condenado. En relación con el delito contra la seguridad del tráfico (conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas), la sentencia valora, en su fundamento de derecho primero, las pruebas utilizadas para establecer esta conclusión condenatoria, entre ellas las pruebas de alcoholemia incorporadas al atestado y que figuran al folio 21 y siguientes de las actuaciones y que fueron ratificadas en el acto del juicio oral. Su resultado es inequívoco, sobre la afectación de las facultades para realizar una conducción, ajustada a las normas de cuidado y seguridad. Por ello estimamos que existe, no sólo prueba válidamente obtenida, sino también de signo inculpatorio, por lo que queda superada la barrera protectora de la presunción de inocencia.

3. - Por lo que respecta a los dos delitos de homicidio, cometidos por imprudencia grave, la valoración probatoria aparece también extensamente detallada en el fundamento de derecho segundo. Nos remitimos íntegramente a su contenido con objeto de evitar innecesarias repeticiones, haciendo especial hincapié en el hecho de haberse acreditado la impregnación alcohólica del acusado, que le impedía manejar con las debidas condiciones el vehículo causante del atropello. Por otro lado, la sentencia, basándose en declaraciones testificales y en el atestado levantado, elimina cualquier concurrencia de culpa por parte de la conductora de la motocicleta que resultó arrollada. También se descarta, en virtud de dictamen de la autopsia practicada a ambas fallecidas, que interviniese otro vehículo en la causación de tan grave resultado. En consecuencia, tenemos que concluir que la resolución condenatoria, está sólidamente asentada sobre pruebas de inequívoco sentido inculpatorio.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo segundo se ampara en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estimar que se ha aplicado indebidamente el artículo 379 del Código Penal.

1. - La parte recurrente admite la previa ingestión de bebidas alcohólicas y da por buena la analítica realizada por la Guardia Civil, ahora bien, discrepa en cuanto a su incidencia sobre la seguridad en la conducción. Para ello, examina detalladamente todos los factores externos que pueden acreditar, por sí solos, la afectación alcohólica discrepando de las conclusiones establecidas por el informe de la Guardia Civil.

2. - La jurisprudencia de esta Sala, ha señalado de forma reiterada y constante que, cuando se articula un motivo por infracción de precepto penal sustantivo, se debe respetar en su integridad el relato de hechos probados. Todo el meritorio esfuerzo realizado por la parte recurrente, para tratar de desmontar el informe oficial, carece de viabilidad casacional, por lo que debemos remitirnos a los hechos probados, para comprobar si concurren los elementos del tipo, cuya aplicación se cuestiona.

   La sentencia afirma tajantemente, que el acusado conducía su vehículo a pesar de ser consciente de que tenía limitadas sus facultades para manejarlo con seguridad, dado que durante toda la noche había consumido bebidas alcohólicas y no había dormido. Más adelante precisa que la colisión se produjo como consecuencia de la distracción y falta de reflejos, provocada por la limitación de sus facultades para la conducción de vehículos.

3. - Centrándonos, en este momento, de manera exclusiva en el análisis del artículo 379, cuya vulneración se ha denunciado por la parte recurrente, se puede constatar que el hecho probado, al que debemos ajustarnos en función de la posición casacional adoptada, recoge de manera específica los dos elementos objetivos que integran este delito: a) La conducción de un vehículo de motor, y b) el hecho de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Estas dos afirmaciones, que no pueden ser modificadas, nos proporcionan la base suficiente para considerar que el manejo de un vehículo de motor, por una autopista, en estas condiciones, constituye un peligro cierto y posible para la seguridad del tráfico, en cuanto que perturba las facultades de atención y reflejos que es necesario desarrollar en el manejo de un automóvil. En este caso, además, se da la circunstancia de que se ha producido un resultado mortal que debe ser valorado, en conjunción con estos antecedentes fácticos. En consecuencia, la aplicación o la consideración de la existencia del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, está perfectamente ajustada a derecho.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo tercero se ampara de nuevo en el articulo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando la aplicación indebida del articulo 142 del Código Penal.

1. - Siguiendo la tónica utilizada en el motivo anterior, la parte recurrente, dedica todos sus esfuerzos, a combatir el hecho probado, negando los elementos fácticos, que recoge la Sala para fundamentar su condena por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por dos delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave.

2. - El motivo transcurre bajo una detallada revisión de los elementos probatorios que han sido tenidos en cuenta para la configuración del hecho probado, si bien contradice no solo las conclusiones extraídas, sino que se enfrenta a la propia literalidad del relato fáctico, lo que hubiera bastado para rechazarlo, en su momento. No obstante, tenemos que señalar que, los tres apartados de hecho a los que se refiere el recurrente, nos sitúa inequívocamente ante dos delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave, derivada de la conducción de un vehículo de motor con las facultades, atención y reflejos disminuidos por la ingestión de bebidas alcohólicas, no le permitieron apercibirse de la presencia del ciclomotor, lo que provoco la colisión y la caída de las ocupantes, con el mortal resultado que se recoge en la sentencia.

3. - Es evidente que la conducta del acusado, es generadora, por si misma, de un peligro de tal entidad que puede ser perfectamente calificado como grave. La consecuencia derivada de esta forma de conducir, se relaciona de manera directa e inescindible con el gravísimo resultado producido. Ahora bien, no puede decirse que el acusado tuviera un conocimiento exacto y detallado de los resultados que su comportamiento podía originar, por lo que sólo podemos situarnos en el terreno de la imprudencia y alejarnos del dolo eventual. Además se nos dice que ni siquiera intentó una maniobra de emergencia, para paliar los efectos de la inminente colisión, debido a la desatención y su falta de reflejos.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo cuarto denuncia la incorrecta aplicación del punto 3 de la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995 de 8 de Noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que incorpora a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor en el Anexo en el que se contiene el "sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación".

1. - El eje de la cuestión suscitada, radica en considerar que la sentencia recurrida aplica las indemnizaciones interpretando erróneamente el baremo. Manejando los preceptos que estima aplicables, sostiene que la indemnización no puede ser establecida en su tope máximo, para cada uno de los cónyuges ya que la cuantía señalada por la ley (11.000.000 de pesetas), para el caso de los ascendientes, es conjunta para ambos cónyuges por lo que no les corresponde los veinticinco millones de pesetas que se ha fijado separadamente para ambos, sino solamente una indemnización conjunta por esta ultima cantidad.

2. - Esta cuestión, la abordaremos de manera específica, al contestar a las alegaciones realizadas por la representación procesal de la Compañía aseguradora recurrente, por lo que nos remitimos a lo allí expuesto para decidir sobre el fondo de la cuestión planteada.

El motivo quinto y último que vamos examinar, se ampara en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que ha existido error en la apreciación de la prueba.

1. - El debate se centra exclusivamente sobre la velocidad a que circulaba el vehículo que conducía el acusado, contraponiendo los informes periciales, presentados por la acusación particular y por la defensa y estimando que, son más ajustadas, las conclusiones de su parte, apoyándose además, de forma indebida, en las manifestaciones de uno de los testigos que presenciaron el atropello.

2. - El error de hecho sólo puede asentarse sobre la existencia de elementos probatorios de carácter documental, que acrediten de forma indubitada la equivocación del juzgador, partiendo de la inexistencia de otros elementos probatorios que lo contradigan. Los dictámenes periciales pueden ser considerados, a estos efectos, como prueba documental, pero siempre que exista, uno solo de carácter concluyente e irrebatible o varios esencialmente coincidentes. Esa circunstancia no se da en el caso presente, ya que, como el mismo recurrente reconoce, existen dos pericias contradictorias, por lo que la Sala sentenciadora tiene la posibilidad de inclinarse por una de ellas, si le resulta más fiable y adecuada a las circunstancias en que se desarrollan los acontecimientos.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

La compañía Aseguradora ASTRA formaliza un primer motivo al amparo del articulo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estimar que se ha aplicado incorrectamente las disposiciones del Grupo IV de la Tabla I del Anexo de la Disposición Adicional 8ª de la Ley 30/95, en cuanto que alega que se duplican las indemnizaciones a los padres.

1. - Advierte que la referida disposición ,al señalar la cuantía de las indemnizaciones, se refiere conjuntamente a los padres y no de forma individual a cada uno de ellos, como sucede cuando se establece la indemnización para los hermanos y abuelos, para los que en emplea la expresión "cada uno". Cita de manera genérica, una doctrina jurisprudencial que establece que, en le caso de que haya muerto con anterioridad uno de los padres, al otro se le concede exclusivamente el 50% de la cantidad total fijada.

2. - El sistema instaurado por la Ley 30/1995, originó, desde su nacimiento, una serie de reticencias sobre su constitucionalidad, que se plasmaron en numerosas cuestiones suscitadas desde varios Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales, por considerar que la vinculación de los Jueces a los límites indemnizatorios fijados en la Ley afectaban a diversos derechos constitucionales.

   Todas estas cuestiones fueron acumuladas y resueltas por la STC de 29 de junio de 2.000 que, en líneas sustanciales, ha declarado la constitucionalidad de dicha norma, si bien advierte que el denominado "baremo" ha de ser considerado como una pieza, dentro de un sistema más complejo de distribución social o de socialización del coste de los accidentes de circulación. La citada norma, mediante un Anexo, establece el llamado sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas, señalando que cabe diversificar las seis tablas de valoración que fijan la indemnización básica, con los factores de corrección.

3. - No vamos a entrar en discusiones o análisis críticos, con la menciona sentencia, ya que el carácter vinculante del baremo ha sido admitido por la jurisprudencia de esta Sala, pero no queremos dejar de señalar que, a primera vista, no se respeta el principio de correlatividad y proporcionalidad de la indemnización en función de la prima contratada, al mantenerse primas establecidas para cubrir una responsabilidad civil ilimitada, que después en la práctica resulta limitada.

4. - La cuestión relativa a la cuantía de la indemnización que corresponde a los padres, en el caso de muerte de hijos que carecen de cónyuge o de descendientes, ha sido objeto de debate en el seno de esta Sala, lo que ha motivado que esta resolución se haya retrasado hasta la celebración de una Sala General que, de alguna manera tratase de realizar una interpretación que resolviese las dudas que surgen en cuanto a los supuestos indemnizatorios en los casos que hemos señalado. Celebrada la Sala General con fecha 14 de Febrero de 2003, se adoptó por mayoría el acuerdo que transcribimos a continuación: La cuantía indemnizatoria prevista en el Grupo IV de la Tabla I del Baremo, contenido en el anexo a la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Probados, en el supuesto de fallecimiento de víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes, en tanto que expresamente se atribuye a los padres, ha de entenderse que se trata de la concesión del importe total a ambos progenitores conjuntamente, de modo que ni procede otorgar la totalidad de esa cantidad, legalmente fijada, a cada uno de ellos por separado, en caso de supervivencia de los dos, ni reducirla a la mitad de la prevista cuando fuere uno sólo el superviviente.

   Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.

El motivo segundo de la Compañía Aseguradora se interpone al amparo del número primero del art. 849 de la LECrimn., por inaplicación (o incorrecta aplicación) del apartado 10 del punto primero del anexo de la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995 en cuanto no aplica correctamente la cuantía correspondiente al baremo.

1. - El motivo se refiere ahora a la actualización anual de las cuantías indemnizatorias fijadas en el Anexo, señalando que la Ley 30/1995 entró en vigor el 10 de noviembre de 1995 y no se efectuó su primera actualización hasta el día 25 de marzo de 1.997. Advierte que los hechos que dan origen a estas actuaciones, acaecieron el 26 de octubre de 1.996, motivo por el cual se debería aplicar el baremo de 1.995 que era el único existente en dicha fecha. Incluso llega a señalar que la cantidad fijada es superior a la primera actualización del año 1.997.

   Sostiene, por tanto, que la cantidad a conceder debería ser la básica, de once millones de pesetas por cada fallecido, aplicando los factores de corrección correspondientes.

2. - Tiene razón el recurrente al plantear la cuestión de la actualización, ya que la jurisprudencia de esta Sala, establecida con posterioridad a la Sentencia del Tribunal Constitucional (SSTC 15 de febrero de 2.000 y 11 de abril de 2.001) ha interpretado que no sólo el baremo es vinculante, sino que las cuantías establecidas deben ser las que están fijadas en el momento de acaecer el siniestro que da lugar a la indemnización y no, las modificaciones establecidas con posterioridad.

   Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.

El motivo tercero y último de esta parte recurrente se apoya den nuevo en el art. 849.1º de la LECrimn., por inaplicación (o incorrecta aplicación) del art. 216 párrafo 1º en relación con el art. 209 apartado 4º, el art. 218 de la LECivil y el art. 4 de la LECivil 1/2000 en consonancia con el art. 24 CE.

1. - Advierte que, el art. 4 de la LECivil vigente, señala que, en defecto de las disposiciones que regulan los procesos penales, serán de aplicación, a todos ellos, los efectos de la presente Ley.

   Los arts. 209 apartado 4º, 216 y 218 de la LECivil, establecen que las sentencias deben ser claras precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Todo ello le lleva a mantener que no es posible que se conceda en la sentencia, una cantidad superior a la solicitada por las acusaciones, que son las que marcan el límite de la posible indemnización.

2. - El motivo está en íntima relación con los dos anteriores y sobre todo con el primero, por lo que habiéndose estimado sus pretensiones, no es necesario pronunciarse sobre el tema planteado.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

Abordaremos por último el recurso de la acusación particular encarnada por Lorenzo y Rogelio , que formalizan un primer motivo al amparo del art. 849 1º de la LECrimn., por estimar que se ha inaplicado el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, en su nueva redacción dada por la disposición adicional sexta de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de ordenación y supervisión del Seguro Privado.

1. - En apoyo de su tesis, alega las reglas tercera, cuarta, sexta y décima del precepto anteriormente citado y llega a la conclusión de que la sentencia recurrida, debía haber condenado a la Compañía Aseguradora, al pago de los intereses desde la fecha del accidente 27/10/1996, al tipo del 20%.

2. - Las previsiones establecidas en los apartados del precepto anteriormente consignado, deben ser adecuados a la realidad de cada caso concreto y para ello es necesario tener en cuenta, la cronología de los acontecimientos y las actuaciones procesales que se han llevado a cabo. La sentencia (Fundamento de Derecho noveno) hace constar que, la Compañía Aseguradora, consignó una cantidad superior a los nueve millones de pesetas, sin que el Juzgado Instructor se pronunciase de manera expresa sobre su suficiencia o insuficiencia y solicitase que se hiciese una aportación complementaria. Consta que la compañía Aseguradora, una vez que se declaró en forma la suficiencia de la suma prestada, a la vista de la petición realizada por la acusación particular, consignó la diferencia, hasta la suma total requerida y asimismo la cantidad que se solicitaba para el hermano de las fallecidas, sin que haya constancia de que hubiese incurrido en retraso respecto del plazo concedido por el Juzgado Instructor.

En consecuencia, estimamos que no concurren los requisitos legales establecidos, para poder acordar la "mora del asegurador" y elevar las indemnizaciones en el tanto por ciento solicitado por la parte recurrente.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo segundo y último de esta parte se ampara en el art. 849.1º de la LECrimn., y denuncia la vulneración de los arts. 383.2º, 379 y 142 del Código Penal vigente, sosteniendo que, en aplicación de los citados preceptos, los Jueces y Tribunales podrán establecer las penas a su prudente arbitrio sin sujetarse a las reglas del art. 66.

1. - Estima que el suceso produjo alarma social y unas gravísimas consecuencias, por lo que, atendido el doble resultado luctuoso, considera más ajustado al espíritu de la Ley, la condena a dos años de prisión por cada uno de los homicidios imprudentes.

2. - La cuestión está incorrectamente planteada, ya que se ha ajustado a la denuncia de la vulneración de preceptos penales sustantivos, que trata de interpretar con arreglo a sus particulares criterios y suplantando la facultad de decisión que corresponde a los órganos juzgadores.

   Más acertada hubiera sido apoyar la argumentación, en la falta de motivación de la pena a imponer, lo cual llevaría aparejada una posible vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Esta pretensión, si se hubiera formulado, también merecería ser rechazada, ya que la sentencia recurrida, en el Fundamento de Derecho duodécimo, hace una motivación de la pena que supera, con mucho, los parámetros habituales en otras resoluciones judiciales, explicando detalladamente cuáles, son los elementos tenidos en cuenta, para establecer su duración y explicando, por qué diferencia las penas impuestas a cada uno de los acusados.

   Por lo expuesto debe ser desestimado.

   III.

   FALLO

   FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por LA COMPAÑIA ASEGURADORA DE SEGUROS Y REASEGUROS, casando y anulando la sentencia dictada el día 15 de enero de 2.001 por la Audiencia Provincial de Barcelona en la causa seguida contra Jose Pablo y Casimiro por sendos delitos de homicidios y lesiones imprudentes. Declaramos de oficio las costas causadas a su instancia.

   Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el acusado Jose Pablo y la Acusación Particular, encarnada por Lorenzo y Rogelio , contra la sentencia anteriormente mencionada. Condenamos a estos recurrentes al pago de las costas causadas a su instancia.

   Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicta a la Audiencia mencionada, a los efectos oportunos, con devolución de la causa en su día remitida.

   Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. José Antonio Martín Pallín D. Julián Sánchez Melgar D. Gregorio García Ancos

   SEGUNDA SENTENCIA

   En la Villa de Madrid, a cinco de Marzo de dos mil tres.

   En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Sabadell, Diligencias Previas 1195/96, que dan lugar al Procedimiento Abreviado 122/99, seguido ante la Audiencia Provincial de Barcelona, por delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, contra los acusados Jose Pablo de 30 años de edad, hijo de Abelardo y Paloma , natural de Bilbao (Vizcaya), vecino de Barberá del Vallés (Barcelona), sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada, en libertad provisional por la presente causa y Casimiro , de 31 años de edad hijo de Alejandro y Ana , natural de Sabadell (Barcelona) vecino de Sallent (Barcelona), sin antecedentes penales, de solvencia no acreditada y en libertad provisional por la presente causa, y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 15 de enero de 2.001, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D.Gregorio García Ancos, hace constar lo siguiente:

1. - Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y hechos probados de la sentencia recurrida.

1. - Se dan por reproducidos los fundamentos de derecho de la sentencia antecedente y especialmente el séptimo y octavo, manteniéndose el incremento del 10% acordado por la Sala que corresponde por estar las víctimas en edad laboral, cuestión que nadie ha impugnado.