STS 343, 23 de Abril de 1994
| Ponente | D. PEDRO GONZALEZ POVEDA |
| Número de Recurso | 1722/91 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 343 |
| Fecha de Resolución | 23 de Abril de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a 23 de Abril de 1.994. Visto por la Sala
Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen
indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de
apelación por la Audiencia Provincial de Salamanca, como consecuencia de
autos de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la
Persona, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Siete de
Salamanca; cuyo recurso fue interpuesto por ASISTENCIA SANITARIA
INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. (ASISA), representada por el Procurador de
los Tribunales D. Antonio Miguel Angel Araque Almendros, y asistida del
Letrado D. Alfonso Marcos Cabo; siendo parte recurrida el SINDICATO DE
MEDICOS TITULARES DE SALAMANCA y los doctores don Fidel,
don Aurelio, don Juan Luis, don Jose Daniel, don Pedro, don Ismael, don
Eugenio, don Benjamín, don Ángel Jesús, don Luis Pedro, don Carlos José, don Serafiny don Oscar, representados por el
Procurador D. Bonifacio Fraile Sánchez, y asistidos del Letrado D.Manuel
Santos Gordo y la representación del Ministerio Fiscal ostentada por D.
Rafael García de Prado.ANTECEDENTES DE HECHO
-
- La Procuradora de los Tribunales Dª Laura Nieto Estella, en
nombre y representación del Sindicato de Médicos Titulares de Salamanca y
los doctores don Fidel, don Aurelio, don
Juan Luis, don Jose Daniel, don Pedro, don Ismael, don Eugenio, don Benjamín, don Ángel Jesús, don Luis Pedro, don
Carlos José, don Serafiny don Oscar, formuló demanda ante el Juzgado de Primera Instancia Número Siete
de Salamanca, contra la Entidad "Asistencia Sanitaria Interprovincial de
Seguros, S.A. (ASISA), y el Ministerio Fiscal, sobre protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, por haber
aparecido los nombres de los demandantes en la lista de Facultativos de la
entidad demandada sin el consentimiento de éstos, alegó los fundamentos de
derecho que estimó aplicables y suplico al Juzgado se dictara sentencia por
la que se condene a la demandada al cese de la intromisión ilegítima,
tomándose las medidas oportunas a tal efecto, restableciendo a sus
patrocinados en el pleno disfrute de sus derechos con las garantías
precisas para prevenir e impedir intromisiones ulteriores y al pago de la
correspondiente indemnización que fijan en la cantidad de un millón de
pesetas a cada uno de los médicos actores del procedimiento o la cantidad
estimada por el criterio del Juzgador, con expresa imposición de costas a
la demandada.
-
- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada y al
Ministerio Fiscal, los cuales contestaron a la demanda en el tiempo que les
fue concedido, oponiéndose a la demanda el Ministerio Fiscal, negando todos
los hechos de la misma y solicitando se desestime la demanda, la parte
demandada se opuso alegando existir relación entre ella y la parte actora
con las repercusiones de dicha relación, alegó los fundamentos de derecho
que estimó oportunos y suplico al Juzgado se dictara sentencia
desestimatoria con imposición de costas a la parte actora con expresa
declaración de temeridad.
-
- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los
autos, el Iltmo.Sr.Magistrado-Juez de Primera Instancia Número Siete de
Salamanca, dictó sentencia en fecha siete de febrero de 1991, cuyo FALLO es
como sigue:"Que estimando la demanda especial sobre Protección
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona interpuesta por
el Sindicato de Médicos Titulares de Salamanca y los doctores D. Fidel, D. Aurelio, D. Juan Luis,
D. Jose Daniel, D. Pedro, D. Ismael,
D. Eugenio, D. Benjamín, D. Ángel Jesús, D. Luis Pedro, D. Carlos José, D. Serafiny D. Oscar, a través de su
representación procesal, la Procuradora de los Tribunales Dª Laura Nieto
Estella, contra la entidad "Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros
S.A." (ASISA), debo condenar y condeno a la demandada a que cese en la
intromisión ilegítima producida, debiendo suprimir de los listados de sus
facultativos para Salamanca, mediante las rectificaciones oportunas,
incluso a través de los medios de comunicación locales y provinciales, y en
el plazo máximo de VEINTE DIAS, que consideramos adecuado y suficiente, los
nombres de los médicos demandantes, debiendo indemnizar, asimismo, a cada
uno de ellos, en CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS; salvo al Sr. Carlos José,
que lo hará en TRESCIENTAS MIL PESETAS, así como abonar las costas
causadas".
Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, por la representación procesal de la parte demandada (ASISA), y
tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Audiencia Provincial de
Salamanca dictó sentencia en fecha 3 mayo de 1991, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que debemos confirmar
integramente la sentencia de apelación, salvo en los referente al
pronunciamos que en la misma se hace respecto a costas, que en ambas
instancias cada parte pagará las suyas y las comunes por mitad".
-
- El Procurador de los Tribunales D. Antonio Miguel Angel Araque
Almendros, en nombre y representación de la entidad ASISTENCIA SANITARIA
INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. (ASISA), interpuso recurso de casación
contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Salamanca,
con apoyo en los siguientes motivos: "
Casación amparada en el
número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Consistente
en error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en
autos, demostrativos del error del Juzgador, que no resultan contradichos
por otros elementos probatorios.
Casación al amparo del numerando
5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Consistente en
infracción de normas del ordenamiento jurídico, que son el artículo 1544
del Código Civil, en relación con el artículo 1538 del mismo Cuerpo Legal.
Casación amparada en el número 5º del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Consistente en infracción de la norma del
ordenamiento jurídico que integra el número 6º del artículo 7º de la Ley de
5 de mayo de 1982 y de la jurisprudencia que lo interpreta, entre la que
citamos la sentencia de esta Sala fecha 16 junio de 1990.".
-
- Convocadas las partes, se celebró la preceptiva vista el día
seis de abril del año en curso, con la asistencia de D Alfonso Marcos
Calvo, defensor de la parte recurrente, de D. Manuel Santos Gordo, defensor
de la parte recurrida y la representación del Ministerio Fiscal ostentada
por D. Rafael García de Prado, quienes informaron por su orden en defensa
de sus respectivas pretensiones.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. PEDRO GONZALEZ POVEDA
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
La sentencia recurrida dictada por la Audiencia
Provincial de Salamanca, confirmó la de primera instancia en cuanto
estimaba parcialmente la demanda formulada por el Sindicato de Médicos
Titulares de Salamanca (SIMETISA) y trece de sus afiliados contra la
entidad Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A. (ASISA), y
condenaba a la demandada al pago de determinadas cantidades a las personas
físicas demandantes por la inclusión de sus nombres en las listas de
médicos de ASISA, sin su consentimiento, lo que constituía una utilización
ilegítima del nombre de aquéllos de acuerdo con el art.7.6 de la Ley
1/1982, de 5 de mayo.
Contra aquélla sentencia se ha formalizado el presente recurso de
casación cuyo primer motivo alega error en la apreciación de la prueba
basado en documentos que obran en autos y no resultan contradichos por
otros elementos probatorios, al amparo del ordinal 4º del art.1692 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil; de acuerdo con reiterada jurisprudencia este
motivo de casación, hoy derogado, tiene por objeto y finalidad hacer
evidente el error padecido por el Juzgador de instancia en la apreciación
de la prueba teniendo como probados hechos que resultan contradichos por
elementos obrantes en autos que, a su vez, no están desvirtuados en su
fuerza probatoria por algún otro elemento de prueba, debiendo tal error
patentizarse por medio de esos documentos de manera clara y precisa sin
necesidad de tener que acudir a interpretaciones o exégesis de los mismos;
ello exige que por la parte recurrente se designe de forma expresa y
suficiente para su identificación el documento o documentos que sirven de
base a la impugnación y la parte de los mismos que evidencia el error
denunciado. En atención a esta doctrina jurisprudencial el motivo ha de ser
desestimado ya que el mismo no se dirige a combatir hechos que hayan
servido de fundamento fáctico a la sentencia, sino a contradecir los hechos
alegados por la actora en su escrito de demanda y a criticar la actividad
probatoria de la Sala " a quo", aduciendo que "debió examinarse los hechos
alegados y examinar las probanzas practicadas en los autos" y ello para
llegar a la conclusión probatoria a la que el ahora recurrente estima que
debió llegarse, con lo cual se trata de sustituir el criterio del Juzgador
de instancia por el particular e interesado de la parte. Por otra parte,
los documentos que se citan en el motivo ya fueron tenidos en cuenta y
valorados en la instancia, por lo que, conforme a reiterada jurisprudencia,
no pueden servir de apoyo a un motivo casacional de esta clase.
El motivo segundo, acogido al ordinal 5º del art. 1692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción del art.1544 en
relación con el art. 1583, ambos del Código Civil, y la doctrina
jurisprudencial que les interpreta; la calificación jurídica de las
relaciones que unían a ASISA con los médicos demandantes es totalmente
intrascendente a los efectos de resolver la cuestión litigiosa, fundada
única y exclusivamente en la utilización por la recurrente del nombre de
los demandantes en las listas publicadas en el año 1990 sin contar para
ello con la autorización de los titulares, por lo que la existencia o no de
la autorización o consentimiento, es independiente de la calificación
jurídica de las relaciones existentes entre las partes, de ahí la
improcedencia del motivo que debe ser rechazado.
El motivo tercero, por el mismo cauce procesal que el precedente,
se alega infracción del nº 6º del art. 7º de la Ley de 5 de mayo de 1982 y
de la jurisprudencia que lo interpreta, con cita de la sentencia de esta
Sala de 16 de junio de 1990. Tanto la sentencia de primera instancia como
la de apelación, esta última carente de toda fundamentación verdaderamente
jurídica que roza la falta de motivación, dan como probada la existencia de
relaciones entre ASISA y los médicos demandantes con anterioridad al año
1990 y entienden que se ha producido la utilización ilegítima del nombre de
los actores a partir del 27 de abril de ese año en que, en carta de
SIMETISA a ASISA de esa fecha, comunican su deseo de no ser incluidos en
las listas de facultativos de la recurrente; no obstante, ha de tenerse en
cuenta que la utilización por ASISA del nombre de los recurridos se produce
mediante su inclusión en la lista de facultativos publicada, como consta
probado, en el mes de febrero de ese año 1990, sin que conste que en esa
época se hubieran roto las relaciones que vinculaban a los médicos
demandantes con ASISA, ruptura producida por la falta de acuerdo sobre las
remuneraciones que habían de percibir por la prestación de sus servicios a
los asegurados de ASISA, e, incluso, se reconoce por algunos de los actores
que siguieron prestando asistencia a asegurados de la recurrente durante
parte de ese año siendo pagados sus servicios por los clientes con los
talones o cheques suministrados por la aseguradora, todo lo cual pone de
manifiesto la existencia de un consentimiento expreso, que no
necesariamente ha de ser escrito, a la inclusión de sus nombres en los
listados de ASISA hasta la indicada fecha en que se revocó ese
consentimiento, revocación a la que no puede atribuirse carácter
retroactivo. Por todo ello, ha de concluirse que cuando la demandanda-
recurrente ASISA incluyó los nombres de los demandantes en las listas
publicadas en febrero de 1990, éstos no habían revocado el consentimiento
en virtud del cual se produjo la utilización combatida, debiendo tenerse en
cuenta, respecto a don Carlos Joséque su inclusión en la lista fue
realizada de buena fe, debido a la sustitución que había hecho de otro de
los médicos relacionados con ASISA. Por todo ello procede la estimación de
este motivo con la consiguiente casación y anulación de la sentencia
recurrida y revocación de la de primera instancia; todo lo cual conduce a
la desestimación de la demanda al no constituir los hechos alegados la
infracción del art.7-6º de la citada Ley de 5 de mato de 1982.
De conformidad con el art. 523.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil procede imponer las costas de la primera instancia a
los demandantes, sin que haya lugar a hacer especial condena en las
causadas en la segunda instancia y en este recurso, a tenor de los arts.
710 y 1715 de la citada Ley, y debiendo devolverse a la parte recurrente el
depósito constituido para recurrir, de acuerdo con el precepto citado en
último lugar.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el pueblo español.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE
CASACION interpuesto por Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros,
S.A. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca
de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y uno que casamos y
anulamos y, con revocación de la dictada por el Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 7 de Salamanca de fecha siete de febrero de mil
novecientos noventa y uno, debemos desestimar y desestimamos la demanda
formulada por Sindicato de Médicos Titulares de Salamanca y los doctores
don Fidel, don Aurelio, don Juan Luis, don Jose Daniel, don Pedro, don
Ismael, don Eugenio, don Benjamín,
don Ángel Jesús, don Luis Pedro, don Carlos José, don Serafiny don Oscarcontra
Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A. a la que absolvemos
de la demanda; con expresa imposición a los demandantes de las costas de la
primera instancia y sin hacer especial condena en las causadas en los
recursos de apelación y casación; devuélvase a la parte recurrente el
depósito constituido librando los despachos necesarios. Y líbrese a la
mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de
los autos y rollo de Sala en su día remitidos.
ASI POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION
LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.- GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE.- FRANCISCO
MORALES MORALES.- PEDRO GONZALEZ POVEDA.- firmados y rubricados .-
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR.
D. PEDRO GONZALEZ POVEDA, Ponente que ha sido en el trámite de los
presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del
Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
