STS, 16 de Diciembre de 2004

Ponente:SANTIAGO MARTINEZ-VARES GARCIA
Número de Recurso:2764/2001
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:16 de Diciembre de 2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LOS SERVICIOS. DURACION DEL PROCESO PENAL. Se produjo un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia toda vez que la instrucción y resolución de una causa penal por un delito de cohecho y habida cuenta de las circunstancias que en ella concurrían no puede extenderse durante prácticamente diez años, que fue el tiempo que transcurrió entre la incoación de las iniciales Diligencias Previas el 14 de julio de 1.988 y la fecha en la que se dictó la Sentencia absolutoria el 21 de febrero de 1.998. Ni por la naturaleza del delito, ni por el número de acusados, ni por su actuación durante el tiempo en el que el proceso estuvo abierto, ni por las pruebas a efectuar se justifica esa tan dilatada duración, de modo que hay que concluir, como lo hizo la Sala de instancia, asumiendo y declarando que se produjo el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia a que se refiere el art. 292.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como igualmente lo reconoció la Sentencia en su día dictada por la Jurisdicción Penal y el informe del Consejo General del Poder Judicial. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se estima la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZENRIQUE LECUMBERRI MARTIAGUSTIN PUENTE PRIETOSANTIAGO MARTINEZ-VARES GARCIAMARGARITA ROBLES FERNANDEZFRANCISCO GONZALEZ NAVARRO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Diciembre de dos mil cuatro.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Sexta, ha visto el recurso de casación número 2.764 de 2.001, interpuesto por la Procuradora Doña Josefina Ruiz Ferrán, contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha dieciséis de febrero de dos mil, en el recurso contencioso-administrativo número 125 de 2.000

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, dictó Sentencia, el dieciséis de febrero de dos mil uno, en el Recurso número 125 de 2.000, en cuya parte dispositiva se establecía: "Desestimar el presente recurso número 125/2000, interpuesto por la Procuradora Sra. Ruiz Ferrán en representación de Casimiro contra la Resolución del Ministerio de Justicia descrita en el primer Fundamento de Derecho, que se confirma por ser conforme al ordenamiento jurídico. No hacer una expresa condena en costas".

SEGUNDO

En escrito de veinticuatro de marzo de dos mil uno, la Procuradora Doña Josefina Ruiz Ferrán en nombre y representación de Don Casimiro, interesó se tuviera por presentado el recurso de casación contra la Sentencia mencionada de esa Sala de fecha dieciséis de febrero de dos mil uno.

La Sala de Instancia, por Providencia de veintiocho de marzo de dos mil uno, procedió a tener por preparado el Recurso de Casación, con emplazamiento de las partes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de treinta días.

TERCERO

En escrito de once de mayo de dos mil uno, la Procuradora Doña Josefina Ruiz Ferrán, en nombre y representación de Don Casimiro, procedió a formalizar el Recurso de Casación, interesando la revocación de la Sentencia dictada por la Sala de instancia, y que se dicte en su día nueva resolución ajustada a Derecho, admitiéndose el mismo por Providencia de veintinueve de octubre de dos mil uno.

CUARTO

En escrito de cuatro de julio de dos mil tres, el Sr. Abogado del Estado, manifiesta su oposición al Recurso de Casación y solicita se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

QUINTO

Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día treinta de noviembre de dos mil cuatro, en cuya fecha tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. SANTIAGO MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, Magistrado de la Sala, que expresa la decisión de la misma

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Constituye el objeto del recurso extraordinario de casación que resolvemos la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de dieciséis de febrero de dos mil uno, que desestimó el recurso contencioso administrativo núm. 1251/2000, interpuesto contra la desestimación presunta por el Ministerio de Justicia de la reclamación de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado por la prisión sufrida por el recurrente y por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, presentada el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho.

SEGUNDO

El primero de los motivos del recurso que hay que entender se formula al amparo del art. 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se funda en la infracción de los artículos 121 de la Constitución y 292. apartados 1 y 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Afirma el motivo que "quedó suficientemente acreditado tanto en la Sentencia dictada en su momento por la Audiencia Provincial de Madrid como en el informe del Consejo General del Poder Judicial, que se produjo dilación indebida en la instrucción de la causa, pero, pese a ello, la Sentencia no reconoce el nexo causal entre esa demora de diez años y los daños, puesto que el daño no resulta tanto de la demora como de la existencia del propio proceso penal que concluyó en la absolución del recurrente no por la inexistencia del hecho ni por la no intervención en él del demandante sino por la falta de prueba de su participación en los hechos. La Sentencia niega no sólo el nexo causal sino también la existencia del daño moral que se reclama. Se trata se dice de que en la creencia del Tribunal es lo mismo que el proceso dure un año o diez porque en ninguno de esos casos o supuestos se reconoce ese daño moral".

Antes de continuar con el examen del motivo conviene hacer aquí referencia a algunos de los pasajes de la Sentencia recurrida cuya transcripción nos ha de servir para fundar las declaraciones que habremos de hacer seguidamente.

Así en el fundamento de Derecho segundo puede leerse lo que sigue: "En defensa de su pretensión, y con invocación de los arts. 121 y 24.2 de la Constitución, 292.1, 293.2 y 294 LOPJ y Convenios internacionales suscritos por España, alega que el 14 de Julio de 1988 el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid incoó diligencias previas número 2352/1988 que, el 22 de octubre del mismo año, fueron transformadas en Procedimiento Oral de la Ley 10/1980 imputándose un delito de cohecho al ahora recurrente y a otra persona; en ese procedimiento el Ministerio Fiscal pidió que por el Servicio Central de Policía Científica se emitiera informe sobre la procedencia de las voces de determinadas grabaciones de intervenciones telefónicas; tras la transformación en procedimiento abreviado, no se practicaron diligencias hasta que el 2 de Febrero de 1990 el Ministerio Fiscal reiteró su petición que no fue resuelta por el Instructor hasta el 12 de Marzo de 1991, sin que llegara a practicarse la diligencia solicitada hasta el 18 de Marzo de 1994, es decir, 5 años y seis meses desde que las cintas se depositaron en poder del Juzgado; tras sucesivos traslados al Fiscal y a las partes para formular acusación y calificación, el 13 de Octubre de 1994 se declara la apertura del juicio oral y se celebra la vista en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid el 18 y 20 de Febrero de 1998, 9 años y siete meses desde que se incoaron las Diligencias Previas. Por sentencia de 21 de febrero de 1998, que fue declarada firme el 18 de Marzo siguiente, la Audiencia absuelve a los acusados del delito de cohecho. Estuvo privado de libertad del 18 al 26 de Agosto de 1.988, medida innecesaria atendida la posterior absolución".

Y añade la Sentencia en el fundamento de Derecho cuarto: "En el presente caso la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid aprecia la existencia de "evidentes dilaciones" en el trámite de instrucción y apunta el remedio que, de acuerdo con las sentencias que cita del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, pueden tener en la jurisdicción penal esas dilaciones excesivas; también en la tramitación del expediente administrativo el Consejo General del Poder Judicial reconoce la existencia de demora injustificada en la tramitación del proceso penal, por lo que hay que concluir, de acuerdo con ambas apreciaciones, que la duración , de casi diez años, de un procedimiento penal por cohecho, contra dos acusados, aún teniendo en cuenta la dificultad que la investigación de este tipo de delitos puede suponer, con la consiguiente tardanza que eventualmente conlleve la instrucción de la causa, resulta a todas luces excesiva y constituye un supuesto de funcionamiento anormal de la administración de justicia".

Tras lo anterior la Sentencia en ese mismo fundamento concluye diciendo: "De la apreciación de este complejo de circunstancias reflejado en la sentencia de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en relación con los daños cuya reparación se reclama, hay que concluir que no pueden ser imputados al funcionamiento anormal, que consiste en la excesiva duración del proceso. Ello es así porque, en cuanto a los daños materiales, que consisten fundamentalmente en los gastos de Abogado y Procurador en el proceso penal, reclamados mediante jura de cuentas ante la Audiencia Provincial, no son consecuencia del retraso, sino de la existencia del proceso penal y su implicación en él del ahora recurrente, que aparece como justificada a la vista de las actuaciones penales; el resto de los conceptos reclamados, tales como los desplazamientos o la pérdida de clientes, los gastos de difícil justificación o los intereses de la fianza depositada, no han sido en absoluto acreditados, ni siquiera concretada e individualizada su realidad en la descripción de los hechos que se contiene en la demanda, por lo que caceren del presupuesto básico para que puedan ser indemnizados. Igual conclusión procede en cuanto a los daños morales pues la existencia del proceso penal, en sí, no es consecuencia del funcionamiento anormal de la Justicia, como claramente se deduce de la sentencia, ni la repercusión pública de los hechos que, posteriormente, fueron recogidos y aceptados en la sentencia, son tampoco imputables al retraso anómalo del proceso, como tampoco se ha demostrado ni la existencia de las negativas repercusiones en la esposa y en los hijos del recurrente ni que de existir éstas, fueran consecuencia de la dilatada tramitación, sino más bien, de la propia existencia de los hechos objeto de la investigación penal; en resumen, bien por no haber sido acreditada su existencia, bien por no ser consecuencia del funcionamiento anormal, no procede indemnizar los daños materiales y morales reclamados por este título".

TERCERO

El art. 292.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que: "los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este título. Y añade el precepto en su núm. 2 que "en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

De las citas recogidas anteriormente de la Sentencia de instancia queda establecido, sin género de duda, que se produjo un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia toda vez que la instrucción y resolución de una causa penal por un delito de cohecho y habida cuenta de las circunstancias que en ella concurrían no puede extenderse durante prácticamente diez años, que fue el tiempo que transcurrió entre la incoación de las iniciales Diligencias Previas el 14 de julio de 1.988 y la fecha en la que se dictó la Sentencia absolutoria el 21 de febrero de 1.998. Ni por la naturaleza del delito, ni por el número de acusados, ni por su actuación durante el tiempo en el que el proceso estuvo abierto, ni por las pruebas a efectuar se justifica esa tan dilatada duración, de modo que hay que concluir, como lo hizo la Sala de instancia, asumiendo y declarando que se produjo el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia a que se refiere el art. 292.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como igualmente lo reconoció la Sentencia en su día dictada por la Jurisdicción Penal y el informe del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, partiendo de lo anterior, la Sentencia recurrida no vincula a esa duración excesiva daño material o moral alguno, porque, o bien los reclamados no quedaron debidamente acreditados, o se debieron no a ese funcionamiento anormal sino a la existencia del proceso penal y a su implicación en él del recurrente.

Esta conclusión no puede compartirse por la Sala al menos en cuanto a la existencia del daño moral que el recurrente reclama.

Es precisamente en la existencia de este daño por la anómala y extraordinaria duración del proceso en el que se centra el motivo. Deja de lado, lo dice expresamente, los daños materiales para fijarse en el daño moral y a él no vamos a referir a continuación.

Sin duda este daño no necesita prueba, puesto que se define precisamente por la subjetividad que le caracteriza, y, por ello, esta Sala viene declarando de modo reiterado que no es preciso demostrar su existencia que es de libre apreciación por el Tribunal. No es posible negar que la existencia de cualquier proceso penal y el sometimiento a él, conlleva un sufrimiento evidente que varia, y que se acentúa y acrecienta, según las circunstancias que concurren en cada persona. Ello no significa que en todo caso ese padecimiento sea indemnizable, pero, desde luego, lo es cuando la persona a quien se somete al mismo, por las circunstancias que en él concurren, el hecho de verse sometido al proceso le lleva a desmerecer claramente en el concepto social en el que era tenido afectando a su entorno personal, familiar y profesional del afectado, o el proceso adquiere una relevancia pública que excede de lo habitual. Si a eso se añade que, como en este supuesto, finalmente el recurrente fue absuelto, con independencia de las razones por las que se produjo la exculpación, y que entretanto debió permanecer sujeto a la incertidumbre que generaba la continuación del proceso sin que se produjera una resolución definitiva, no cabe duda que se le causó el daño moral que reclama y que esta Sala le reconoce en la suma de 12.020,24 ¤ a la fecha de esta Sentencia. En el bien entendido que, en este caso, la indemnización se reconoce por la dilación excesiva e indebida en la instrucción y resolución de la causa y no por la existencia misma del proceso penal, y que la cuantía se fija atendidas las circunstancias del caso y que no existen razones que justifiquen la suma solicitada por el recurrente.

En cuanto a los daños materiales, acerca de los cuales, como dijimos, no se refiere el motivo, ratificamos lo expuesto por la Sentencia de instancia, puesto que, en relación con los honorarios de profesionales éstos nada tienen que ver con la indebida prolongación del proceso en el tiempo, ya que de no haberse producido esa dilación indebida igualmente los habría de satisfacer, y en cuanto a los que denomina "múltiples gastos de imposible justificación" si un daño no puede justificarse, con carácter general, tampoco podrá satisfacerse, y los derivados de la fianza son debidos a la existencia del proceso y no a su prolongada duración.

Estimado el recurso resulta innecesario entrar en la consideración del segundo de los motivos articulados.

CUARTO

Al estimarse el recurso de conformidad con lo prevenido en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción no procede hacer expresa condena en costas y en cuanto a las de la instancia cada parte satisfará las que le correspondan.

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD

EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

FALLAMOS

Ha lugar al recurso de casación núm. 2764 de 2001 interpuesto por la representación procesal de don Casimiro., contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de dieciséis de febrero de dos mil uno, que desestimó el recurso contencioso administrativo núm. 1251/2000, interpuesto contra la desestimación presunta por el Ministerio de Justicia de la reclamación de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado por la prisión sufrida por el recurrente y por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, presentada el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, que anulamos y dejamos sin ningún valor ni efecto, y todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

Estimamos en parte el recurso contencioso administrativo núm. 1.251 de 2.000, interpuesto contra la desestimación presunta por el Ministerio de Justicia de la reclamación de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado por la prisión sufrida por el recurrente y por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, presentada el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, que anulamos por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, y declaramos que por la Administración demandada se abonará al recurrente la suma de 12.020,24 ¤ a la fecha de esta Sentencia en concepto de daño moral y todo ello sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don Santiago Martínez-Vares García, Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de la fecha, de lo que como Secretario doy fe.