STS 787/2001, 4 de Mayo de 2001

Los cuatro primeros motivos que formula este recurrente denuncian la vulneración del principio acusatorio por el Tribunal de instancia, si bien cada uno de aquéllos se articula desde diferentes perspectivas, como la infracción del derecho del imputado a conocer la acusación que establece el art. 24.2 C.E. (motivo primero), la vulneración del valor "justicia" como inspirador de todo el ordenamiento jurídico que consagra el art. 1 de la Norma Básica (motivo segundo), la indefensión proscrita en el art. 24.1 C.E. que se habría ocasionado al acusado (motivo tercero) y, por último, la infracción del prinicipio de "congruencia penal" de las sentencias que prescribe el art. 737 L.E.Cr. Como fundamento de todos y cada uno de estos reproches se alega por el recurrente que la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia condena al acusado por hechos distintos de los que habían sido objeto de acusación por el Ministerio Fiscal y de los que, por consiguiente, no tuvo oportunidad de defenderse.

Es doctrina reiterada por esta Sala la vigencia en el proceso penal del principio acusatorio como exigencia derivada de las garantías procesales y de la proscripción de toda indefensión que se expresan en el art. 24 de la Constitución, principio que, por lo demás, tiene un más amplio fundamento en el valor "justicia" como factor superior que informa todo el Ordenamiento nacional propio de un estado social y democrático de derecho que se proclama en el art. 1 C.E. (véase STS de 22 de septiembre de 1.998, entre otras muchas). Una de las manifestaciones más relevantes del principio acusatorio como esencial garantía de todo justiciable es la necesidad de una correlación entre los hechos imputados por las partes acusadoras y los que la sentencia establece como base material de la condena, de tal manera que el imputado pueda conocer la infracción penal que se le atribuye con suficiente antelación para alegar y proponer prueba, excluyendo toda posibilidad de una condena sorpresiva por algo de lo que no fue acusado y contra lo que no pudo articularse una defensa mínimamente eficaz. Quiere decirse con ello que el Tribunal sentenciador se encuentra vinculado a la hora de dictar sentencia por los hechos que las partes acusadoras imputan al acusado y que se contienen en la calificación definitiva que, junto a la calificación jurídica de aquéllos, constituyen el ámbito del proceso penal y el objeto del mismo, de suerte que, como ya declaraba una veterana sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 1.988, el Tribunal no puede pronunciarse sobre hechos que no hayan sido objeto del debate contradictorio por no haber sido aportados al proceso, ni hacer una calificación distinta a la que figura en las conclusiones definitivas de las acusaciones salvo caso de homogeneidad.

Esta exigencia de la vinculación del juzgador a la base fáctica de la acusación, no llega al extremo de requerirse del Tribunal sentenciador un sometimiento absoluto a aquélla, ya que, como consecuencia y resultado de la práctica de la prueba en el plenario, el juzgador puede introducir en su declaración de hechos probados, matizaciones, complementos, aclaraciones o modificaciones accesorias de los hechos básicos, pues con ello no se vulnera el principio acusatorio siempre que se respeten los hechos esenciales imputados por la acusación y las modificaciones incorporadas al "factum" de la sentencia no alteren la calificación jurídica de los hechos.

En el caso presente, el Fiscal acusaba al recurrente de suministrar a la familia BlancaRosendoConsueloAlejandra un kilogramo de cocaína, especificando que, a tal fin, se trasladó a Valencia en un vehículo alquilado entregando personalmente el paquete con la droga a los coacusados en la floristería "DIRECCION000 " a las hermanas Consuelo y Alejandra . Como resultado de la abundante prueba practicada en el Juicio Oral, la sentencia viene a reproducir prácticamente los hechos que la acusación pública imputa al acusado con la sola excepción de que el acto material de la entrega no la realizó el recurrente personalmente, sino a su encargo por medio de otra persona no identificada, matización ésta que no afecta en modo alguno a la estructura esencial de los hechos imputados al acusado de actuar como proveedor de la ilícita sustancia a los coacusados que luego la transmitieron por precio a otra persona y de participar en tal concepto de suministrador en el acto de tráfico delictivo, del que en todo momento tuvo conocimiento y pudo articular su defensa, y sin que, por otra parte, la mencionada y accesoria modificación fáctica altere en lo más mínimo la calificación jurídica del hecho.

Los motivos deben ser desestimados.

Al amparo del art. 849.2º L.E.Cr. se denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba, pero esta censura tampoco es susceptible de prosperar por cuanto el motivo señala como documentos acreditativos del pretendido error del juzgador, lo que esta Sala de casación ha reiterado hasta la saciedad que no son los documentos requeridos por el precepto procesal que cobija el reproche, excluyéndose expresamente como tales tanto el Acta del Juicio Oral como el Atestado Policial en cuanto recogen las manifestaciones prestadas por acusados o testigos, ya que los que contempla el art. 849.2º L.E.Cr. son auténticas pruebas documentales, cuyo contenido puede ser valorado sin necesidad de la inmediación que caracteriza la valoración de las pruebas de naturaleza personal como son las declaraciones de quienes deponen en el procedimiento aunque figuren documentadas en autos de una u otra forma.

Así, los sedicentes documentos que designa el motivo se reducen a las declaraciones prestadas por el Policía Nacional nº NUM005 en el Atestado, ante el Juez de Instrucción y en el acto del Juicio Oral sobre la persona que hizo entrega física del paquete con la droga en la floristería que, como ya se ha dicho no son documentos a efectos del art. 849.2º, sino meras pruebas personales documentadas sin eficacia para acreditar el error de hecho que se denuncia.

Pero es que, además, la censura resulta inocua, por cuanto que lo que el recurrente pretende demostrar es que el Tribunal erró al declarar probado que fue el Sr. Juan Francisco quien hizo entrega personalmente de la droga a los coacusados, cuando, como hemos visto, el relato histórico de la sentencia establece que fue otra persona no identificada quien efectuó tal entrega material, si bien actuando como instrumento del acusado, por lo que, en ningún caso aparece el "error facti" que se denuncia.

No podemos dejar de hacer algunas consideraciones respecto a la censura que en este mismo motivo en el que, con palmaria incorrección procesal, se denuncia la indebida valoración por el Tribunal a quo de las conversaciones telefónicas interceptadas con autorización judicial como prueba de cargo contra el recurrente porque, según sostiene, el informe pericial practicado en fase sumarial no es concluyente para identificar la voz del Sr. Juan Francisco con uno de los personajes que participan en las conversaciones y, además los peritos no comparecieron al acto del juicio oral para ratificar su informe y someterse a la contradicción de las partes acusadas.

En cuanto al primer reproche, debe ser rechazado de plano dada la rotundidad y contundencia de la conclusión a que llegan los peritos al establecer que las voces corresponden a la persona del acusado. En cuanto a la segunda reticencia, cabe significar que se trata de un dictamen elaborado por los especialistas de un Organismo Oficial del Estado, practicado con técnicas y métodos muy sofisticados por expertos en la materia altamente cualificados, que fue conocido por los acusados y los letrados defensores de éstos quienes en ningún momento cuestionaron su resultado, ni manifestaron reparo alguno, ni tampoco interesaron la comparecencia al plenario de los peritos para ejercer su derecho de contradicción, por lo que debe entenderse que el recurrente aceptó el resultado del Informe conformándose implícitamente con el mismo por lo que, al igual que ocurre con los dictámenes emitidos por otros servicios oficiales -como los que versan sobre análisis de drogas-, no resulta necesaria la presencia de los especialistas en el Juicio Oral para su ratificación como requisito para la valoración del informe como elemento probatorio por el Tribunal sentenciador, según reiteradísima jurisprudencia de esta Sala que, por conocida, excusa de la cita.

RECURSO DE Consuelo

Dejando aparte el motivo que denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 C.E., que examinaremos al final de esta resolución juntamente con los que formulan el resto de los acusados, esta recurrente invoca el error de hecho en la apreciación de la prueba al amparo del art. 849.2º L.E.Cr.

Al desarrollar el motivo el recurrente alega que las declaraciones de Rosendo (padre de la acusada) demuestra que la participación que hubieran tenido Consuelo y Alejandra en los hechos enjuiciados lo hubieran sido, en todo caso, a título de cómplice. Claramente se advierte que el reproche no puede ser acogido: en primer lugar, porque, como ya se ha dicho, las declaraciones de un coacusado no tienen la condición de "documento" susceptible de fundamentar un motivo de casación por el cauce del art. 849.2º L.E.Cr. En segundo término, porque el error de hecho en la valoracion de la prueba no puede servir de vía procesal para cuestionar pronunciamientos de naturaleza jurídica como el de las formas de participación en el hecho delictivo, que son propios del error de derecho del art. 849.1º. Y, por último, porque -como veremos en su momento- existen elementos probatorios plurales y sólidos que han servido de base al Tribunal a quo para formar su convicción respecto de la actuación de la recurrente que se relata en el "factum" de la sentencia.

RECURSO DE Rosendo

Además de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de la que luego hablaremos, denuncia también este recurrente el error de hecho en la apreciación de la prueba, invocando el art. 849.2º L.E.Cr. Pero al examinar el desarrollo del motivo se aprecia que no se cita ningún documento, ni particulares de los mismos, que demuestren la equivocación que se atribuye al Tribunal de instancia, razón más que suficiente para que la censura no pueda ser estimada. De hecho, el breve alegato del recurrente no se ocupa sino de criticar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal sentenciador, interpretando a su conveniencia, como parte interesada, los elementos probatorios utilizados por la Sala a quo para formar su convicción, lo que en ningún caso corresponde al ámbito del "error facti" del art 849.2º bajo el que se cobija este motivo.

Al amparo del art. 851.1º de la Ley Procesal se aduce una triple censura. La primera alega falta de claridad en los hechos probados, cuando la sentencia declara que ".... actuaban conjuntamente con la finalidad de introducir y distribuir cocaína en la ciudad de Valencia bajo la dirección de la primera" [ Blanca ]. Indica también el recurrente que en este fragmento "... se consignan como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, implican predeterminación del fallo".

Para rechazar esta doble censura basta significar que la frase pretendidamente viciada de falta de claridad no adolece de tal defecto en modo alguno, ya que su sola lectura evidencia la perfecta comprensión de lo que en ella se dice sin la menor dificultad, quedando muy lejos de los supuestos de ininteligibilidad que impide aprehender y conocer lo que figura en el relato histórico, que es lo que configura el defecto formal que, sin fundamento alguno, se denuncia.

En cuanto a la predeterminación del fallo del mismo pasaje, es llano que tampoco puede prosperar, pues, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, los términos, expresiones y vocablos utilizados corresponden al lenguaje común del cuerpo social que no sustituyen la narración fáctica por conceptos jurídicos, ya que es patente que se trata de una simple fórmula descriptiva de los propósitos o ánimo tendencial de los acusados. Y, si bien es cierto que procesalmente resulta más ortodoxo ubicar este dato en la fundamentación jurídica de la sentencia, su consignación en el "factum" no configura el vicio que se denuncia, toda vez que, eliminada mentalmente la frase en cuestión, el relato histórico continuaría ofreciendo abundantes datos configuradores de los elementos constitutivos del tipo penal aplicado, incluido el elemento subjetivo del injusto que con toda facilidad y lógica se infiere de los datos fácticos probados que aparecen a todo lo largo de la sentencia. Cabe significar, por último, que numerosos precedentes jurisprudenciales de esta Sala han insistido que el vicio de predeterminación del fallo sólo afecta a cuestiones estrictamente jurídicas y no a los juicios de valor que obren en el "factum", de modo que expresiones como "... para vender heroína....", "... con ánimo de traficar....", "con la finalidad de distribuirla en nuestro país.....", "pretendía introducir y destinarla a su distribución....", o, ".... que estaban destinadas al tráfico...", no constituyen conceptos jurídicos que anticipen el fallo (véanse SS.T.S. de 19 de febrero, 17 de abril y 10 de octubre de 1.996, 31 de octubre de 1.995 y 21de noviembre de 1.995).

Por último, carece de todo sentido atribuir vicio de contradicción al pasaje "utilización del establecimiento DIRECCION000 , sito en la AVENIDA000 nº NUM000 Bajo, regentado por Alejandra y en el que trabajaba Consuelo , donde ambas, junto con su padre contactaban con los proveedores de la droga, así como con los compradores de la misma", pues es evidente que este fragmento no resulta incompatible con el hecho probado de que las ilícitas actividades imputadas al recurrente y a su esposa se efectuaran bajo la dirección de esta última.

El motivo debe ser desestimado.

El último motivo de este recurrente se formula por el cauce del art. 851.3º L.E.Cr., denunciando incongruencia omisiva porque la sentencia impugnada "... no recoge la acusación del Ministerio Fiscal en cuanto que el Sr. Rosendo es quien se pone físicamente en contacto con los proveedores al objeto de recoger y transportar la droga".

La sinrazón procesal de este reproche es palmaria, no sólo porque el vicio de incongruencia omisiva sólo afecta a cuestiones de naturaleza jurídica que habiendo sido planteadas en tiempo y forma procesalmente adecuados, no hayan obtenido respuesta del Tribunal. En el presente caso, no sólo es que el tema que se dice no resuelto es una evidente y manifiesta cuestión fáctica y no jurídica, sino que el recurrente carece de legitimación para reprochar la falta de respuesta a una cuestión que no ha sido suscitada por él, sino por otra parte -y contraria- procesal.

RECURSO DE Blanca

No puede ser estimado el motivo en el que, al amparo del art. 849.2º L.E.Cr., se reproche error de hecho en la valoración de la prueba, toda vez que la recurrente señala para acreditar ese supuesto error las declaraciones de la procesada y el acta de entrada y registro efectuado en su domicilio, siendo así que ninguno de ellos ostenta la condición de documentos que requiere el precepto bajo el que se articula el motivo. Respecto de las declaraciones de los acusados, nos remitimos a lo consignado anteriormente. Y, en cuanto al acta de entrada y registro, no sólo no es "documento" a efectos casacionales por error de hecho (por todos, STS de 4 de diciembre de 1.995), por cuanto no se trata de un documento generado fuera del proceso e incorporado posteriormente a las actuaciones, sino de una diligencia nacida del mismo procedimiento, sino que, además, su contenido carece de toda posibilidad para acreditar la equivocación que se imputa al juzgador de instancia, sino más bien lo contrario, en cuanto como resultado de tal actuación judicial se intervino en el domicilio de la recurrente una cantidad de 81,78 gramos de cocaína.

Al amparo del art. 851.1º L.E.Cr. se invoca la inclusión en los hechos probados de conceptos jurídicos predeterminantes del fallo de la sentencia, pero el recurrente se limita a transcribir en su integridad una extensa parte de la declaración de hechos probados, pero sin indicar ni especificar cuáles fueran los conceptos jurídicos que predeterminan y anticipan el fallo de la sentencia, lo cual es suficiente para desestimar el motivo, pues el impugnante se limita a alegar que la resultancia fáctica en su conjunto "conlleva un comportamiento inequívoco de que los procesados actuaban conjuntamente con la finalidad de introducir y distribuir cocaína en Valencia....". La penuria argumental, y la absoluta ausencia de los requisitos necesarios para el éxito casacional -similar a las del motivo que formula Rosendo , a cuya respuesta nos remitimos- imponen el rechazo de esta censura por su manifiesta falta de fundamento.

MOTIVOS QUE POR VULNERACION DE PRESUNCION DE INOCENCIA FORMULAN LOS RECURRENTES

Todos los recurrentes invocan el art. 24 C.E. alegando cada uno de ellos la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia que se proclama en el citado precepto, por cuanto, según sostienen, no se ha practicado prueba de cargo suficiente que acredite la respectiva participación de aquéllos en la actividad ilícita por la que resultaron condenados.

Reiteradamente ha declarado esta Sala que la presunción de inocencia es un derecho básico de toda persona que protege al acusado de ser condenado ante la inexistencia, invalidez o insuficiencia de pruebas, y que, cuando se alega en casación, este Tribunal Supremo debe verificar si el pronunciamiento condenatorio del Tribunal de instancia se fundamenta en una actividad probatoria válidamente obtenida y de signo incriminatorio suficiente que permita afirmar, con exclusión de toda duda razonable, la realidad de los hechos objeto de enjuiciamiento y la participación en los mismos del acusado, pero sin que su función revisora se extienda a efectuar una nueva valoración de la prueba, pues ese juicio crítico corresponde a la Sala sentenciadora, que es la única que se beneficia de las ventajas de la inmediación y de la contradicción como factores esenciales para tal actividad evaluadora exclusiva y excluyente que le atribuyen el art. 117.3 C.E. y 741 L.E.Cr. al Tribunal sentenciador. También hemos afirmado insistentemente que tan válida como la prueba de cargo directa, lo es también la denominada indirecta, indiciaria o circunstancial, siempre que, en este último supuesto, la conclusión inferida por el juzgador se deduzca de manera racional y lógica del conjunto de elementos indiciarios, plurales, concomitantes y debidamente probados que figuren en la sentencia, debiendo el órgano sentenciador explicitar el proceso intelectual mediante el que se produce el engarce entre los hechos indiciarios y el hecho consecuencia bajo el imperio de las reglas de la lógica, el buen criterio y las normas de la experiencia.

En el caso presente, y en lo que respecta al matrimonio formado por Rosendo y Blanca , existe una prueba de indicios, abrumadora y sólida, constituida por las grabaciones de las conversaciones telefónicas intervenidas con autorización judicial -y a las que ningún reparo respecto de su validez oponen los recurrentes, a excepción de la objeción sobre la identificación de su voz del coacusado Juan Francisco , que ya ha sido examinada y rechazada- de su participación en actividades de tráfico de drogas con el coacusado Pedro Jesús (condenado que no recurre), dado que su contenido pone claramente en evidencia las negociaciones entre Pedro Jesús y Blanca sobre suministro de cocaína, el precio y demás detalles de las operaciones, por más que, como es habitual, se utilice en esos diálogos un lenguaje más o menos críptico que no consigue en modo alguno enmascarar la naturaleza de la mercancía de que se trata, bastando con señalar el fragmento en que Pedro Jesús negocia con Blanca la entrega de "dos carretes de fotografías" por 2.600.000.- ptas., "siempre que vaya por ellos a Madrid". Resulta altamente significativo que Blanca niegue conocer a Pedro Jesús (F. 244) y que Rosendo manifieste que lo conoce superficialmente (F. 253), cuando las conversaciones intervenidas evidencian lo contrario y el propio Pedro Jesús declara (F. 1.335) que todos los negocios los lleva con Blanca aunque a quien ve es a Rosendo y, además, existe prueba documental de diversos resguardos bancarios (Folios 210 y ss. en relación con la documental bancaria de los folios 396 y ss.) que acreditan distintos pagos a Pedro Jesús efectuados por Blanca y sus hijas en elevadas cantidades que no han sido justificadas. Resulta también sumamente esclarecedor la ausencia de toda respuesta del matrimonio respecto del motivo de estos pagos, que el proveedor de la droga trata de justificar en una supuesta venta a Rosendo de una patente, venta de la que no se ofrece el mínimo atisbo de realidad y de la que el propio Rosendo desconoce cuando no hace ninguna alusión a ella en sus primeras declaraciones sumariales cuando se le pregunta sobre los pagos a Pedro Jesús . La incautación en el domicilio del matrimonio de siete bolsas de cocaína con un peso total de 81,78 gramos, junto a otros útiles propios del tráfico, refuerza el arsenal probatorio de cargo, por más que se alegue que esta droga pertenecía a un hijo drogadicto, excusa que no ha sido aceptada por el Tribunal en el libre y soberano ejercicio de la valoración de la prueba.

Por lo que se refiere a la operación de tráfico de los 987,49 gramos de cocaína suministrados por Juan Francisco , la prueba de cargo es asimismo abrumadora respecto de todos los recurrentes. La participación en el acto de tráfico no sólo se encuentra acreditada por prueba directa de las declaraciones en sumario y en el Juicio Oral de los funcionarios policiales que efectuaron el servicio de vigilancia, seguimiento y detención de los acusados, quienes manifestaron que la transacción se llevó a cabo en la floristería donde se encontraban Consuelo y Alejandra junto con su padre, a donde llegó Juan Miguel sin ninguna bolsa o paquete, saliendo todos ellos del establecimiento, llevando Alejandra una bolsa, entrando en el coche de Consuelo con Juan Miguel y dirigiéndose a determinado lugar donde se quedó este último siendo detenido e incautándosele la misma bolsa con su contenido de cocaína. Es también prueba de cargo relevante, la declaración de Juan Miguel al manifestar que la bolsa en cuestión se la había entregado Rosendo al salir con sus hijas de la floristería.

Junto a tales e importantes elementos probatorios, existen numerosos datos indiciarios que los refuerzan. Las conversaciones telefónicas revelan de manera inconcusa que fue Juan Francisco quien suministró la cocaína en "DIRECCION000 " a las hermanas ConsueloAlejandra la víspera de las detenciones con el objeto de que éstas encontraran un comprador. En este sentido las grabaciones revelan con toda evidencia el incesante cruce de llamadas entre Juan Francisco y Alejandra y Consuelo en las que se trata de la búsqueda de un comprador por parte de éstas, el intento fallido con un primero y el cierre de la operación con Juan Miguel , siendo digno de resaltar el pasaje de las grabaciones en el que Alejandra informa a Juan Francisco que Juan Miguel ha aceptado y Consuelo que "ya se han llevado el ramo" por el que aquél pagaría tres millones el jueves y 600.000.- ptas. el sábado.

La intervención de Blanca en esta ilícita operación se pone también de manifiesto en la declaración de ésta negando conocer a Juan Francisco , cuando en el mensáfono de éste se recibieron varios mensajes de aquélla y se grabaron distintas llamadas telefónicas entre ambos personajes que según ellos, no se conocían. Así como en las llamadas efectuadas por su hija Consuelo respecto a las vicisitudes de la operación de venta de la droga proporcionada por Juan Francisco a Juan Miguel y su inquietud porque no llegaba el pago del "ramo" que había comprado Juan Miguel (porque éste ya había sido detenido).

Es patente que la censura de los recurrentes a la ausencia de prueba de cargo carece de todo fundamento. El Tribunal sentenciador ha analizado todo el elenco probatorio legítimamente practicado constituido por la prueba testifical, las declaraciones de los acusados -tanto las prestadas en plenario como las efectuadas con todas las garantías en fase sumarial- así como la documental de las grabaciones de las conversaciones intervenidas, las actas de los registros practicados y la pericial analítica de las sustancias incautadas. La valoración unitaria de tan abundante e incriminador bagaje probatorio -directo e indiciario- ha conducido al Tribunal de instancia a considerar acreditada la realidad de los hechos imputados y la participación de los acusados en sus respectivos roles, explicitando en la sentencia razonadamente esta conclusión que, por lo demás, se revela clamorosamente ajustada a la lógica y a la racionalidad que, con exclusión de toda tentación de arbitrariedad, debe presidir la valoración de la prueba.

Todos los motivos que denuncian la infracción de la presunción de inocencia deben ser, por lo tanto, desestimados.

III.