STS 460/2002, 16 de Marzo de 2002

Ponente:Juan Saavedra Ruiz
Número de Recurso:1818/2000
Procedimiento:PENAL - 01
Número de Resolución:460/2002
Fecha de Resolución:16 de Marzo de 2002
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal
RESUMEN

FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. DOLO FALSARIO. El delito de prevaricación no trata de sustituir a la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, sino de sancionar supuestos-límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad y funcionario, perjudicando al ciudadano o a los intereses generales en un injustificado ejercicio de abuso de poder, de forma que no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona. En primera instancia se condena al acusado. Se estima en parte la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO
  1. JOAQUIN DELGADO GARCIAD. JUAN SAAVEDRA RUIZD. DIEGO ANTONIO RAMOS GANCEDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Marzo de dos mil dos.

En los recursos de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, que ante Nos penden, interpuestos por las representaciones de Mauricio y Gema , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Tercera, que condenó a los acusados por delitos de falsedad y prevaricación; los Excmos Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la Vista bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, siendo parte el Ministerio Fiscal y estando representados los recurrentes Mauricio por el Procurador Don Juan Antonio Fernández Mújica y asistido de la Letrado Doña Josefina Navarrete Hernández. y Gema representada por el Procurador Don Saturnino Estevez Rodríguez, no habiendo comparecido el Letrado de dicha parte al acto de la vista, pese a estar citado.

ANTECEDENTES

PRIMERO

El Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Arrecife de Lanzarote, incoó Procedimiento Abreviado nº 1480/94 contra Mauricio y Gema , por delitos de falsedad y de prevaricación y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Tercera, que con fecha uno de octubre de mil novecientos noventa y nueve, dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:

"HECHOS PROBADOS: Expresamente se declaran como tales los siguientes: Alrededor del mes de marzo de 1993, la acusada Gema , mayor de edad y sin antecedentes penales, entonces funcionaria contratada en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote y encargada del libro-registro de entradas y salidas de documentos, fue requerida por el también acusado Mauricio , mayor de edad y sin antecedentes penales, y en aquellas fechas DIRECCION000 del Ayuntamiento de la referida Villa, para que en el mencionado libro-registro y con fecha de 31 de diciembre de 1992 inscribiera la salida de la resolución dictada por el DIRECCION000 y que figura suscrita con tal fecha, por virtud de la cual se otorgaba a D. Luis Andrés la concesión por plazo de tres años y a partir del 1º de enero de 1993 del servicio de bar ubicado en el Centro Socio Cultural "DIRECCION001 " de PLAYA000 , con las condiciones establecidas en el referido documento, y sin que para tal concesión se siguiera procedimiento administrativo alguno.- A consecuencia de tal requerimiento del superior y no obstante conocer de la irregularidad de la actuación, Gema borró con tippex el renglón del libro-registro a partir del cual se ponía fin a las inscripciones correspondientes al año 1.992, que además se cerraba con unas rayas paralelas trazadas transversalmente, y sobre tal renglón así borrado inscribió con el nº de orden 3007 el documento de concesión antes referido".

SEGUNDO

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a la acusada Gema , en concepto de autora responsable de un delito de falsedad, previsto y penado en el artículo 302, números 4, 5 y 8 en relación con el artículo 318, ambos del anterior C.Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de NUEVE MESES DE PRISION MENOR, accesorias legales, multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, con quince días de arresto sustitutorio en caso de impago y costas procesales, y, asimismo, debemos condenar y condenamos al acusado Mauricio , en concepto de autor por inducción de un delito de falsedad, previsto y penado en el artículo 390.1º y del vigente Código Penal, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de TRES AÑOS DE PRISION, multa de seis meses con cuota diaria de dos mil (2000) pesetas e inhabilitación especial por tiempo de dos años y costas, y en concepto de autor responsable de un delito de prevaricación, previsto y penado en el artículo 358 del anterior C.Penal, sin concurrir circunstancias modificativas, a la pena de SEIS AÑOS Y UN DIA DE INHABILITACION ESPECIAL y al pago de las costas procesales.- Reclámese del instructor la pieza de responsabilidad civil terminada conforme a derecho".

TERCERO

Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, por las representaciones de Mauricio y Gema , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

CUARTO

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, las representaciones de los recurrentes, formalizaron sus recursos, alegando los motivos siguientes: I.- RECURSO DE Mauricio : PRIMERO.- Se funda en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al considerar que en la sentencia dictada se han infringido preceptos de carácter sustantivo y ello en relación a los artículos 390.1º y del vigente C.P. y 358 del C.P. de 1973 por aplicación indebida de los mismos. SEGUNDO.- En base al artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 5 y 11 de la L.O.P.J.. II.- RECURSO DE Gema : UNICO.- Se interpone por entender que ha habido una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, derivado de la falta de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. Asimismo la resolución recurrida incurre en el vicio de infracción de ley del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda vez que dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, se ha infringido los artículos y preceptos de carácter sustantivo, concretamente, ha existido aplicación indebida de los artículos 302, número 4, 5 y 8 y una inaplicación del artículo 8.12 todos ellos del Código Penal anterior.

QUINTO

Instruidas las partes de los recursos interpuestos, la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista, cuando por turno correspondiera.

SEXTO

Realizado el señalamiento para Vista, se celebró la misma el día 5 de marzo de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

RECURSO DE Mauricio .

PRIMERO

Por razones lógicas y sistemáticas vamos a examinar en primer lugar el segundo de los motivos formulados que se refiere a la presunción de inocencia. Se argumenta sustancialmente que la única prueba de cargo existente es la declaración de la coimputada y que la misma es insuficiente por cuanto concurren circunstancias que merman su credibilidad.

La presunción de inocencia debe entenderse como derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que la sentencia condenatoria debe expresar las que sustentan la declaración de responsabilidad del condenado, constituyendo verdaderos actos de prueba conformes a la Ley y a la Constitución y generalmente practicadas en el acto del juicio oral con todas las garantías. Igualmente son exigencias de dicho derecho fundamental las relativas a quién debe aportar las pruebas, en qué momento y lugar deben practicarse las mismas, qué debe entenderse como prueba legal y constitucionalmente válida, necesidad que la valoración probatoria se someta a las reglas de la lógica y la experiencia, que conlleva la obligación de motivar o razonar el resultado de dicha valoración, debiendo referirse a los elementos esenciales del delito objeto de condena, tanto de naturaleza objetiva como subjetiva, sin olvidar que ex artículo 741 LECrim. corresponde al Tribunal de instancia la libre valoración de la misma, revisable sólo en casación en supuestos de franca arbitrariedad (artículo 9.3 C.E.) o cuando la motivación no se ajusta a las reglas de la lógica, racionalidad o experiencia (S.S.T.C. 111/99 o 209 y 222/01).

La declaración del coimputado por regla general puede constituir prueba de cargo válida en cuanto su relación con los hechos así lo consiente, aunque las condiciones procesales de su emisión, al margen del juramento o promesa de decir verdad, obliga a cautelas o exigencias especiales. En este sentido la Jurisprudencia constitucional y de esta Sala viene exigiendo, sobre todo cuando se trata de un único coimputado, que el contenido de su declaración sea corroborado por otros hechos o indicios que confirmen su verosimilitud.

En el presente caso, la Sala de instancia afirma haber tenido en cuenta "las declaraciones inculpatorias frente al mismo (el ahora recurrente) de la otra acusada, quien, sin ánimo de exculparse a sí misma y sin móvil subjetivo o espurio alguno, pues tenía buenas relaciones con el entonces DIRECCION000 y en nada se beneficiaba con su actuación, fue clara y contundente en el Plenario y en la instrucción al exponer que la referida falsedad en el libro-registro del Ayuntamiento la cometió por motivo del expreso requerimiento que para tal fin le hizo el otro acusado ...."; añadiendo en el párrafo siguiente que a ello debe unirse la prueba indiciaria, medio corroborador, que se deriva de la reconocida amistad del acusado con la persona a quien se otorgaba la concesión, reconocida por él mismo y un testigo en el Plenario, así como del hecho de que aquélla se le otorgaba con efectos a partir del 1/1/93; además, aduce también la sentencia que el entonces Secretario del Ayuntamiento declaró en relación con el oficio cuestionado que ni siquiera existía como soporte del mismo "expreso Decreto de la Alcaldía o Acuerdo de Comisión Municipal".

Las previsiones señaladas concurren en el presente caso y el motivo debe ser desestimado.

SEGUNDO

El primero de los motivos yuxtapone dos errores de subsunción del artículo 849.1 LECrim., con incorrecta técnica casacional (artículo 874 LECrim.), acusando la aplicación indebida de los artículos 390.1 y 4 C.P. 1995 y 358 C.P. 1973. Por ello deben ser examinados separadamente.

  1. En cuanto al delito de falsificación de documento público, en primer lugar, debe ser integrado el sustrato fáctico objeto de subsunción por la Sala de instancia, de forma que el "factum" en sentido estricto debe complementarse con aseveraciones de dicha índole constatadas en el fundamento de derecho primero, cuando expresa "....intercalando en aquél (libro-registro) una fecha incorrecta y referida a un hecho falso y no acontecido en el momento consignado en el libro ....". Lo anterior es decisivo habida cuenta la vía casacional empleada (artículo 884.3 LECrim.).

    Sentado lo anterior, en segundo lugar, el argumento decisivo del recurso se cifra en el entendimiento de que en todo caso el registro de salida del documento "en fecha anterior a la real, tal discordancia no altera en modo alguno ninguno de los elementos esenciales del documento (ni del oficio inscrito ni del libro propiamente dicho)", lo que quiere decir que el razonamiento no respeta el hecho probado, pues parte de considerar que la fecha del oficio coincide con la de su otorgamiento y el asiento correspondiente a su salida se intercaló en el registro ciertamente en momento posterior, pero ello sería inocuo por falta de antijuricidad material, pues ni altera su esencia ni sus efectos.

    Recogiendo lo dicho, en tercer lugar, la conclusión sólo puede ser contraria a lo pretendido por el acusado. La falsedad tiene un doble contenido y se proyecta también doblemente en ambos soportes documentales. Por una parte, el oficio es mendaz porque no sólo lleva una fecha que no se corresponde con su dictado, sino igualmente porque el hecho que consigna (concesión) no es administrativamente cierto. Por otra, es inductor del levantamiento en el libro-registro de un asiento inveraz por cuanto éste no refleja la fecha verdadera de su emisión.

    Ahora bien, la Audiencia ha calificado los hechos anteriores conforme el C.P. 1995 por entenderlo más favorable para el acusado, a diferencia de la coacusada donde aplica el C.P. 1973 (D.D.T.T. 1ª y 2ª C.P. vigente). La razón de ello estriba en la consideración del hoy derogado artículo 318, inserto en las Disposiciones Comunes del antiguo Capítulo V, del Título III, desaparecido en el vigente. Es cierto que la cuestión no ha sido expresamente suscitada por el recurrente, pero está implícitamente contenida en su voluntad impugnativa en cuanto potencialmente conlleva la moderación de la pena. Además, su exclusión es un "prius" para la determinación de cual sea la ley más favorable, pues se debe tener en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro Código.

    El artículo 318, Texto de 1973, suprimido en el Código Penal vigente de 1995, disponía que "en todo los casos comprendidos en este capítulo y en los capítulos precedentes, con excepción del II, los Tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, la naturaleza del documento, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada". Dicho efecto atenuatorio, según común opinión científica, admitida generalmente por la Jurisprudencia, tiene su origen en la consideración de exigir para los delitos de falsedad una mínima eficacia susceptible de producir verdadera alteración o trastorno en el tráfico jurídico, lo que determina que cuando aquélla sea absolutamente intranscendente o inocua la conducta resulta impune, de forma que según su relevancia puede entrañar una atenuación específica. Consecuencia de lo anterior han sido las oscilaciones de dicha atenuación en nuestra legislación penal. El antiguo artículo 240 del C.P. de 1850 ya señalaba que los Tribunales rebajarán de uno a dos grados la pena, imponiéndola en el que estimen conveniente, y conmutarán la de presidio en prisión en todos los casos de que se trata en el capítulo de la falsificación de documentos, cuando la falsedad no ocasionare perjuicio efectivo y considerable a tercero, ni hubiera producido gran escándalo. Elogiado y criticado dicho precepto se suprime en la reforma de 1870. Posteriormente el Código de 1944 le dió vida de nuevo. La Ley de 27/12/47 introdujo la prohibición de su aplicación a los delitos de falsificación de moneda, permaneciendo así hasta 1995. A propósito de su alcance, la S.T.S. de 21/5/75 (R.A. 2158) decía en el tercero de sus considerandos que "el automatismo penológico y formalista, con que se sancionan los delitos de falsedad en general, tiene su correlación atenuatoria, plena de justicia, en el artículo 318 del C.P., introducido en la reforma de 1944, que plausiblemente concede a los Tribunales de instancia una potestad puramente discrecional, o facultad, para que apreciando las condiciones objetivas y subjetivas que detalla, según su prudente arbitrio y valoración en conciencia, como único límite y guía, pueda imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada para el delito de falsedad en concreto, y cuyo arbitrio, por su naturaleza, escapa a la censura de la casación, según ha venido reconociendo la doctrina de esta Sala, sin contradicción alguna".

    Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe excluir, como hace la Sala Provincial tácitamente, la aplicación de dicho precepto al acusado, teniendo en cuenta lo siguiente: a) los hechos enjuiciados acaecieron en el mes de marzo de 1993 y el lapso de tiempo transcurrido hasta la firmeza de la condena (2002) no puede ser inocuo, sin perjuicio de la gravedad del hecho, pues también es circunstancia influyente la dilatada respuesta, de la misma forma que las dilaciones indebidas han sido reconducidas por la Sala a través de la estimación de una atenuante, y en el presente caso la previsión atenuatoria se contemplaba específicamente en el artículo 318 C.P. vigente en el momento de comisión de los hechos, cuando la posible alarma generada por el delito se ha diluido con el paso del tiempo, y ello son circunstancias que deben ser tenidas en cuenta; y b) tampoco en los hechos probados se constata especial o específico perjuicio derivado de la falsedad a terceros concretos, por lo que, también sin perjuicio de su transcendencia, ello revela la necesidad de acomodar la importancia del hecho al verdadero alcance de aquélla. Así, resulta más favorable la aplicación al acusado del Código Penal de 1973.

    La primera parte del motivo debe ser parcialmente estimada en los términos que se deducen de lo razonado más arriba.

  2. En cuanto al delito de prevaricación, argumenta el recurrente, considerando indebidamente aplicado el artículo 358 C.P. 1973, que "ni ha dictado ninguna resolución administrativa injusta ni desde luego, en el hipotético caso de considerarse jurídicamente de estas características, lo hubiera hecho con el ánimo doloso específico que se requiere según la propia redacción del tipo penal «a sabiendas»".

    Este submotivo debe ser desestimado.

    Lo que se constata lisa y llanamente en el "factum", de obligado respeto habida cuenta el cauce casacional, es la existencia de una "vía de hecho" por parte del DIRECCION000 para el otorgamiento de una concesión a un administrado al margen no sólo de cualquier expediente administrativo sino incluso del conocimiento de ello por parte del Ayuntamiento, como así declaró el Secretario. Existe resolución porque con arreglo a la Jurisprudencia de esta Sala en la misma debe comprenderse cualquier acto administrativo que conlleve una declaración de voluntad afectante al ámbito de los derechos de los administrados, es decir, cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a los derechos de los administrados y a la colectividad en general, bien sea expresa o tácita, escrita u oral (S.S.T.S. de 21/2/94, 14/11/95 o 25/9/01). En el presente caso, el oficio indebidamente sentado en el libro-registro en la fecha mencionada en el "factum" da por supuesta la existencia de la resolución atinente a la concesión del servicio, lo que abarca la anterior doctrina. Y ello enlaza directamente con la denuncia de la falta del dolo específico, pues no puede entenderse la ausencia de éste cuando la omisión de cualquier trámite administrativo es tan grueso y patente. Tampoco debe olvidarse que la resolución injusta, o como dice el vigente Código Penal de 1995 arbitraria, se da tanto si se trata de actividad reglada como discrecional, equivalente a un acto de desviación de poder. El delito de prevaricación no trata de sustituir a la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, sino de sancionar supuestos-límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad y funcionario, perjudicando al ciudadano o a los intereses generales en un injustificado ejercicio de abuso de poder, de forma que no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona (S.S.T.S. de 9/6/98, 15/10 y 21/12/99 o 1873/00, entre otras).

    RECURSO DE Gema .

TERCERO

Articula un único motivo de casación, también con incorrecta técnica casacional, por cuanto yuxtapone cuestiones distintas que deben ser suscitadas separadamente. Así, al amparo del artículo 5.4 L.O.P.J., la presunción de inocencia; al del artículo 849.1 LECrim., acusa aplicación indebida de los artículos 302.4.5 y 8 C.P. 1973; y, por último, por la misma vía, falta de aplicación del 8.12, también C.P. 1973.

  1. En cuanto a la presunción de inocencia es patente su falta de fundamento cuando la propia recurrente admite y reconoce el hecho de haber levantado el asiento en el libro-registro a requerimiento del coacusado, lo que abarca el doble ámbito al que se refiere el derecho fundamental (hecho y participación en el mismo de la acusada).

  2. Mayor contenido tiene la denuncia de la aplicación indebida del delito de falsedad. Se argumenta que si bien reconoce que materialmente realizó las enmiendas en el libro-registro de entrada y salida de documentos a fin de salvar la inscripción del asiento correspondiente a la resolución dictada por el DIRECCION000 , a requerimiento de éste, de ello no se deriva "la concurrencia del necesario dolo falsario, entendiendo esta parte que no concurre dolo alguno. Efectivamente el dolo falsario se halla constituido por el conocimiento de que se altera la verdad genuina y la voluntad real de alterarla con conciencia de su ilicitud".

El Ministerio Fiscal entiende con razón que la denuncia no culmina el desarrollo argumental que conduciría al acogimiento del motivo, pero es cierto que sí se apunta y en este sentido debe ser analizada la cuestión con todas sus consecuencias.

Lo que se dice en el hecho probado es que la hoy acusada, funcionaria contratada en el momento de los hechos y encargada del libro-registro de entradas y salidas de documentos, fue requerida por el coacusado, DIRECCION000 del Ayuntamiento, para que con fecha de 31/12/92 inscribiera la salida de la resolución dictada por el DIRECCION000 "y que figura suscrita en tal fecha", que otorgaba a un tercero la concesión a partir del 1/1/93 de un servicio de bar en Centro dependiente del Ayuntamiento. La acusada a consecuencia de dicho requerimiento "y no obstante conocer la irregularidad de la actuación .... borró con tippx el renglón del libro-registro a partir del cual se ponía fin a las inscripciones correspondientes al año 1992 ..... y sobre tal renglón así borrado inscribió con el número de orden 3007 el documento de concesión antes referido".

El motivo debe ser estimado.

Situados en el ámbito subjetivo del tipo, dolo falsario, lo que no se refleja en los hechos ni se infiere de los mismos por la Sala de instancia es el conocimiento por parte de la acusada de la falsedad del documento en cuestión, es decir, que la fecha que figuraba en el mismo no correspondiese a la verdadera de su emisión, y por ello su conciencia sólo puede abarcar la irregularidad descrita de intercalar un documento verdadero en el lugar que le hubiese correspondido si su registro de salida se hubiese practicado en el momento oportuno. Como argumenta con lucidez el Ministerio Fiscal "la falsedad no resulta de la mera enmienda del Libro- Registro, hecho inocuo si hubiera asentado un suceso verdadero, sino porque el asiento era mendaz", pero lo que no se prueba es que tal mendacidad fuese conocida por la recurrente, a la que sólo puede reprochársele la irregularidad material cometida, irrelevante siendo cierto el hecho que da lugar a la misma (impunidad), pero no la conciencia de sentar en dicho libro un hecho falso. Por ello es compatible la absolución de la acusada y la condena del coacusado por el delito de falsedad. La estimación del submotivo hace ocioso el examen de la obediencia debida planteada.

CUARTO

Ex artículo 901.1 LECrim. las costas del recurso deben ser declaradas de oficio.

III.

FALLO

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de casación por infracción de ley dirigido por Gema frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Tercera, en fecha 1/10/99, en causa seguida a la misma y al correcurrente por delitos de falsedad y prevaricación, casando y anulando dicha sentencia, declarando de oficio las costas del recurso.

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación por infracción de ley, con estimación parcial del primero de los motivos, formulado frente a la sentencia mencionada por Mauricio , lo que también determina su casación y anulación, declarando también de oficio las costas del recurso atinentes al mismo y con devolución, en su caso, del depósito constituido.

Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Marzo de dos mil dos.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Arrecife (Lanzarote), con el número 1480/94 y seguida ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Tercera, por delitos de falsedad y prevaricación contra Gema , mayor de edad, hija de Jose María y de Encarna , natural y vecina de San Bartolomé (Lanzarote), funcionaria, cuya solvencia no consta, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, y contra Mauricio , mayor de edad, hijo de Lorenzo y de Olga , natural y vecino de San Bartolomé, con instrucción, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en libertad provisional por esta causa; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, hace constar los siguientes:

UNICO.- Se dan por reproducidos los de la sentencia casada.

UNICO.- Igualmente se da por reproducido el segundo, apartado A), y el tercero de la resolución precedente. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de falsedad previsto y castigado en el artículo 302.4.5 y 8, en relación con el artículo 318, C.P. de 1973, siendo autor por inducción el acusado Mauricio .

QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Gema del delito de falsedad del que venía siendo acusada, declarando de oficio las costas correspondientes a dicha acusada (un tercio), debiendo levantarse cuantas medidas reales y personales se hubiesen adoptado frente a la misma.

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Mauricio , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como autor por inducción de un delito de falsedad, ya definido, a las penas de un año de prisión menor, con la accesoria legal de suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y multa de 50.000 ptas. (300,51 euros), con arresto sustitutorio de quince días en caso de impago de la misma, y como autor de un delito de prevaricación, también definido, a la pena de seis años y un día de inhabilitación especial, y al pago de dos tercios de las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.