STS, 26 de Enero de 2007
| Ponente | JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS |
| ECLI | ES:TS:2007:404 |
| Número de Recurso | 2606/2003 |
| Fecha de Resolución | 26 de Enero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Enero de dos mil siete.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 2606/2003 interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Valero Sáez, en nombre de D. Jose Daniel, contra sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 22 de enero de 2003, habiendo sido parte el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.
Mediante el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, la parte actora, nacional de Bolivia, impugnó la Resolución del Jefe de Servicio del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas de fecha 21 de abril de 2002, por la que se denegó la entrada en territorio español, por no presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista legalmente exigidos.
Los hechos sucintamente expuestos eran los siguientes:
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El actor accedió al puesto fronterizo del Aeropuerto Madrid-Barajas en el vuelo AR-1130 de la Compañía AERO.ARGENTINAS procedente de Buenos Aires.
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Examinado el cumplimiento de los requisitos exigibles para entrar en España, se apreció que no presentó los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista legalmente exigidos, siendo informado de los derechos que le asistían, al amparo del artículo 22.1 de la Ley Orgánica 4/2000 (reformada por Ley 8/2000 ) y de los efectos de retorno al país de procedencia, que podían derivarse de la denegación de entrada, manifestando su deseo de ser asistido por Abogado de oficio.
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En presencia de su abogado, se comunica al actor la causa de denegación de entrada.
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El funcionario actuante emite informe propuesta de denegación de entrada en territorio nacional y retorno al lugar de procedencia.
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Con fecha 21 de abril de 2002 se dictó la Resolución impugnada que deniega la entrada del recurrente en territorio nacional, señalándose, en el contenido del acto recurrido, que efectuado el control de entrada, se pudo constatar que la parte actora no reunía el requisito de presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista que la legislación vigente exige para que pueda autorizársele la entrada y que ha sido asistida de los derechos que la legislación le reconoce por Dª. María Teresa Marañón Maroto.
En este caso no consta acreditado el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 4/2000 (reformada por Ley Orgánica 8/2000 ), por lo que, al amparo del artículo 60.1, los extranjeros que en frontera no se les permita el ingreso en el país, serán retornados a su punto de origen en el plazo más breve posible.
La sentencia recurrida contiene la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando el recurso contencioso-administrativo especial de Protección de los derechos fundamentales de la persona nº 927/02, interpuesto -en escrito presentado el día 4 de junio pasado- en nombre de D. Jose Daniel, actualmente representado por el Procurador D. Carlos Valero Sáez, contra la desestimación presunta del recurso de alzada entablado frente a la Resolución del Jefe de Servicio del Puesto Fronterizo del Aeropuerto Madrid-Barajas, (en uso de facultades delegadas por el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Madrid, BOCM nº 27, 2 de febrero de 2.000), de 21 de abril del mismo año (notificada en igual fecha), por la que se deniega su entrada en territorio nacional y se acuerda su retorno al punto de procedencia (Buenos Aires) en vuelo de la Cía. AERO. ARGENTINAS del mismo día, debemos declarar y declaramos que las resoluciones impugnadas no inciden negativamente en el contenido constitucional del art. 24 de al C.E ., y, en consecuencia y desde esta perspectiva constitucional, confirmamos su plena validez y eficacia. Sin costas".
Ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de la parte actora y se oponen a la prosperabilidad del recurso el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.
Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 24 de enero de 2007.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas,
El objeto del recurso se concreta en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico de la sentencia impugnada, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de enero de 2003, que desestima el recurso contenciosoadministrativo nº 927/2002 tramitado de acuerdo con el procedimiento especial regulado en el Capítulo I del Título V de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Valero Sáez, en nombre y representación de D. Jose Daniel, contra la Resolución del Jefe de Servicio del Puesto Fronterizo del Aeropuerto Madrid-Barajas, de fecha 21 de abril de 2002.
El recurso de casación se fundamenta en dos motivos:
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El primero, al amparo del artículo 88.1 .d) denuncia la infracción del artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, en cuanto no se ha respetado el trámite de audiencia, al no dar traslado del informe propuesta que sirvió de fundamento a la resolución denegatoria de entrada en España.
A juicio de la parte recurrente, la Sala no se ha pronunciado sobre la cuestión, incumpliendo el artículo 121.2 de la LJCA .
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En el segundo motivo, al amparo del artículo 88.1.c) se exponen dos alegaciones diferenciadas. En primer lugar denuncia la omisión del trámite de audiencia vulnerando el artículo 24.1 de la CE. En segundo lugar denuncia la parte recurrente la infracción de los convenios de Tokio de 1963 y Convenio de La Haya de 1970, por haber entendido la Sala de instancia que el actor no había entrado en territorio español.
Previamente al análisis de los motivos citados interesa subrayar que la parte recurrente insiste en que se encontraba en territorio nacional vinculando esa situación a la tutela de los derechos fundamentales que reconoce la C.E.
Al respecto, la STC 72/2005, de 4 de abril, tras interpretar los arts 13.1 y 10.2 de la C.E . a la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que aquel remite, concluye que "el derecho a entrar en España -sólo reconocido constitucionalmente a los españoles- (STC 53/2002, de 27 de febrero, FJ 4), no es derecho fundamental del que sean titulares los extranjeros con apoyo en el art. 19 CE, aunque, obviamente, quien esté de hecho en España puede solicitar la protección de ese derecho por los Jueces y Tribunales españoles, que deberán tutelarlo de acuerdo con las exigencias impuestas por el art. 24 CE, que sí recoge un derecho del que son titulares los extranjeros".
En la medida en que la sentencia recurrida analiza si las resoluciones impugnadas han incidido en el contenido esencial del artículo 24 C.E . esta Sala examina los motivos de casación aducidos.
Respecto del primer motivo y frente al criterio de la parte actora, resulta que la Sala de instancia sí se pronunció en la sentencia sobre la supuesta vulneración del trámite de audiencia, aunque no en el sentido interesado por la parte recurrente, al no apreciar infracción alguna de dicho principio.
Sobre este punto, recuerda la STC de 11 de junio de 1996, que "la omisión del trámite de audiencia no constituye una infracción susceptible de amparo (así, SSTC 68/1985 y 175/1987; 65/1994; AATC 604/1987 fundamento jurídico 2.º; 1325/1987 fundamento jurídico 1.º; 225/1988, fundamento jurídico único; 519/1988, fundamento jurídico 2.º; etc.), puesto que las exigencias del art. 24.1 CE no son trasladables sin más a toda tramitación administrativa (entre otras SSTC 68/1985 y 175/1987, fundamento jurídico 3.º; AATC 966/1987, fundamento jurídico 2.º; 408/1988, fundamento jurídico 1.º), habida cuenta que la falta de audiencia en el procedimiento administrativo, incluso cuando es preceptiva, no comporta necesariamente indefensión con relevancia constitucional (AATC 1197/1987, fundamento jurídico 2 .º; 275/1988, fundamento jurídico 1.º), debiendo ser corregida en su caso por los órganos judiciales, salvo que el procedimiento en el que aquélla se haya cometido tenga carácter sancionador (así, ATC 275/1988, fundamento jurídico 1.º)".
En el presente caso, y así lo destaca la sentencia recurrida, no estamos ante un procedimiento de carácter sancionador y, en todo caso, la parte recurrente sí fue oída.
En efecto, el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 4/2000 dispone que "Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley ". El precepto reconoce la necesidad de audiencia al interesado que fue respetada y, además, se realizó con la asistencia jurídica de Letrado.
Por otra parte, el examen del expediente administrativo revela que el interesado estuvo en todo momento asistido de Letrada (folio 2) y también desde el primer momento de la tramitación del expediente se le especificaron las condiciones que no cumplía para poder entrar válidamente en territorio nacional: la no presentación de documento de visado válido, siéndole reiteradas estas posibles causas de prohibición de entrada en presencia de Letrada, con formal indicación de los derechos que le asistían (folios 1 y 2 del expediente administrativo). El recurrente formuló a continuación las alegaciones que consideró oportunas, aportando incluso determinados documentos como prueba, y seguidamente el instructor formuló propuesta de resolución que desembocó en la resolución denegatoria de la entrada en territorio nacional (folio 4), que fue notificada en debida forma a su destinatario, quien, siempre asistido por Letrada, interpuso contra la misma recurso de alzada, que fue debidamente admitido, tramitado y expresamente resuelto (folio 14).
En consecuencia, las garantías inherentes al principio de contradicción fueron respetadas y salvaguardadas en el caso examinado por la Sala de instancia, no apreciándose desde esta perspectiva ninguna indefensión real y efectiva con trascendencia invalidante, por lo que procede rechazar el motivo.
Respecto del análisis del segundo motivo, al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley 29/98, y en cuanto a la primera alegación, procede partir de los siguientes presupuestos:
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Es necesario que se produzca una vulneración de las formas esenciales del juicio, por lo que las infracciones intranscendentes o irregularidades irrelevantes no pueden basar la impugnación.
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No es suficiente el quebrantamiento de una formalidad esencial si no va acompañada de una indefensión, como consecuencia de la falta denunciada, pues ello constituye el requisito que podemos considerar medular para la prosperabilidad del recurso y se requiere haber pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo entiende por indefensión una limitación de los medios de defensa imputable a una indebida actuación de los órganos judiciales, pues como ha reconocido la jurisprudencia constitucional (así en sentencias 70/84, 48/86, 64/86, 98/87, entre otras), no coincide necesariamente una indefensión relevante constitucionalmente con el concepto de la misma desde el punto de vista jurídico-procesal. Consiste, en esencia, en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos, produciéndose una privación en cuanto a alegar y justificar los derechos e intereses de la parte para que le sean reconocidos o para, en su caso, replicar dialécticamente a las posiciones contrarias.
Llegamos así a la consideración de que existe indefensión cuando se sitúa a las partes en una posición de desigualdad y se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción, no pudiéndose afirmar que se ha producido dicha indefensión cuando como aquí sucede, existe una posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos, sin importar la limitación ni la trascendencia de las facultades de defensa.
En este motivo no se pueden aducir, además, infracciones como la aquí cuestionada, que tendrían su cauce impugnatorio en el artículo 88.1.d) de la Ley 29/98 .
La alegación referida a la supuesta vulneración de los Convenios de Tokio y La Haya no puede prosperar. Además de que tendría su cauce impugnatorio en el artículo 88.1 d), la sentencia de instancia ninguna referencia hace al Convenio de Tokio de 1963 (hemos de entender que se refiere al Convenio sobre Infracciones cometidas a bordo de aeronaves BOE 25 diciembre 1969 ), ni al Convenio de La Haya de 1970
, (hemos de entender que se refiere al Convenio sobre Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves).
En todo caso, la infracción de las disposiciones de ambos Convenios no es admisible visto el objeto del proceso, (resolución de denegación de entrada en territorio nacional de ciudadano extranjero); y la sucinta alegación en casación de dicha infracción de una normativa internacional, que no alegada en la instancia, impone una exégesis que conduce necesariamente al rechazo por los siguientes razonamientos que ya ha valorado la precedente sentencia de la Sección Quinta de esta Sala de 27 de febrero de 2006 (cas. 4469/02 ):
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O bien el recurrente pretende cuestionar "in genere" la potestad administrativa de denegación de entrada de ciudadanos extranjeros desde la tesis de que todo extranjero que accede a un aeropuerto español en vuelo internacional se encuentra ya en territorio español y por ello no es posible la denegación de entrada, tesis que olvida el expreso reconocimiento y atribución de dicha potestad por la normativa vigente, así como que el propio recurrente articula como pretensión en la instancia que se le autorice la entrada, y el dato de que el objeto de aquellos instrumentos no es otro que la determinación convencional de las reglas de competencia ante determinadas infracciones, mientras que la normativa sectorial que nos ocupa regula el régimen de los flujos migratorios y, en concreto los requisitos para la entrada legal en territorio español.
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O bien, (segunda de las alternativas que debemos contemplar), el recurrente pretende fundar en esa referencia a los Convenios de Tokio y La Haya el derecho del extranjero al trámite de audiencia, pero dicha alegación carece de fundamento justamente en razón del objeto de dichos Convenios.
Lo expuesto conduce al rechazo del segundo motivo.
Los razonamientos precedentes conducen a declarar no haber lugar al recurso de casación, con imposición de costas a la parte recurrente y teniendo en cuenta las circunstancias y complejidad concurrente, a tenor del artículo 139.3 de la Ley 29/98, se fija en 300 euros la cifra máxima de cuantía en cuanto a la reclamación de honorarios profesionales.
Debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación nº 2606/2003 interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Valero Sáez, en nombre de D. Jose Daniel, contra sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 22 de enero de 2003, que se confirma en su integridad, con expresa imposición de costas a la parte recurrente, en los términos previstos en el fundamento jurídico séptimo de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.
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STSJ Comunidad de Madrid 1336/2008, 11 de Septiembre de 2008
...que a la parte apelante se le denegó arbitrariamente la entrada en España, debemos partir de la consideración de que la sentencia del Tribunal Supremo de 26 enero 2007 declaró que " la STC 72/2005, de 4 de abril, tras interpretar los arts 13.1 y 10.2 de la CE a la luz del Pacto Internaciona......
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...que a la parte apelante se le denegó arbitrariamente la entrada en España, debemos partir de la consideración de que la sentencia del Tribunal Supremo de 26 enero 2007 declaró que " la STC 72/2005, de 4 de abril, tras interpretar los arts 13.1 y 10.2 de la CE a la luz del Pacto Internaciona......
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...De lo anterior se sigue que al apelante no se le denegó arbitrariamente la entrada en España, siendo de señalar que la sentencia del Tribunal Supremo de 26 enero 2007 declaró que " la STC 72/2005, de 4 de abril, tras interpretar los arts 13.1 y 10.2 de la CE a la luz del Pacto Internacional......
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