STS, 25 de Abril de 2007
| Ponente | JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS |
| ECLI | ES:TS:2007:3072 |
| Número de Recurso | 5170/2003 |
| Fecha de Resolución | 25 de Abril de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Abril de dos mil siete.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 5170/2003 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Montserrat Gómez Hernández, en nombre de
D. Alberto, contra sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 8 de mayo de 2003, habiendo sido parte el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.
Mediante el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, la parte actora, nacional de Bolivia, impugnó la Resolución del Jefe de Servicio del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas, de fecha 31 de agosto de 2002, confirmada en vía administrativa por resolución del Director General de la Policía de fecha 8 de octubre de 2002, por las que se deniega la entrada en el territorio nacional, por no presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista legalmente exigidos.
Se expone en el Fundamento Segundo de la Sentencia que "Del expediente administrativo se desprende que el actor, de nacionalidad boliviana, viajó a España con la compañía aérea Aerolíneas Argentinas, llegando al aeropuerto de Madrid-Barajas a las 8.00 horas del día 31 de agosto de 2002, procedente de Buenos Aires. Una vez informado de la condición que incumple para permitirle la entrada en España -no presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista-, así como de los derechos que le asisten y de los efectos que pueden derivarse de la denegación de entrada -el retorno al lugar de procedencia-, éste solicita la designación de letrado de oficio que es efectivamente designado ese mismo día. En presencia de dicho letrado se le comunica nuevamente la causa que puede conllevar la denegación de entrada, el retorno al lugar de procedencia, y los derechos que le asisten. (..) Por todo ello, se propone la denegación de la entrada en España que es, efectivamente, acordada en las resoluciones impugnadas, al amparo del art. 25.1 de la LO 4/00, reformada por la LO 8/00, por no presentar los documentos que justifiquen el objeto y condiciones de estancia en nuestro país".
La sentencia recurrida contiene la siguiente parte dispositiva: "Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso-administrativo nº 1577/02, tramitado como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, interpuesto por la Letrada doña Teresa Marañón Maroto, en nombre y representación de D. Alberto, contra la resolución dictada por el Jefe de Servicio del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas, de fecha 31 de agosto de 2002, confirmada en vía administrativa por resolución del Director General de la Policía, de fecha 8 de octubre de 2002, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dichas resoluciones por ser ajustadas al ordenamiento jurídico. No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta instancia".
Ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de la parte actora y se oponen a la prosperabilidad del recurso el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.
Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 21 de marzo de 2007. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas,
El objeto del recurso se concreta en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico de la sentencia impugnada, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de mayo de 2003, que desestima el recurso contenciosoadministrativo nº 1577/2002 tramitado de acuerdo con el procedimiento especial regulado en el Capítulo I del Título V de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Gómez Hernández, en nombre y representación de D. Alberto, contra la Resolución del Jefe de Servicio del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas, de fecha 31 de agosto de 2002, confirmada en vía administrativa por resolución del Director General de la Policía de fecha 8 de octubre de 2002.
El recurso de casación se fundamenta en dos motivos:
-
El primero, al amparo del artículo 88.1 .d) denuncia la infracción del artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, en cuanto no se ha respetado el trámite de audiencia, al no dar traslado del informe propuesta que sirvió de fundamento a la resolución denegatoria de entrada en España.
A juicio de la parte recurrente, la Sala no se ha pronunciado sobre la cuestión, incumpliendo el artículo 121.2 de la LJCA .
-
El segundo motivo, al amparo del artículo 88.1 .c) denuncia la omisión del trámite de audiencia vulnerando el artículo 24.1 de la CE, así como la imposibilidad de acceder a la tutela efectiva de carácter cautelar, ya que la denegación de entrada no agota la vía administrativa.
En la medida en que la sentencia recurrida analiza si las resoluciones impugnadas han incidido en el contenido esencial del artículo 24 C.E . esta Sala examina los motivos de casación aducidos.
Respecto del primer motivo y frente al criterio de la parte actora, resulta que la Sala de instancia sí se pronunció en la sentencia sobre la supuesta vulneración del trámite de audiencia, aunque no en el sentido interesado por la parte recurrente, al no apreciar infracción alguna de dicho principio.
Sobre este punto, recuerda la STC de 11 de junio de 1996, que "la omisión del trámite de audiencia no constituye una infracción susceptible de amparo (así, SSTC 68/1985 y 175/1987; 65/1994; AATC 604/1987 fundamento jurídico 2.º; 1325/1987 fundamento jurídico 1.º; 225/1988, fundamento jurídico único; 519/1988, fundamento jurídico 2 .º; etc.), puesto que las exigencias del art. 24.1 CE no son trasladables sin más a toda tramitación administrativa (entre otras SSTC 68/1985 y 175/1987, fundamento jurídico 3.º; AATC 966/1987, fundamento jurídico 2.º; 408/1988, fundamento jurídico 1 .º), habida cuenta que la falta de audiencia en el procedimiento administrativo, incluso cuando es preceptiva, no comporta necesariamente indefensión con relevancia constitucional (AATC 1197/1987, fundamento jurídico 2 .º; 275/1988, fundamento jurídico 1.º), debiendo ser corregida en su caso por los órganos judiciales, salvo que el procedimiento en el que aquélla se haya cometido tenga carácter sancionador (así, ATC 275/1988, fundamento jurídico 1 .º)".
En el presente caso, y así lo destaca la sentencia recurrida, no estamos ante un procedimiento de carácter sancionador y, en todo caso, la parte recurrente sí fue oída.
En efecto, el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 4/2000 dispone que "Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley ". El precepto reconoce la necesidad de audiencia al interesado que fue respetada y, además, se realizó con la asistencia jurídica de Letrado.
Por otra parte, el examen del expediente administrativo revela que el interesado estuvo en todo momento asistido de Letrado (folio 2) y también desde el primer momento de la tramitación del expediente se le especificaron las condiciones que no cumplía para poder entrar válidamente en territorio nacional: la no presentación de documento válido que justificara el objeto y las condiciones de la estancia prevista, siéndole reiteradas estas posibles causas de prohibición de entrada en presencia de Letrado, con formal indicación de los derechos que le asistían (folios 1 y 2 del expediente administrativo). El recurrente formuló a continuación las alegaciones que consideró oportunas, y seguidamente el instructor formuló propuesta de resolución que desembocó en la resolución denegatoria de la entrada en territorio nacional (folio 3), que fue notificada en debida forma a su destinatario quien, siempre asistido por Letrada, interpuso contra la misma recurso de alzada, que fue debidamente admitido, tramitado y expresamente resuelto (folio 15).
En consecuencia, las garantías inherentes al principio de contradicción fueron respetadas y salvaguardadas en el caso examinado por la Sala de instancia, no apreciándose desde esta perspectiva ninguna indefensión real y efectiva con trascendencia invalidante, por lo que procede rechazar el motivo.
Respecto del análisis del segundo motivo, al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley 29/98, procede partir de los siguientes presupuestos:
-
Es necesario que se produzca una vulneración de las formas esenciales del juicio, por lo que las infracciones intranscendentes o irregularidades irrelevantes no pueden basar la impugnación.
-
No es suficiente el quebrantamiento de una formalidad esencial si no va acompañada de una indefensión, como consecuencia de la falta denunciada, pues ello constituye el requisito que podemos considerar medular para la prosperabilidad del recurso y se requiere haber pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo entiende por indefensión una limitación de los medios de defensa imputable a una indebida actuación de los órganos judiciales, pues como ha reconocido la jurisprudencia constitucional (así en sentencias 70/84, 48/86, 64/86, 98/87, entre otras), no coincide necesariamente una indefensión relevante constitucionalmente con el concepto de la misma desde el punto de vista jurídico-procesal. Consiste, en esencia, en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos, produciéndose una privación en cuanto a alegar y justificar los derechos e intereses de la parte para que le sean reconocidos o para, en su caso, replicar dialécticamente a las posiciones contrarias.
Llegamos así a la consideración de que existe indefensión cuando se sitúa a las partes en una posición de desigualdad y se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción, no pudiéndose afirmar que se ha producido dicha indefensión cuando como aquí sucede, existe una posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos, sin importar la limitación ni la trascendencia de las facultades de defensa.
En este motivo no se pueden aducir, además, infracciones como la aquí cuestionada, que tendrían su cauce impugnatorio en el artículo 88.1.d) de la Ley 29/98 y además, en este caso, el recurrente no solicitó medida cautelar alguna en vía administrativa ni tampoco en la jurisdiccional, en la que se limitó a denunciar la excesiva celeridad del procedimiento, por lo que es rechazable el motivo.
En todo caso, conviene recordar que la sentencia de esta Sala de 9 de febrero de 2004 y otras posteriores, ya se han pronunciado sobre la misma cuestión ahora planteada, consistente en la supuesta infracción del derecho a la tutela cautelar como consecuencia de la necesidad de interponer recurso de alzada frente a la resolución denegatoria de entrada y dicha sentencia contiene, entre otros, los siguientes razonamientos, de directa incidencia en la cuestión planteada:
-
La Disposición Adicional Sexta del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 aplicable, en aquel momento, aprobado por Real Decreto 864/2001 de 20 de julio, divide las resoluciones administrativas que se dicten en su ámbito, en dos grupos, según pongan o no fin a la vía administrativa: 1º) Como resoluciones que ponen fin a la vía administrativa y que, por tanto, son susceptibles de recurso potestativo de reposición, o, directamente, de recurso contencioso- administrativo, están las resoluciones sobre concesión o denegación de visados, prórrogas de estancia o permisos de residencia y permisos de trabajo, así como sanciones gubernativas y expulsiones de extranjeros. 2º) En el segundo grupo, o sea en el de las resoluciones que agotan la vía administrativa, se encuentran las resoluciones de prórroga del permiso de residencia, renovación y modificación del permiso de trabajo y devolución, denegación de entrada y retorno, las cuales necesariamente deberán ser recurridas en alzada, previamente a la interposición de recurso contenciosoadministrativo (artículo 107.1 de la Ley 30/92 ).
-
Es indudable que, tanto el Legislador como el Gobierno, están facultados para establecer en qué supuestos una resolución pone fin a la vía administrativa, y en cuales no, además de los supuestos generales en que la Ley procedimental así lo dispone, como claramente se desprende del artículo 109.d) de la Ley 30/92, en el que se previene que ponen fin a la vía administrativa "Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca", en el bien entendido que una regulación hecha por reglamento habrá de respetar, en todo caso, las previsiones que al respecto contenga la Ley para cuya ejecución se dicta. c) En el caso de la Ley orgánica 4/2000, tan sólo el artículo 21 regula el régimen impugnatorio de los actos dictados en su aplicación, limitándose su apartado primero a disponer que: «Los actos y resoluciones administrativas adoptados en relación con los extranjeros serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes». Por su parte, el apartado segundo dispone que «El régimen de ejecutividad de los actos administrativos dictados en materia de extranjería será el previsto con carácter general en la legislación vigente, salvo lo dispuesto en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión con carácter preferente». Queda, pues, claro que el reglamento podía establecer, sin el menor condicionamiento, qué actos ponen fin a la vía administrativa, y cuales no.
En este caso no hay base alguna para sostener que la determinación reglamentaria de un supuesto concreto en que una resolución no pone fin a la vía administrativa, con la consecuencia de su previa y obligada impugnación mediante el recurso de alzada, vulnere el derecho de acceso a la justicia, cuando es obvio que el previo recurso administrativo no impide dicho acceso, ni lo condiciona o limita de modo no razonable, pues el establecimiento de un recurso previo administrativo no obstaculiza ni impide el acceso al proceso judicial y, en este caso, al de protección de derechos fundamentales en que no resulta preceptivo el agotamiento de la vía administrativa previa, ni supone una carga irrazonable o injustificada y además, las medidas cautelares que se pudieran adoptar en la vía contencioso-administrativa, también pueden adoptarse, en su caso, en la vía administrativa del recurso, lo que refuerza la consideración de que esta última vía es una garantía para los interesados y no un obstáculo.
En consecuencia, hay que desestimar el motivo citado, pues, en modo alguno, puede entenderse producida la vulneración invocada, encontrándose el acto impugnado suficientemente justificado, como reconoce la sentencia recurrida.
Los razonamientos precedentes conducen a declarar no haber lugar al recurso de casación, con imposición de costas a la parte recurrente y teniendo en cuenta las circunstancias y complejidad concurrente, a tenor del artículo 139.3 de la Ley 29/98, se fija en 300 euros la cifra máxima de cuantía en cuanto a la reclamación de honorarios profesionales.
Debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación nº 5170/2003 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Montserrat Gómez Hernández, en nombre de D. Alberto, contra sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 8 de mayo de 2003, que se confirma en su integridad, con expresa imposición de costas a la parte recurrente, en los términos previstos en el fundamento jurídico séptimo de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.
