STS, 29 de Junio de 2004
| Ponente | RAFAEL FERNÁNDEZ VALVERDE |
| ECLI | ES:TS:2004:4594 |
| Número de Recurso | 3182/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 29 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZD. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. JESUS ERNESTO PECES MORATED. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Junio de dos mil cuatro.
Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo el Recurso de Casación 3182/2000 interpuesto por DON Carlos Manuel representado por la Procuradora Doña María Teresa Puente Méndez y asistido de Letrado, siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado; promovido contra la sentencia dictada el 31 de mayo de 1999 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en Recurso Contencioso Administrativo nº 239/1998, sobre denegación de Derecho de Asilo.
Ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, se ha seguido el recurso nº 239/1998, promovido por DON Carlos Manuel y en el que ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, sobre denegación de Derecho de Asilo.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 31 de mayo de 1999, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución a que las presentes actuaciones se contraen, sin perjuicio de cuantas medidas procedieran a favor del promovente en el marco normativo de extranjería.- SEGUNDO.- No se hace expreso pronunciamiento sobras las costas devengadas".
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DON Carlos Manuel se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 3 de abril de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 16 de mayo de 2000 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se dictara sentencia por la que "con estimación de este recurso de casación, se anule la sentencia recurrida, anulando la resolución impugnada dictada por el Ministerio del Interior en fecha 10 de Julio de 1997, reconociendo a mi representado Carlos Manuel el estatuto de refugiado político y, en su consecuencia, el derecho de asilo en España.- Con imposición de costas a la parte adversa".
El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 13 de noviembre de 2001, ordenándose también, por providencia de 23 de julio de 2002, entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Abogado del Estado) a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha de 4 de febrero de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que "declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.".
Por providencia de fecha 7 de mayo de 2004 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 15 de junio de 2004, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó en fecha de 31 de mayo de 1999, en su recurso contencioso administrativo nº 239/1998, por medio de la cual se desestimó el formulado por D. Carlos Manuel, natural de Siria, contra la Resolución del Ministerio del Interior, de fecha 10 de julio de 1997, por la que se decidió mantener la denegación del derecho de asilo, por cuanto:
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«Continúan sin desprenderse indicios suficientes para considerar que actualmente existe una persecución personal y concreta contra el interesado por alguno de los motivos previstos en el artículo 3, apartados 1 y 2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo», Reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado (LRDAR), modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
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Y ello porque persisten «los motivos que la justificaron (la denegación) puesto que, de la documentación aportada en la revisión de su expediente, no se desprenden nuevos elementos probatorios de sus afirmaciones, toda vez que dicha documentación no refleja, ni siquiera de forma indiciaria, acciones de las autoridades del país de origen del solicitante que puedan considerarse persecución».
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Y, por otra parte, porque «el relato del solicitante contiene contradicciones e incongruencias internas de aspectos claves de la persecución alegada, así como contradicciones con hechos que se desprenden del expediente y según informaciones del país de origen, de tal forma que puede razonablemente dudarse de la veracidad de la persecución aducida».
Como decimos, la Sala de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo confirmando la Resolución impugnada, y se basó para tal desestimación, en síntesis, por lo que aquí interesa, y al margen de la abundante cita jurisprudencial que contiene, en la siguiente argumentación: «ni de los autos, ni del expediente administrativo se desprende que los hechos en los que el recurrente funda su pretensión, puedan incardinarse en la previsión del artículo 3 de la Ley 5/1.984, de 26 de Marzo, y en la referida Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, faltando constancia fehaciente de su pertenencia a grupo social, étnico, político o religioso objeto de persecución. Si bien como se ha dicho, en los procesos que nos ocupan, no es necesaria una prueba plena sobre los hechos que justifican su concesión, como señala entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Junio de 1.994, cuando no existen ni siquiera los indicios suficientes a los que se refiere el artículo 8 de la Ley anteriormente citada, no puede tener éxito la concesión de asilo solicitada, y es lo cierto que en el caso de autos tales indicios, como se ha expuesto, no han quedado acreditados».
Contra esa sentencia ha interpuesto la representación de D. Carlos Manuel, recurso de casación, en el cual esgrime un total de diez motivos de impugnación, articulado, el primero, al amparo del artículo 88.1, apartado c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), por quebrantamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen las garantías procesales; y los nueve restantes al amparo del artículo 88.1.d) de la misma LRJCA, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
En concreto, en relación con el primero de los motivos (al amparo del artículo 88.1.c) LRJCA) se considera vulnerado el artículo 24 de la Constitución (CE), al haberse producido indefensión, por cuanto de la prueba propuesta no se ha practicado toda, por causas ajenas a la parte.
Debe dejarse constancia de que la representación de la parte recurrente, mediante Otrosí del escrito de demanda solicitó expresamente el recibimiento a prueba, señalando, de forma pormenorizada los puntos de hecho sobre los que la misma debía girar, sin que a ello se opusiera el Abogado del Estado en su contestación a la demanda. Mediante Auto de 30 de junio de 1998 la Sala acordó recibir el pleito a prueba, siendo propuesta por el recurrente, además de diversa documental, la testifical de tres testigos que habrían de contestar acerca de la pertenencia del recurrente «al partido del Gobierno Baaz», sobre su posterior expulsión del «partido del Gobierno Baaz y de la acusación de pertenecer el mismo a los Hermanos Musulmanes», sobre la imposibilidad del recurrente de «volver a su país Siria porque es un perseguido político», sobre la realización al recurrente de «un juicio político», así como sobre la circunstancia de que si «volviera a su país Siria peligraría su integridad física, incluso podría perder la vida».
La Sala, mediante Providencia de 16 de septiembre de 1998, declaró no haber lugar a la testifical solicitada, criterio que se mantuvo en el Auto de 7 de octubre de 1998, desestimado el recurso de súplica formulado por el recurrente contra la expresada denegación, aunque se dejaba abierta la posibilidad de la práctica de la prueba para mejor proveer, que no llegó a materializarse.
Definitivamente, la prueba no fue practicada y en la sentencia se expresó, como ya consta en esta resolución, que «ni de los autos, ni del expediente administrativo se desprende que los hechos en los que el recurrente funda su pretensión puedan incardinarse en la previsión del artículo 3 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, y en la referida Convención de Ginebra, sobre el Estatuto de los Refugiados». Para motivar tal falta de incardinación, la sentencia de instancia expone y se remite a la falta de «constancia fehaciente de su pertenencia a grupo social, étnico, político o religioso objeto de persecusión», dando cuenta de la conocida jurisprudencia, derivada del artículo 8 de la citada LRDAR, de ser suficiente la existencia de simples indicios para acreditar los hechos que justifiquen la condición de refugiado. Sin embargo, señalado todo lo anterior ---y no obstante haber denegado la prueba testifical mencionada, cuyo concreto contenido ha quedado expuesto---, la sentencia de instancia concluye en los siguientes términos: «y es la cierto que en el caso de autos tales indicios, como se ha expuesto, no han quedado acreditados».
El Tribunal Constitucional viene reiterando una consolidada doctrina sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), que puede sintetizarse así en sus líneas principales (SSTC 165/2001, de 16 de julio, F. 2, 168/2002, de 30 de septiembre, F. 3, y 131/2003, 30 de junio, F. 3):
a) Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 19 de julio; 211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, F. 2), entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el "thema decidendi" (STC 26/2000, de 31 de enero, F. 2).
b) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, F. 2), siendo sólo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento (SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 de noviembre; 190/1997; 96/2000, F. 2).
c) Corresponde a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este Tribunal sólo es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, F. 2; 351/1993, de 29 de noviembre, F. 2; 131/1995, de 11 de septiembre, F. 2; 35/1997, de 25 de febrero, F. 5; 181/1999, de 11 de octubre, F. 3; 236/1999, de 20 de diciembre, F. 5; 237/1999, de 20 de diciembre, F. 3; 45/2000, de 14 de febrero, F. 2; 78/2001, de 26 de marzo, F. 3).
d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa" (SSTC 1/1996, de 15 de enero, F. 2; 219/1998, de 17 de diciembre, F. 3; 101/1999, de 31 de mayo, F. 5; 26/2000, F. 2; 45/2000, F. 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser emprendida por este Tribunal mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 218/1997, de 4 de diciembre; 45/2000, F. 2). e) La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, F. 3; 131/1995, de 11 de septiembre, F. 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso "a quo" podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, F. 3; 147/1987, de 25 de septiembre, F. 2; 50/1988, de 2 de marzo, F. 3; 357/1993, de 29 de noviembre, F. 2), ya que sólo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, F. 8; 1/1996, de 15 de enero, F. 3; 170/1998, de 21 de julio, F. 2; 129/1998, de 16 de junio, F. 2; 45/2000, F. 2; 69/2001, de 17 de marzo, F. 28)
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Pues bien, aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, ya hemos expuesto como el recurrente propuso, en sede judicial, la práctica de diversas pruebas, entre ellas una triple testifical, que resultaron inadmitidas a través de la providencia y auto de precedente cita. Examinado el contenido de las preguntas propuestas, para ser contestadas por los testigos, fácilmente se deduce la relación de las mismas con la pretensión del recurrente de acreditar la existencia de una persecución política de que viene siendo objeto en Siria como consecuencia de su cambio de partido político, persecución considerada necesaria para poder obtener en este país la condición de refugiado. En consecuencia no puede afirmarse que la prueba testifical, propuesta y no admitida, no guarde ninguna relación con lo que constituye la esencia del debate, pudiendo, pues, comprobarse como con tal decisión se ha menoscabado el derecho de defensa al no haber sido admitidos los medios probatorios que guardan directa relación con el acto administrativo impugnado en este proceso y con los puntos de hecho objeto de prueba admitidos por el Tribunal.
Presupuesto de la eventual lesión del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa es, pues, que el órgano judicial haya inadmitido o denegado la práctica de prueba relevante solicitada por el recurrente, y es el recurrente quien debe demostrar que la misma ha generado una indefensión constitucionalmente relevante que deba ser reparada. En el caso que nos ocupa, el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 7 de octubre de 1998, en modo alguno explica razonadamente el motivo por el que inadmite la testifical de referencia propuesta por la representación procesal del recurrente, no obstante la misma guardar relación directa con el proceso. Como hemos expresado, de los datos que obran en la causa se deriva que la prueba inadmitida era relevante y que su inadmisión en sede judicial ha generado una evidente indefensión material, por lo que debemos estimar el motivo esgrimido.
Procede, pues, estimar en parte este recurso de casación, ya que el pronunciamiento que ha de anudarse a una infracción como la detectada no es el del reconocimiento del derecho de asilo y sí, tan sólo, el de mandar reponer las actuaciones al estado y momento que tenían cuando se cometió la falta, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.2.c) de la Ley de la Jurisdicción, esto es, al estado y momento que hubiera debido surgir al estimar, como procedía, el recurso de súplica interpuesto contra la anterior providencia que había inadmitido la práctica de la prueba testifical propuesta por el recurrente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, no procede hacer una especial imposición de las costas causadas, ni en la instancia, ni en este recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.
HA LUGAR al recurso de casación que la representación procesal de D. Carlos Manuel interpone contra la sentencia que con fecha 31 de mayo de 1999 dictó la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 239 de 1998. Sentencia que por tanto casamos, dejándola sin efecto. Y en su lugar:
1) Mandamos reponer las actuaciones procesales al estado y momento que hubieran debido tener al estimar, como procedía, el recurso de súplica que la parte actora interpuso contra la Providencia de fecha 16 de septiembre de 1998, que había inadmitido la prueba testifical propuesta por la parte recurrente, a fin de que continúe su tramitación desde ese estado y momento.
2) No hacemos especial imposición de las costas causadas, ni en la instancia, ni en este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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ATS 2616/2006, 21 de Diciembre de 2006
...de la responsabilidad, ya sean atenuantes o agravantes, deben quedar tan probados como el hecho mismo del que toman causa. ( STS de 29 de junio de 2004 ) En consecuencia, procede la inadmisión del presente motivo de conformidad a lo que determina el artículo 884. 3º de la Ley de Enjuiciamie......