STS, 22 de Diciembre de 2006
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 22 Diciembre 2006 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 255/2001 interpuesto por don Rosendo, representado por la Procuradora doña MARIA ANGUSTIAS DEL BARRIO LEON, contra el auto de 14 de febrero de 2.000, confirmado en súplica por auto de 26 de junio del mismo año, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la pieza separada de extensión de efectos de la sentencia del recurso contencioso-administrativo número 1.897/95, legajo número 9, sobre extensión de los efectos de la Sentencia dictada en el referido recurso.
En virtud de auto de 14 de febrero de 2.000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se acordó denegar la extensión de los efectos de la sentencia dictada en el recurso 1.897 /95, legajo número 9. Por auto de 26 de junio de 2.000 se desestimaron los recursos de súplica interpuestos contra el auto de 14 de febrero de 2.000.
Por providencias de 15 de noviembre de 2000 la Sala de instancia tuvo por preparados recursos de casación contra el Auto de 14 de febrero de 2.000, emplazando a las partes para su comparecencia ante esta Sala.
Don Everardo, D. Jesús Carlos, D. Marcelino, Dª. Andrea, D. Rosendo, D. Claudio, D. Carlos Ramón, D. Jaime, D. Alvaro, D. Jose Pedro, D. Ignacio, presentaron escrito interponiendo recurso de casación contra el Auto de 14 de febrero de 2000, por el que se acuerda la no extensión de efectos de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1.897 /95 a los comparecientes, expresando el motivo en que se fundan y solicitando a la Sala que se estime el recurso, revocando las resoluciones impugnadas y "se acuerde reconocer a los comparecientes el derecho de que se extiendan los efectos de la referida sentencia a los que suscriben al encontrarse en idéntica situación que el funcionario con respecto al que se dictó la sentencia, y con el resto de pronunciamientos necesarios para la eficacia de la sentencia que en su día dicte la Sala."
Por providencia de 25 de marzo de 2002 se tuvo por interpuesto el recurso y se requirió a los recurrentes para que confirieran su representación en legal forma a un procurador asistido de abogado.
Don Everardo, D. Jesús Carlos, D. Marcelino, Dª Andrea, D. Rosendo, D. Carlos Ramón, D. Alvaro, D. Jose Pedro y D. Ignacio designaron Procuradora a Dª Mª Angustias del Barrio León, confiriéndole la representación apud acta, según consta en Diligencia de la Secretaría del Sr. Alonso García (hoy Sra. Barril) de fecha 30 de abril de 2002, extendida en el procedimiento nº 8133/2000 y cuyo testimonio se ha incorporado al presente recurso. Por su parte, don Jaime presentó escrito en el Registro General de este Tribunal junto con poder notarial a favor de la misma procuradora, mientras que don Claudio no compareció en el plazo conferido.
Consta, asimismo, en la misma Diligencia, que "este escrito de interposición afecta a distintos recursos con sus propios legajos contra diversos autos de la misma fecha -14 de febrero de 2000-, derivados de la Sentencia de 13 de junio de 1998, dictada en el recurso 1897/95, de no extensión de efectos. Por lo que, aclarado este extremo, le corresponden a esta Secretaría los recursos de D. Everardo (nº 8133/00); D. Marcelino (nº 565/01); D. Alvaro (nº 231/01); D. Jose Pedro (nº 203/01); y D. Ignacio (nº 284/01). A la Secretaría de la Sra. María Inés le corresponden los de D. Rosendo (nº 255/01); D. Claudio (nº 202/01); y
D. Jaime (nº 212/01). Los correspondientes a D. Jesús Carlos, Dª Andrea y D. Carlos Ramón no se les dio número de casación, ya que no se recibieron sus respectivos legajos, aunque otorgaron la comparecencia apud acta a favor de la misma procuradora."
Por comparecencia de fecha 8 de mayo de 2002 la Procuradora doña Angustias del Barrio León manifiesta que el Letrado que va a defender los intereses de los recurrentes es don Vicente Javier García Linares.
Mediante providencia de fecha 12 de julio de 2002, recaída en los mismos autos 8133/00 e incorporada por testimonio a los presentes, se tuvo por interpuesto recurso de casación, número 8133/00, por la procuradora Sra. del Barrio León, en nombre y representación de D. Everardo, contra el Auto de no extensión de Sentencia de 14 de febrero de 2002 (legajo 2) dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 7ª, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 1897/95, haciendo constar que "el escrito único de recurso de casación de 20 de diciembre de 2000, interpuesto y unido al presente recurso nº 8133/00, se refiere a recursos distintos contra diversos Autos de no extensión de Sentencia, y al haberse registrado como recursos independientes, con su numeración específica tanto en esta Secretaría como en la de la Sra. María Inés, se expedirán los testimonios correspondientes de las actuaciones practicadas en el presente recurso comprensivas del escrito de interposición de recurso, del proveído de 25 de marzo de 2002, diligencia de constancia de 30 de abril de 2002 y de esta providencia, así como otorgamiento de la representación procesal "apud acta" y "notarial", a efectos de que se tramite cada uno de los recursos con la documentación necesaria. Y en relación con los recursos interpuestos por los recurrentes, Jesús Carlos
, Andrea y Carlos Ramón, en los legajos respectivamente 4, 9 y 12 contra distintos Autos, pero de la misma fecha de 14 de febrero de 2000, no han sido registrados con numeración específica, se remitirá la documentación de estos recursos, obrante en el presente, a los efectos de que por el Registro de este Tribunal designe la numeración pertinente al tratarse de recursos de casación distintos."
Mediante diligencia de fecha 11 de octubre de 2002 se deja constancia de la duplicidad en el registro del recurso nº 8133/2000, acordándose por auto de la misma fecha continuar la tramitación del recurso 255/2001 . Por diligencia de fecha 3 de diciembre de 2002 se deja constancia de que la pieza separada de extensión de sentencia referentes al recurso nº 1897/95 (Legajo nº 9) correspondiente a Rosendo y Andrea se encuentra unida al recurso de casación nº 5449/02 interpuesto por Doña Andrea, y mediante providencia de fecha 19 de diciembre se 2002 se reclaman aquellas actuaciones para la sustanciación del recurso de casación nº 255/01 interpuesto por D. Rosendo .
Admitido a trámite el recurso mediante providencia de 27 de septiembre de 2004, se remiten las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas de reparto de asuntos y por providencia de fecha 7 de abril de 2005 queda pendiente de señalamiento junto con el recurso de casación nº 5449/02.
No habiéndose personado la parte recurrida, por Providencia de 20 de octubre de 2006 se señaló para la votación y fallo el día 20 de diciembre de 2006.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas,
El recurrente impugna el Auto de 14 de febrero de 2000, confirmado en súplica por Auto de 26 de junio del mismo año, dictado por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la pieza separada del recurso contencioso-administrativo número 1897/95. Dichos Autos le deniegan la extensión de efectos de la sentencia de 13 de junio de 1.998, pronunciada en el recurso número 1.897 /95 promovido por Don Clemente .
La sentencia de 13 de junio de 1.998 razona que Don Clemente fue nombrado funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, Categoría de Policía, por Resolución de la Secretaría de Estado de Interior de fecha 28 de junio de 1.995. Por tal motivo tomó parte en el Concurso General de Méritos número 80/95, que fue decidido parcialmente por Resolución de la Dirección General de la Policía de 8 de julio de 1995, cuyo punto segundo previno que los funcionarios que obtenían destino en base a la misma habían de tomar posesión en aquellos que les eran adjudicados el día 14 de julio de 1995, por necesidades del servicio y para garantizar la seguridad ciudadana; proceder que supuso, de hecho, que Don Clemente únicamente dispusiera de cuatro días para tomar posesión de su destino, siendo así que el artículo 11.1 del Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía, preceptúa que el plazo para tomar posesión del destino obtenido será de tres días si radica en la misma localidad, o de un mes si radica en distinta localidad, supuesto este último que era el aplicable a Don Clemente . La sentencia de 13 de junio de 1998 entendió que al recurrente, como consecuencia de la fijación del 14 de julio de 1995 como fecha para la toma de posesión de su destino, se le había privado indebidamente de veintiséis días para efectuar dicha toma de posesión, por lo que decidió anular el apartado segundo de la resolución de 8 de julio de 1995 y declarar el derecho que ostenta Don Clemente a ser indemnizado por los perjuicios sufridos como consecuencia de la anticipación de la fecha de su toma de posesión en la cuantía a que ascendieran las retribuciones a percibir durante veintiséis días en función de las retribuciones que le hubieren sido acreditadas durante el tiempo de realización de las prácticas correspondientes.
El recurrente en casación solicita la extensión de los efectos de dicha sentencia conforme a lo establecido en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción 29/1.998.
Los Autos de 14 de febrero y 26 de junio de 2000 consideran que los entonces solicitantes fueron afectados por la resolución parcial del Concurso General de Méritos 80/95 (de 8 de julio de 1995), pero que dicha resolución hacía constar los recursos que contra ella cabían, con los demás datos al respecto, sin que la recurrieran y a juicio de la Sala de instancia la resolución del Concurso General de Méritos sólo podía cuestionarse impugnándola en el específico particular relativo al plazo para la toma de posesión y no reabriendo extemporáneamente un pronunciamiento ya consentido, por no haber sido recurrido en tiempo y forma. Señala el Tribunal a quo que los solicitantes pretendieron reabrir un debate que respecto a ellos había quedado definitivamente zanjado, al propiciar, con su inactividad, la firmeza de aquellas resoluciones, que respecto de los mismos ha de considerarse consentida, no pudiéndose revivir situaciones que, en su día, quedaron clausuradas por la propia voluntad del implicado en ellas.
El recurso de casación se funda en un único motivo, amparado por el artículo 88.1, apartado
d), de la Ley de la Jurisdicción 29/1.998, por vulneración del artículo 110 de la citada Ley de la Jurisdicción en relación con el artículo 24.1 de la Constitución . El recurrente argumenta que cuando se solicita la extensión de los efectos de una sentencia, el Tribunal sólo puede comprobar los requisitos objetivos a que se refiere el apartado 1 del artículo 110, cosa que en el presente caso se reconoce que existen, y haber cumplido los trámites procedimentales para solicitar dicha extensión de efectos (apartado 2), así como que del proyecto del Gobierno se eliminó el requisito de que no se hubiese dictado una resolución administrativa que hubiese sido consentida por los interesados.
La cuestión planteada en este recurso de casación ha sido ya examinada y resuelta por esta Sala en sentencias de 8 de noviembre de 2004 (Cas. nº 212/2001), 17 y 18 de mayo de 2004 ( Cas. nº 565/2001 y 252/2001), 26 y 29 de abril de 2004 (Cas. nº 284/2001 y 217/2001), 27 de marzo de 2004 (Cas. nº 203/2001), 22 de marzo de 2004 (Cas. nº 8133/2000), 12 y 13 de enero de 2004 (Cas. nº 215/2001 y 206/2001 ), por lo que a dichas sentencias ha de estarse por razones del principio de unidad de doctrina, fiel reflejo de los de igualdad y de seguridad jurídica (artículos 14 y 9.3 de la Constitución) y en atención a que esta Sala sigue entendiendo que su doctrina es la que ha de mantenerse.
Los Autos impugnados ponen de relieve el incumplimiento del primer requisito exigido por el artículo 110.1 de la Ley de la Jurisdicción para que pueda acordarse la extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiere reconocido una situación jurídica individualizada en favor de una o varias personas a otras distintas y que consiste en "que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo". El texto de la norma es claro y no necesita interpretarse a la vista del primitivo proyecto. Las situaciones jurídicas deben ser no iguales o equivalentes sino idénticas y no son idénticas dichas situaciones cuando una persona (Don Clemente ) interpuso recurso contencioso-administrativo en tiempo contra un determinado acto administrativo (la resolución de 8 de julio de 1.995) y la parte recurrente en casación consiente dicha resolución y, cuando conoce que el recurso promovido por el señor Clemente había prosperado, trata de prescindir de ese consentimiento prestado a la resolución administrativa, al no recurrirla, y pretende reabrir el plazo para conseguir los mismos efectos que si la hubiesen impugnado en tiempo, acudiendo para ello al artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción.
Este artículo 110 tiene por finalidad evitar la multiplicación de procesos sobre idénticas situaciones jurídicas en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública y tiene su aplicación en cuestiones de personal, cuando un determinado colectivo o grupo de funcionarios se encuentra en idéntica situación respecto a sus retribuciones, encuadramiento en un Grupo de clasificación, niveles que se les asignan, complementos a los que se creen con derecho, igualdad que reclaman respecto a otro grupo o colectivo de funcionarios por la igualdad de sus servicios, u otros supuestos semejantes que pueden presentarse en el desarrollo de la relación estatutaria, pero sin que haya existido previamente un acto administrativo que les haya exigido una conducta determinada -en el caso enjuiciado la toma de posesión el 14 de julio de 1.995- conducta que ha realizado sin interponer recurso contra el acto en cuestión, consistiéndolo y determinando su firmeza.
No se puede aceptar que el plazo de un año que el apartado c) del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción establece para solicitar la extensión de los efectos de la sentencia anule y deje sin efecto el plazo general de dos meses fijado para recurrir los actos administrativos expresos y debidamente notificados a los destinatarios (artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción), con expresión del recurso procedente en vía jurisdiccional. Es principio fundamental que preside el recurso contencioso-administrativo, nacido de una exigencia ineludible de seguridad jurídica, la imposibilidad de recurrir contra actos consentidos por no haber sido impugnados en tiempo y forma, principio que tiene su expresión en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción y nada autoriza a entender que este principio básico del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo haya quedado sin efecto en el supuesto del artículo 110 de la citada Ley Jurisdiccional . El mencionado precepto tiene un amplio campo de aplicación para conseguir la extensión de los efectos de una sentencia a funcionarios del mismo colectivo o grupo cuando no han consentido un acto expreso que les exige una determinada conducta y se trata de restablecer situaciones idénticas, evitando procesos innecesarios.
En el caso enjuiciado ningún proceso se evitaría, ya que los eventuales recursos del ahora recurrente en casación no serían admisibles por no haberse promovido en tiempo, causa de inadmisibilidad que el Juzgado o Tribunal puede aplicar de oficio, sin tramitar el proceso, conforme al artículo 51.1.d) de la Ley de la Jurisdicción.
En suma, el artículo 110 no permite considerar que se encuentran en idéntica situación jurídica los funcionarios que han recurrido en tiempo un acto administrativo expreso que les exigía determinada conducta y aquellos otros que lo han consentido, al no impugnarlo en tiempo, por lo que no existe infracción del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción, ni se ha vulnerado el artículo 24.1 de la Constitución, puesto que el recurrente en casación ha podido defender su derecho con plenitud de atribuciones.
Tampoco el criterio seguido al respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña constituye fundamento suficiente para el motivo del recurso de casación que se invoca. En consecuencia, el motivo y, con él, el recurso de casación debe ser desestimado.
Precisamente, aunque no aplicable al supuesto, la reforma de la LOPJ (BOE 26 de diciembre de 2003) desestima el incidente del artículo 110 de la Ley 29/98 cuando se hubiera dictado resolución que fuere consentida y firme, por no haberse promovido recurso contencioso-administrativo.
Procede declarar no haber lugar al recurso de casación e imponer las costas al recurrente (artículo 139.2.3 de la Ley de la Jurisdicción) hasta el límite máximo de 500 #, atendiendo a la reiteración del asunto resuelto.
Debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación nº 255/2001 interpuesto por Don Rosendo representado por la Procuradora de los Tribunales Dª María Angustias del Barrio León, contra el Auto de 14 de febrero de 2.000, confirmado en súplica por Auto de 26 de junio del mismo año, dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) en la pieza separada de extensión de efectos de la sentencia del recurso contencioso-administrativo número 1897/95 dictada por dicha Sección Séptima de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, e imponemos al recurrente el pago de las costas ocasionadas por el recurso de casación, en la forma prevista en el fundamento sexto de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
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Delimitación y requisitos de la extensión de efectos a terceros de una sentencia firme
...... tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública ( STS de 18 de enero de 2006 [j 1] y STS de 16 de enero de 2009 [j 2] ). ...ón, consistiéndolo y determinando su firmeza ( STS de 21 de diciembre de 2005 [j 5] y STS de 20 de junio de 2008 [j 6] ). En materia ..., LJCA ha sido declarado inconstitucional por la STC nº 79/2017 de 22 de junio [j 7] . Procedimiento para la declaración judicial de ......