STS, 28 de Mayo de 2002
| Ponente | D. ENRIQUE LECUMBERRI MARTI |
| ECLI | ES:TS:2002:3807 |
| Número de Recurso | 572/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 28 de Mayo de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. JESUS ERNESTO PECES MORATED. ENRIQUE LECUMBERRI MARTID. AGUSTIN PUENTE PRIETOD. FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Mayo de dos mil dos.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Sexta, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación número 572/1998, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el procurador D. Saturnino Estévez Rodríguez, en nombre y representación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, contra la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Tercera, de fecha 9 de julio de 1997 - recaída en los autos 9689/95 y 9881/95, acumulado-, que desestimó el recurso contencioso-administrativo deducido frente a la resolución del Jurado Provincial de Expropiación de A Coruña, por la que se fijó el justiprecio de las fincas nº 26-B y 60, expropiadas para la construcción de la obra Parque Recreativo Monte do Gozo.
Han comparecido en calidad de partes recurridas en este recurso de casación el Abogado del Estado, en la representación legal que le es propia, y el procurador D. Luis Pozas Osset, en nombre y representación de la Empresa Río Sar S.L
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia el 9 de julio de 1997 cuyo fallo dice: "Que desestimamos los recursos contencioso-administrativos deducidos por Río Sar s.L. y Ayuntamiento de Santiago de Compostela contra resolución de 10-11-95 resolutoria de justiprecio de fincas nº 26-B y 60 expropiadas por Ayuntamiento de Santiago de Compsotela con motivo de la obra Parque Recreativo do Monte do Gozo; Expte. nº 449/94, dictado por Jurado Provincial de Expropiación de A Coruña. Sin imposición de costas."
En fecha 16 de febrero de 1998, la representación procesal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela interpone recurso de casación, que al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley Jurisdiccional fundamenta en un único motivo, basado en la infracción de las leyes y de la jurisprudencia que se refieren a la valoración de las fincas expropiadas, y concretamente los artículos 46 a 49 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, los artículos 66 a 72 de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales, así como la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley de Haciendas Locales, y entre la jurisprudnecia infrigida cita expresamente las sentencias de 21 de febrero de 1995 y la de noviembre de 1994, más otras sentencias y normativa concordante.
Finalmente suplica a la Sala que dicte sentencia por la que estimando el motivo de casación alegado, case y anule la recurrida, y señale en consecuencia como criterio de valoración aplicable el contenido en la hoja de aprecio formulada por el Ayuntamiento de Santiago, y en su defecto, en el informe pericial que con carácter subsidiario se ha incorporado a los autos.
En escrito de 14 de abril de 1999 el Abogado del Estado manifiesta que, habiéndole sido dado traslado para formular oposición en este recurso de casación, se abstiene de evacuar dicho trámite.
La representación procesal de Río Sar S.L. formaliza el 23 de abril de 1999 su oposición a este recurso alegando cuanto estima procedente y suplicando por fin a la Sala que dicte sentencia, en su día, por la que declare no haber lugar al recurso de casación interpuesto de contrario y confirmando en todos sus extremos y pronunciamientos la sentencia recurrida, e imponiendo las costas a los recurrentes.
Conclusas las actuaciones, se fijó para votación y fallo de este recurso el día 16 de mayo de 2002, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado en su tramitación las reglas establecidas por la ley.
En este recurso de casación, que se ha tramitado ante nuestra Sala con el número 572/1998, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela impugna la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia -Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera-, de nueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el proceso 9689/95 y 9881/95 acumulados.
De entrada, debemos advertir que este recurso de casación que estamos conociendo es idéntico a los que se tramitaron ante nuestra Sala con los números 401/1998, 480/1998, 446/1998, 422/1998 y 440/1998 en los que recayeron la sentencia de nueve de abril de dos mil dos, veintiuno y nueve de mayo de dos mil dos; de ahí que abundemos en lo dicho entonces, por lo que, cuando así lo hemos considerado conveniente, en aras de los principios de seguridad jurídica, unidad de doctrina y tutela judicial efectiva, reproducimos casi literalmente los razonamientos empleados en la referida sentencia.
Para basamentar el recurso formalizado al amparo del número cuarto del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional, por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA se acusa en esencia y sustancialmente, en el preceptivo escrito de interposición, que la sentencia impugnada infringe por interpretación errónea o aplicación indebida, los artículos 46 a 49 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, en los que se establece la forma de determinación del valor inicial de los terrenos expropiados, y la disposición transitoria segunda de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a medio de la cual se actualizan los valores catastrales de la contribución territorial rústica para el ejercicio de 1990, y así, se dice, en consecuencia que no pueden confirmarse los valores fijados por el Jurado de Expropiación para suelos no urbanizables comparándolos con los de suelos urbanos de núcleo rural, que no son asimilables ni homogéneos.
El planteamiento de la problemática litigiosa, que dejamos expuesto en el fundamento anterior, en cuanto propuesto por las partes recurrentes en casación, ha de ser debidamente complementado al objeto de fijar por anticipado el ámbito de nuestra decisión actual, y a tal efecto hemos de afirmar que el consentimiento por la parte expropiada de la sentencia impugnada en el recurso que decidimos, lo que veda a esta Sala todo pronunciamiento sobre la clasificación del suelo ocupado para la ejecución de las obras del Parque Recreativo Monte del Gozo y la propia naturaleza urbanística del mismo en orden a la valoración de los terrenos expropiados.
La decisión de la controversia suscitada en el presente recurso se contrae en exclusiva, pues, a la valoración del terreno expropiado, considerado como no urbanizable, la cual, en armonía con lo dispuesto en los artículos 46, 48 y 49 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, no anulados por la sentencia del Tribunal constitucional de 20 de febrero de 1997, ha de ser tasado con arreglo al valor inicial, "que se determinará aplicando los criterios contenidos en las disposiciones que regulan las valoraciones catastrales del suelo de naturaleza rústica, sin consideración alguna a su posible utilización urbanística" y, en consecuencia, ha de acudirse a lo establecido en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, advirtiendo ya de principio que el precepto entrecomillado, que dejamos literalmente transcrito, expresamente refiere el valor inicial a los criterios contenidos en las disposiciones que regulan las valoraciones catastrales y siendo ello así, cual se consigna en la sentencia recurrida, en modo alguno cabe acudir a la mera actualización de los valores catastrales correspondientes a la antigua contribución territorial rústica, mediante la aplicación del coeficiente del 3 por 100 establecido para el ejercicio de 1990, en la disposición transitoria segunda de la precitada Ley de 1988 u otros superiores señalados en las Leyes Presupuestarias posteriores, sino que ha de atenderse a los criterios que determinan, a las modalidades establecidas para la fijación de los nuevos valores catastrales del I.B.I.: el artículo 66 de idéntico texto legal prescribe, en términos de generalidad, que se tomará como valor de los bienes inmuebles el catastral de los mismos con referencia al valor de mercado de aquéllos, sin que en ningún caso pueda exceder de éste, para en el 68.2 considerar como fórmula de valoración "la capitalización al interés que reglamentariamente se señale de las rentas reales o potenciales de los terrenos rústicos...", y como no había sido concretado el tipo de interés para capitalizar ni efectuadas en Santiago las revisiones catastrales, es por lo que bien pudo concluir la Sala de instancia afirmando que procedía aplicar el método subsidiario del artículo 62.2 "atendiendo al conjunto de factores técnico-agrarios y económicos y otras circunstancias que les afecten, sin computar su posible utilización urbanística", todo lo cual desde luego parece que remite al valor de mercado contemplado en el artículo 66 o valor medio en venta en función de su utilización agraria posible.
La argumentación precedente es suficientemente demostrativa de que la sentencia impugnada no incide en las infracciones fundamentales que se denuncia en el escrito interpositorio, de los artículos y normas del Texto Refundido de 1992 y de la Ley de Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988 y si a ello añadimos, de una parte que la apreciación por la Sala de instancia de los elementos probatorios obrantes en las actuaciones no puede ser combatida ni revisable en casación -por todas, sentencias de 24 de enero y 14 de abril de 1998-, a menos que, cual aquí no ocurre, sea arbitraria, ilógica o conculque principios generales del derecho o las concretas normas que regulan el valor de la prueba tasada, y, de otra, que el Jurado de Expropiación, cuya definición del justo precio confirma la sentencia recurrida, no computa, consciente de la diferencia de terrenos, los valores del Polígono de las Fontiñas -terrenos urbanos con destino residencial semintensivo- y terrenos de Mercagalicia -destino industrial completamente consolidado por edificación naves industriales-, sino que acude a los terrenos expropiados para los accesos al "Monte do Gozo", no muy distantes, "con los que la demanda del Ayuntamiento no alega notables diferencias" -fundamento séptimo de la sentencia recurrida-, y en consideración a la distinta naturaleza de aquél suelo -urbano de núcleo rural-, con anterioridad valorado a precio unitario no inferior a 3.000 pesetas -la sentencia del T.S. de Galicia de 13 de marzo de 1994, tasó los aludidos accesos a 3.500 pts.- justipreció el terreno que ahora consideramos, reduciéndolo a 1.800 pts/m2., cuyo precio unitario responde tanto al criterio valorativo ya utilizado por el Jurado en ocasiones anteriores -lo que se denomina método comparativo-, como a los preceptos de la Ley 39/1988, comentados en el fundamento anterior.
Corolario obligado de la exposición anterior, demostrativa de la improcedencia, por no concurrir las infracciones acusadas, de los motivos casacionales esgrimidos, es la desestimación del recurso formalizado y la imposición de las costas causadas a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, aplicable por razones temporales.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador D. Saturnino Estévez Rodríguez, en nombre y representación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, contra la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Tercera, de fecha 9 de julio de 1997 -recaída en los autos 9689/95 y 9881/95, acumulado-; con imposición de las costas causadas en este recurso a la referida parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Martí, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, lo que certifico. Rubricado.
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STSJ Asturias 1274/2009, 24 de Abril de 2009
...en relación con el Art. 9.1 de la Orden de 13 de octubre de 1967 y la jurisprudencia recogida en las SSTS de 23 de julio de 1999 y 28 de mayo de 2002 . Considera la recurrente que la resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social fue plenamente ajustada ......