STS, 27 de Febrero de 2001
| Ponente | MATEOS GARCIA, PEDRO ANTONIO |
| ECLI | ES:TS:2001:1470 |
| Número de Recurso | 5767/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 27 de Febrero de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. PEDRO ANTONIO MATEOS GARCIAD. JUAN ANTONIO XIOL RIOSD. JESUS ERNESTO PECES MORATED. JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZD. ENRIQUE LECUMBERRI MARTID. FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Febrero de dos mil uno.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los Señores al margen reseñados, el recurso de casación, que con el número 5767/1.996 ante la misma pende de resolución. Interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación de Don Jose Francisco , Doña Alicia y Doña Ángeles y Doña Carmen y herederos de Don Juan y Doña Gabriela contra la sentencia de fecha 26 de abril de 1.996, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 3306/1.993, contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 10 de Junio de 1992 y 28 de Abril de 1993, sobre Justiprecio de la finca nº NUM000 del Proyecto I/2 "El Querol". Habiendo comparecido en concepto de recurridos, el Abogado del Estado en la representación que le es propia y el Procurador de los Tribunales Don Eduardo Morales Price, en nombre y representación de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid
La Sentencia recurrida, contiene la parte dispositiva que copiada literalmente dice: "FALLAMOS.- Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación de DON Jose Francisco , DOÑA Alicia y DOÑA Ángeles , y HEREDEROS DE DON Juan y DOÑA Gabriela , contra el acuerdo de 28 de abril de 1993 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, que estimando en parte el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de 10 de Junio de 1.992, fija el justiprecio de la finca núm. NUM000 del Proyecto "El Querol", expropiada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, declaramos la nulidad de las citadas resoluciones al no ser ajustadas a derecho, y en su lugar fijamos como justiprecio de la referida finca la cantidad de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO PESETAS (26.983.974 PTAS.) S.E.U.O., más los intereses legales correspondientes calculados en la forma determinada en el fundamento de derecho sexto de esta sentencia; sin hacer expresa imposición de las costas procesales."
Notificada la anterior sentencia el Procurador Sr. Ferrer Recuero y el Abogado del Estado presentaron sus escritos, respectivamente, ante la Sección primera de la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, preparando recurso de casación contra la misma. Por Providencia de fecha 5 de Junio de 1996, la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma recurso de casación emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo en el término de treinta días.
Recibidas las actuaciones en este Tribunal, el Procurador Sr. Ferrer Recuero en nombre y representación de D. Jose Francisco y otros, se personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se ampara, suplicando a la Sala tenga por formalizado recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Madrid en el recurso 3306/93, lo admita y previos los trámites legales, dicte Sentencia casando y anulando la recurrida, y pronuncie otra más ajustada a derecho en los términos que esta parte tiene interesados. Asimismo se tiene por personado y parte al Procurador Sr. Morales Price en nombre y representación de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en concepto de recurrido.
Conferido traslado al Sr. Abogado del Estado para que manifieste si sostiene o no el recurso preparado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en caso afirmativo, formule el escrito de interposición en el plazo de treinta días, evacuó el traslado conferido mediante escrito en el que manifiesta que de conformidad con lo previsto en el art. 99.3 de la Ley Jurisdiccional no sostiene la referida casación. La Sala por Auto de fecha 27 de Noviembre de 1.996, acuerda declarar desierto el recurso de casación preparado por el Sr. Abogado del Estado debiendo continuar el procedimiento respecto a la otra parte también recurrente Don Jose Francisco y otros.
La Sala por providencia de fecha 27 de noviembre de 1.996, tiene por presentados por el Procurador Sr. Ferrer Recuero en nombre y representación de D. Jose Francisco y otros, escrito interponiendo recurso de casación contra la sentencia de fecha 26 de abril de 1.996. Asimismo se tiene por personado y parte al Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración, en concepto de recurrido.
Por Providencia de fecha 4 de febrero de 1.997, se admite el recurso de casación interpuesto por el Procurador Sr. Ferrer Recuero y entréguese copia de dicho escrito al Procurador Sr. Morales Price y al Sr. Abogado del Estado para que formalicen el escrito de oposición en el plazo de treinta días, poniéndoles de manifiesto las actuaciones en Secretaría, trámite que evacuaron mediante los correspondientes escritos que obran unidos a los autos.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL UNO, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
En el presente recurso de casación se impugna, -por los propietarios de la finca objeto de expropiación-, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cuyo mérito fue parcialmente estimado el recurso interpuesto contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación que justipreciaron la finca número NUM000 expropiada en ejecución del Proyecto "El Querol" Plan Parcial 1/2. La Sentencia recurrida toma como base de su decisión la edificabilidad del 0,351 m2/m2 y sopesando el resultado de los dictámenes periciales, emitidos con todas las garantías procesales, en los recursos números 905 y 929, ambos de 1.993, tramitados ante la propia Sala y referidos a expropiaciones de la misma actuación urbanística, se decanta, en base a las razones que expresa, por el contenido en el último de los procesos citados, elevando el punto previo definido por el Jurado.
En la casación actual se articulan, para basamentarla dos distintos motivos amparados en el ordinal cuarto del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional, aduciéndose sustancialmente, en relación con el primero, que la Sentencia impugnada infringe el artículo 105 de la Ley del Suelo, Texto refundido de 1.976 en la medida en que el citado precepto contempla el valor del suelo con arreglo al urbanístico que corresponda a los terrenos según la edificabilidad o aprovechamiento que los atribuye el Plan que se ejecuta y no ha sido aplicada la edificabilidad 1.12 m2/m2 prevista en el Plan Parcial 1/2, en tanto que, en el segundo, se considera conculcado el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, por cuanto no ha sido respetado el mandato contenido en el invocado precepto, a cuyo tenor la valoración de los bienes y derechos afectados ha de ser referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio, sin que puedan computarse las plusvalías o minusvalías previsibles para el futuro, al considerarse improcedente el aumento del 10 por 100 que se contempla en el informe pericial del recurso 905/93, por el grado de urbanización de los terrenos existentes en el momento de iniciarse el expediente expropiatorio, por entender que dicha infraestructura urbanística es insuficiente para la proyectada en el futuro, ya que por tal razón más que un incremento de valor ha de entenderse como un coste por la demolición de la infraestructura considerada insuficiente.
La temática litigiosa suscitada en el recurso que dejamos expuesto, ha sido contemplada y decidida en una pluralidad de resoluciones, (por todas, sentencias de 11 y 18 de febrero, 1 de marzo y 16 de mayo de 2.000), en las que se contemplaban expropiaciones llevadas a cabo por mor de la ejecución del proyecto "El Querol" (Plan Parcial 1/2) de Madrid, aduciendo iguales motivos casacionales para fundamentar el recurso, y es por ello, por lo que, para hacer realidad los principios de unidad de doctrina, igualdad y seguridad jurídica, hemos de limitarnos en ésta decisión a mantener el criterio entonces incorporado, reproduciendo incluso las motivaciones jurídicas formuladas, que iniciábamos, abordando el primer motivo esgrimido, señalando cómo de la argumentación de los recurrentes se infiere, en último término, que, a su juicio, el aprovechamiento aplicable para el cálculo del valor urbanístico no puede ser el coeficiente de edificabilidad de 0,39 metros cuadrados por metro cuadrado, sino la edificabilidad vigente en el Plan Parcial I/2, de 1,12 metros cuadrados por metro cuadrado, teniendo en cuenta el carácter urbanístico de la expropiación y la aplicabilidad aceptada por la Sala de los criterios de los artículos 103 y siguientes de la Ley del Suelo y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística.
El recurso debe prosperar según razonamos a seguido:
De los autos se desprende que la Sala a quo acepta el resultado del dictamen pericial practicado en el proceso número 929/93 de instancia, que parte de un valor de repercusión de 71.900 pesetas el metro cuadrado, el cual se aplica al aprovechamiento señalado en el Plan General para el suelo urbanizable programado, es decir, el aprovechamiento medio de todo el suelo de esta clasificación determinado en el Plan General, que se fija en 0,39 metros cuadrados por metro cuadrado. La aplicación de un coeficiente por cesión obligatoria de 0,9 y la sustracción de 1420,62 pesetas por metro cuadrado a título de costes de urbanización arrojan el precio unitario de 23816 pesetas por metro cuadrado al que llega la sentencia.
Tal forma de proceder infringe lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley del Suelo, pues éste ordena estar al aprovechamiento medio que corresponda al sector, y no puede tener virtualidad en contra de sus prescripciones, dado el carácter subordinado a la ley que el reglamento ostenta, el artículo 146.b del Reglamento de Gestión Urbanística, en cuanto ordena deducir de dicho aprovechamiento, en su caso, el exceso respecto del aprovechamiento medio de todo el suelo urbanizable programado, como ya tiene declarado esta Sala en sentencias de 24 de febrero de 1982 y 26 de febrero de 1983.
En la primera de ellas se declara que la Sala no puede desentenderse del texto literal del párrafo inicial del apartado 2 del artículo 105 de la Ley del Suelo, que ordena calcular el valor urbanístico «una vez deducidos los terrenos de cesión obligatoria», frase que, por lo pronto, fuerza a deducir el 10 por ciento del aprovechamiento medio del sector ya que así lo impone incondicionalmente el artículo 84-3-b); ahora bien sobre la deducción del exceso de ese aprovechamiento del sector respecto al medio de la totalidad del suelo urbanizable programado, las vacilaciones se espesan hasta dar pie a la opinión contraria a causa de la referencia del párrafo 2.º del artículo 84-2-b) a los fines de compensación previstos en el apartado 4 de este precepto y a causa también de la doble mención del valor del aprovechamiento medio del sector --en el artículo 84-3-b) y en el artículo 105-2 segundo supuesto--, ya que, no existiendo posibilidad de compensaciones por adjudicación de terrenos (artículo 84-4) falta la de dar a éstos el destino ordenado, por todo lo cual concluye la Sala que, siendo rechazable cualquier eventualidad de confiscación tácita, el sistema de expropiación no incluye como cesión obligatoria y gratuita la del exceso expresado en casos de elección de tal sistema --y sí, en cambio, sólo la del 10 por ciento impuesta sin excepción alguna--, conclusión interpretativa que parece chocar con la redacción del artículo 146-b) del Reglamento de Gestión, que añade el mandato de deducir el exceso inmediatamente después de la mención del aprovechamiento medio del sector, pero que debe mantenerse porque la vía reglamentaria no es adecuada para modificar el sentido de los preceptos de la ley tal como han sido explicados (de otro modo se aplicaría como tope máximo el valor del aprovechamiento medio del total urbanizable y por contra, por imperativo legal se utilizaría el del sector sólo para los inferiores aunque no estén previstas adjudicaciones de terrenos compensatorias ni reducción de cargas para quienes no conservan derecho dominical alguno).
En el segundo motivo de casación, aparte del aspecto que ha sido ya examinado y que determina la procedencia de casar la sentencia recurrida, se invocan, como infracciones del artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, diversos errores en la determinación del justiprecio.
Se alega, en primer término, que no se está de acuerdo con el Tribunal cuando en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico quinto considera improcedente el aumento del 10 por ciento que contempla el informe pericial emitido en el recurso 905/93 por coste de demolición de la infraestructura. A pesar de que el expresado aumento no ha sido objeto de consideración por el perito en el dictamen que la Sala considera aplicable, en el que, muy al contrario, se aplica una reducción por gastos de urbanización en la cuantía de 1420,62 pesetas por metro cuadrado, sino en el dictamen pericial que la Sala no acepta, lo cierto es que, como hemos declarado en casos similares al presente, y dado que el motivo por el que la Sala de instancia rechaza dicho incremento del 10 por ciento radica en que tuvieron que demolerse los servicios urbanísticos existentes, según se manifiesta en la sentencia recurrida, resulta aplicable el criterio que hemos seguido al resolverlos, entendiendo que debe ser estimado en este aspecto el motivo del recurso de casación, pues el artículo 105.3 de la Ley del Suelo de 1976 no hace distinción alguna frente a la existencia de un determinado grado de urbanización, por lo que el hecho de que el nuevo diseño urbano haya obligado a su demolición no es causa legal para excluir el incremento procedente (v. gr., sentencia de 15 de octubre de 1999). No obsta al incremento citado la procedencia de la deducción en concepto de gastos de urbanización de la suma de 1420,62 pesetas por metro cuadrado que la Sala acepta, pues resulta perfectamente compatible el incremento del justiprecio en virtud de un grado de urbanización existente con la previsión de su demolición y de la realización de una nueva urbanización que implica a cargo del propietario del terreno costes ajenos al valor económico de la primitivamente existente, que, aun siendo inútil a los efectos de realización del polígono proyectado, no resulta indiferente a los efectos de valoración del terreno expropiado.
No puede, en cambio, tomarse en consideración el hecho de que en el dictamen correspondiente al recurso 905 se llegue a un valor en venta distinto del que fija el perito en el dictamen que en definitiva el tribunal considera más convincente, pues constituye ésta una cuestión de valoración de la prueba que no puede ser revisada en casación, dada la facultad exclusiva del tribunal de instancia para fijar los hechos que deben servir de fundamento a la decisión de conflicto planteado.
Procede, en consecuencia, declarar haber lugar al recurso formalizado casar la sentencia de instancia y, en su lugar, resolviendo lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate estimamos parcialmente el recurso interpuesto por los expropiados contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación de 10 de junio de 1992 y 28 de abril de 1993, anulándolos por no estar ajustados a Derecho; y, contrariamente declaramos que el justiprecio de la finca número NUM000 del Proyecto «El .» debe ser fijado sustituyendo en la valoración efectuada por la Sala de instancia, que se acepta en las demás partes, el aprovechamiento fijado, de tal suerte que el justiprecio del solar se fije en ejecución de sentencia --dada la ausencia de suficientes elementos de justificación en los autos para determinar en este momento dicho aprovechamiento-- mediante aplicación del aprovechamiento medio del sector que resulte de las determinaciones del Plan General y, en su defecto, del Plan Parcial, después de deducir los terrenos de cesión obligatoria mediante la aplicación de un coeficiente de 0,9, a un valor de repercusión de 71.900 pesetas y a una superficie de 740,95 metros cuadrados, aplicando un porcentaje de incremento del 10 por ciento en concepto de grado de urbanización y finalmente deduciendo en concepto de gastos de urbanización la suma de 1420,62 pesetas por metro cuadrado. La cantidad resultante no podrá ser inferior a la reconocida por la Sala de instancia respecto del suelo, ni superior a la solicitada en su hoja de aprecio por los expropiados. A ella se añadirán los intereses legales por demora que señala la Ley de Expropiación Forzosa y reconocidos en la sentencia impugnada a partir del 25 de octubre de 1989.
En consecuencia con la anterior argumentación y por incidir la sentencia impugnada en las infracciones que dejamos constatadas, deviene obligada la estimación del recurso de casación formalizado sin que haya lugar a la imposición de las costas causadas en la instancia y, en cuanto a las de este recurso cada parte satisfará las suyas.
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Jose Francisco y otros relacionados en el encabezamiento de esta resolución, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de abril de 1996 al conocer del recurso contencioso administrativo deducido por los expresados señores y tramitado con el número 3306/93, cuya sentencia casamos y anulamos, dejándola sin valor ni efecto alguno, y estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador Sr. Ferrer Recuero en nombre y representación de los expresados señores, contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación de 10 de junio de 1992 y 28 de abril de 1993, anulamos estos por no estar ajustados a Derecho; y, en su lugar, declaramos que el justiprecio de la finca número NUM000 del Proyecto «El Querol» debe fijarse sustituyendo, en la valoración efectuada por la Sala de instancia, que por lo demás se acepta para señalar el valor del suelo, el aprovechamiento fijado, de tal suerte que el justiprecio del solar se fije en ejecución de sentencia mediante la aplicación del aprovechamiento medio del sector que resulte de las determinaciones del Plan General y, en su defecto, del Plan Parcial, después de deducir los terrenos de cesión obligatoria mediante la aplicación de un coeficiente de 0,9, a un valor de repercusión de 71.900 pesetas y a una superficie de 740,95 metros cuadrados, aplicando un porcentaje de incremento del 10 por ciento en concepto de grado de urbanización y finalmente deduciendo en concepto de gastos de urbanización la suma de 1420,62 pesetas por metro cuadrado. La cantidad resultante no podrá ser inferior a la reconocida por la Sala de instancia ni superior a la solicitada en su hoja de aprecio por los expropiados. Y a ella se añadirá el 5% del premio de afección, devengando la cantidad final resultante los intereses legales por demora que señala la Ley de Expropiación forzosa a partir del 26 de octubre de 1989.
No ha lugar a la imposición de las costas causadas en la instancia y, en cuanto a las de esta casación, cada parte satisfará las suyas.
Hágase saber a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.
Al haber sido revocado el poder al Procurador Sr. Morales Price, que ostentaba la representación procesal del Ayuntamiento de Madrid y estando pendiente de cumplimentación el requerimiento efectuado por esta Sala, al citado Ayuntamiento, para que designase nuevo Procurador que le representase, notifíquese la presente sentencia al Ayuntamiento recurrente, si al tiempo de practicarse ésta no se hubiera personado en estas actuaciones nuevo Procurador, y únanse al rollo de Sala y a continuación de la presente sentencia el escrito presentado por el citado Procurador Sr. Morales Price con fecha 20 de diciembre de 2.000 y actuaciones practicadas como consecuencia del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, , definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma D. Pedro Antonio Mateos García, estando celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha la Sala Tercera Sección Sexta del Tribunal Supremo. Certifico.
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ATS, 28 de Enero de 2003
...hayan quedado desvirtuados por la vía casacional adecuada (SSTS 14-7-97, 3-12-97, 21-4-98, 28-12-98, 28-9-99, 5-7-2000, 26-9-2000 y 27-2-2001, entre otras muchas). Más en concreto el presente motivo parte de la existencia de prueba del carácter privativo de la finca objeto del procedimiento......