STS, 20 de Octubre de 2003
| Ponente | D. Francisco González Navarro |
| ECLI | ES:TS:2003:6428 |
| Número de Recurso | 1409/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 20 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. RAMON TRILLO TORRESD. JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZD. ENRIQUE LECUMBERRI MARTID. AGUSTIN PUENTE PRIETOD. SANTIAGO MARTINEZ-VARES GARCIAD. FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Octubre de dos mil tres.
Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que con el número 1.409/1999 ante la misma pende de resolución interpuesto por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid contra Sentencia de 30 de octubre de 1.998 dictada en el recurso núm. 3.031/1994 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª). Comparece en concepto de recurrido el Sr. Abogado del Estado en la representación que ostenta.
La Sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor literal "Fallamos: "Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Arturo Merelo Cueva en nombre y representación de la Comunidad de Madrid, contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación de Madrid de fecha 4 de mayo de 1994, y la que la confirma en reposición de 19 de octubre de 1994, por la que se fijó el justiprecio de la finca núm. 87-1 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Sector Tajapies-Cantueña, declaramos las citadas resoluciones conformes a derecho; sin hacer expresa condena en costas.
Notificada la anterior sentencia, por la representación procesal de la Comunidad de Madrid, se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando recurso de casación contra la misma. Por resolución de fecha 4 de diciembre de 1.998 la Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la representación procesal de la Comunidad de Madrid, presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se funda y suplicando a la Sala: «Que, habiendo por presentado en tiempo y forma este escrito con sus copias, se sirva admitirlos, tenga a esta representación procesal de la Comunidad de Madrid por personada, en calidad de parte recurrente, en el presente recurso de casación y por formulado el escrito de interposición del mismo y, en mérito de las razones y motivos expuestos en él, se sirva dictar sentencia por la que, con revocación expresa de la sentencia dictada por la Sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en autos del recurso nº 3031/94, declare como único procedente y ajustado a derecho el precio unitario de 429 ptas/m2 fijado por la Administración expropiante o, alternativamente, que se declare como justiprecio el de 499 pesetas/m2, conforme señala el Dictamen emitido por el Perito insaculado, y conforme señalan las sentencias de la sección cuarta de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid».
Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó al Sr. Abogado del Estado, para que en plazo de treinta días, formalice escrito de oposición, lo que realizó, manifestando abstenerse de evacuar dicho trámite.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día OCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRES, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia de 30 de octubre de 1.998 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª) que resolvió el recurso jurisdiccional interpuesto por la representación de la Comunidad de Madrid contra resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación sobre valoración de finca expropiada conforme al proyecto de delimitación y expropiación del sector Tajapies-Cantueña.
El escrito de interposición de la recurrente e incluso el suplico del mismo es idéntico al presentado al interponer el recurso de casación número 9.565/1.998 de esta Sala, resuelto por Sentencia de 27 de febrero de 2.003 cuyos pronunciamientos hemos de reiterar, respetando así el principio de unidad de doctrina, así como el de igualdad y seguridad jurídica.
Decíamos en aquella Sentencia que la Administración recurrente articula esta casación a través de tres motivos comenzando por un preámbulo en el que en definitiva concluye que la sentencia de instancia encuentra su fundamento para apartarse, dice, del procedimiento legal valorativo en la aplicación analógica de la valoración de otro sector, en considerar inaplicable la reducción del 50% del aprovechamiento urbanístico y en considerar que los gastos de urbanización de los sistemas generales no deben tenerse en cuenta.
Ahora bien, antes de entrar en el análisis del recurso que nos ocupa hemos de destacar que la especial naturaleza del recurso de casación y el principio de especialidad de los motivos, nos obliga a limitar el análisis a las cuestiones específicamente planteadas en los motivos de casación con abstracción de cualquiera otras afirmaciones efectuadas al margen de las mismas.
Entramos así en el análisis del primero de los motivos articulados que lo es al amparo del artículo 95.1.3 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 43.1 de la misma en relación con el 24.1 y 120.3 de la Constitución, por cuanto, afirma la Administración recurrente, la sentencia de instancia incurre en incongruencia porque examina, sigue diciendo la Administración recurrente, cuestiones que son propias de un procedimiento distinto tendente a determinar la legalidad de los instrumentos de planeamiento que legitiman la acción expropiatoria, y, en concreto, la de las determinaciones que en el planeamiento se contienen, y no del procedimiento que nos ocupa, habiendo sido impugnados en otro procedimiento el acuerdo de aprobación definitiva de la revisión de los Planes de Ordenación Urbana de los municipios de Pinto, Getafe, Alcorcón y Leganés; el acuerdo de la Comisión de Urbanismo por el que se aprueba el Plan Parcial 2 Gran Industria Sur Metropolitano; el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanística Sur Sector del Arroyo Culebro; el acuerdo de la Comisión de Urbanismo por el que se aprueba el proyecto de delimitación y expropiación del PAU Sur Arroyo Culebro; señalando que todas las sentencias recaídas han determinado la legalidad de dichos acuerdos.
Afirma la administración recurrente que la Sala "a quo" entra a valorar las determinaciones del Planeamiento, cuando dicha cuestión afirma no es objeto del pleito, para concluir que "los sistemas generales en el incluidos son excesivos, desproporcionados, innecesarios y caros", de modo que valora la legitimidad de las determinaciones contenidas en el planeamiento relativas a los sistemas generales para determinar el justiprecio.
Hasta aquí la tesis del recurrente. Es cierto que la congruencia en el ámbito contencioso administrativo es mas exigente que la casación civil y, que exige que la decisión se adopte no solo en función de las pretensiones sino también de las alegaciones de las partes deducidas para fundamentar el recurso y la oposición. Ahora bien, de la lectura de la sentencia de instancia, observamos que únicamente se refiere a los sistemas generales para descalificar la prueba pericial practicada, en consecuencia la cuestión no es que se resuelva al margen de las alegaciones de las partes y sobre cuestiones no sujetas a debate, sino que lo que la Administración recurrente combate es la valoración de la prueba, lo que únicamente cabe hacer, habida cuenta que el error en la valoración de la prueba no es motivo de casación, por infracción del artículo 9.3 de la Constitución y del 631 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que al no hacerse así el motivo no puede prosperar, máxime cuando la Sala "a quo" no dice en modo alguno que los sistemas generales ni sus determinaciones sean ilegales, lo que afirma es que hacer recaer todo el coste de los gastos de urbanización de los sistemas generales sobre la expropiada resultaría contrario en definitiva al principio de distribución de beneficios y cargas que proclama la legislación del suelo, ya que supondría que unos pocos, a costa de reducir el justiprecio de los bienes expropiados, estarían financiando el coste de unas obras que se ejecutan en beneficio de toda la colectividad al facilitarse la adquisición a bajo precio de los terrenos propiedad de aquellos por la sola razón de estar destinados a infraestructuras generales supra municipales.
Podrá o no estarse de acuerdo con estos criterios valorativos de la prueba pericial, pero no cabe afirmar que ello suponga que la Sala "a quo" incurra en vicio de incongruencia, razón por la que el motivo debe rechazarse.
En el segundo motivo la Administración sostiene que la sentencia de instancia infringe los artículos 47.a a 53.4, 60 y Disposición Transitoria del T.R.L.S. de 1.992, así como los artículos 59, 63 y 219 del Reglamento de Gestión Urbanística, por cuanto entiende que las valoraciones deben efectuarse con arreglo a la Ley 8/90 y su Texto Refundido de 1.992. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1.997 anula por inconstitucionales diversos preceptos de la L.R.L.S. de 1992, entre ellos el artículo 60 citado por el recurrente, y por tanto habida cuenta la fecha del recurso de casación, octubre de 1.998, es claro que la invocación de tal precepto como infringido es claramente improcedente.
Todo el desarrollo del motivo va encaminado a sostener que debían ser aplicados al caso los criterios de valoración contenidos en el Texto Refundido de 1.992 y no en los de TR de la Ley del Suelo de 1.976 y mucho menos el artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa. Ni una sola línea dedica el recurrente a fundamentar la infracción de los preceptos del Reglamento de Gestión que invoca y por tanto en este punto el motivo debe ser desestimado sin más.
En cuanto al resto del motivo, debe correr igual suerte por cuanto es doctrina constante de esta Sala que tras la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional citada, incluso en los supuestos en que inicialmente resultaría de aplicación la Ley del Suelo de 1.990 o el Texto Refundido de 1.992, debe aplicarse el TR de 1.976 salvo en los supuestos de suelo no urbanizable que no es el caso.
El motivo por tanto no puede prosperar.
El tercer motivo, se dice, se formula al amparo del artículo 102.a de la Ley Jurisdiccional que se refiere al recurso para la unificación de doctrina. Ciertamente el motivo resulta sorprendente máxime cuando se ha interpuesto un recurso de casación ordinario y el recurso para unificación de doctrina sólo procede cuando la sentencia no es susceptible de recurso de casación ordinario, art. 102.a.2.
Rechazados los motivos de casación procede la condena en costas al recurrente conforme al artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.
No haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid contra la Sentencia de fecha 8 de octubre de 1.998, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 3031/1.994; con expresa condena en costas a la recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO, en audiencia pública celebrada en el mismo día de su fecha. Certifico
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