STS 1567/2004, 27 de Diciembre de 2004

En motivo único, por infracción de ley (art. 849-1º L.E.Cr.), estima inaplicados los arts. 248, 249 y 250.1 nº 1º, 3º, 6º y 7º C.Penal e interpretadas erróneamente las pruebas, según se desprende de los documentos aportados al proceso.

1. La defectuosa técnica procesal seguida en el planteamiento del motivo podría determinar por sí sola su rechazo. El recurrente acumula indebidamente dos motivos, incompatibles entre sí, referidos a las dos distintas posibilidades de infringir la ley, apuntadas por el art. 849 L.E.Criminal, pues no cabe afirmar la inaplicación de unos preceptos penales sustantivos a los hechos que se declaran probados (corriente infracción de ley: número 1º) que obligan, conforme al art. 884-3 L.E.Cr., al más escrupuloso respeto a los hechos probados, y a su vez, discrepar del relato fáctico, cuya modificación se pretende al amparo del error facti (nº 2 del art. 849 L.E.Cr.).

   Mas, en trance de descubrir una voluntad impugnativa, el motivo, a través de su desarrollo argumental, se centra en la inaplicación del tipo penal de estafa. Y ello por cuanto, para que pudiera prosperar el error facti, sería preciso la designación de concretos documentos y sus particulares, que se opusieran a ciertos aspectos o pasajes del factum (que tampoco se especifican), y es lo cierto que ningún documento con eficacia casacional se invoca, por lo que de conformidad al 855 p- 2 y 884-6º L.E.Cr., se impone su desestimación al incurrir en causa de inadmisión, no declarada en el momento procesal oportuno.

2. El argumento que desarrolla, limitado a la indebida aplicación del art. 248 C.P. y concordantes, tampoco se somete a los estrictos términos del relato histórico sentencial.

   Nos dice el impugnante que la sentencia no recoge la amistad existente entre las partes; pero tampoco intenta introducirla por la vía del error facti, amén que no se alcanza a comprender qué influencia tendría en la comisión del delito, pues tal elemento, a lo sumo, podría alumbrar una cualificación de abuso de las relaciones personales (art. 250.1.7º C.P.), pero ninguna repercusión iba a tener en la configuración de los elementos básicos del delito de estafa, previstos en el art. 248 C.P.

3. Junto a tal impugnación el recurrente acumula una serie de quejas, todas ellas dirigidas a evidenciar simples incumplimientos contractuales. Nos dice en tal sentido que no se trata de un simple retraso en la ejecución de la obra, sino que la dilación fue tal que debía estar concluída cuando se rompieron las relaciones contractuales; insistiendo que, incluso cuando el 29-11-99 se vuelve a conceder la licencia adecuada, las obras no se reinician. Añade, por último, que las obras, ya se empezaron tarde en relación a lo acordado verbalmente.

   Como puede observarse, todo lo indicado por el recurrente, de ser cierto, daría lugar a la correspondiente condena civil con indemnización de daños y perjuicios, cuya vía jurisdiccional tiene abierta al haber recaído sentencia absolutoria sobre el delito de estafa. Lo cierto es que partiendo del tenor de los hechos probados, en ellos no se describe ningún delito de estafa.

   El recurrente afirma que el factum no concreta quién solicitó al Ayuntamiento la licencia, y es cierto, pero en la fundamentación jurídica (fund. 2º) con carácter cointegrador de los hechos probados, se afirma que la solicitud la realizó el querellante, y por mucho que se diga que la redactó el acusado, en el peor de los casos, se realizó con plena aquiescencia del dueño de la obra.

   Por otro lado, la denuncia al Ayuntamiento tuvo su origen en la intervención de un vecino, lo que nos indica que tampoco tuvo participación el acusado.

   Pero además surgieron discrepancias, después de paralizarse la obra, sobre la idoneidad de lo construido, poniéndose de relieve la existencia de deficit constructivos y desacuerdos en la valoración de lo recibido. Y si esto fue así, no es posible afirmar que se cometió un delito de estafa a medio del contrato de arrendamiento de obra, ya que para que ello sucediera hubiera sido necesario que el sujeto agente celebrara el contrato con ánimo de percibir el dinero de la ejecución (enriquecimiento), sin propósito de ejecutar la obra, esto es, resultaba imprescindible un planeamiento (engaño) que escondiera una intención de aprovecharse económicamente del cumplimiento del contrato por parte del ofendido y de su propio incumplimiento.

4. Pues bien, como quiera que del relato de hechos probados se desprende nítidamente que el conflicto surgió "a posteriori" por causas no previstas en el momento de la celebración del contrato, nos hallamos ante un incumplimiento del mismo.

   Las paralizaciones de la obra, los desacuerdos inter partes, la ausencia de un contrato escrito, con lo que tiene de indeterminación de las obligaciones de los contratantes, y la consignación judicial de la diferencia económica entre lo realizado y lo recibido, según informe pericial --cantidad depositada en el Juzgado, tan pronto se denunciaron los hechos por el hermano del acusado con el que mantenía buenas relaciones el querellante y que, por cierto, fue rechazada por este último--, constituyen circunstancias que excluyen la comisión del delito de estafa.

5. Tampoco los hechos declarados probados son reconducibles al delito de apropiación indebida, pretensión no ejercitada por las partes y a la que alude el Tribunal, para descartarla, por impedirlo el principio acusatorio, dada la heterogeneidad de las infracciones penales reseñadas (estafa y apropiación indebida).

   Pero tampoco el recurrente en su escrito impugnativo fuerza la aplicación de este precepto (art. 252 C.P.), al entender que no concurre alguno de los requisitos que lo conforman, en particular, la recepción del dinero con obligación de restituirlo. Y es cierto, en tanto en cuanto el acusado recibe el dinero para hacerlo propio, a cambio de una obra que estaba ejecutando y debía concluir, pero no en calidad de simple y transitorio depositario o prestatario con obligación de devolver.

   Por todo lo expuesto el motivo debe rechazarse.

   Recurso de Jose Francisco.

En el primero de los motivos, directamente relacionado con el cuarto, se rechaza la aplicación del delito continuado (art. 74 C.P.) con respecto a la falsedad en documento mercantil (art. 392, en relación al 390-1º,2º y 3º C.P.), por entender que no existe base probatoria alguna que permita afirmarlo, partiendo del derecho a la presunción de inocencia, que en este punto no se estima enervado (art. 24-2 C.E.), protesta que canaliza por la vía del art. 5-4 L.O.P.J.; y junto a esta impugnación y consecuencia de ella, se estima indebidamente aplicado el art. 74 del C.P., queja que residencia en el art. 849-1º L.E.Cr.

1. Al recurrente le asiste razón, según se colige de la sentencia combatida. En hechos probados no se hace mención a la continuidad delictiva, sino únicamente se expresa que existieron varias letras, en las que se precisa su fecha de libramiento y de vencimiento que eran diferentes y nada más.

   En la fundamentación jurídica se dice:

   1. En el fundamento primero: "Siendo de observar por la Sala que las dos primeras cambiales tienen distintas fechas de libramiento, vencimiento y su numeración no es correlativa, por lo que se desprenden distintos momentos de confección".

   2. En el fundamento tercero, in fine, entre otras cosas se concreta que el Mº Fiscal acusó "de un delito continuado por tratarse de dos hechos diferentes y cometidos en fechas distintas como se razonó anteriormente".

2. Con todos los datos referidos, sin que aparezca ninguno más en la causa que pudiera repercutir en la calificación de delito continuado o simple, esta Sala entiende insuficiente tal sostén probatorio e inconsistente la inferencia del Tribunal.

   Es determinante en este punto discernir si los actos falsarios se realizaron en una sola ocasión o en fechas o momentos diversos. Resulta obvio que, al falsificar las letras, el hacer figurar distintas fechas de libramiento y vencimiento no significa que se hayan materializado en distintos actos. Tampoco el dato de la ausencia de numeración correlativa es definitivo, pues ese elemento no determina, inexorablemente o con alto grado de probabilidad, que los efectos se confeccionaran en diferentes ocasiones. Indistintamente pudieron hacerse en un solo momento o en momentos distintos, sin que la base probatoria pueda descartarlo en un sentido u otro.

   Si observamos los efectos cambiarios aportados por fotocopia u originales, a que el ap. B) de hechos probados se refiere, a pesar del poco espacio temporal entre sus vencimientos, existen saltos importantes en la numeración. Lo mismo ocurre con alguna de las letras, no falsificadas, que progresivamente se fueron haciendo efectivas por el acusado recurrente. Otra cosa sería que a través de la numeración se pudiera acreditar que una letra de cambio no fue emitida y por tanto no existía en una determinada fecha; pero ese no es el caso.

   En consecuencia, no procede la aplicación del art. 74 C.P., sin perjuicio de que a la hora de individualizar la pena se pondere que no es lo mismo introducir en el tráfico jurídico un solo efecto falsificado, que dos.

   El motivo 1º y 4º deben estimarse.

En el segundo de los motivos, por la vía del nº 2 del art. 849 de la L.E.Cr., se denuncia error en la apreciación de la prueba, aduciendo que conforme a los documentos referidos en la preparación del recurso, obrantes, unos en diligencias de instrucción y otros en el Rollo de Sala --bien a través de la prueba propuesta en conclusiones provisionales o por la documentación aportada en el acto de la vista-- los hechos probados deben ser modificados.

1. El recurrente desnaturaliza el motivo, apartándose de las posibilidades impugnativas del mismo.

   Conforme al art. 855 p.2 y 884-6º L.E.Cr. no precisa los particulares extremos del documento que se oponen al factum o base fáctica utilizada por la sentencia para fundamentar la condena. Esa razón formal, por sí sola, bastaría para desestimar el motivo.

   Item más, en el capítulo de las incorreciones procesales, el recurrente no aporta ni un solo argumento para sostener su postura, limitándose únicamente a desarrollar un nuevo relato de hechos probados desde su parcial e interesada perspectiva.

   En suma, lo que realiza el impugnante es una reinterpretación del material probatorio desde su personal punto de vista, apoyándose con carácter genérico e indeterminado en prácticamente todo el acervo probatorio existente en la causa, especialmente el aportado a su instancia.

2. Constituye requisito indispensable para la prosperabilidad de este motivo que entre lo declarado probado en la sentencia y algún extremo preciso de un documento obrante en las actuaciones, que tenga una génesis extraprocesal y virtualidad acreditativa, se produzca una discordancia o el factum se separe de lo que abiertamente el documento proclama, sin existir otras pruebas que lo contradigan.

   Ésa no es la mecánica seguida en el motivo, al haberse apartado de los criterios jurisprudenciales que delimitan su ámbito de aplicación, partiendo de los términos normativos del número 2º del art. 849 L.E.Cr. (error facti).

   El motivo no puede ser estimado.

El tercero de los que formaliza el acusado se apoya en el art. 849-1º L.E.Cr. (corriente infracción de ley) por estimar indebidamente aplicado el art. 392, en relación al 390-1º, 2º y 3º del C.Penal.

1. El recurrente vuelve la espalda a los hechos probados (art. 884-3º L.E.Cr.) y añade circunstancias a la resultancia probatoria para estimar no cometido el delito. Insiste de nuevo en la confianza existente entre sujeto activo y pasivo del delito, derivada de las buenas relaciones habidas entre el hermano del acusado y el querellante.

   A su vez, pretende demostrar que las letras falsificadas constituyen renovaciones de las primigenias letras, sin que tal extremo aparezca probado, pero, aunque lo estuviere, no desvirtuaría la aplicación del precepto punitivo.

   Parece ser que de esos dos datos pretende extraer el recurrente --aunque explícitamente no lo diga-- que debía presumirse una voluntad tácita del perjudicado o concorde de ambas partes, de que estaba autorizado a renovar letras, imitando la firma del aceptante.

2. Los argumentos aducidos no enervan la calificación de falsedad en documento mercantil, ya que el acusado, en un efecto cambiario, cuya naturaleza mercantil no se discute, imitó la firma del perjudicado en la parte del acepto y la presentó al descuento bancario, esto es, la introdujo en el tráfico jurídico mercantil, confundiendo a los terceros que se vieron atacados en la confianza, garantía y seguridad que el efecto les inspiraba, ante la estampación de la firma de una persona que asumía una rigurosa obligación de pago, cuando ello no respondía a la realidad, ocasionando el consiguiente perjuicio.

   Fueran o no renovaciones de letras, lo cierto es que sin la voluntad del perjudicado, imitó su firma en el acepto de las mismas. Es lógico entender que si aquél lo hubiera consentido hubiese firmado el efecto directamente, en lugar de crear una superchería. Tampoco es creíble la tolerancia de la acción falsaria, de ser conocida por parte de la persona suplantada, por cuanto no existía el correspondiente respaldo económico que justificara la renovación de las letras, resultando un hecho incontestable el retraso en el inicio de las obras y la celeridad en hacer efectivos los cobros sin estar siquiera las obras realizadas. Así pues, las últimas letras carecían de la correspondiente cobertura económica o provisión de fondos.

   En conclusión, los hechos probados describen un delito de falsedad en documento mercantil que produjo efectos negativos en el perjudicado al pasar a formar parte de los deudores incumplidores (Registro bancario de aceptaciones impagadas) con los consiguientes perjuicios que la sentencia califica de morales.

   El motivo no puede prosperar.

En el motivo del mismo número el recurrente, con sede en el art. 849-1º L.E.Cr., entiende indebidamente aplicado el art. 22-8 C.P., en relación al 85-2º del C.Penal.

La razón estriba en que al haberse acordado por el Tribunal que le condenó, con anterioridad, la suspensión definitiva de la condena, no cabe llevar a cabo revocaciones posteriores con lo que conlleva de inseguridad jurídica.

1. Al impugnante no le asiste razón. Los términos estrictos del art. 22-8º C.P., permiten, sin ningún género de dudas, estimar la reincidencia. En hechos probados se establece que el acusado fue condenado por sentencia firme el 10 de febrero de 1998, por falsedad en documento mercantil a la pena de 6 meses y 1 día de prisión menor y multa de 100.000 pts. Si tal sentencia fue firme en febrero de 1998 y el delito comenzó a cometerse en abril de 1998, fecha del contrato de arrendamiento de obra y posterior libramiento de las letras para vencimientos diferentes del año 1999, es evidente, que desde la firmeza de la sentencia (sin computar el cumplimiento de la pena) no han transcurrido los 3 años exigidos para la rehabilitación del condenado (art. 136 C.P.) habida cuenta de que nos hallamos ante una pena menos grave, como así resulta de la transformación de las previstas en el Código de 1973, al Código vigente (véase disposición transitoria nº 11-d C.Penal de 1995).

   Las exigencias normativas del art. 22-8 C.P. concurren plenamente.

2. Pero todavía más, el propio art. 85-2º invocado, señala también como requisito para que se acuerde la remisión definitiva de la pena que "haya transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido el sujeto" y es lo cierto que en el plazo de suspensión fijado en la sentencia, que como mínimo debía ser de dos años, según señala el art. 80-2 se delinquió de nuevo. Así, la suspensión de pena se produjo el 19-3-98 (hechos probados) y la remisión definitiva, transcurridos los dos años el 12-5-2000. Reiteramos que los hechos se cometen entre abril de 1998 y durante 1999, por lo que, a tenor del art. 83.1: "La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el Juez o Tribunal conforme al art. 80.2 de este Código".

   No existe inseguridad jurídica. La suspensión definitiva tenía una eficacia claudicante. Hasta este momento ha podido surtir esos efectos limitados que se convertirían en inatacables, si el recurrente fuera absuelto en casación por este delito y no tuviera otra causa pendiente o que pudiera iniciarse, por hechos no prescritos cometidos entre el 19-3-98 y los dos años siguientes. Pero ese no es el caso.

   El motivo debe rechazarse.

En el último de los motivos, por la misma vía del art. 849-1º L.E.Cr. (infracción de ley), muestra el desacuerdo sobre la indemnización de 6.000 euros acordada por daño moral producido al querellante, consecuencia del impago de cambiales por la inclusión en el Registro Bancario de Aceptaciones Impagadas, vulnerándose así el art. 116 del C.Penal. El recurrente se vuelve a apartar de los hechos probados y de nuevo reitera el argumento de que se trataba de letras renovadas de otras anteriores, lo que resulta indiferente, a la hora de señalar la indemnización.

Tampoco aparece tal afirmación en hechos probados, ni en la fundamentación jurídica y, por tanto, extramuros de la cognitio judicial el recurrente considera que el daño moral quedó enjugado o superado, porque la hipoteca que a él le negaban finalmente pudo realizarse a nombre de la esposa. Aunque no consta tal hecho, precisamente, el que una persona que quiere obtener un préstamo bancario tenga que recurrir a otras diferentes, nos está indicando que el perjudicado no ofrecía garantías de solvencia, que perdió indebidamente, por acceder a un Registro, cuya causa única fue la falsedad cometida por el recurrente. El art. 116 del C.P. no ha sido infringido, pues existió un inequívoco daño que el Tribunal califica de moral, señalando según su prudente arbitrio la cantidad adecuada para su resarcimiento.

El motivo debe rechazarse.

La estimación de los motivos 1º y 4º del acusado determina la declaración de oficio de las costas de su recurso y la expresa imposición al acusador particular por la desestimación del suyo, condenándole igualmente a la pérdida del depósito constituído en su dia, todo ello en aplicación del art. 901 L.E.Criminal.

III.

Los de la mencionada sentencia de instancia, salvo en aquéllo que contradigan los argumentos de este Tribunal, en los concretos extremos relacionados con los motivos que se estiman.

En orden a la individualización de la pena (art. 66 C.P.) ya habíamos anticipado en la sentencia rescindente que no era lo mismo poner en circulación un documento falsificado que dos; de ahí que estimemos proporcionada y prudente la pena de 2 años, que resulta de un recorrido penológico que va desde 1 año y 9 meses a 3 años (por razón de la reincidencia).

La eliminación del delito continuado hace que también la multa deba rebajarse, en su duración, fijándose en 9 meses, con mantenimiento de la cuota diaria señalada por la Audiencia.

Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Jose Francisco, como autor responsable de un delito de falsedad en documento mercantil con la concurrencia de la agravante de reincidencia a la pena de 2 AÑOS de prisión y Multa de nueve meses, manteniendo todos los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Luis-Román Puerta Luis Joaquín Giménez García José Ramón Soriano Soriano.

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.