STS, 18 de Marzo de 1997

Tres motivos se utilizan en este recurso, los tres por infracción de Ley y amparándose en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamieto Criminal. El primero de ellos denuncia indebida inaplicación al caso del artículo 531 y, a la vez, indebida aplicación de los artículos 528 y 529, números 1º, 5º, 7º y 8º en relación con el 69 bis, todos ellos del anterior Código Penal. Estima el Ministerio Público que el precepto penal infringido en el caso fué tan solo el primeramente citado de los anteriores porque el engaño utilizado por los acusados fué el específico de disponer de una cosa como libre sabiendo que estaba gravada y que, en virtud del principio de especialidad, procedía aplicar antes que el general para todos los delitos de estafa.

El delito de estafa requiere para su existencia la imprescindible presencia de una serie de requisitos que eran expresamente recogidos en los artículos 528 y siguientes del anterior Código Penal y han pasado a los actuales 248 a 251 del nuevo Código. Son esos requisitos: en primer lugar el engaño adecuado, eficaz y suficiente para provocar un error en el sujeto pasivo, engaño que ha de ser precedente o concurrente, realizado por un sujeto activo animado de afán de enriquecerse y que determine al sujeto pasivo a realizar un acto de disposiciòn o desplazamiento patrimonial que le causa perjuicio propio o a un tercero (numerosas sentencias, entre ellas las de 26 de Mayo de 1.988, 6 de Abril y 12 de Noviembre de 1.990, 31 de Enero de 1.991, 24 de Marzo y 23 de Abril de 1.992 y 18 de Octubre de 1.993) A veces es difícil trazar la línea divisoria entre el dolo civil y el dolo penal, pero este último solo puede apreciarse cuando la conducta encaje plenamente en el precepto penal. Ello ocurre en los negocios civiles criminalizados en los que bajo la apariencia de contener todos los elementos para una lícita relación jurídico-privada, civil o mercantil, subyace una intención de erigir lo aparentemente lícito en un elemento de disimulación, ocultación, fingimiento y fraude que provoca en cadena causal el error, el desplazamiento patrimonial y el perjuicio para una parte y el lucro injusto para quien usó del engaño (sentencia de 13 de Mayo de 1.994). Además de la figura definidora en general de delito de estafa existían, ya antes de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica del Poder Judicial 8/1.983, de 25 de Junio, en el artículo 531 del texto legal, varias figuras específicas entre las que se encontraba la disposición de un bien como libre sabiendo que estaba gravado. Esta especificidad ha pasado al nuevo Código Penal delineada con mayor precisión al referirse a la disposición de una cosa mueble o inmueble ocultando cualquier carga sobre la misma, elementos que ya había ido precisando la jurisprudencia que exigía, como en el tipo general de la estafa, la concurrencia de engaño (sentencia de 14 de Septiembre de 1.992). El precepto penal ha de aplicarse con preferencia al general, como ya ha establecido paladinamente el número 1º del nuevo artículo 8º del Código Penal y venía ya antes recogiéndose jurisprudencialmente cuando el artículo 68 del anterior Código Penal propugnaba un principio de alternatividad frente al cual tenía ya carácter preferente el de especialidad (sentencia de 25 de Enero de 1.990 y 20 de Febrero de 1.992).

Todo lo antes dicho ha de tenerse en cuenta con respecto al relato de hechos probados de la sentencia recurrida. De toda la procelosa relación de negocios que desde 1.977 ligó a los procesados Cornelioy Luis Carlosel único momento en que constaba la utilización de engaño por su parte es cuando realizan los cuarenta contratos de compraventa de edificios en construcción en los meses de Mayo a Diciembre de 1.977. Sobre la finca que se contrataba, 2839 del Registro de la Propiedad de Guadalajara (tomo 1007, libro 27 de Azuqueca), sabían los acusados que existía el gravámen de una hipoteca a favor de OBRASCON, no obstante en los contratos de compraventa que otorgaron en dicho período de tiempo, y, que ellos mismos redactaron, no se hace mención alguna de la hipoteca y de la inscripción registral que tuvo que haber determinado. Constituyó ello un engaño encuadrable en el precepto especial del anterior párrafo 2º del artículo 531, porque determinó error en los compradores, error que los llevó a desprenderse de cantidades líquidas inmediatamente (75.000.- pesetas cada uno, lo que constituyó un total de tres millones) y además se obligaron a pagos aplazados firmando letras que fueron negociadas por los acusados, desprendimientos patrimoniales que les determinaron perjuicios económicos al no recibir en contraprestación los pisos o el local contratados. La Audiencia de instancia ha interpretado que el engaño se repitió de tal modo que constituyó un delito continuado de estafa. Pero no hay tal. Cuando no cumplieron con la entrega prometida de las viviendas el local se realizó un nuevo pacto con nuevos plazos y promesas de asegurar la esperada entrega, pero ya la confianza de los compradores que, entretanto habían llegado a conocer la situación en que se encontraba el solar (adquirido en propiedad por OBRASCON en virtud de ejecución de la garantía hipotecaria), no se determinó por nuevos engaños de los vendedores, sino porque esperaban su cumplimiento al haber mediado el Gobernador Civil de la provincia y el DIRECCION004de la localidad, pero tampoco realizaron nuevas aportaciones patrimoniales además de las primeramente hechas, todas ellas determinadas por iniciales contratos en que intervino engaño. En 1.990 los acusados Cornelioy Luis Carlosdepositaron a disposición de los compradores las cantidades que de ellos habían recibido cuenta incrementada con el seis por ciento anual pactado. Solo pues en forma de ocultación de la carga de la hipoteca que gravaba la finca de la construcción se realizó el engaño antecedente y causante del error y a tal conducta solo pueda aplicarse el precepto penal que recogía el segundo párrafo del artículo 531 del anterior Código Penal.

El motivo ha de ser estimado.

El motivo correlativo de este recurso con base y denuncia ya dichas, alega indebida inaplicación de los artículos 113 y 114 del anterior Código Penal. Si, conforme señaló el Ministerio Fiscal en el anterior motivo, los hechos objeto de la causa tienen su encuadre en el artículo 531, párrafo segundo del precedente Código Penal no podían haber sido sancionados con pena superior a arresto mayor por lo cual el tiempo de prescripción del delito sería de 5 años y habría ya transcurrido en el momento del iniciarse esta causa.

Los hechos enjuiciados y merecedores de la calificación de estafa se cometieron por Cornelioy Luis Carlosentre Mayo y Diciembre de mil novecientos setenta y siete. Ante el incumplimiento de lo contratado con ambos, varios de los compradores formularon denuncia el 4 de Julio siguiente y se iniciaron diligencias por el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid que concluyeron por auto que decretaba el archivo de fecha 29 de Mayo de 1.979, y después la denuncia que determinó la iniciación de la presente causa se presentó en Mayo de 1.990, es decir la inactividad frente a los acusados duró más de once años desde la època de comisión del delito y descontando los casi once meses en que existió un procedimiento penal abierto.

El artículo 113 del precedente Código Penal, vigente al realizarse los hechos recogidos en el relato histórico de la sentencia, establecía la prescripción de los delitos con pena que excediera de seis años a los diez y a los cinco la de los delitos a los que estuviere señalada cualquiera otra pena (se entiende de inferior duración). Como se ha señalado por la jurisprudencia de esta Sala la prescripción de las infracciones penales significa, en realidad, una renuncia por parte del estado al ejercicio de su "ius puniendi" en los casos en que ha transcurrido tal lapso de tiempo desde su comisión que se produce una paulatina desaparición de la memoria social, proporcionada a la gravedad de la pena con que son legalmente sancionadas (sentencias de 28 de Febrero de 1.992, 4 de Junio y 20 de Septiembre de 1.993). Los delitos en este caso apreciados cometidos por los acusados Cornelioy Luis Carloshabían prescrito, teniendo en cuenta las penas que les hubieran sido aplicables de arresto mayor, a los cinco años de su comisión, plazo que al denunciarse en 1.990 había ya mas que cumplidamente transcurrido.

El motivo ha de ser acogido.

El último motivo del recurso, como los dos anteriores por infracción de Ley y con apoyo en el número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se plantea para denunciar la indebida aplicación de los artículos 528 y 529.1º, 5º, 7º y 8º, en grado de tentativa con respecto a los acusados Luisy Maribel. Estima el Ministerio Fiscal que su conducta recogida en los hechos probados no constituye delito.

Así es. El conocimiento por estos acusados de la conducta de los otros dos encausados no se convierte en una participación en esa conducta, que se realizó en 1.977. Según el relato fáctico no se ha objetivado la utilización por estos otros dos acusados de engaño, señuelo o añagaza para inducir a error a los antiguos compradores. Tras readquirir la finca en que estaba la construcción a través de las sociedades que habían creado, y de las que no se puede decird sean continuadoras reales de PROCENSA, comprándola a su dueño desde 1.978, OBRASCON, comienzan por ofrecerlas a los adquirentes por compraventa de 1.977. Ciertamente a un precio superior, pues han transcurrido doce años que han determinado una subida de los precios inmobialiarios, pero no está constatado que para decidir a comprar emplearan de ningun falso señuelo y sí, que, posteriormente, cuando ninguno de los antiguos compradores aceptó la oferta y los contratos fueron rescindidos, vendieron algunos de los pisos a terceras personas por un precio superior más de un millón de pesetas, y en algunos casos cercano a dos millones más, que lo que pidieron a los antiguos compradores de 1.977. No se han comprobado, pues, la existencia ni siquiera en grado de tentativa de los elementos precisos, ya antes indicados, para la existencia de estafa: engaño, encaminado a causar, mediante el error producido, un desplazamiento patrimonial nocivo para otras personas y, todo ello, mediante la actuación de unos sujetos agentes animados del propósito de obtener un ilicíto lucro.

El motivo, como los dos anteriores, ha de ser estimado.

Recurso de la acusación particular ASOCIACION DE VECINOS DEL BLOQUE DE ALTURA "PROCENSA" de Azuqueca de Henares:

Un único motivo se utiliza en este recurso, por infracción de Ley, al amparo del número 1º del anterior 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para denunciar indebida inaplicación del artículo 303 en relación el 302.4º del anterior Código Penal, vigente al ocurrir los hechos.

Entre los elementos que una abundante jurisprudencia de esta Sala ha señalado como de necesaria concurrencia para que exista falsedad documental, además del elemento subjetivo del dolo falsario consistente en la conciencia y la voluntad de transmutar la realidad, se exige el objetivo o material, propio de toda falsedad de mutar aspectos esenciales del documento realizada por alguno de los procedimientos o formas que enumeraba el artículo 302 del precedente Código Penal (sentencias, entre otras muchas, de 6 de Octubre de 1.993, 21 de Enero de 1.994 y 21 de Noviembre de 1.995). Este requisito en el caso de la denominada "falsedad ideológica", que era a la que se refiere el motivo, exige la conversión en aparentemente veraz de lo que no lo es (sentencias de 16 de Octubre de 1.991, 7 de Abril de 1.992 y 27 de Enero de 1.993). Pero, es claro, que la inveracidad ha de recaer sobre un hecho o suceso que ya ha ocurrido y del que pueda ser contrastada y comprobada su preexistencia y su realidad de forma distinta a como, en aspectos esenciales para la efectividad del documento, se recoge. No puede, pues, referirse a meras expresiones de voluntad o de reconocimiento de obligaciones cuya realidad y existencia queden pendientes para el futuro porque, salvo poco posibles comprobaciones de otros hechos ya sucedidos que inequívocamente pudieran denotar o determinar la falsedad del reconocimiento de obligaciones de futuro cumplimiento, resulta imposible la comprobación de veracidad de algo que no ha tenido realidad temporalmente anterior, como en el presente caso ocurre.

El motivo ha de ser desestimado.

Recurso de Cornelio, Luis Carlosy PROCENSA:

El primer motivo de este recurso es por infracción de precepto constitucional, con apoyo en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Afirman los recurrentes que ha sido infringido su derecho a la presunción de inocencia que les correspondía por aplicación del artículo 24.2 de la Constitución. Varios aspectos de los hechos cuestionan los recurrentes que estén probados: que conocieran que la hipoteca en favor de OBRASCON hubiera sido judicialmente ejecutada, que fueran ambos y no solo Luis Carlosquienes otorgaron los contratos de venta de viviendas ylocales de negocios y no solo uno de ellos y que en esos contratos no constaran referencias a la hipoteca preexistente.

Pero, no careció el tribunal de elementos probatorios de cargo pues hay base documental suficiente para afirmar que, habiendo dejado de pagar a OBRASCON en Abril de 1.977 se les notificó ya el 20 de dicho mes requerimiento de pago a PROCENSA, y se les repitió nuevamente dos veces más, la última judicialmente a principios de noviembre del mismo 1.977, así como más tarde, ya en 1.978, se adjudicó el solar a OBRASCON. Algunos aspectos fácticos relevantes para probar la participación en las ventas de ambos acusados, aunque solo una formara los contratos, son fácilmente comprobables desde el momento en que uno de ellos era DIRECCION000y DIRECCION001y otro DIRECCION002de la empresa PROCENSA. Y respecto a la referencia que se afirma por los recurrentes a la preexistencia de la hipoteca en favor de OBRASCON y que dicen se hizo constar en los contratos de venta de pisos y local y que hacen también objeto de otro motivo del recurso, la interpretación de esos contratos que hace el tribunal sentenciador es la acertada. No careció el tribunal sentenciador, pues, de elementos probatorios para afirmar haber existido los hechos de ocultación por los recurrentes de la carga hipotecaria que gravaba la finca que, en fracciones, vendían y de la que no daban noticia alguna a los compradores.

Solo los hechos y no su calificación jurídica es lo que ampara el principio de presunción de inocencia (sentencias de 29 y 31 de Diciembre de 1.992 que corroboran sentencias en el mismo sentido del Tribunal Constitucional) y a este tribunal de casación no corresponde volver a evaluar los elementos probatorios con que contó el de instancia. Tan solo ha de limitarse a una comprobación crítica de que en la operación valorativa del juzgador existieron las premisas esenciales exigibles para poder entender legítimamente destruída la presunción "iuris tantum" de que los acusados fueron inicialmente considerados inocentes. Y, como ya antes se ha dicho, eso ha ocurrido en el presente caso con respecto a la conducta de los dos recurrentes Cornelioy Luis Carlos.

El motivo ha de ser desestimado.

Por infracción de Ley por la vía del número 2º del artíuclo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se introduce el segundo motivo de este recurso que denuncia haber sufrido error el juzgador en la apreciación de la prueba. Señalan los recurrentes como documentos acreditativos de los errores que afirman sufrió el juzgador: los contratos de ventas realizados en 1.977 en los que dicen se hacía constar la hipoteca, así como el auto de archivo de diligencias del Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid, de 29 de Mayo de 1.979; el oficio del Ayuntamiento de Azuqueca en que se expresa la concesión de licencias de obras para 54 viviendas en favor de PROCENSA ya en el año 1.992; los documentos privados en los que se hicieron constar rescisiones de contratos, que se han aportado al rollo de Sala de la Audiencia; escrito aportado por los propios compradores con su querella en el que reconocían en Mayo de 1.978 existir voluntad de rescindir los contratos por parte de PROCENSA; copias de cartas de principios de 1.981 por las que, ante la imposibilidad de cumplir la entrega de viviendas ofrecen la devolución de las cantidades entregadas y que dicen se corroboran por varias declaraciones testificales obrantes en autos; las actas notariales de 1.989 reiterando ofrecer devoluciones a quienes no se había hecho cargo de las cantidades; y el documento de 5 de Agosto de 1.980 que dicen era una oferta de PROCENSA a la que no dió cumplimiento al no ser aceptada por ninguno de los compradores.

El error en la apreciación de la prueba según ya prolongada doctrina de esta Sala ( de la que pueden citarse, "ad exemplum", las sentencias de 20 de Febrero y 12 de Marzo de 1.992), requiere para su éxito que: 1º) existan en autos elementos probatorios de carácter realmente documental, y no de otra clase (testigos, peritos, confesiones) aunque consten recogidos en forma "documentada" en la causa, 2º) que esos documentos acrediten el error del juzgador de tal modo que entre lo que se expresa en el relato de hechos y lo que el documento por su condición y contenido acredita exista contradicción, 3º) que, a su vez, el dato que el documento acredita, no esté probado por otro medio de prueba cuya resultancia haya preferido acoger el juzgador, teniendo en cuenta que no existe en el proceso penal pruebas que deban considerarse prevalentes sobre otras, y 4º) que el dato contradictorio así acreditado sea importante por su relevancia para el fallo, que podría haber sido distinto si el error no se hubiera producido.

Con la aplicación de tales exigencias al presente caso no pueden admitirse como de valor las acreditaciones de error que los recurrentes pretenden. En efecto, el carácter no documental de los testimonios que se dicen corroborar algún documento hace que deban descartarse. Algunos de los extremos que los documentos acreditan han sido recogidos en los hechos probados así: que algunos de los compradores obtuvieron la devolución de las cantidades ya entregadas, el acuerdo de 1.989 tras la intervención del Gobernador Civil y la reiteración en 1.981 por vía notarial del ofrecimiento de devolución de las cantidades entregadas. No sufrió error el tribunal de instancia cuando interpretó que la referencia a la constitución de hipotecas en los contratos de ventas de 1.977 no aludía a la hipoteca existente ya antes en favor de OBRASCON, porque evidentemente a ella no se referían esos contratos ni se daba ninguna señal ni datos de su existencia y ante esa fuente de información nada puede acreditar el auto de archivo del Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid. Y el error sobre la existencia de una previa licencia de construcción, que en efecto parece existía no es de relieve para el fallo puesto que no excluye la prueba del hecho básico para la existencia del delito de la ocultación de la hipoteca en favor de OBRASCON cuando se vendieron los pisos y el local de negocio de la promoción inmobiliria.

Por todo ello el motivo ha de ser desestimado.

Los otros cuatro motivos del recurso, todos ellos por infracción de Ley, amparados en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncian indebida aplicación al caso del artículo 528 (el tercero), indebida aplicación del artículo 69 bis (el quinto), indebida inaplicación al caso del artículo 531 (el cuarto, con carácter subsidiario al tercero) e indebida inaplicación del artículo 112.6º y errónea interpretación de los artículos 113 y 114 (el sexto, con carácter subsidiario a los anteriores) todos los artículos citados del Código Penal anteriormente vigente.

Sirva aquí lo dicho para admitir los dos primeros motivos del Ministerio Fiscal, para acoger estos cuatro motivos de los recurrentes, si bien con las aclaraciones de que, aun cuando los hechos no configuraran una estafa del tipo general del artículo 528 del anterior Código Penal, si existió el engaño de ocultar la hipoteca y por ello precisamente se ha de acoger el cuarto motivo, y de que sí era aplicable a la conducta de ocultación de esa carga por los recurrentes, reiterada en la realización de 40 contratos, al menos, de venta de pisos y un local comercial, la doctrina del artículo 69 bis del Código Penal anteriormente vigente al haber existido una pluralidad de hechos ontológicamente diferenciables, con un dolo unitario y unidad de resolución y propósito delictivos, homogeneidad del "modus operandi", con violación de un mismo precepto penal y por unos mismos sujetos activos (sentencia de 4 de Julio de 1.991). Pero ciertamente en el sentido de la continuidad que se ha dado a los hechos en la sentencia recurrida incluyendo conductas realizadas por los recurrentes hasta el año 1.989, es acogible también el quinto motivo, que con los tercero, cuarto y sexto debe ser estimado.

Recurso de Luis, Maribel, AZURES, S.A. y ALTIPLANICA, S.A.:

El primer motivo de este recurso, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia infracción de preceptos constitucionales, y en concreto los recogidos en el artículo 24 de la Constitución que consagra los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías y ello estiman los recurrentes haber sido así al producirse en la sentencia de instancia una seria vulneración del principio acusatorio, porque, acusados por la parte que ejercitó la acusación particular, como autores de un delito consumado de estafa de los artículos 528, 529.1º, 5º, 8º y 2º y bis del anterior Código Penal, fueron sorpresivamente condenados como autores de un delito de estafa en grado de tentativa, del cual no se pudieron informar y, por tanto, defender.

El derecho a ser informado de la acusación, garantizado por el artículo 24.2 de la Constitución exige el conocimiento de aquella facilitado por los acusadores y el propio órgano jurisdiccional con lo que, a la vez que se cumple con el precepto, también constitucional, de proscripción de toda indefensión, se impiden procesos inquisitivos, impropios de un sistema democrático en el que se reconoce un sistèma de derechos fundamentales, debiendo esta noticia de la acusación referirse tanto a los hechos que se imputan a los acusados como a la calificación jurídico-penal que a tales hechos se atribuye (sentencia de 21 de Enero de 1.993). Por ello la jurisprudencia de esta Sala ha declarado que el tribunal de instancia carece de facultades para penar un delito con una sanción más grave que la solicitada por las partes acusadoras, y también para penar un delito distinto al enjuiciado aunque las penas fueran iguales o incluso inferiores a menos que entre una y otra infracción exista una clara y manifiesta homogeneidad, y, por supuesto está excluìda cualquier posibilidad de apreciar circunstancias agravantes o subtipos agravados si no han sido invocados en el juicio (sentencias del 21 de Septiembre de 1.990 y 26 de Febrero de 1.994). Pero para resolver sobre identidad de los hechos objeto de acusación y los acogidos en la sentencia no se precisa una igualdad matemática, bastando con la identidad del hecho material, del hecho psicológico y la relevancia y trascendencia del relato para la subsunción, es decir, los que integran normativamente el tipo a aplicar (sentencias de 9 de Octubre de 1.992, 15 de Junio de 1.993 y 17 de Octubre de 1.994). Consecuentemente el tribunal no puede desviarse de los límites fácticos y tipificadores de las acusaciones y ha de someterse a una estricta correlación entre el contenido de las acusaciones y el del fallo, salvo que exista homogeneidad entre los delitos de acusación y los apreciados (sentencia de 13 de Junio de 1.994).

Es claro que en este caso los recurrentes conocieron oportunamente para poder organizar su defensa los hechos que se les atribuían y como eran calificados de delito de estafa. Esos hechos han sido recogidos en la sentencia y la calificación de estafa mantenida, de tal modo que al estimarse que quedaron en grado de tentativa de ello se pudieron defender y se defendieron cuando lo hicieron del mismo delito en grado de consumación pues este grado de compleción del delito incluye las formas que pudieran haber quedado en tal solo los grados meramente iniciales o incoativos del delito. No aparece pues que se haya infringido el principio acusatorio y procede, en consecuencia, la desestimación del motivo.

El segundo motivo de este recurso también denuncia infracción de preceptos constitucionales, por la vía conjunta de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo en concreto el principio infringido el de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución.

Recuérdese aquí lo antes dicho sobre las funciones de esta Sala de casación cuando se alega infracción del derecho de todo acusado a ser presumido inocente mientras no sea probado que no lo es.

Los hechos objeto de la acusación y la participación en su comisión en ellos de los recurrentes están probados en este caso incluso por su admisión por ellos mismos. Sí, empero, ha de objetarse la afirmación recogida en los hechos probados referente a estos recurrentes de que prosiguieron con su fraudulenta maquinación de enriquecerse a costa de los derechos de los compradores, que fué inferida por la Sala sentenciadora cuando es así que los hechos realizados por ellos no permitían con arreglo a criterios lógicos y racionales estimar concurría en los mismos ese propósito de defraudar. Por ello el motivo ha de ser estimado.

Los otros motivos de este recurso plantean , los tres por infracción de Ley, y al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncias de indebida aplicación de los artículos 528, 529, 1º, 5º, 7º y 8º en relación con los 3, 52 y 69 bis del anterior Código Penal, con respecto a Luis(motivo tercero) y con referencia a Maribel(motivo cuarto) e infracción del artíuclo 22 del mismo Código al serle indebidamente aplicado a las sociedades anónimas AZURES y ALTIPLANICA declarándose su responsabilidad civil subsidiaria (motivo quinto). Estiman los recurrentes que no han incurrido en la comisión de los delitos continuados de estafa en grado de tentativa que han sido apreciados en la sentencia objeto de recurso y consecuentemente no ser tampoco procedente la declaración de responsabilidad subsidiaria de las sociedades para las que actuaron.

Ha de darse aquí por reproducido, en respuesta a los dos primeros de estos tres motivos, lo ya razonado para admitir el tercer motivo del recurso del Ministerio Fiscal. En consecuencia procede su estimación así como la del quinto motivo porque la procedencia de absolver a los dos recurrentes arrastra como obligado corolario la inexistencia de su propia responsabilidad civil derivada de delito y, derivadamente, la inexistencia en esta vía penal de cualquier responsabilidad civil subsidiaria de empresas o sociedades en cuyo nombre los recurrentes hubieran actuado, responsabilidad esta última que aunque recogida al final del fundamento jurídico de la sentencia recurrida, no fué objeto de pronunciamiento expreso en el fallo de la misma. En definitiva los tres motivos deben ser estimados.III.

FALLO

Que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR A LOS RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES interpuestos por el Ministerio Fiscal, Cornelio, conjuntamente con Luis Carlosy con PROCENSA, y Luisconjuntamente con Maribely con AZURES, S.A. y ALTIPLANICA, S.A., contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Guadalajara con fecha dos de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco en causa seguida contra los cuatro recurrentes por delito de estafa y contra las tres sociedades como responsables civiles subsidiarias, acogiendo los tres motivos del recurso del Ministerio Fiscal, los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto, por infracción de Ley, del recurso de Cornelio, Luis Carlosy PROCENSA, y los motivos segundo, por infracción de precepto constitucional, y tercero, cuarto y quinto, por infracción de Ley, del recurso de Luis, Maribel, AZURES, S.A. y ALTIPLANICA, S.A. y, en su virtud, casamos y anulamos dicha sentencia con declaración de oficio de las costas ocasionadas por los respectivos recursos; e igualmente debemos DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY interpuesto por la Acusación Particular ASOCIACION DE VECINOS DEL BLOQUE DE ALTURA "PROCENSA" DE Azuqueca de Henares, con expresa imposición de las costas ocasionadas por su recurso y pérdida del depósito constituído al recurrir.

Comuníquese esta resolución, y la que seguidamente se dicta, a la mencionada Audiencia Provincial a los efectos legales oportunos y con devolución a la misma de la causa que, en su día, remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y siete.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Guadalajara (nº39/91) y seguida ante la Audiencia Provincial de la misma ciudad (rollo nº 8/93) por delito de estafa contra los acusados Cornelio, Luis Carlos, Luisy Maribel, vecinos de Madrid, sin antecedents penales y en libertad por esta causa, seguida también contra las sociedades PROCENSA, AZURES, S.A., y ALTIPLANICA, S.A., como responsables civiles subsidiarios, habiendo sido parte acusadora la ASOCIACION DE VECINOS DEL BLOQUE DE ALTURA PROCENSA de Azuqueca de Henares, causa en que por la mencionada Audiencia Provincial se dictó sentencia el dos de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco que ha sido casada y anulada por la dictada el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín MARTIN CANIVELL, hace constar lo siguiente:I. ANTECEDENTES

U N I C O .- Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia recurrida a excepción de la frase "prosiguiendo con su fraudulenta maquinación de enriquecerse a costas de los derechos de los compradores" que está en el octavo párrafo del relato fáctico.

Se aceptan igualmente los fundamentos jurídicos primero, excepto su último párrafo, y tercero de la sentencia objeto de recurso y se rechazan todos los otros fundamentos jurídicos de la misma.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa recogido y penado en el artículo 531.2 del anterior Código Penal conforme se ha razonado en la anterior sentencia de casación.

Aparecen como autores de ese delito los acusados Cornelioy Luis Carlos, pero su responsabilidad criminal se ha extinguido mediante prescripción del delito, conforme también se ha expresado en la anterior sentencia de casación.

No ha quedado probada la intervención en delito de estafa de Luisy Maribelconforme se ha recogido en la sentencia de casación por lo que procede ABSOLVERLES de tal delito.

La absolución de los acusados determina la improcedencia de declarar en esta causa la responsabilidad civil subsidiaria de las Sociedades PROCENSA, ALTIPLANICA, S.A. y AZURES, S.A.

Procede declarar de oficio las costas causadas en este juicio.

VISTOS los preceptos legales aplicables.III.