STS 1475/2005, 16 de Diciembre de 2005

Por el cauce del art. 849,1º Lecrim , se ha denunciado infracción de ley, en concreto, de los arts. 528 y 529, 7 y 8 Cpenal 1973 . El argumento de apoyo es que, en contra de lo resuelto por la Audiencia, se entiende que tanto las aportaciones efectuadas en ejecución de la ampliación de capital aprobada en junta de 21 de junio de 1991 en cualquiera de sus dos tramos, de las que se dice fueron auténticas compensaciones de créditos preexistentes frente a Galletas TAS, de los que eran titulares distintos acreedores y trabajadores de la entidad; como las aportaciones totalmente ficticias relativas a esa misma ampliación (por importe de 20, 3, 60 y 15 millones de pesetas), serían constitutivas de delitos de estafa y como tales debieron haber sido tratadas en la sentencia.

El motivo planteado es de infracción -por inaplicación- de ley, y, como bien se sabe, éste es un cauce procesal sólo apto para suscitar objeciones fundadas en eventuales defectos de subsunción. Por tanto, para que pudiera entenderse producido alguno de éstos, sería preciso acreditar en los hechos de la resolución recurrida la concurrencia de un auténtico supuesto típico que, sin razón para ello, no hubiera sido tratado como tal.

Pues bien, por lo que hace al primer conjunto de operaciones, en el relato de la sentencia (folio 18) hay constancia de que el modo de operar para "fingir" las aportaciones de referencia fue la emisión de "un cheque firmado por el acusado Carlos Alberto contra la cuenta de la sociedad que se entregó al acreedor o trabajador en pago de su crédito, para inmediatamente ésta proceder a ingresar el importe de dicho cheque en dicha cuenta como aportación, o bien se simuló un inexistente ingreso efectivo en la citada cuenta de la sociedad, cuya cuantía exacta es inmediatamente retirada por medio de un cheque para supuestamente abonar el importe del crédito, que sin embargo no es abonado realmente".

Como la propia sala dice luego en el segundo de los fundamentos de derecho, todos los acreedores y trabajadores conocieron y estuvieron de acuerdo en la conversión, y la informalidad del modo de llevarla a cabo fue decidida por mayoría en la junta universal de accionistas de 21 de junio de 1991; y de los muchos que declararon en la causa como testigos, sólo tres dijeron haberse sentido engañados. A tenor de esto, en la sentencia se descarta de manera inobjetable cualquier posibilidad de defraudación en la generalidad de los casos. Incluidos los de los últimos citados, tras un análisis crítico de sus declaraciones y razonando el porqué de no haberlas estimado convincentes.

Y otro tanto hace el tribunal en relación con el resto de aquellos a los que se refiere el motivo. Y también, esencialmente, por la misma razón, esto es, al haberse tratado de operaciones convenidas, y llevadas a cabo con el acuerdo del consejo de administración de Galletas TAS.

Por lo demás, del matizado discurso que sirve de fundamento al fallo en relación con estos extremos, forman parte datos relevantes del contexto de las aludidas operaciones, que son determinantes a la hora de excluir la presencia del fraude en los receptores de los títulos. Uno es que quienes actuaron de la forma que consta en los casos de referencia, tenían plena constancia de las dificultades por las que pasaba la entidad, y en esto difícilmente podrían llamarse a engaño. Y el otro es que fueron también conscientes de actuar en un régimen de informalidad y al margen de precisas exigencias legales de garantía a las que las correspondientes ampliaciones de capital deberían haberse sujetado.

En consecuencia, dado que en el relato de la sala esas actuaciones aparecen con perfiles que no permiten calificarlas de delictivas, y visto que esa presentación tiene razonable fundamento en una reflexiva consideración de los elementos del cuadro probatorio relativos a ambos grupos de casos, el motivo resulta inatendible.

La alegación es de infracción de ley, de las del mismo art. 849,1º Lecrim , por inaplicación de los arts. 392, 391,1,2 y 3 Cpenal 1995 (art. 302 Cpenal 1973 ). Y ello por entender que tanto los expedición de los certificados bancarios de La Caixa referentes a las supuestas aportaciones dinerarias en la ampliación de capital de Galletas TAS, en sus dos fases; como la confección del anexo II de 20 de diciembre de 1991, del contrato supuestamente celebrado entre esta entidad y Canbilco SL, sobre suministro de galletas a un consorcio de empresas de la CEI; como, en fin, la redacción del acuerdo de la junta general de accionistas de 30 de diciembre de 1992, relativo a la rescisión del contrato de prestación de servicios de Carlos Alberto y al nombramiento de Alfredo, serían conductas constitutivas de otros tantos delitos de falsedad.

La sala, al tratar de este aspecto de las acusaciones, hace una afirmación inicial que tiene aquí particular trascendencia. Dice que en los correspondientes escritos "no se precisa con la concreción necesaria cuáles son lo supuestos de hecho" de las posibles falsedades. Y, es que, en efecto, la lectura de aquéllos, con desigual grado de detalle, ofrece un recorrido por las distintas complejas vicisitudes empresariales producidas en torno a Galletas TAS, para terminar con acusaciones por, entre otros, de delito de falsedad. Pero en ninguno de los casos se individualizan los documentos-objeto de la misma, ni se identifican dentro de ellos en su expresión textual las posibles divergencias de la realidad, ni se establece en cada caso, en relación con esas precisas conductas, la intervención de cada uno de los acusados y en qué concepto.

Es verdad que la sala -que habría entendido que siempre se trataría de falsedades de las llamadas ideológicas, producidas en documento mercantil, por tanto, a su entender impunes- hace (folio 43), dentro de los fundamentos de derecho, un señalamiento de las acciones que podrían haber servido de soporte a la calificación que postula el recurrente. Pero sólo a título meramente discursivo, como reconstrucción a posteriori y saltando, así, por encima del vacío de los escritos de acusación sobre el particular.

De este modo, podría discutirse, igual que el recurrente, si esas falsedades, de haber sido satisfactoriamente descritas, serían o no merecedoras de la calificación que sugiere la sala, es decir, la de infracciones del art. 390.1,4º Cpenal . Pero esto sólo en hipótesis, puesto que, como con toda razón denuncia el tribunal, las imputaciones de referencia están aquejadas de una vaguedad, ahora ya insalvable, por respeto al principio acusatorio. En consecuencia, el motivo no puede estimarse.

Se ha aducido infracción de ley, de las del art. 849,1º Lecrim , por inaplicación de los arts. 499 bis 3º en relación con el art. 519 Cpenal 1973 (257,2 Cpenal 1995 ).

El primero de los preceptos citados, en la única de sus previsiones que, en hipótesis, podría guardar alguna relación con este supuesto castiga a quien "en caso de crisis de una empresa hiciere ineficaces maliciosamente los derechos de los trabajadores", remitiendo a efectos de penalidad al segundo de los invocados por el recurrente.

Pero como bien dice la sala de instancia, es cierto que Galletas TAS era una sociedad anónima laboral y que la decisión de convertir créditos por salarios en acciones fue adoptada de manera unánime en junta universal de accionistas. Pero este acuerdo se produjo en el marco de una estrategia empresarial orientada a tratar de salvar a la entidad de la segura quiebra a que estaba abocada. Por tanto, en modo alguno con la finalidad de defraudar derechos de los trabajadores afectados por la medida, cuya posición como titulares de créditos, a tenor de lo que consta en los propios hechos sobre la situación de crisis prácticamente irreversible de aquélla, constatable ya en 1990, no puede decirse agravada de manera determinante por tal modo de proceder.

Por tanto, en vista del relato que hace la sala, la conclusión obligada es que no concurrió el elemento subjetivo del tipo de referencia, y tampoco un perjuicio específico directa y concretamente asociable a la manera de operar a que se refiere el motivo, que, por todo, debe rechazarse.

Lo aducido, al amparo del art. 849,1º Lecrim , es infracción de los arts. 109 a 114 y 116, 120 y 122 Cpenal vigente (19, 20, 22 y 103 Cpenal 1973) así como de los arts. 1902, 1903 Ccivil y 40, 42 y 44 de la Ley de Sociedades Anónimas . El argumento es que la empresa no estaba en quiebra en 1990, sino en una situación económica difícil por falta de liquidez. Es por lo que -se dice- había dos opciones, o se disolvía y liquidaba ordenadamente la sociedad o se acordaba un aumento de capital, lo finalmente acordado. Pero éste fue ficticio y, así, no se produjo el desembolso real que habría permitido eludir la quiebra. Es por lo que, entienden los recurrentes, lo producido fue un fraude, pues se hizo aparecer a la sociedad como disfrutando de una solvencia de la que carecía.

Como bien apunta el Fiscal, el motivo es dependiente en el orden lógico del primero de los formulados por esta parte, pues para que pudiera derivarse una responsabilidad civil como la que se reclama sería preciso que los actos a que se hace referencia hubieran sido delictivos. Y ya se ha visto que no lo son.

Siendo así, la única responsabilidad civil ex delicto que podía declararse es la que figura en el fallo de la sentencia impugnada, derivada de los comportamientos efectivamente tratados como delictivos. Y la de La Caixa no podría tener otro carácter que el de subsidiaria, puesto que en la materia no se da el supuesto de hecho del art. 117 Cpenal . Por tanto, el motivo no puede acogerse.

Invocando el art. 849,2º Lecrim , se ha alegado error en la apreciación de la prueba resultante de documentos que evidenciarían la equivocación del juzgador, sin estar desmentidos por otras pruebas. En apoyo se cita una infinidad de textos, a los que luego se hace objeto de un análisis pormenorizado.

Como es bien sabido, pues existe abundante y conocida jurisprudencia de esta sala, la previsión del art. 849,2º Lecrim tiene por objeto hacer posible la impugnación de sentencias en las que un extremo relevante del relato de hechos se halle en manifiesta contradicción con el contenido informativo de algún documento, que no hubiera sido desmentido por otro medio probatorio. Así, para que un motivo de esta clase pudiera prosperar sería necesario acreditar la existencia de una patente contradicción entre unos y otros enunciados, tan clara, que hiciera evidente la arbitrariedad de la decisión del tribunal al haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba.

Aunque con la cobertura formal del planteamiento de que se ha dejado constancia, lo que hace el motivo es, en realidad, reiterar argumentos ya expuestos en los precedentes, al margen, en medida significativa, de lo que consta en los hechos. Y, por otro lado, y tomando como referente obligado el criterio jurisprudencial consolidado en la interpretación del art. 849,2º Lecrim de que acaba de dejarse constancia, la impugnación a examen no tiene nada que ver con el error de hecho en la apreciación de la prueba, que el mismo contempla. Pues, en efecto, de esa abigarrada relación de documentos no se sigue la concreción de un solo enunciado fáctico de procedencia textual que demuestre de la manera patente e inobjetable que sería necesario, la falsedad de un aserto de los hechos probados. En consecuencia, el motivo debe rechazarse.

Al amparo del art. 851,1º Lecrim se ha denunciado contradicción en los hechos probados, advertible -se dice- al comparar el contenido de éstos con elementos de carácter fáctico incorporados en los fundamentos de derecho. Se objeta, además, la existencia de diversas omisiones, cuya integración se reclama.

Pero no es cierto que los hechos probados sean internamente contradictorios, pues ninguna concreta denuncia se hace al respecto. Y lo que se presenta como antagonismos entre afirmaciones de aquéllos y otras supuestamente también de hecho de los fundamentos jurídicos, es en realidad una reiteración de propuestas de reinterpretación de distintos datos probatorios.

En fin, por lo que se refiere a las omisiones, hay que decir que, ni siquiera en el supuesto de que fueran tales, cabría subsanar los correspondientes vacíos por este cauce procesal, que no es hábil para introducir modificaciones en el contenido de los hechos probados.

Por todo, el motivo no puede acogerse.

Por la vía del art. 851,3º Lecrim se alega que la sentencia no ha resuelto sobre la petición de declaración de nulidad de todos los actos jurídicos realizados por Carlos Alberto en representación de Galletas TAS con posterioridad a la comisión de los delitos, a pesar de existir una petición expresa al respecto, de los que ahora recurren.

Pero el motivo reclama algo que no guarda coherencia con el tenor de la sentencia de instancia, pues la declaración de nulidad de determinados actos, que se echa de menos, tendría que haber estado precedida de la consideración de los mismos como delictivos. Y no ha sido así, según se ha hecho ver en el examen de anteriores motivos.

Recurso de Antonio y otros

Citando el art. 849,1º Lecrim , se ha denunciado infracción de los arts. 528 y 529,7 y 8 Cpenal 1973 .

Este motivo es una reiteración del primero formulado por los anteriores recurrentes, de manera que basta con remitirse a lo ya resuelto al respecto.

Por idéntico cauce que el precedente, se ha aducido infracción de los arts. 392, 391,1º, 2º y 3º Cpenal vigente (302 Cpenal 1973). También en este caso se trata de la reproducción del segundo motivo del recurso que acaba de examinarse, y hay que estar a lo ya decidido.

Por la vía del art. 849,1º Lecrim , se alega infracción de los arts. 109 a 114 y 116, 120 y 122 Cpenal vigente (arts. 19, 20, 22 y 103 Cpenal 1973 ), así como de los arts. 1902 y 1903 Ccivil y 40, 42 y 44 de la Ley de Sociedades Anónimas .

Salvo que en este caso no se reclama la declaración de responsabilidad civil directa de La Caixa, el motivo reitera el planteamiento del correspondiente al ordinal cuarto del anterior recurso, por lo que una vez más habrá que remitirse a lo resuelto.

Invocando el art. 849,2º Lecrim , se ha alegado error en la apreciación de la prueba fundado en documentos. El argumento es que el informe del perito Luis Francisco, por su exhaustividad y objetividad, debería haber llevado a la sala de instancia a acoger como ciertos todos los hechos objeto de acusación.

A la referencia jurisprudencial que se ha hecho al examinar el motivo primeramente examinado, al amparo del mismo precepto, hay que añadir que, asimismo, como regla, los informes periciales carecen de la calidad de documentos (en sentido técnico-procesal) a los efectos del art. 849,2º , por más que puedan acogerse como tales en algún caso, como cuando existiendo una sola pericia o varias coincidentes, el tribunal se hubiera apartado sin motivación razonable de lo dictaminado en ellas (por todas, STS de 17 de febrero de 1992 y 30 de noviembre de 1990 ).

Y en este caso sucede que, precisamente, el tribunal ha tomado en consideración ese informe para decidir como lo hizo. Y, por otra parte, los recurrentes no dicen en qué afirmación de esa pericia -de la que la sala pudiera, en la hipótesis del recurso, haber prescindido de manera arbitraria- se funda su impugnación, de manera que, por todo, sólo puede ser rechazada.

Invocando el art. 849,1º Lecrim , se aduce inaplicación indebida de los preceptos citados en los precedentes motivos, sin más especificaciones ni argumentos.

El patente defecto de planteamiento de esta supuesta impugnación hace que deba ser rechazada de plano.

Al amparo del art. 851,1º Lecrim se denuncia contradicción entre los hechos probados y los hechos -se dice- que figuran en los fundamentos de derecho.

Como en el caso del anterior, este motivo -supuesto motivo, ya que carece de desarrollo- es rigurosamente inatendible.

Recuso de Euroeléctrica Española, S. L. y otros

Al amparo del art. 849,1º Lecrim , se ha objetado infracción de los arts. 248, 249 y 250 Cpenal. Se trata de una reiteración de los motivos del mismo tenor planteados por los anteriores recurrentes, y sólo cabe reenviar a lo ya resuelto sobre el particular.

Con el mismo apoyo, lo aducido es infracción de los arts. 392, 393 y 395 Cpenal . Es un motivo prácticamente comprendido en el del mismo tema de los precedentes recursos y, por ello, ya resuelto.

Por la vía del art. 849,1º Lecrim , se alega infracción de los arts. 109,1º, 110, 111, 112, 114 y 116. El motivo está relacionado con el del ordinal primero, y, situándose en el supuesto de que éste hubiera sido estimado, extrae las consecuencias implícitas en materia de responsabilidad civil, que supondrían poner a cargo de los condenados, por razón de delito, todas las consecuencias perjudiciales de la crisis de la sociedad.

Ahora bien, como es patente, ese presupuesto no se ha dado y, por ello, los términos de la responsabilidad civil quedan circunscritos a los términos en que aparecen determinados por la sala, y el motivo no es atendible.

Por el mismo cauce que en el caso de los anteriores motivos, se ha alegado infracción del art. 116 en relación con el art. 120 Cpenal , en lo relativo a la responsabilidad civil de La Caixa por el delito cometido por Darío.

Como bien señala el Fiscal, el motivo no resulta comprensible, pues la sala ya ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa, en relación con la conducta punible de su empleado. Así, sólo cabe estar a lo resuelto en la sentencia.

Lo alegado es infracción de ley, de los arts. 22,1, 40,1, 47,1 y 75 de la Ley de Sociedades Anónima , y de los arts. 1902 y 1903 Ccivil .

La impugnación aparece directamente conectado a la anterior y, además, se funda en la supuesta indebida inaplicación de preceptos propios de la legislación mercantil y civil. Pues bien, la falta de contenido del motivo precedente y el hecho de que del eventual incumplimiento de los preceptos que ahora se aluden en ningún caso se seguirían ecesariamente consecuencias de naturaleza penal, determinan la desestimación de este motivo.

Al amparo del art. 849,2º Lecrim se ha aducido error de hecho en la apreciación de la prueba, basado -se dice- en el informe del perito Luis Francisco, no contradicho por otras pruebas. El motivo reitera otro del anterior recurrente y, por lo mismo, debe resolverse en idéntico sentido, de desestimación.

La denuncia es de quebrantamiento de forma, del art. 853,3º Lecrim , por no haberse resuelto -se dice- sobre la declaración de nulidad de los actos y documentos debidos a Carlos Alberto.

De nuevo se trata de una mera reiteración de otro motivo del anterior recurso, y hay que estar a lo ya decidido al respecto.

Recurso de Carlos Alberto

Invocando el art. 5,4 LOPJ , se ha alegado infracción de precepto constitucional, en concreto del art. 24,2 , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El argumento es que el 30 de noviembre de 1995 se había dictado en la causa auto de sobreseimiento provisional por entender que no estaba debidamente justificada la perpetración del delito que había dado lugar a la formación de la causa; y que, no obstante esto, el 20 de mayo de 1997 se dictó auto disponiendo la reapertura de las actuaciones, con apoyo en una documentación (extractos de cuenta, una carta de requerimiento de la Agencia Tributaria, y libros contables) que ya constaba en la causa.

Pero la sala ha resuelto correctamente acerca de esta objeción, conforme a un criterio de doble vertiente, que sólo puede suscribirse.

En efecto, de una parte señala -y así consta- que la aportación de la documentación contable a la causa se produjo con posterioridad a que se hubiera emitido el auto de sobreseimiento, que es por lo que no pudo ya ser considerado en ese momento por el juzgado, y tampoco por la sala, que se atuvo a las actuaciones producidas hasta el momento de dictarse al auto recurrido.

Y, a esta apreciación añade otra de naturaleza meramente formal, y es que el acusado que ahora recurre no impugnó la reapertura, lo que le inhabilita procesalmente para hacerlo ahora de esta forma implícita. Así, el motivo no puede acogerse.

También por el cauce del art. 5,4 LOPJ , se ha aducido infracción de precepto constitucional, en este caso por vulneración del derecho de defensa, del art. 24 CE . El argumento es que los escritos de las distintas acusaciones son sumamente genéricos, por lo que falta en ellos concreción de los hechos base de las imputaciones, con la consiguiente indefensión del recurrente que no habría sabido a qué atenerse.

El principio acusatorio, en la vigente disciplina constitucional, se expresa en una primera exigencia fundamental relativa a la estructura del proceso, que es la neta separación de las funciones de acusador y juez. Por ello, donde ésta no se dé de manera eficaz debido a la confusión o solapamiento de los respectivos papeles por la subrogación de facto, en alguna medida, del segundo en el del primero, se producirá una quiebra del contradictorio, con el inevitable desequilibrio en las posiciones parciales y también inevitables consecuencias negativas para el derecho de defensa.

Tal defecto es el aquí denunciado, pues en la tesis del recurrente, el déficit de concreción de las acusaciones, en sí mismas -se dice- insuficientes para fundar las imputaciones sostenidas en cada caso, por falta de contenido fáctico, habría sido subsanado por la sala, introduciendo en ellas por cuenta propia los datos empíricos necesarios para ese fin.

Pero esto no es cierto. Aunque sólo sea porque están los escritos presentados por la procuradora Valbuena Rodríguez, en nombre de diversos perjudicados, lo bastante matizados, en lo relativo a los hechos de la condena, como para la objeción carezca en lo esencial de sustento.

En efecto, en ellos hay una exposición básica de las vicisitudes de la constitución de Galletas TAS, y de la asunción por Carlos Alberto de la condición de director gerente con delegación de todas las facultades del consejo de administración. Se da cuenta de la constitución asimismo de Incapitas, SL por Carlos Alberto, en concierto con los otros dos acusados, para el asesoramiento y planificación de la galletera; y de la aprobación por ella a instancia del mismo de un plan de reflotación, calificado de aparente, del que formaba parte, entre otras cosas, la ampliación de capital por la vía de la compensación de créditos. A partir de aquí, el escrito que se examina incorpora los siguientes asertos:

- Que los citados consiguen hacerse con la subvención de 45 millones a Galletas TAS, desviándola hacia Incapitas sin causa que lo justifique.

- Que Carlos Alberto y Carlos Francisco pusieron en práctica un sistema de ingresos y reintegros aparentes, sirviéndose de la sucursal de La Caixa que dirigía el segundo, tratando como supuestos ingresos en la cuenta de la sociedad por parte de acreedores y accionistas, importes equivalentes al de sus créditos, contabilizados como aportaciones a la ampliación de capital, que fueron seguidos de otro movimiento consistente en un pago también supuesto por importe igual al del ingreso.

- Que para dar más credibilidad a esta estrategia ficticia, se creó una falsa apariencia de solvencia.

- Que Carlos Alberto retiró abusivamente en 1990-1991 fondos por importe de 90 millones.

- Que el mismo, con la colaboración de Darío, urdió una maniobra de supuestas aportaciones para hacer que Incapitas pasase a ser accionista de Galleas TAS.

- Que Carlos Alberto con la directa intervención de Darío aparentó un ingreso en esta última por importe de 15 y 60 millones de pesetas, que no tenían, constando documentada en la cuenta la retirada de dichos fondos.

- Que Darío, en la calidad de director de la agencia bancaria, certificó supuestos ingresos en concepto de aportación de capital social.

- Que simularon un inexistente contrato entre Galletas TAS y Canbilco, SL, representada por Nantón Díaz y supuesta representante, a su vez, de un denominado grupo Eurasia sobre el suministro de galletas por importe de 12 millones de pesetas.

- Que en ese contexto simularon también la constitución de una fianza por importe de 170 millones de pesetas, de la que sería depositaria Incapitas; y la posterior resolución del supuesto contrato, ordenando Canbilco a Incapitas la devolución de esa cantidad en acciones a Galletas TAS.

- Que asimismo simularon el ingreso en la cuenta de La Caixa de 198 millones, retirados de inmediato.

- Que, en suma, la ampliación de capital por importe de 472 millones de pesetas fue simulada, mediante la ficción de desembolsos por Incapitas y Carlos Alberto, con la colaboración de Darío.

- Que así consiguieron que varias personas hicieran ingresos reales por importe de 61.545.000 ptas. y 9.800.000 ptas.

- Que Carlos Alberto dispuso de los fondos de la sociedad en beneficio propio.

- Que el mismo Carlos Alberto "se autodespidió" de Galletas TAS simulando la representación de ésta por Alfredo, pretendiendo una cantidad que no llegó a obtener porque se paralizó la ejecución del acuerdo así alcanzado.

Pues bien, poniendo en relación el cuadro de actuaciones a que acaba de hacerse referencia con lo que resulta de los hechos probados, es patente que la estrategia de conjunto en estos descrita guarda esencial homología. En efecto, queda bien de manifiesto que las imputaciones comprenden:

- La forma en que Carlos Alberto se las ingenió para consolidar su posición en Galles TAS.

- El porqué de la constitución de Incapitas y los usos instrumentales que se hizo de ella dentro de la estrategia a que se ha hecho alusión.

- El papel desempeñado en la misma por Incapitas y Canbilco.

- El modo de operar en las ampliaciones y el carácter de las mismas.

- La reflexiva creación de una ficción de solvencia de Galletas TAS ante determinadas personas, debida a aportaciones, en realidad inexistentes, y cómo ésta apariencia sirvió de señuelo para la obtención de diversas aportaciones.

- La manera en que Darío contribuyó en su papel de director de la agencia de La Caixa en los diversos tramos de actuación.

- El ilícito enriquecimiento resultante de algunas de esas operaciones, con el consiguiente perjuicio.

En vista de todas estas circunstancias, no es posible afirmar, como hace el recurrente, que la sala, al hacer la descripción de los hechos que estima probados, haya operado en el vacío fáctico de imputaciones. Por el contrario, en lo que acaba de exponerse hay una referencia suficientemente precisa a todas y cada una de las acciones luego tenidas por penalmente relevantes. Podrá decirse que, en efecto, los escritos de acusación examinados y en los restantes, no gozan de la precisión luego alcanzada en la sentencia. Pero esto es sólo un efecto de la dinámica del juicio en el que esas afirmaciones provisionales se vieron complementadas con el resultado de la prueba de cargo contradictoriamente examinada, que todos los acusados pudieron discutir. Es por lo que, en definitiva, el motivo es inatendible.

Invocando el art. 5,4 LOPJ , se ha alegado infracción de precepto constitucional, en concreto, vulneración del derecho de defensa, del art. 24 CE . El argumento es que se condena al recurrente por estafa debido a que se le atribuye la actuación consistente en convencer a determinadas personas para que realizasen aportaciones económicas a la sociedad, con el señuelo de que parte de las acciones de la misma iban a ser adquiridas por la entonces titular de Galletas Siro. Y se trata de hechos que no se recogen en las acusaciones.

Pero, como se ha visto, la acusación se extiende a la forma de actuación consistente en hacer creer a varias personas en la existencia de ciertas aportaciones a Galletas TAS, no producidas realmente, contando para ello con la colaboración de Darío; y a como la creencia en la certeza de las mismas y en la consiguiente repercusión en la supuesta situación de solvencia de la sociedad, determinó a aquéllas a aportar su dinero.

La prueba ha acreditado que en esa táctica dirigida a generar tal apariencia de solvencia se usó el nombre de la entonces titular de Galletas Siro. Y a esta acreditación se llegó contradictoriamente, pues la correspondiente afirmación pudo ser discutida. Siendo así, dado que la afirmación central relativa al modus operandi ya formó parte de la acusación, la concreción de la persona de cuyo nombre se hizo uso es un dato accidental, que, fijado, además, en la forma que consta, pasó a integrar la convicción de la sala en términos que no afectaron en modo alguno al derecho de defensa del recurrente. Y el motivo sólo puede desestimarse.

También por la vía del art. 5,4 LOPJ , se ha aducido vulneración del derecho de defensa, porque en la sentencia se condena al recurrente por autor de un delito de estafa intentado como consecuencia de la interposición, el 12 de enero de 1993, de una demanda de conciliación ante el UMAC de Palencia, frente a Galletas TAS reclamando lo adeudado por la prestación de servicios de alta dirección. Acto al que compareció Alfredo por la demandada y que concluyó con avenencia. Todo a pesar de que nada de ello figura en los escritos de acusación.

Pero esta afirmación carece de fundamento, en vista de que, según se ha hecho constar en el examen del contenido de las acusaciones al tratar del motivo anterior, una de éstas comprende expresamente y con suficiente detalle tal imputación.

Se ha aducido quebrantamiento de forma, de los del art. 850,1º Lecrim , por la denegación de alguna testifical que había sido propuesta en tiempo y forma y era pertinente. Se trataría del testimonio de Roberto, Guillermo, Jose Enrique, Cesar, Inés, Jesús Ángel, representante legal de Palenzuela Distribuciones, Juan Luis, Luis Angel, Diana, representante legal de Cubiertas Marín, Trainin Alexandre, representante de la Compañía Industrial Rusa, representante de la entidad María Lardinois, reprentante legal de Wremia D. A. N. Mijailov. Siendo prueba admitida, lo cierto es que, dice el recurrente, dichos testigos no comparecieron, algunos pese a estar citados; de otros no constaba que lo hubieran sido; y otros no fueron localizados. Es por lo que -debido a su importancia- solicitó la suspensión del juicio, en especial en el caso de Alfredo y respecto de los domiciliados en Rusia, haciendo expresa protesta ante la decisión de la sala de no suspender la vista y consignando las preguntas. Entiende el que recurre que la declaración de Alfredo y de los domiciliados en Ruisa era de especial relevancia, pues la del primero en la instrucción es la que funda la condena por estafa en grado de frustración; y porque los contratos con las entidades rusas, en los que habían intervenido estos últimos, han dado lugar a una condena por delito continuado de estafa.

Del primer grupo de testigos reseñados en el encabezamiento del motivo, se admite en el desarrollo de éste que la sala ha entendido que no existe delito en relación con ellos, a pesar que había acusación al respecto. Pues bien, si este argumento pudo haber dado fundamento a la pretensión de que fueran oídos en la vista, por la patente pertinencia de su testimonio, es claro que el mismo ahora, a tenor de ese aspecto del fallo, es claramente irrelevante.

En el caso de Alfredo, que intervino en el acto de conciliación entre el que recurre y Galletas TAS, consta que en el momento del juicio (folio 498) y cuando habría que haberle recibido declaración (27 de marzo de 2003) su domicilio era desconocido, y es por lo que la sala decidió según figura en el acta. Y en cuanto a los ciudadanos rusos que podrían haber depuesto acerca de las negociaciones con entidades de esa nacionalidad, lo cierto es que la gestión de su comparecencia fue imposible, por desconocido del domicilio. Y en estas condiciones, es claro que la suspensión de la vista carecía de sentido, por falta de una expectativa razonable de que su reanudación con la práctica de estas dos pruebas pudiera tener lugar en un tiempo previsible. De modo que la complejidad de la causa y la existencia de un abundante material probatorio llevó al tribunal a resolver del modo que consta, con buen fundamento.

En vista de lo expuesto, dada la irrelevancia actual, ya señalada, del primer grupo de testimonios; y por la imposibilidad material de procurar la audición de los otros testigos, la decisión de la Audiencia que se cuestiona debe considerarse correcta, y el motivo inatendible.

Por lo demás, y como se hará ver, en el caso de Alfredo, hay constancia documental de su intervención en el acto celebrado en el UMAC de Palencia, y de la posición mantenida en él. Y existe prueba acreditativa del porqué de su presencia, del concepto en que la misma se produjo y a quien se debió la correspondiente decisión de hacerle obrar en ese sentido. Por tanto, en ningún caso la relevancia de su declaración en el juicio es del tenor que se pretende, y lo cierto es que la sala, al resolver según consta, no pudo haber actuado de otro modo y, además, era conocedora de la existencia de otros elementos de consideración en el cuadro probatorio.

Por todo, el motivo no puede acogerse.

La alegación, al amparo del art. 849,2º Lecrim es de error en la apreciación de la prueba basado en documentos. Al respecto se hace una amplísima relación de éstos que, al entender del que impugna, serían demostrativos de ese error.

Ya se ha dejado constancia del criterio jurisprudencial muy consolidado sobre el modo de entender el precepto en que busca amparo el motivo, que reclama la identificación de algún enunciado, con soporte documental e inobjetable a tenor del resultado de la prueba, que desmienta de manera eficaz otro enunciado específico de los hechos. Circunstancia que en este caso, visto el planteamiento, no concurriría en absoluto.

Por lo demás, lo que se cuestiona es la afirmación de la sentencia en la que se tacha de incierta la contratación del suministro aludido en el anexo II del contrato de Galletas TAS con el consorcio Eurasia. Y resulta que la sala ha tenido a la vista el informe pericial de Luis Francisco, del que se desprende la falta de realidad de ese contrato, lo que hace que las referencias documentales a que alude el recurrente no aparezcan incontestadas, y, por tanto, no pueden oponerse a los hechos de la sentencia en los términos que el motivo suscitado exigiría.

En consecuencia, es patente que impugnación se reduce a un inconcreto cuestionamiento de ciertos datos fácticos de la sentencia, que técnicamente resulta inatendible.

También en este caso, al amparo del mismo precepto, se denuncia error en la apreciación de la prueba, y, de nuevo, buscando amparo en una multiplicidad de documentos, traídos al recurso de la misma desordenada manera. En este caso con la pretensión de invalidar la afirmación de la sala de que las aportaciones de algunas personas a la sociedad se debieron a la creencia -falsamente inducida- de que iba a participar en ella Sara, titular de Galletas Siro.

Pero ocurre que aparte del defecto de técnica que acusa el planteamiento del motivo, los datos de fuente documental en que busca apoyarse el recurrente estarían contradichos por las testificales de los afectados, lo que, en cualquier caso, privaría a tales datos del carácter de incuestionables. Es por lo que el motivo tampoco puede acogerse.

De nuevo se objeta error en la apreciación de la prueba, del mismo art. 849,2º Lecrim . Y de nuevo hay que oponer al planteamiento del recurrente, que no responde a las exigencias legales sobre el particular y que, también, en todo caso, el contenido de los documentos que invoca estaría en colisión con otros datos del cuadro probatorio.

Con apoyo en el art. 5,4 LOPJ se ha alegado vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del art. 24,2 CE . En apoyo de esta objeción se afirma que no existe prueba en relación con el delito de apropiación indebida, pues lo único aportado a la causa habría sido -se dice- una fotocopia de la contabilidad de 1991 y alguna documentación fragmentaria de la de 1992, lo que supuso de hecho trasladar al que recurre la carga de acreditar su inocencia, puesto que estaba ya desvinculado de la sociedad y carecía de medios para acreditar el destino dado a los fondos objeto de la imputación.

Pero lo cierto es que la sala ha contado con una pericial seriamente elaborada, de la que aparece que la primera de las dos cantidades a que se alude en el planteamiento del motivo figuraba como saldo de la cuenta de Incapitas, de la que disponía Mauricio. Y por lo que se refiere a la segunda cifra, es la resultante del importe de tres cheques, que constan librados por éste contra la cuenta de Galletas TAS.

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones constitucionalmente admitidas), que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero ). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998 ) es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa; y que la inferencia realizada a partir de aquéllos sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente.

Pues bien, los datos probatorios a que se ha hecho alusión, acreditan pericialmente la preexistencia de esos fondos, y también que dispuso de ellos quien tenía habilitación para, y lo hizo en un contexto de llamativa atipicidad en el modo de gestionar, que, como de forma abrumadora resulta del cuadro probatorio e ilustra la sala, aparece cuajado de zonas oscuras e irregularidades. Siendo así, inducir, a partir de aquellos datos de partida bien adquiridos y del vacío de documentación y la sorprendente falta de explicaciones del interesado, que su actitud se debe al hecho de que dispuso de ese dinero para sus propios fines, no es una inferencia arbitraria, sino la única conclusión racional que cabe. Por eso el motivo debe rechazarse.

Se denuncia la infracción de los arts. 535 Cpenal 1973 y 528 y 529,7º y 69 del mismo texto legal . El argumento es que la sala se limita a afirmar que el recurrente no ha justificado la aplicación de las cantidades de referencia, y que esta circunstancia -se dice- no es asimilable a la incorporación de las mismas a su patrimonio.

Se trata de la mera reiteración de lo manifestado en el motivo precedente, ya que lo realmente cuestionado no es la subsunción de algunos aspectos de la conducta de este acusado en esos preceptos, sino el modo de llegar a conclusión de que ésta se produjo en los términos que la sala hizo constar.

Y, en cualquier caso, hay que decir que, en efecto, en una consideración meramente literal de los términos, "no justificar" el uso de una cantidad de dinero no equivale necesariamente a "haber dispuesto" de la misma en beneficio propio. Pero resulta que lo que hace la sala no es asimilar gratuitamente o confundir el sentido de ambas expresiones; sino pasar de la evidencia expresable con la primera a la que es susceptible de hacerse mediante la segunda, como conclusión de un curso inferencial dotado de la necesaria racionalidad. Esto es, según se ha dicho, con apoyo en los elementos de juicio, de fuente pericial y contable, que acreditan lo atípico de la gestión protagonizada por el que ahora recurre, claramente orientada a generar opacidad sobre su verdadero sentido y sobre sus resultados. Por tanto, no existe tal infracción de ley.

En este caso la denuncia es de infracción de los arts. 528 y 529,7º en relación con el art. 69, todos del Código Penal de 1973 . El recurrente considera que en el relato de la sala no figuran todos los elementos de ese delito. En concreto -dice- tal como aparece tratada en la sentencia la información sobre la intervención de Sara, no tendría por qué haber producido engaño en comerciantes experimentados, como Beni Barri, SA, Jesús Ángel y Jose Augusto. Y, además, faltaría el ánimo de lucro. Por otra parte, se entiende que también en el caso de la fianza de 170 millones en acciones de Galletas TAS faltaría el engaño, el ánimo de lucro y asimismo el perjuicio. Y, en fin, otro tanto sucedería en el caso de la frustrada obtención de una indemnización en la UMAC de Palencia, pues no hay engaño y no se dice cuáles habrían sido las artimañas empleadas.

En lo que hace a la primera de estas objeciones, de los hechos se desprende que las aportaciones tuvieron lugar y que fueron las únicas consistentes en un desembolso efectivo. Consta que las hicieron quienes tenían la condición de acreedores y que se produjeron, precisamente, en el último momento del plazo hábil al efecto. La sala se ha decantado por la veracidad de la concurrencia del engaño: porque es la explicación de los interesados, que valora como fiable pues no existe hipótesis más plausible que explique en forma racional que comerciantes experimentados -como dice el que recurre- hubieran decidido incrementar su participación económica en un negocio, de otro modo, ruinoso. Además, la objeción central del motivo no es convincente, pues resulta bien conocido el valor que en el mercado financiero y bolsístico tienen ciertas informaciones e, incluso, los simples rumores. Y en este caso se trató de las primeras, avaladas, por cierto, por el director de una agencia bancaria, según el tribunal concluye en una valoración razonable de la prueba. En la que abunda la circunstancia de que las aportaciones sólo se hubieran producido en el último momento del plazo para hacerlo, algo que claramente sugiere la previa existencia de dudas y que éstas fueron despejadas merced a un esfuerzo de persuasión. Y si resulta claro el engaño y el perjuicio, el ánimo de lucro es un dato que no precisa un particular esfuerzo de elucidación, por su llamativa evidencia, en el contexto de la actividad de los acusados.

Por lo que se refiere a la fianza de 170 millones de pesetas, la sala hace un minucioso análisis de su significación, del que se desprende que fue un puro engaño, sin nada que ver con operación comercial real alguna, económicamente imposible en términos de mercado, en la forma en que se halla documentada. Y siendo así, la conclusión de la existencia de un ánimo de lucro y la identificación de éste en el propósito de consolidar una posición en la entidad, en sí misma valorable económicamente y preordenada, además, a la generación de ilícitos beneficios de esa índole, es asimismo inobjetable, pues, de nuevo, es la única explicación racional que dota de sentido a tan articulado modo de proceder.

En relación con la frustrada conciliación, el tribunal (folios 76-77) de la sentencia, el tribunal se extiende en amplias consideraciones sobre el porqué de su calificación. Y cifra la existencia de engaño en el carácter ficticio del acuerdo en junta, que, dice, nunca existió. Y, en fin, es patente que el mismo, dirigido a obtener una sustanciosa indemnización carente de fundamento, habría generado un beneficio ilegítimo para el recurrente, con el consiguiente perjuicio para la entidad.

Por tanto, a tenor de lo expuesto, el motivo debe rechazarse.

Invocando el art. 5,4 LOPJ , se afirma vulnerado el derecho de defensa, del art. 24 CE . Ello debido a que se ha condenado al recurrente a que indemnice con cierta suma a Galletas TAS, a pesar de que no existe ninguna solicitud en tal sentido.

El motivo es claramente infundado, pues el Fiscal (folio 557 del rollo de sala) modificó la calificación provisional para incluir la solicitud de condena Carlos Alberto a esa responsabilidad civil; iniciativa a la que se sumaron las restantes acusaciones.

Recurso de Santiago

Al amparo del art. 850,1º Lecrim , se ha alegado quebrantamiento de forma, por la falta de comparecencia de un testigo, Alfredo, cuya deposición fue declarada pertinente y que, citado como tal, que se negó a comparecer. De esta circunstancia, entiende, se derivaría la duda sobre si su presencia en el UMAC de Palencia en representación de Galletas TAS, obedeció a la propia iniciativa o a una indicación del que ahora recurre. Sobre esta objeción ya se ha discurrido en el marco del anterior recurso y basta remitirse a lo ya decidido al respecto.

Lo aducido es vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la tutela judicial efectiva, por haber introducido -se dice- prueba directa de cargo en contra de lo que prescriben ambos principios. El razonamiento de apoyo a este motivo tiene como punto de partida el aserto de que la atribución a Santiago de la responsabilidad de haber ordenado a Alfredo que actuase de una determinada manera ante el UMAC se funda exclusivamente en la declaración de éste en el sumario, prueba considerada ilegítima, puesto que, es la tesis del recurso, se habría dado en inaceptable sustitución de la imprescindible declaración en el juicio.

Pero ese presupuesto de partida no puede sostenerse, en vista de la forma en que el tribunal razona en la sentencia sobre la prueba que funda su decisión. En efecto, de ésta resulta que Santiago figura como administrador único de Canbilco; la adopción por esta sociedad de un supuesto acuerdo en el que se nombra presidente de la entidad a Alfredo, mero empleado, presidente en funciones, para gestionar la rescisión del contrato de Carlos Alberto; y la ya aludida comparecencia de Alfredo en el UMAC, debidamente documentada, en la que consta su papel en ese acto.

Por tanto, no es cierto que el único antecedente probatorio de la convicción de la Audiencia en este punto sea el constituido por la declaración de Alfredo en la instrucción. Sino que, según se ha hecho ver, la sala dispuso de otras fuentes de conocimiento correctamente introducidas en el juicio y procesalmente tratadas de manera irreprochable.

Así, si el presupuesto de la afirmada vulneración de esos principios no se sostiene, ésta tampoco puede mantenerse, y el motivo es inatendible.

Al amparo del art. 5,4 LOPJ se ha denunciado vulneración del principio acusatorio, al haber sido condenado el recurrente por hechos acerca de los cuales habría faltado acusación.

El argumento es que ninguna de las partes acusadoras ha incorporado en su escrito nada relativo a la comparecencia de Alfredo en el UMAC.

Pero basta remitirse a lo expuesto al decidir sobre el tercero de los motivos de Carlos Alberto, donde se hace patente que esa acción sí es objeto de una imputación concreta. Por ello el motivo debe desestimarse.

Lo aducido es error de derecho, por falta -se dice- en los hechos de la sentencia de los elementos constitutivos del delito de estafa, de los arts. 528 y 529,7ª Cpenal 1973 por el que se ha condenado al que recurre.

Pero tampoco en este caso se sostiene la afirmación central del motivo. En efecto, en los hechos de la sentencia se concreta (folio 22) la intervención del recurrente en la realización del contrato de 15 de diciembre de 1991, entre Galletas TAS y Canbilco, acuerdo que incluye un anexo II en el que se simula un contrato de suministro, acción ésta en la que aquél, tuvo, por tanto, intervención directa y decisiva. Y también se describe su actuación determinante de la de Alfredo ante el UMAC.

Después de señalar en qué consistió la intervención de Santiago en esos dos momentos de los hechos, el tribunal explica que, en el caso del primero, se prestó a la simulación consciente de que era el medio de lograr la emisión de un importante número de acciones, al efecto de consolidar la posición de Carlos Alberto en Incapitas, para obtener un beneficio económico, del que, razonablemente, entiende que el primero participó. Y en el segundo de los supuestos, tampoco cabe duda, a tenor de lo acreditado (y no sólo por la declaración sumarial de Alfredo), sobre que éste, dice bien el tribunal, fue el instrumento del que Santiago se sirvió para actuar en el UMAC según consta, buscando producir un beneficio ilegítimo a costa de Galletas TAS, con el consiguiente perjuicio, de forma, también obviamente interesada, en virtud de su compleja y elocuente relación con Carlos Alberto.

En la resolución impugnada se discurre con el pormenor necesario (folios 45-46) sobre estos aspectos de los hechos y se justifica satisfactoriamente la subsunción. En consecuencia, el motivo resulta asimismo infundado.

Recurso de Darío

La alegación es de infracción de ley, de las del art. 849,1º Lecrim , por indebida aplicación del art. 528 Cpenal 1973 . En apoyo de esta afirmación se argumenta que no existió engaño bastante para mover Beni Barri, Clemente y Jose Augusto a que hicieran sus aportaciones y tampoco ánimo de lucro.

Sobre el núcleo de este motivo ya se ha discurrido al razonar acerca del undécimo de los promovidos por Carlos Alberto. Así, es claro que, como se dice con bastante fundamento en la sentencia, tales actos de disposición fueron inducidos con engaño, para el que resultó decisiva, según se ha visto, la intervención de este recurrente en su calidad de director de La Caixa. Basta pues remitir a lo allí expuesto.

Por lo que se refiere al ánimo de lucro, la objeción carece de relevancia, pues constando el carácter determinante de la aportación de este recurrente, representada por la esencial contribución al engaño que se ha acreditado eficaz, resulta indiferente que él mismo persiguiera o no un personal beneficio ilegítimo, al que sí estaba objetivamente preordenada la actuación de ambos implicados en su conjunto. Así resulta de sentencias de esta sala como la de 15 de julio de 1991 y la de 21 de enero de 2000 , que se cita en el escrito de impugnación suscrito en nombre de Aramburu y otros.

En consecuencia, el motivo debe rechazarse.

Invocando el art. 849,1º Lecrim , se ha alegado infracción de los arts. 113 y 114 Cpenal , porque, se dice, en el caso de este recurrente concurrió prescripción del delito. El argumento es que su última actuación delictiva se habría producido el 21 de diciembre de 1991, la causa se inició en 1993 contra Carlos Alberto, y no es hasta octubre de 1997 cuando el que recurre fue llamado a declarar como imputado, por lo que habrían transcurrido más de 5 años.

Pero del examen de las actuaciones debe seguirse otra conclusión. En efecto, es cierto que el que recurre adquirió formalmente esta condición en la fecha que dice, pero ya antes -el día 28 de septiembre de 1993-, como cabe advertir por la lectura de su declaración inicial (folios 85 y 85 vuelto), fue interrogado acerca de la realidad de las aportaciones de capital y sobre la autenticidad de las certificaciones de 19 y 26 de agosto de 1991 que él había expedido al respecto. Cierto es que en ese momento no se le oyó en la calidad de sospechoso. Pero cierto también que la línea de investigación acredita que ya entonces se operó con la hipótesis que llevaría al descubrimiento de su implicación. Lo que evidencia que, objetivamente, ya estaba dirigiéndose el procedimiento contra el culpable de la acción delictiva luego imputada. Siendo así, es claro que en este caso y con el modo de actuar judicial a que acaba de aludirse, se dio la "conexión entre las actuaciones procesales y quien finalmente resulta condenado", cuya existencia reclama la STC 63/2005, de 14 de marzo , y las que en ella se citan, para que pueda operar la prescripción, en una lectura constitucional del art. 114 Cpenal 1973 y 132 del vigente , con expresión también en otras de esta sala, como la 751/2003, de 28 de noviembre, conforme a la cual "la prescripción del delito se interrumpe por la sumisión a procedimiento penal de los hechos integrantes del mismo".

Consecuentemente, el motivo no puede estimarse.

También al amparo del art. 849,1º Lecrim , se ha aducido infracción del art. 119 Cpenal 1973 , porque la sentencia reconoce a Galletas TAS una indemnización cuando, se dice, la entidad no habría experimentado perjuicio alguno.

El motivo simplemente se enuncia, pues no contiene ningún argumento de apoyo, lo que ya sólo bastaría para rechazarlo. Pero, además, está la evidencia -que el relato de la sala pone bien plásticamente de manifiesto- de que en las operaciones por las que se condena la entidad fue objeto de un uso instrumental ajeno a sus propios fines, que sólo pudo perjudicarla.

De nuevo invocando el art. 849,1º Lecrim , se denuncia infracción de ley, aunque sin especificar de qué precepto, con el argumento de que la reanudación de la causa, previamente sobreseída de forma provisional se habría producido desconociendo la existencia de cosa juzgada.

Se trata de una cuestión ya abordada al tratar de otro recurso, y debe estarse a lo resuelto sobre el particular.

En los apartados 2a y 2b del recurso, por el cauce del art. 849,2º Lecrim se objeta error de hecho en la apreciación de la prueba, con fundamento -se dice- en "la abundante documental obrante en autos (entre ella todos los informes periciales)".

Los motivos acusan un esencial defecto de planteamiento, pues no se ajustan a lo que exige el propio precepto invocado, es decir, la individualización de algún enunciado de fuente documental y de veracidad incuestionable, a tenor de lo probado, que, no obstante, no se hubiera tenido en cuenta como tal en la redacción de los hechos. Es por lo que no pueden atenderse.

En el apartado 3, citando el art. 850,1º Lecrim se objeta la falta de comparecencia de varios testigos admitidos, sin más precisiones. De nuevo se trata de impugnación que acusa un deficiente planteamiento. Además, en su imprecisión, alude a una cuestión ya suscitada por otro recurrente y resuelta, lo que hace que, en todo caso, hubiera que estar a lo decidido al respecto.

En el apartado 4a se objeta la existencia de predeterminación del fallo, del art. 851,1º Lecrim . Ello a propósito de la afirmación de la sentencia de que las aportaciones de Beni Barri, S. A., Almudena y Ricardo estuvieron determinadas por la supuesta de Sara; y porque, de ese modo, y sin sostén probatorio alguno se da por probado un acuerdo de voluntades y un ánimo de lucro que el recurrente dice no saber "de dónde sale".

Una vez más hay que hacer hincapié en un radical defecto de planteamiento del motivo, puesto que lo realmente objetado no es predeterminación del fallo sino supuesta falta de fundamento probatorio, cuando lo cierto es que ese segmento de los hechos probados tiene apoyo en concretos elementos de prueba a los que expresamente se refiere la sala, según ya se ha hecho ver. Así, el motivo no puede acogerse.

En el apartado 4b y al amparo del mismo precepto, se ha alegado contradicción y falta de claridad en los hechos probados. Debido, se dice, a ausencia de concreción de la concurrencia de engaño en las certificaciones tenidas como falsas. Pero ocurre que la existencia real de estas acciones aparece muy claramente afirmada en los hechos, tiene apoyo en elementos de prueba, y la sala ha razonado también de manera suficiente sobre el porqué de su convicción en este punto. En consecuencia, el motivo, que carece de la menor apoyatura argumental, sólo puede ser rechazado.

En el apartado 5, al amparo del art. 851,3º Lecrim , se denuncia la falta de resolución acerca del engaño de las certificaciones tildadas de falsas, sobre el destinatario del mismo y sobre el ánimo de lucro que pudiera haber animado al recurrente al actuar de la forma que se le reprocha.

Pero la objeción es inatendible, pues la sala, en el segundo de los fundamentos de la sentencia, aborda y resuelve esa cuestión. Además, el ánimo de lucro, según se ha visto al tratar del primer motivo de este recurrente, operó como elemento del delito, al estar acreditada su concurrencia en otro implicado. Siendo indiferente que se hallase o no presente en la actuación del impugnante, que, como está demostrado, concurrió reflexivamente a la materialización de ese propósito, pues actuó a sabiendas de que informaba la operación en la que él se implicó de la forma que consta.

En el apartado 6a se dice vulnerado el art. 24,1 CE , debido a la vaguedad de los escritos de acusación en el extremo relativo a la falsedad de la aportación de Sara. Se trata de un asunto ya suscitado en el recurso de Carlos Alberto y debe estarse a lo resuelto al respecto.

En el apartado 6b se afirma infringido el art. 24,2 CE por haberse privado a la defensa de medios de prueba necesarios. Además, se insiste en el tema del motivo anterior.

Pues bien, se trata de cuestiones ya tratadas y basta también aquí con remitirse a lo resuelto.

Por último, en el apartado 6c se dice infringido el art. 25,1 CE , al haberse condenado al recurrente por hechos que no serían constitutivos de delito, por ausencia de ánimo de lucro en su conducta.

Es la simple reiteración de un tema sobre el que ya se ha discurrido, y sólo cabe remitirse a lo dicho.

III.