STS 432/1996, 22 de Mayo de 1996

El Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de la entidad mercantil "Cubiertas Canarias, S.L.", formuló ante esta Sala Primera del Tribunal Supremo demanda sobre declaración de error judicial, con respecto a la sentencia de fecha 15 de Noviembre de 1993, dictada por la Sección Primera (Civil) de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en grado de apelación, en juicio ejecutivo tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Santa Cruz de Tenerife (autos número 96/90 de dicho Juzgado), cuya demanda la basa en los siguientes HECHOS: "Primero. Se interpone el presente recurso en petición de DECLARACIÓN DE ERROR JUDICIAL, a los fines de ulterior petición indemnizatoria, por considerar que dicho error se ha producido en la sentencia dictada por la Sección Primera "Civil", de la AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, resolviendo Recurso de Apelación en Juicio Ejecutivo en reclamación de la efectividad de una serie de letras de cambio. Nos estamos refiriendo, concretamente, a la sentencia dictada en 15 de Noviembre de 1.993, notificada en 18 del mismo mes y año, cuya resolución analizamos más adelante.- Segundo. Se acompaña de Documento núm. DOS (dado el número UNO para el Poder) testimonio original de la sentencia cuya declaración de error interesamos, y cuyo testimonio de fecha 29 de Noviembre de 1.993 fue notificado y entregado a esta parte en primero de Diciembre siguiente.- La presente demanda se interpone en 14 de Febrero de 1.994, es decir, incluso antes de transcurridos tres meses de la propia fecha de la resolución (sentencia) cuya declaración de error se interesa, con lo que se cumple, con creces, lo dispuesto en la letra "a)", del número 1, del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Tercero. Los hechos que dan lugar a la sentencia cuya declaración de error interesamos, son los siguientes:- Se insta demanda de Juicio Ejecutivo pidiendo la efectividad de seis letras de cambio por un importe de CUATRO MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS (4.004.652) PESETAS, en conjunto, siendo el librador mi mandante, CUBIERTAS CANARIAS, S.L.- Como librado aceptante figura en todas ellas la siguiente leyenda: "Intervención Judicial Suspensión de Pagos de Eloyy Ángel. Calle DIRECCION000, NUM000. DIRECCION001".- Pero, cuando las cambiales fueron libradas y aceptadas, los interventores no eran tales, sino que actuaban en calidad de "administradores": "La administración de la empresa constituida por los suspensos será llevada a cabo por la intervención judicial designada en el presente expediente de Suspensión de Pagos, compuesta por Don Francisco, Don Aurelio, titulares mercantiles, y DIRECCION002., como representante de los acreedores, o persona que los mismos designen". (Parte expositiva del auto aprobando el convenio).- "Cesa la intervención judicial de los negocios de los mencionados suspensos y por tanto los interventores nombrados en el expediente". (Parte dispositiva del referido auto, Documento número TRES, por fotocopia, designando su original en el expediente de Suspensión de Pagos, y su testimonio en el Juicio Ejecutivo cuya sentencia se considera incursa en error).- Tenemos pues, lisa y llanamente, dos personas en Suspensión de Pagos, con un convenio aprobado por los acreedores, y en el que una de sus disposiciones consiste en sustraer la administración de los negocios al control de los suspensos, y entregarla a tres personas, que resultan ser los que, hasta entonces habían sido los interventores judiciales de la suspensión. Como tales interventores cesaron, y fueron nombrados administradores.- La intervención concluye con el convenio aprobado. Mientras los interventores actuaban como tales (antes de la aprobación del convenio), era preciso que "intervinieran" todas las actuaciones mercantiles de los suspensos; de acuerdo con el último párrafo del artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos, bastaban dos firmas de las tres que constituían la intervención, para, juntamente con las firmas de los dos suspensos, realizar actos de administración en relación con el negocio de los suspensos.- Una vez la intervención ha cesado por la aprobación del convenio, lo normal y corriente habría sido que la administración del negocio fuera llevada a cabo por las dos personas físicas que habían solicitado en su día el beneficio de la Suspensión de Pagos; pero, el convenio fue aprobado con la condición de que "la administración de la empresa constituida por los suspensos fuera llevada a cabo por la intervención judicial designada en el presente expediente y Suspensión de Pagos compuesta por Don....".- El error padecido en la sentencia de la Audiencia, que recoge la fundamentación jurídica de la de Primera Instancia, incidiendo ambas en idéntica equivocación -dicho sea en términos de defensa, y con el respeto que nos merece el Organo Jurisdiccional- es tan simple como decisivo a la hora de conculcar los legítimos intereses de mi mandante y el derecho que tenía a que fuera dictada sentencia de remate, y ahora, a ser indemnizado cumplidamente por la Administración del Estado.- Confunde la sentencia la intervención judicial de los suspensos, con la sustitución de ésta por tres administradores. Si la Ley de Suspensión de Pagos establece que dos interventores son suficientes -siempre, lógicamente, juntamente con los suspensos (Artículo 6, in fine, de la Ley de Suspensión de Pagos), no hay ninguna disposición legal que permita que tres administradores nombrados, si la facultad de actuar de forma indistinta, y sin que se especifique que dos de ellos puedan obligar a la empresa, puedan hacerlo, cuando ni de la Ley, ni del convenio, se desprende tal facultad.- Pero, el error que apuntamos es aún más craso, si cabe, teniendo en cuenta que aún en el supuesto de que pudiera considerarse que concurría en los administradores -antes interventores- la misma prerrogativa del referido último párrafo del artículo 6 de la vigente Ley de Suspensión de Pagos, aún en este supuesto - que no se da-, tampoco su actuación podría ser vinculante para el negocio de los suspensos, por cuanto para actuar válidamente en calidad de interventores -que no lo eran- se precisaba, de forma inexcusable, la firma de ambos suspensos.- En ninguna de las seis letras de cambio objeto de litigio aparecen más de tres firmas.- Si actuaban como administradores, las tres firmas debían ser las de los tres anteriores interventores judiciales, y no es así. Sólo firman dos, y uno de los suspensos.- Si actuaban como interventores -que no podían hacerlo- en cada una de las letras ejecutadas faltaba una firma: Debían concurrir, por lo menos, dos interventores; y siempre, los dos suspensos.- La auténtica realidad -que no aprecia la sentencia- es muy simple: tres administradores controlaban y administraban el negocio de los "exsuspensos", y sólo podían actuar conjuntamente como tales administradores, porque nada les autorizaba a hacerlo de otra manera. Tampoco estaban autorizados a estampar en el lugar del aceptante de las cambiales la leyenda antes transcrita, indicando que lo hacían como "intervención judicial", cuando hacía ya cerca de tres años que había cesado dicha intervención.- Cuarto. Si el error judicial, error legal o en derecho, es evidente, sus consecuencias morales y materiales no lo son menos.- Mis mandantes, CUBIERTAS CANARIAS, S.L., sirve la mercancía (material de construcción) y para su pago, quienes se irrogan facultades que no tiene, aceptan seis letras de cambio, todas ellas libradas en 31 de Enero de 1.989. La primera vencía ya en 17 de Abril del mismo año; es decir, escasamente dos meses y medio después, y ya resultó impagada, y así las restantes hasta la última, en 12 de Julio, es decir, escasamente seis meses después.- Mis mandantes cayeron en la trampa de una aparente seriedad y solvencia que no tenían los demandados. Y la sentencia cuyo error estamos analizando no debió nunca -a nuestro modesto entender- absolverlos; debió haberse dictado la sentencia de remate y hacer trance y remate de sus bienes para cubrir cuanto se adeudaba a mi mandante. Si no cumplieron con su cometido, soslayando impunemente el formalismo que le imponía la propia legislación cambiaria, irrogándose una representación que no tenían, debió la sentencia hacerles responsables de su falta, y ellos, posteriormente, repetir si los géneros servidos por mis mandantes beneficiaban realmente al negocio que ellos tan defectuosamente estaban administrando.- El perjuicio que la sentencia ha ocasionado a mi mandante es, por supuesto, perfectamente evaluable económicamente:- El importe de las cambiales que supera los CUATRO MILLONES DE (4.000.000) PESETAS.- Los intereses legales, más dos puntos, de acuerdo con la Ley Cambiaria, desde las fechas de sus respectivos vencimientos que van, como hemos indicado, desde el 16 de Abril al 12 de Julio de 1.989. Han transcurrido, por consiguiente, cerca de cinco años. Ello nos da, en concepto de intereses, al momento actual, una cifra aproximada a los 2.500.000 Ptas, más otras 2.500.000 Ptas. que se calculan en concepto de intereses hasta el momento del cobro definitivo de la indemnización a que tiene derecho mi mandante, más las costas de los procedimientos que ha seguido - el Juicio Ejecutivo en Primera Instancia y Segunda Instancia-, el presente procedimiento y el posterior administrativo ante el Ministerio de Justicia y, en su caso, el correspondiente Contencioso-Administrativo, cuyos gastos por todos los conceptos pueden calcularse, prudencialmente, en otros 2.500.000 Ptas. En total, los daños y perjuicios, evaluados económicamente pueden perfectamente ascender a una cifra rondando entre los 12 y 14.000.000 Ptas.- Quinto. Finalmente, se hace preciso resaltar hasta qué punto se incurre en el error por parte de la sentencia objeto de la presente petición, cuando se establece aparente premisa directriz del razonamiento que se expone en el fundamento jurídico "cuarto" de la sentencia, cuando se dice textualmente: "... esta doctrina válida en el campo de la representación, no lo es en supuesto como el presente en el que nos encontramos ante un caso de intervención, y así...".- Es decir, la sentencia insiste en la supuesta existencia o realidad de una intervención judicial que, en el momento de ser libradas las cambiales, hacía casi tres años que había cesado por disposición del Auto firme de aprobación del convenio.- Y, evidentemente, no se trata de un razonamiento aislado que podría no afectar al conjunto -en un hipotético diferente caso, que no se da-, sino que más abajo, en el propio fundamento jurídico se continúa diciendo: "...y tal contenido de la intervención debió haberse tenido en cuenta al ejercitar la acción cambiaria...". ¿ Cómo puede sostenerse válidamente la existencia de una intervención judicial que había cesado por Auto firme de aprobación de convenio?.- Y es, por supuesto, totalmente irrelevante la última de las manifestaciones del mencionado fundamento jurídico "cuarto" cuando dice que mi mandante admitió en Confesión Judicial conocer las firmas puestas en el acepto de las letras de cambio objeto de ejecución, por cuanto es evidente que así era, pero, el legal representante de CUBIERTAS CANARIAS, S.L. no podía saber -como simple comerciante que era, no versado en leyes- si el acepto de la letra estaba perfectamente instrumentado y era vinculante para responsabilizar del pago a la empresa formada por los dos ex-suspensos". Con invocación de los Fundamentos de Derecho que estimó aplicables, terminaba su demanda con el siguiente SUPLICO: "Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, juntamente con la documentación que se acompaña, y el poder, que quedará unido por copia concordada con devolución del original; me tenga por comparecido y parte en la representación que acredito de CUBIERTAS CANARIAS, S.L., y por interpuesta Demanda-Recurso en petición de RECONOCIMIENTO O DECLARACION DE ERROR JUDICIAL; y, previa la sustanciación legal pertinente por los trámites del Juicio de Revisión (Procedimiento Incidental), con recibimiento a prueba en su momento, y, con intervención del Ministerio Fiscal en calidad de parte en el procedimiento, dicte en su día sentencia en la que se declare la existencia de error en la parte dispositiva o fallo de la sentencia dictada por la Sección Primera "Civil" de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, error propiciado por una fundamentación jurídica de dicha resolución, también errónea; con los demás pronunciamientos que sean procedentes."

El Ministerio Fiscal emitió el siguiente dictamen: "Un procedimiento por presunto error judicial exige que el mismo se dirija contra una sentencia firme. En el caso de autos, la resolución no lo es pues dictada en procedimiento ejecutivo que no causa excepción de cosa juzgada, es susceptible de definitiva discusión en procedimiento ordinario, por lo que entiende no debe darse lugar a la pretensión formulada."

El Abogado del Estado formuló su escrito de contestación a la demanda, en el que expuso los siguientes HECHOS: "Primero.- La Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en su Sección Primera (de lo Civil) y con fecha 15 de noviembre de 1.993 dictó Sentencia, objeto de la actual demanda de error en la que desestima el recurso de apelación contra la pronunciada el día 18 de marzo de 1.992 por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de la propia capitalidad en autos de juicio ejecutivo 0096/90 e impone las costas al apelante.- Segundo.- Dicha Sentencia de Primera Instancia disponía, en su literalidad lo siguiente: "FALLO.- Declaro no haber lugar a pronunciar Sentencia de remate y, en su consecuencia, mando que se alce el embargo trabado sobre los bienes de Don Francisco, Don Aurelioy DIRECCION002., condenando al pago de todas las costas causadas al ejecutante Cubiertas Canarias S.; y poniendo en las actuaciones certificación de la misma, incluyénse la presente en el Libro y sentencia".- Tercero.- El juicio ejecutivo de que trae causa el procedimiento actual puede ser resumido en sus antecedentes en el hecho de que con motivo de la suspensión de pagos e insolvencia provisional de la entidad mercantil Eloyy Ángelel Juzgado de Primera Instancia nº 1 de la Orotava dictó auto de 5 de marzo de 1.986 aprobatorio de convenio entre la suspensa y los acreedores. De su contenido, que aparece íntegramente recogido en autos conviene destacar las siguientes expresiones significativas: "La administración de la empresa constituida por los suspensos será llevada a cabo por la intervención judicial designada en el presente expediente de suspensión de pagos, compuesta por Don Francisco, Don Aurelio, titulares mercantiles y DIRECCION002. como representante de los acreedores, o persona que los mismos designen". Y añade, consecuentemente, el acuerdo aprobado el "cese la intervención judicial de los negocios de los mencionados suspensos y por tanto los interventores nombrados en el expediente".- Cuarto.- En el decurso de los negocios de los suspensos se giran unas cambiales por importe de 4.004.652 pts. en las que aparece como librador Cubiertas Canarias, S.L. y como aceptante la "Intervención judicial, Suspensión de pagos de Eloyy Ángelc/ DIRECCION000nº NUM000. DIRECCION001.- Ya se ha expresado el resultado negativo del juicio ejecutivo por los razonamientos contenidos en las Sentencias de ambas Instancias, absolutamente coincidentes, y frente a ellas se alza la actual actora alegando haberse producido un error judicial. En mérito a la brevedad damos por reproducida la argumentación que sobre el pretendido error se contiene en la demanda que encabeza los autos de que conoce la Excma. Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos." Con invocación de los Fundamentos de Derecho que estimó aplicables, terminaba su escrito con el siguiente SUPLICO: "Que tenga por formulada contestación a la demanda que sobre error judicial se ha formulado por Cubiertas Canarias, S.L. en el pleito antes referenciado, dé a las actuaciones el cauce legal previsto y, en su día dicte Sentencia por la que se desestime la demanda, se absuelva a la Administración de las pretensiones en ella contenidas, con expresa condena en costas a la mercantil actora."

Pedido al órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, el informe que preceptúa el artículo 293.1.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el mismo ha emitido el siguiente: "Cumpliendo lo solicitado por V.E. de acuerdo con lo que dispone el artículo 293, 1, c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y desconociendo el error que se imputa a la resolución dictada por esta Sección el 15 de Noviembre de 1.993, puedo informar lo siguiente:- Tal y como se razona en la Sentencia dictada por esta Audiencia, Sección Primera, se trataba de una Empresa cuya administración se llevaría a cabo por la Intervención Judicial de la Suspensión de Pagos terminada por Convenio, por lo cual, se estimó necesaria la concurrencia de la firma del interventor en unión de la correspondiente a la persona intervenida, en la aceptación de la cambial, y ello a fin de garantizar la buena administración de la Empresa a los fines del cumplimiento del Convenio, supuesto diferente al de la mera representación en que es suficiente la actuación del representante. Lo que llevó a la desestimación del recurso de apelación, con confirmación de la sentencia apelada.- Es cuanto puedo informar sobre las actuaciones practicadas en el rollo de apelación 528/92 de esta Sección."

Recibido el pleito a prueba, se practicaron las propuestas por las partes con el resultado que consta en autos. Seguidamente, se mandó traer a la vista los autos para sentencia con citación de las partes.

Al no haber solicitado ninguna de las partes la celebración de vista, se señaló para la votación y fallo de este proceso el día 16 de Mayo del presente año, como así ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MORALES MORALES