STS 135/2003, 4 de Febrero de 2003

Los recursos articulados tanto por Jose Carlos como por Jon , policías locales, son del mismo contenido, lo que permitirá tratarlos conjuntamente. De igual modo, razones de sistemática casacional, aconsejan examinar simultáneamente los motivos primero y segundo, de los tres que éstos alegan.

1. El primero de ellos por infracción de ley, al amparo del art. 849-1º L.E.Cr. ante la indebida aplicación del art. 167 del C.Penal, en relación con los arts. 163-1º y 2º. Pero como quiera que el error in iudicando -según los recurrentes- procede de la ausencia del elemento objetivo del tipo (por hallarnos ante un supuesto de detención legal) y la no concurrencia del elemento subjetivo, o dolo, al incidir un error vencible en los sujetos activos del delito, consecuencia de haber estado en el convencimiento de que su conducta se hallaba amparada por la ley, nos permite examinar también el error del tipo vencible, que por igual cauce procesal aduce (art. 14.1 C.P.) en el motivo siguiente. El error de tipo vencible -de ser estimado- convertiría la conducta en imprudente, con las consecuencias que el art. 14.1 del C.Penal le asigna, en este supuesto, la impunidad por no hallarse prevista la comisión culposa. Recuerdese que el art. 14, sanciona la conducta como imprudente "en su caso", es decir, sólo en la hipótesis, en la que conforme al art. 12 del C.Penal, el tipo delictivo prevee la paralela realización imprudente de la conducta descrita.

2. El impugnante justifica, y parece estar en lo cierto, aunque lo sea desde el punto de vista formal, que el elemento objetivo del tipo, de naturaleza normativa, y que constituye la esencia de la configuración antijurídica del delito, no concurre. El tipo objetivo (art. 167 C.P.) lo expresa con la frase "fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito"

   La concurrencia de ambos condicionamientos, ha creado ciertos problemas interpretativos, que deberán resolverse de acuerdo con la más caracterizada doctrina científica, entendiendo que la frase "mediar causa por delito" es equivalente a practicarse la detención «por causa de delito» o «en forma preordenada a un proceso penal», no necesariamente en el curso del mismo, una vez abierto. De lo contrario se daría la paradoja de que en ciertas hipótesis nuestra ley Rituaria Penal justifica la detención (la permite a los particulares y obliga a practicarla a las autoridades o agentes de la Policía Judicial), sin la correspondiente existencia previa de procedimiento policial o judicial por delito (repárese en los supuestos 1º y 2º del 490 y nº 4 del 452 L.E.Cr.).

3. Como causa justificante de la detención o determinante de la atipicidad de la conducta, habría que hacer referencia a la posible comisión de un delito contra el tráfico viario, antes de que el conductor fuera detenido por los agentes de la policía local, cuando se dirigía al vehículo con signos evidentes de hallarse ebrio.

   Los hechos probados nos hablan de "alguna parada anterior en la que consumió varias cervezas".

   Por su parte en el Fundamento Jurídico 1º, se hace referencia a un procedimiento abierto por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas (Diligencias Previas 528/99) para dejar sentado que tal proceso no tiene nada que ver con el que provocó la incoación del presente (Previas 571/99), salvo la indiscutible relación entre los hechos originadores de uno y otro, sin que conste la resolución final del mismo.

   Bien, cualquiera que hubiera sido el resultado final de tal proceso, o aunque todavía se hallase pendiente de sentenciar, no se descarta, dados los términos de la resultancia fáctica, que pudiera haberse cometido un delito (art. 492-4 L.E.Cr.). El alcohol ingerido pudo ser en cantidad mínima dentro de las tasas permitidas, o bien capaz de generar una responsabilidad administrativa o de naturaleza penal. En la pertinente investigación pudieron haberse determinado los lugares o establecimiento donde el conductor, luego detenido, tomó alcohol, la hora en que lo hizo y la cantidad consumida, acreditado todo ello por el camarero o camareros que lo sirvieron o personas que lo presenciaran, de cuyos datos unido a la declaraicón del propio conductor pudo haberse probado una conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, castigada en el Código Penal (art. 379).

   Desde el punto de vista formal, la detención estaría justificada, ante los indicios racionales de haberse cometido un delito.

   La actuación de los policías locales acusados, no resultaría desvirtuada, por el hecho de que faltando a la verdad, hubiesen dado una versión falaz de los acontecimientos anteriores a su llegada al establecimiento denominado "Media Luna". Éstos, ante un proceso penal en su contra, quedaban amparados por el derecho de defensa y de no autoinculpación del art. 24 de la Constitución. Las versiones inveraces no deben impedir el análisis objetivo de la situación producida como presupuesto de una detención.

4. Sin embargo, a pesar de tal amparo formal, la conducta desplegada, al proceder a la detención, no se halla plenamente justificada, si los sujetos activos, en una consideración prudente a la hora de limitar el derecho de libertad ajeno, se hubieran planteado la conveniencia de adoptar una medida distinta desde los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y excepcionalidad, que deben regir en materia de detención y prisión preventiva. Hubiera bastado con identificar al conductor y formular la correspondiente denuncia, para que la policía judicial competente iniciara las correspondientes diligencias, si lo estimaba oportuno. Ello referido a la secuencia previa a todo lo demás ocurrido en el local "Media Luna", pues en tal local las libaciones de bebidas alcohólicas por parte del tercero aumentaron, hasta alcanzar un estado de ostensible embriaguez.

5. El recurrente realiza mayor hincapié en orden a la justificación de tal detención, acudiendo a la evitación de un intento de comisión de delito (contra la seguridad del tráfico). A la policía judicial, y la local a ella se asimila, se le imponen entre sus obligaciones profesionales la de "prevenir la comisión de delitos" (art. 11-1º.f) y 53.1.g) Ley de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado).

   Nuestra Ley Enjuiciamiento Criminal, también impone a la policía la obligación de detener "al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo" (art. 492-1º, en relación al art. 490-1º L.E.Cr.).

6. En vista de las normas mencionadas es oportuno analizar los hechos probados y los fundamentos jurídicos, en cuanto contengan afirmaciones fácticas con valor cointegrador del relato probatorio, con el fin de precisar si de ellos puede colegirse una situación en que la persona detenida se disponía a cometer un hecho delictivo. Entre estos elementos figuran:

   1. El sujeto pasivo "viene conduciendo su vehículo" en un viaje que ha de llevarle esa misma noche a su domicilio de Vigo.

   2. Antes de llegar al local "Media Luna" había efectuado alguna parada en la que "consumió varias cervezas".

   3. En el establecimiento "Media Luna" estuvo oyendo música "y tomando cervezas, no menos de cinco".

   4. El conductor en el momento de la detención "presentaba un indiscutible estado de embriaguez", según textual expresión de la resultancia probatoria.

   5. La detención se produce cuando Armando -así se llamaba el conductor ebrio- dio por terminadas sus consumiciones "y salió del local para dirigirse a su vehículo".

   6. El fundamento de derecho segundo matiza "cuando el denunciante se dirige a su vehículo, antes de llegar, desde luego antes de conducirlo, pues ni siquiera llega a ponerlo en marcha"

   7. Confirmación del estado de embriaguez, como resultado del test de alcoholemia practicado por la Guardia Civil, que arrojó (una hora y tres cuartos después de la detención) 1,04 milígramos por litro de aire espirado, en una primera prueba practicada a las 3,19 horas, y en la segunda, llevada a cabo a las 3,34 horas, ofreció un resultado de 0,99 milígramos por litro de aire espirado.

7. Si desde el punto de vista objetivo se daban esas circunstancias, que pudieron aconsejar una detención, concurrieron otras que fluyen de la sentencia recurrida, apuntando a la exclusión del dolo o conciencia de que se practicaba una detención ilegal.

   Señalemos las siguientes:

   1. En todo el tiempo que se encuentra en el establecimiento "Media Luna" los agentes no hablan con Armando , ni se produjo ninguna incidencia.

   2. Los cuatro (los dos policías locales, el vigilante del parque, condenado como cómplice y el sujeto pasivo) se mantuvieron en el local, cada uno por su lado y sin ningún tipo de actuación policial.

   3. Cuando Armando estacionó el vehículo se dirigía a su domicilio de Vigo.

   4. El Tribunal "a quo" no halla móvil y declara "en apariencia no existe y sin él lo sucedido es casí un absurdo"

   5. Acusados y víctima no se conocían con anterioridad, por lo que no se ha podido objetivar la existencia de cualquier animadversión entre ellos.

8. A pesar de todos los datos referidos hasta ahora, el convencimiento de la culpabilidad del acusado a que llegó la Audiencia Provincial tuvo, entre otros asideros, los siguientes:

   1. La falsa versión de los hechos anteriores a la llegada al tan citado local, haciendo referencia a situaciones que no respondían a la realidad, en el afan de justificar la comisión previa de un delito, por parte del tercero.

   2. El encubrimiento de un hecho, secundario, cual es, el desplazamiento de vigilante de parques y jardines en su propio vehículo, para traer otro policial, según indicación de los dos policías locales.

   3. La afirmación de que "sin atestado y delito, no puede entenderse legitimada la detención"..

   4. Cuando el ofendido, se dirige al vehículo, el Tribunal realiza la inferencia de que pudo dirigirse "para dormir en él durante un rato".

   La Audiencia viene a indicar -sin excesivo rigor- que las únicas circunstancias del hecho que hubieran justificado la detención calificada de ilegal, hubieran sido la certeza o realidad de la conducta que mendazmente declararon haber observado en el conductor antes de llegar al local "Media Luna". También -a juicio del Tribunal- hubiera sido correcta la detención si hubieran permitido al conductor acceder al coche e iniciar la marcha en el estado en que se hallaba.

   Mas, lo determinante para juzgar sobre la legitimidad o ilegitimidad de la detención, provendría de la interpretación restrictiva de las causas de detención. En la duda y conforme a los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y excepcionalidad como presupuestos de la limitación o restricción de la libertad, y en razón a la efectividad del derecho a no ser detenido (art. 17 C.E.), debieron los policías impedir la conducción, acudiendo previamente a un requerimiento o apercibimiento frente al conductor. Sólo cuando tal requerimiento fuera desatendido y persistiera en su voluntad de conducir el vehículo, hubiera sido adecuada la detención del sujeto.

   El nº 1 del art. 490 de la L.E.Cr. deberá, por tanto, matizarse en el sentido de que la detención procederá cuando el particular o la policía no dispongan de otro medio menos lesivo para impedir el delito que privando de libertad a quien intenta cometerlo.

9. Lo argumentado hasta el momento permitiría concluir que nos hallamos ante un caso de detención de los no permitidos por la Ley (fuera de los casos permitidos por la Ley). Pero el cúmulo de circunstancias concurrentes, dan sobrada base para entender que falta el dolo necesario, que no aflora ni en hechos probados ni en fundamentos jurídicos.

   Esta Sala ya anticipó, en un delito de esta naturaleza, que el dolo específico que exige la detención ilegal "supone la conciencia plena, absoluta y segura que tiene el sujeto activo de que la detención que realiza es ilegal", esto es, "conciencia de que el acto es antijurídico en su incio, en su realización, en su ejecución, en su proyección global, y finalmente, en su conclusión" (S. nº 53 de 18-enero-1999) y tal situación no es la que la sentencia recurrida refleja.

   Los jóvenes agentes, de escasa experiencia en la profesión, advierten como una persona llamativa y ostensiblemente en estado de embriaguez, se dirige al coche con intención de emprender la marcha (conclusión razonable).

   Conocedores del deber de impedir la comisión del delito, detienen al autor en estado de embriaguez, en evitación de los riesgos que iba a ocasionar para los demás usuarios de la vía, incluso para sí mismo, poniendo en peligro su vida e integridad corporal.

   Esperar a que condujera el móvil, es tanto como tolerar la comisión de un delito que pudieron impedir. Ahora bien, a falta de justificación de tal conducta o de datos en que sustentar la inferencia de la Sala, hemos de admitir, que los acusados se hallaban en la creencia, de que podían actuar de tal guisa, consecuencia de un exceso de celo.

10. No es válido el argumento de la Sala al afirmar, que cuando Armando , en estado de embriaguez, se dirigió a su vehículo, pudo ser para "dormir un rato" pues lo más razonable es que fuera para seguir ruta hasta Vigo.

    Pero es que aunque dieramos por buena la inferencia del Tribunal, y concediendo que el rato que pudiera dormir durara una hora y media, más de una hora y tres cuartos después de la detención, todavía arrojó tales tasas de alcohol el conductor, que si hubiera conducido para seguir viaje, después de dormir un rato, también habría cometido el delito.

    La hipótesis que aporta el Tribunal de instancia, sin ser la más lógica, conduce al mismo hecho delictivo, que los acusados quiseron impedir.

    La ausencia de dolo, debido al error o deficiente interpretación de la situación verificada por los acusados, policías locales, debe calificarse de vencible, pues una mayor prudencia efectuando un requerimiento al conductor o una consulta a sus superiores, a pesar de no ser una hora propicia, o la llamada a la Guardia Civil de Tráfico, como al final hicieron, hubiera podido impedir la detención practicada, salvo que, a pesar de los apercibimientos, el conductor ebrio persisitera en usar de su vehículo, en cuyo caso la detención hubiera tenido plena justificación.

11. La estimación de 2º de los motivos (inaplicación del art. 14-1º C.P.) determina la absolución de los acusados, pero debe mantenerse la condena por una falta de lesiones a Jon . La descortesía, violencia y demás incidencias negativas, al parecer innecesarias, ocurridas con ocasión de la detención deben dar base al correspondiente expediente disciplinario, ya que como expresa el fundamento 3º p. 2 de la sentencia, no serían aplicables los arts. 163.4 y 530 del C.Penal, además de no existir acusación formal por tales delitos, lo que excluye cualquier posibilidad de contradicción y defensa, y por ende de condena, por así impedirlo el principio acusatorio (art. 24-2 C.E.).

    Las responsabilidades civiles deben mantenerse, de conformidad el art. 118.2 del C.Penal. A su vez, la estimación de este motivo hace innecesario el examen del siguiente que se formaliza por error vencible de prohibición.

    Recurso de Cristobal .

En el primero de los motivos, al amparo del art. 5-4 L.O.P.J. denuncia como infringido el derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.).

1. Antes de resolver el motivo resulta ilustrativo recordar la doctrina de esta Sala, en orden al alcance y contenido de este derecho presuntivo y en particular sus límites impugnativos dentro del recurso de casación.

   "Constituye arraigada doctrina tanto del Tribunal Constitucional como de esta Sala la que establece que la presunción de inocencia es una presunción "iuris tantum" que exige para ser desvirtuada la existencia de una mínima, pero suficiene actividad probatoria, constitucionalmente legítima producida en el plenario con las debidas garantías procesales que se ofrezca racionalmente de cargo y de la que se pueda deducir la existencia del hecho delictivo, sus circunstancias penalmente relevantes y la participación en él del acusado.

   Es la verificación de que en el proceso, con respeto a los principios de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas, se ha desarrollado la prueba racionalmente necesaria -existente, válida y suficiente- que justifique la sentencia condenatoria. No puede alcanzar a los contenidos de conciencia ni a la ponderación valorativa o fuerza de convicción que cada una de las probanzas haya podido producir en el ánimo de los integrantes del órgano judicial de inmediación, en cuanto costituye una insustituíble facultad de aquél (art. 741 L.E.Cr.)".

2. Si examinamos el caso, a la luz de la doctrina evocada, resulta que en el factum de la sentencia la única conducta descrita, referida a Cristobal , se limita a expresar que éste marchó "en su vehículo particular hasta Ponteareas en busca de un vehículo oficial de la Policía local....".

   A continuación se dice, "una vez practicada la detención por los dos policías, los tres continuaron en el exterior del expresado local [los dos policías locales y el conductor ebrio] hasta que llegó Cristobal conduciendo el Nissan Patrol de la Policía local, en el que a base de nuevos empujones obligaron a entrar al detenido en su parte trasera, para hacerlo después los dos agentes y dirigirse los cuatro hasta las dependencias policiales".

   Partiendo de dicha base fáctica, la única prueba incriminatoria de la participación del acusado en el hecho delictivo está constituída por una inferencia resultando de la ocultación por todos los procesados del hecho de haber ido a por el coche policial a Ponteareas.

   Los razonamientos jurídicos de la combatida concluyen que el intentar ocultar estos hechos "revela la conciencia de la irregularidad que estaban cometiendo los agentes".

   La inferencia no es razonable ni se acomoda a las leyes de la ciencia y de la experiencia. El único concierto que se acredita es que los dos policías locales le indican al acusado, guarda de parques, que fuera a por el coche policial. Todavía podemos aceptar en el terreno de las hipótesis lógicas, que sabía que era para servirse de él los policías locales en una posible detención de la persona ebria que se hallaba en el local..

   Sobre este apoyo probatorio es imposible que el recurrente pudiera deducir que los policías locales iban a realizar una detención ilegal, pues pudo comenzar a conducir el vehículo su titular, o pudo desobedecer a los policías locales en el requerimiento de que no condujera. Tampoco cabe excluir que quisieran iniciar diligencias de investigación por la comisión previa de un delito contra la seguridad del tráfico.

   Lo que queda fuera de toda duda, es que si los agentes entendían, con suficiente fundamento, que podían detener al conductor ebrio, para impedir la comisión de un delito, como les impone la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el art. 490-1º, en relación al 492-1º de la l.E.Cr., con mayor razón el guarda de parques, no podía imaginar que fueron a practicar una detención ilegal. La decisión de detener o no detener correspondía a los policías locales y no a él, que cumplió con realizar el encargo sugerido por aquéllos, habida cuenta que la finalidad del mismo no denotaba infracción de ningún precepto de ley que debiera ser observado.

   De todo ello se concluye, que en la causa no medió prueba suficiente, para sustentar una sentencia condenatoria, y los escasos datos de que dispuso el Tribunal, no fueron valorados con el rigor exigido, para la enervación de tal derecho fundamental.

   El motivo debe estimarse.

Con lo hasta ahora dicho bastaría para no proseguir en el examen de los restantes motivos. Mas sólo, ex abundantia, habría que añadir, que también los motivos 2º y 3º merecerían ser acogidos. En ellos se niega la realización de la conducta del cómplice (art. 29 C.P.) en relación al delito previsto en el art. 167 del Código, pretensión que canaliza por la vía del art. 849-1º L.E.Cr..

1. En efecto, el delito de detención ilegal, de consumación instantánea y de ejecución permanente, implica como toda figura delictiva, la realización de determinados actos típicos. Tan pronto se produce la detención ya se ha perfeccionado la infracción penal.

   La detención fue realizada por la exclusiva decisión de los dos policías locales, sin intervención del recurrente, que nada tuvo que ver en ella.

   La consumación del delito se prolonga en el tiempo, creándose una situación sostenida de lesión del bien jurídico.

   La participación del cómplice ha de serlo con actos anteriores o simultáneos a la ejecución del delito, prestando o aportando una colaboración no necesaria en la ejecución del mismo.

   En nuestro caso, el delito de detención ilegal no está integrado por el traslado del detenido de un lugar a otro, circunstancia que resulta irrelevante en la descripción típica, y por ende anodina en orden a su ejecución. Y si eso es así, irrelevante será también la aportación del recurrente al hecho.

2. Tampoco hizo nada, el acusado de complicidad, para que la situación antijurídica de detención se prolongase. Cualquier taxi o vehículo de servicio público o un ciudadano requerido por la policía a colaborar, pudo haber realizado el traslado, a sabiendas de que estaba transportando a una persona ebria, detenida por la fuerza policial para impedir que condujera su vehículo y no por ello podríamos calificar, tal conducta de colaboración, de complicidad delictiva.

   La estimación del motivo 2º de los recurrentes, Jose Carlos y Jon y la de los tres primeros de los articulados por Cristobal , determinan la absolución de los mismos, declarando de oficio las costas del recurso.

   III.