STS, 10 de Julio de 2007

Con fecha 6 de abril de 2004 el Juzgado de lo Social número 30 de Madrid, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que, desestimando las excepciones de falta de competencia del orden social de la jurisdicción y litispendencia opuestas de contrario, estimo la demanda interpuesta por Dª Ángela y declaro la nulidad del despido, condenando a la demandada ANTENA 3 TELEVISION, S.A., a readmitir a la actora y abonarle salarios de tramitación hasta que tenga lugar la readmisión".

En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos: "PRIMERO: Dª Ángela ha prestado servicios a ANTENA 3 TELEVISION, S.A. como redactora ENG con antigüedad 2-1-1990 y con salario de 4.137,62 euros mensuales incluida prorrata de pagas extraordinarias, de acuerdo este último extremo con la reducción parcial efectuada al ratificar la demanda, haciendo constar la demandada que no se opone a estas circunstancias, ratificadas además por la documental (contrato de trabajo y nóminas unidas al ramo documental de la actora). SEGUNDO: La demandada instó expediente de regulación de empleo núm. 64/03, aprobado por resolución de la Dirección General de Trabajo de 7-11-2003 que autoriza la extinción de hasta 215 contratos de trabajo con la indemnización de 30 días por año (doc. 2 demandada, por reproducido). Interpuestos diversos recursos de alzada contra la misma, han sido desestimados por resolución de 25-2-2004 (unida la documental demandada como documento 18 que se tiene también por reproducido). TERCERO: La trabajadora tiene tres hijos (libro de familia cuya copia no impugnada obra en los autos como doc. 18 de la actora), el último de los cuales nació en mayo 2003. El 26-5-2003 le fué reconocido el título de familia numerosa (doc. 19 actora). La empresa tuvo puntual conocimiento del embarazo respectivo y del natalicio posterior de cada uno de los hijos, primero a través de las sustituciones de la trabajadora mediante contratos de sustitución, contratando a dos trabajadoras en su lugar durante el período de baja por riesgo durante el embarazo, todo ello de forma respectiva para cada uno de los períodos correspondientes a los hijos habidos. Asimismo, a través de su servicio de relaciones públicas envió atenciones al centro donde tuvo lugar el nacimiento de cada hijo (doc. 21 actora, reconocido por el Presidente del Comité de Empresa que lo suscribe en interrogatorio) y comunicó sus cargas familiares a efectos de retenciones por IRPF a la empresa el 19 de mayo de 2003, en concreto los tres hijos que tiene y la respectiva fecha de nacimiento (doc. 17, reconocido por la empresa). CUARTO: El 7 de noviembre de 2003 la actora presentó en el Ministerio de Trabajo un escrito (doc. 11 de la actora, por reproducido) poniendo de manifiesto que ostenta la condición de madre de familia numerosa e invocando el art. 9.3 Ley 25/1971 y la prioridad dentro de la misma categoría y especialidad. El 26 de noviembre, en virtud de traslado efectuado por la autoridad laboral, la empresa alega que no había tenido en cuenta la condición de madre de familia numerosa de la trabajadora, porque ésta no había comunicado su situación (doc. 12 actora), participando la administración a la interesada mediante oficio (ibidem) que de acuerdo con la doctrina unificada del TS (SS 12-7-99 y 28.9.99 ) la competencia para conocer de la resolución del contrato, por ser iniciativa de la empresa posterior a la resolución administrativa, correspondía a la jurisdicción social. QUINTO: El 8 de noviembre la empresa remite a la actora burofax comunicándole la extinción del contrato (doc. 3 actora, por reproducido) que invoca únicamente la autorización extintiva concedida en la resolución administrativa anteriormente mencionada. SEXTO: En la aplicación del ERE la empresa ha incluido un trabajador con familia numerosa, aparte de la actora, D. Jose Ángel (interrogatorio de la empresa). Los redactores ENG en la empresa a la fecha del ERE aparte de la actora son los que refleja la relación aportada por la empresa como documento 31 de su ramo documental, y sus cargas y situación familiar la que allí se indica. En el ERE no se han incluido a diversos redactores ENG que no tienen título de familia numerosa a diferencia de la actora y del otro redactor igualmente despedido en el ERE como ella, incluyéndose proporcionalmente más personal fijo que contratado temporal. SÉPTIMO: Se ha intentado la previa conciliación, en los términos que refleja el acta adjunta a la demanda".

La citada sentencia fué recurrida en suplicación por la letrada Dª Ana Morcillo Rey, en nombre y representación de ANTENA 3 TELEVISION, S.A., dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia con fecha 1 de diciembre de 2004, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por la representación procesal de la parte demandada ANTENA 3 TELEVISIÓN, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 30 de los de Madrid, de fecha seis de abril de dos mil cuatro, en autos nº 1240/2003 seguidos a instancia de Dª Ángela contra ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A., y confirmar la sentencia de instancia en todos sus términos, condenado a la mercantil ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A., al abono de los honorarios devengados por el letrado de la parte contraria que ha actuado en el recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 233.1 del RDL 2/1995, de 7 de abril, cuantificándose éstos en 300 €."

El letrado D. Fernando Vizcaino de Sas, mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2005, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 6 de febrero de 2004. SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 53 del ET y las exigencias que en el mismo se contemplan en relación con los supuestos del art. 51 del mismo Texto Legal.

Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de declarar la procedencia del recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 28 de Junio de 2006.

Con fecha 30 de junio de 2006 se dictó sentencia por esta Sala estimando el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por ANTENA 3 TELEVISIÓN, S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 1 de diciembre de 2004, casando y anulando dicha sentencia y resolviendo el debate de suplicación en el sentido de estimar el recurso de esta naturaleza que había formulado la referida empresa contra la sentencia del Juzgado de lo Social, que revocamos absolviendo a la demandada de la pretensión que se le planteó.

La parte demandante recurrida en casación, formuló incidente de nulidad de actuaciones el 28 de julio de 2006, dándose traslado a la parte demandada, recurrente en casación, y al Ministerio Fiscal, que informaron oponiéndose a la procedencia de la pretensión incidental.

Por auto de 29 de marzo de 2007 esta Sala acuerda: "Estimar el incidente de nulidad interpuesto por Dª Ángela contra nuestra sentencia de fecha 30 de junio de 2006 rec. nº 636/2005 y, en consecuencia, la declaramos nula y se ordena reponer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a ser dictada, a fin de que se dicte otra nueva que resuelva todos los puntos litigiosos que fueron objeto de debate".

Anulada dicha sentencia, por providencia de 7 de junio de 2007 se señaló nuevamente para votación y fallo el día 5 de julio del corriente año.

1.- El presente caso se refiere a una trabajadora que venía prestando servicios para la demandada Antena 3 de Televisión, S.A. que resultó afectada por un expediente de regulación de empleo en el que, por resolución de la Dirección General de Trabajo de 7 de noviembre de 2003, se autorizó la extinción de hasta 215 contratos de trabajo. El mismo día 7 de noviembre la actora puso en conocimiento del Ministerio de Trabajo que era madre de familia numerosa e invocaba prioridad dentro de la misma categoría y especialidad, alegación a la que, después de dar traslado a la empresa que señaló no haberle sido comunicada tal situación, se contestó el 26 de noviembre siguiente en el sentido de que la resolución del contrato era una decisión de la empresa posterior a la resolución administrativa y correspondía a la jurisdicción social. Antes de recibir esta contestación, el 8 de noviembre, día siguiente a la resolución administrativa que aprobó el ERE, la actora recibió burofax comunicándole la extinción del contrato haciendo referencia únicamente a la meritada resolución administrativa.

2. - La sentencia de instancia estimó la demanda de la actora y declaró nulo su despido por haberse "acordado sin las formalidades necesarias [........], no solamente la genérica de contar con autorización administrativa, sino la específica [.........] de su situación familiar". La sentencia de suplicación desestimó este recurso de la empresa demandada, confirmando la nulidad del despido y razonando: "es evidente que (la empresa) ha de comunicar al trabajador su decisión y las razones en las que se basa, de manera que éste pueda conocer la causa de su inclusión en dicho expediente y pueda articular correctamente su defensa [,,,,,,,] por lo que de conformidad con el artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores y con el artículo 122.2.a) de la Ley de Procedimiento Laboral, el despido ha de ser declarado nulo".

1.- En el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la empresa condenada se selecciona como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 6 de febrero de 2004. Según los hechos que declara probados se trata de una trabajadora que fue despedida por su empresa Auna Telecomunicaciones Sau acogiéndose a la resolución de la Dirección General de Trabajo que aprobó expediente de regulación de empleo autorizando a dicha empresa a extinguir hasta 750 contratos de trabajo. La sentencia de instancia desestimó su demanda, decisión que confirma la del Tribunal Superior de Justicia que aquí se trae como referencial, razonando que, si bien en la demanda se alegaba fundamentalmente la invalidez del traspaso de la actora de Retevisión I Sau a Auna Telecomunicaciones, Sau y sólo de pasada la inexistencia de información sobre la inclusión de la demandante en el expediente de regulación de empleo, la suplicación se centraba en impugnar directamente la comunicación escrita de la rescisión del contrato, denunciando que no reúnia las necesarias garantías para el ejercicio de los derechos de la trabajadora al no figurar en aquella la causa de despido tal como dispone el art. 53.1 del Estatuto de los Trabajadores, y desestima la suplicación por entender que tanto el citado artículo como el 122 de la Ley de Procedimiento Laboral, son aplicables a los despidos individuales por causas objetivas, pero no a los colectivos, que se rigen por lo dispuesto en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Ambos casos presentan los requisitos de igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones, con pronunciamientos distintos, que viabilizan este recurso conforme al art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues en ambos supuestos se trata de trabajadores a los que se resolvió su contrato de trabajo en virtud de una decisión empresarial amparada en un ERE aprobado por la autoridad laboral administrativa, que autorizaba la extinción de contratos de trabajo (hasta un número de 215 en el caso de la sentencia recurrida y hata 750 en la de contraste), solicitándose en los dos casos la nulidad del despido por no especificarse en la comunicación del empresario la causa del despido, controversia que se resuelve, como hemos visto, en sentido contradictorio por las sentencias sometidas a comparación. Que la resolución administrativa, en el caso de la de contraste, hiciese remisión al acta final del período de consultas, en la que se facultaba a la dirección de la empresa para designar a los afectados, así como que en un caso (el de la sentencia recurrida) se hubiese planteado inicialmente la cuestión relativa a la situación familiar de la actora, mientras que en el otro caso (el de la de contraste) la referencia inicial fuese a un supuesto traspaso ilegal de una empresa a otra, no constituyen hechos diferenciales que puedan alterar el debate tal como fue planteado en suplicación, porque si la resolución administrativa no precisa la relación de los trabajadores afectados, ni los criterios concretos de selección, como es el caso, se entiende que defiere a la empresa la facultad de designarlos -nótese que la solicitud empresarial puede ser autorizada por silencio administrativo positivo (art. 51.6 del Estatuto de los Trabajadores )- y, en todo caso, el debate se ha centrado exclusivamente en la controversía jurídica sobre si las previsiones del art. 53.1 E.T. y 122.2,a) de la Ley de Procedimiento Laboral, son o no aplicables a los supuestos de despido colectivo.

1.- Superado el juicio de contradicción procede examinar el motivo de fondo propuesto por la parte recurrente, denunciando la infracción de lo dispuesto en el art. 53 del E.T., por entender que dicho precepto no es aplicable a los despidos colectivos, que no exigen la expresiòn formal de la causa de despido porque las causas y motivos en que el empresario ampara su decisión ya han sido puestos de manifiesto y justificados ante la Autoridad Laboral. Y la cuestión debe resolverse en el sentido propuesto por la recurrente, de acuerdo con el criterio expuesto por esta Sala en su sentencia de 20 de octubre de 2005 (Rec. nº 4153/04 ), precisamente en el caso de otro trabajador despedido por la misma empresa Auna Telecomunicaciones Sau, con ocasión del mismo ERE que autorizó la decisión combatida en la sentencia de contrate. Nuestra citada sentencia señala que si en la resolución administrativa no se fijan los criterios para la determinación individualizada de los trabajadores afectados por el despido colectivo, estaríamos ante un defecto de la propia resolución administrativa, pero no ante un vicio en que haya incurrido la comunicación del cese, que es sobre lo que se centra la infracción. Y continúa: "El Artículo 53 está pensado única y exclusivamente para el despido objetivo del art. 52 del ET, como con toda evidencia hace lucir el texto de los mismos, así como la propia naturaleza y caracteres de las instituciones comentadas. Y no es posible aplicarlo ni siquiera por analogía a los despidos colectivos del art. 51, toda vez que entre estos despidos y los objetivos del art. 52 no existe, a estos efectos, "la identidad de razón" que exige el art. 4-1 del Código Civil. Es cierto que en ambos se trata de la extinción de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero la regulación que para unos y otros despidos se contiene en el art. 51, de un lado, y en los arts. 52 y 53 de otro, es totalmente diferente, hasta el punto que la impugnación de los despidos colectivos, como regla general, se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa, y en cambio las acciones que se ejerciten contra los despidos objetivos son conocidas por la Jurisdicción Social. Es más, la mayor divergencia entre estas dos figuras, en lo que concierne a la imposibilidad de efectuar la comentada aplicación analógica, se centra en la dispar situación que a continuación se explica. El despido objetivo se lleva a cabo por decisión unilateral y exclusiva del empresario, sin que exista ningún control previo a ese acto extintivo sobre la concurrencia de las causas en que tal empresario basa ese despido; el control de la existencia o no de esas causas justificativas del mismo se lleva a cabo, después de que éste ha tenido lugar, mediante el proceso judicial iniciado por virtud de la demanda presentada por el trabajador cesado impugnando ese despido objetivo; de ahí que, para hacer posible la adecuada y correcta defensa jurídica de la pretensión impugnatoria del trabajador en ese proceso judicial, la ley imponga como obligación esencial para la validez del despido objeto que el empresario le comunique por escrito ese despido con expresión de sus causas. Pero la situación que se produce en los despidos colectivos es totalmente diferente de la que se acaba de consignar. La decisión del empresario de cesar a cada trabajador a consecuencia de un despido colectivo, no se lleva a cabo sino después de haberse realizado y cumplido un conjunto de trámites en los que se ha debatido negociado, o se ha estudiado con el adecuado detenimiento la concurrencia o no de causas que justifiquen la extinción de los contratos; y también después, o bien de haber llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en el que se acepta la existencia de esas causas, acuerdo que pone fin al período de consultas y que exige que sea corroborado por la correspondiente resolución de la Autoridad Laboral, o bien, si tal acuerdo no se logra, después de que dicha Autoridad estime que concurren las causas citadas y, en consecuencia, lo declare así en la resolución que ponga fin al expediente de regulación de empleo y en ella autorice la extinción de los correspondientes contratos de trabajo. Todo ésto pone de relieve que las causas generadoras del despido colectivo han tenido que ser objeto de análisis, examen y tratamiento, y han tenido que ser consideradas existentes y recogidas en los acuerdos con los representantes de los trabajadores y/o en las resoluciones de la Autoridad Laboral a que se ha hecho mención, y todo ello antes de que las decisiones extintivas del empresario hayan tenido lugar. Por ello, al tener que estar las causas del despido colectivo expresadas y consignadas en la resolución administrativa que lo autoriza, bastará con que el trabajador afectado conozca esta resolución, para tener noticia de cuales son las mismas, con lo que no es necesario que la empresa entregue al trabajador un escrito, en el que reproduzca las causas del despido. Y así el art. 51 del ET que regula con detalle todos los trámites que se han de cumplir en los despidos colectivos, no exige ni establece que el empresario entregue al trabajador una comunicación escrita expresiva de las causas del despido, como en cambio sí exige el art. 53-1 -a) para el despido objetivo. Deduciéndose de todo lo que se deja explicado que no existe, a tal respecto, "identidad de razón" de ningún tipo que justifique la aplicación de este último precepto al despido colectivo".

"En esta clase de despidos no hay realmente carta de despido, ni tiene que cumplirse lo que dispone el art. 53 del Estatuto de los Trabajadores, que, como ya se dijo, nada tiene que ver con ellos. El vicio o defecto comentado podrá suponer la infracción de los arts. 12, 11 y 6-1-b) del Real Decreto 43/1996, en relación con el art. 51 del ET., pero nunca puede vulnerar dicho art. 53 ".

Rechazada la calificación de nulidad del despido efectuado, es preciso resolver sobre la petición subsidiaria de que se declare improcedente, petición ésta que se formula en la demanda, se suscita nuevamente en el escrito de impugnación del escrito de suplicación (motivo séptimo) y se reproduce en la impugnación del recurso para unificación de doctrina (alegación tercera).

Como quiera que a este Tribunal le corresponde resolver la cuestión en los términos planteados en suplicación y en la sentencia del TSJ de Madrid nada se razona ni resuelve sobre la petición subsidiaria de improcedencia que en su día se había formulado sobre la base de que la actora ostenta la cualidad de madre de familia numerosa, cabe apreciar en dicha sentencia una incongruencia omisiva -mejor, falta de exhaustividad- que obliga a este Tribunal a devolver los autos al de procedencia, a fin de que dicte nueva sentencia en la que, respetando lo aquí decidido sobre la nulidad del despido, se resuelva la cuestión referente a la preferencia que fue invocada por la demandante.

Lo expuesto conduce a estimar el recurso de la empresa, en cuanto al primer punto, casando y anulando la sentencia recurrida, en cuanto mantiene la declaración de nulidad del despido, por haber quebrantado la buena doctrina que, por el contrario, se contiene en la que sirve de contraste, al mismo tiempo que acordamos devolver las actuaciones a la Sala de procedencia a los efectos ya indicados. Devolviéndose asimismo el depósito constituido para recurrir, sin hacer imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.