STS, 3 de Octubre de 2001
| ECLI | ES:TS:2001:7501 |
| Procedimiento | D. ALFONSO GOTA LOSADA |
| Fecha de Resolución | 3 de Octubre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil uno.
VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 5.376/96, interpuesto por la entidad "J. García Carrión, S.A.", representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Valentina López Valero, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada en 14 de Mayo de 1996 por la Sección Octava de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el recurso número 762/95, sobre Desgravación Fiscal a la Exportación, habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
La Sala de esta Jurisdicción, Sección Octava, de la Audiencia Nacional, con fecha 14 de Mayo de 1996, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: PRIMERO Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad J. García Carrión, S.A., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 4 de Julio de 1990 (R. G. 4722/89, R.S. N. 1340), por entender que la misma es ajustada a Derecho. SEGUNDO No hacer especial pronunciamiento sobre costas",
Contra la anterior sentencia, la representación procesal de la mercantil "J. García Carrión, S.A.", preparó recurso de casación, y emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente lo interpuso mediante escrito, fundado en tres motivos al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de esta Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, concretamente considera infringidos el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17-7-1958, por inaplicación, artículos 64 y 153 de la Ley General Tributaria, en conexión con los artículos 15-2 del Decreto 1255/70 y 14 de la Circular Nº 814 de la entonces denominada Dirección General de Aduanas, artículo 86.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, por inaplicación en conexión con los artículos 14 y 24.1 de la Constitución Española, así como las sentencias del Tribunal Supremo de 14 y 16 de Noviembre de 1987, 3 de Diciembre de 1987, 9 de Mayo de 1988, 18 de mayo de 1988, 7 y 10 de Septiembre de 1988, 5 de Abril de 1988, 1 de Junio de 1983, 18 de Mayo de 1988, 11 de Junio de 1988, 18 de Junio y 10 de Septiembre de 1988, 6 de Septiembre de 1990, 22 de julio de 1991, 7 de Mayo de 1992 y 27 de Junio de 1992, terminando por suplicar sentencia en la que se estime el recurso y se case la impugnada.
Conferido traslado a la representación del Estado, se opuso al recurso, solicitando sentencia por la que se declare no haber lugar al mismo, con confirmación de la sentencia impugnada y expresa imposición de costas a la parte recurrente; tras de lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar en el día de ayer,
Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción, ha de examinarse de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisiblidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.
La casación contencioso-administrativa es un recurso extraordinario y limitado por razón de la cuantía, como resulta de lo establecido en el artículo 93.2.b) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción (versión anterior a la Ley 29/1998, de 13 de Julio) que al relacionar las resoluciones judiciales excluidas de ser impugnadas en casación, menciona las sentencias recaídas en asuntos cuya cuantía, cualquiera que fuere la materia, no exceda de seis millones de pesetas.
Por otro lado, es constante la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia o el ofrecimiento del mismo al notificarse la resolución impugnada, siempre, naturalmente, que la cuantía sea estimable e inferior al límite legalmente establecido.
En este asunto, la cuantía del recurso fue fijada por la Sala de instancia en la cantidad de 13.000.000 de pesetas, teniendo en cuenta la consignada en el escrito de interposición del recurso. La resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 4 de Julio de 1990, tiene su origen en la resolución de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales de 10 de Abril de 1989, que denegó la petición de que se devolviera a la actora "J. García Carrión, S.A.", la cantidad que consideraba percibida de menos sobre Desgravación Fiscal a la Exportación, como consecuencia de exportaciones realizadas durante los ejercicios de 1984 y 1985.
Pues bien, según consta en las relaciones y documentos obrantes en el expediente administrativo, la reclamación hecha por la recurrente, corresponde a numerosas declaraciones de exportación realizadas en fechas diferentes de los citados años 1984 y 1985 y con devengos que, en ninguna de las liquidaciones, que deben ser individualmente consideradas, exceden de la suma de seis millones de pesetas, legalmente exigida para acceder al recurso de casación. Es claro, por tanto, que en aplicación del art. 50.3 de la LRJCA, aunque la cuantía del recurso contencioso-administrativo venga determinada por la suma del valor de las pretensiones acumuladas, no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de recurrir, por lo que de acuerdo con la constante y reiterada doctrina de esta Sala, contenida otros en los recientes autos de 16 de Marzo de 1998 y 8 de Febrero de 1999 y las sentencias de 13 y 27 de Marzo de 1999 y 26 de Julio de 2000, dictadas en asuntos similares, concurriendo una patente causa de inadmisibilidad, llegado este trámite se convierte en motivo de desestimación, lo que obliga a declararlo así; y en cuanto a costas, se deben imponer al recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 102.3 de la ley de la Jurisdicción.
Por lo expuesto en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por la mercantil "J. García Carrión, S.A.", contra la sentencia dictada en 14 de Mayo de 1996, por la Sección Octava de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 762/95, con imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
