STS, 5 de Diciembre de 2003
| Ponente | D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva |
| ECLI | ES:TS:2003:7802 |
| Número de Recurso | 4666/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 5 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. ENRIQUE CANCER LALANNED. MANUEL GODED MIRANDAD. JUAN JOSE GONZALEZ RIVASD. FERNANDO MARTIN GONZALEZD. NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEND. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil tres.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 4666/1998 interpuesto por doña Leticia , representada por el procurador don JOSE ALBERTO AZPEITIA SANCHEZ, contra la Sentencia dictada con fecha 18 de marzo de 1998 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en recurso nº 589/96, sobre homologación del título de Médico Especialista en Dermatología, obtenido en la República Argentina, por el equivalente español de Médico Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.
Se ha personado, como parte recurrida, LA ADMINISTRACION, representada por el ABOGADO DEL ESTADO.
La Sentencia recurrida dispone: "FALLAMOS: PRIMERO.- Desestimar el recurso contencioso administrativo promovido por el Procurador don José Alberto Azpeitia Sánchez, en nombre y representación de DÑA. Leticia , contra la resolución del SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION, de 3 de mayo de 1.996, sobre homologación del título de Médico Especialista en Dermatología, obtenido en la República Argentina, por el equivalente español de Médico Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, por ser el acto recurrido ajustado a derecho.- SEGUNDO.- Desestimar las demás pretensiones deducidas por la parte recurrente.- (...)."
Contra dicha Sentencia ha interpuesto recurso de casación don José Alberto Azpeitia Sánchez, en representación de doña Leticia . En el escrito de interposición, después de alegar los motivos que estimó pertinentes, solicita a la Sala "dicte nueva Sentencia por la que se case y anule la Sentencia recurrida y se dicte otra más acorde a Derecho por la que se reconozca el derecho de mi representada a la homologación de su título de Médico Especialista en Dermatología obtenido en la República Argentina por el título español de Médico especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, de manera plena y directa o, subsidiariamente, previa realización del examen teórico-práctico al que hace referencia el artículo 2 de la Orden Ministerial de 14 de octubre de 1991 vía Dispo. Adici. 2ª 2 del R.D. 86/87."
Admitido a trámite el recurso, se remiten las actuaciones a la Sección Tercera y, por Providencia de 17 de marzo de 1999, se da traslado del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formalice su oposición, lo que verifica mediante escrito presentado con fecha 9 de abril de 1999 en el que, después de formular las alegaciones que estimó oportunas, solicita a la Sala "dicte Sentencia que desestime dicho recurso."
De conformidad con las normas de reparto de asuntos entre las Secciones de la Sala, según Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo recaído en reunión de 7 de noviembre de 2000, se remiten las actuaciones a esta Sección Séptima y, por Providencia de 8 de julio de 2003, se señala para la votación y fallo el día 2 de diciembre de 2003, en que han tenido lugar.
La actora, ciudadana española, Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, solicitó del Ministerio de Educación y Ciencia la homologación de su Diploma expedido por la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), por el español de Médico Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Su solicitud fue denegada a la vista del informe desfavorable de la Comisión Nacional de la Especialidad, que manifestó respecto de ella lo siguiente: que el sistema de selección seguido no es homologable al que existe en España (1); que el período de formación no es equiparable en duración al requerido en España (2); que el contenido formativo no es homologable al que se sigue en España (3); que la formación recibida no está incardinada en un programa de formación completa de cuatro años (4); que no hay limitación en el número de plazas acreditadas para la docencia en la unidad de Dermatología del Hospital en el que trabajó (5).
La Sra. Leticia , en el trámite correspondiente formuló alegaciones a ese informe, afirmando que no se correspondía con la realidad pues en la Universidad de Cuyo había limitación en el número de plazas acreditadas para la docencia en el hospital en el que trabajó. Y dijo, también, que el proceso formativo que siguió era de más de cuatro años y que por su duración y contenido guarda equivalencia con el que se sigue en España. Ante esta circunstancia, el Ministerio remitió el escrito de alegaciones a la Comisión Nacional de la Especialidad al tiempo que le pidió un nuevo informe que se pronunciara sobre lo que había manifestado la recurrente. El segundo informe no llegó a emitirse y, solicitado por la actora, certificado de acto presunto, la Administración le planteó la posibilidad de desistir de esa petición y esperar a que informara la Comisión, sin que se aviniera a tal solución la Sra. Leticia . Ante ello, el Ministerio resolvió expresamente en el sentido desestimatorio que se ha indicado atendiendo al informe negativo obrante en el expediente.
La Sentencia de la Audiencia Nacional desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra dicha decisión, considerándola, por tanto, conforme a Derecho. Entendió la Sala de instancia que los documentos presentados por doña Leticia no podían beneficiarse del régimen de reconocimiento previsto en el artículo 2 del Convenio de 23 de marzo de 1971 suscrito por España y Argentina, ya que, de conformidad con las normas del Real Decreto 86/1987, es en los tratados y convenios internacionales donde hay que buscar, en primer lugar, las normas para resolver estas cuestiones. Y no era posible porque el Diploma de la Universidad de Cuyo que presentó no es un verdadero título académico: solamente acredita haber completado un programa de residencia médica en Dermatología. Y el certificado expedido por el Hospital Luis Carlos Lagomaggiore, del Ministerio de Salud de Mendoza, no tiene la condición de título académico. Excluida, por tanto, la homologación directa, dice la Sentencia, era preciso examinar si, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 86/1987 y de la Orden de 14 de octubre de 1991 que regula las condiciones y procedimiento de homologación de los títulos extranjeros de Farmacéuticos y Médicos especialistas a los correspondientes títulos españoles, procedía acordar esa homologación previa superación de una prueba. La respuesta negativa a la pregunta la apoyó en el informe de la Comisión Nacional de la Especialidad, del que resulta que la Sra. Leticia no ha acreditado que entre la formación que ha recibido y la española correspondiente se den los requisitos que pide esa Orden para la homologación, previa superación de una prueba teórico práctica, dictando Sentencia en consecuencia.
El recurso de casación de la Sra. Leticia se compone de tres motivos que formula al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de la Jurisdicción. Veamos.
A su juicio, la Sentencia ha infringido, por inaplicación, el artículo 2 del Convenio de Cooperación Cultural entre España y Argentina, así como los artículos 42 a 72 del Convenio de Viena sobre los Tratados y el artículo 96 de la Constitución. Esas infracciones las habría cometido la Sentencia al no reconocer como título académico el diploma que presentó, título expedido por la Universidad de Cuyo que en Argentina habilita para el ejercicio profesional (1º). También habría incurrido la Sentencia en infracción de la disposición adicional segunda del Real Decreto 86/1987 en relación con los artículos 1, 2 y 13 de la Orden de 14 de octubre de 1991, puesto que, de no proceder la homologación automática, sí se daban los requisitos para concederla previa superación de la prueba teórico-práctica. Y es que los datos que obran en el expediente administrativo contradicen lo expuesto por la Comisión Nacional de la Especialidad en su informe preliminar y ponen de relieve que siguió un período de cuatro años de formación. De ahí que, en virtud de la disposición 13.1 de la Orden de 14 de octubre de 1991, proceda la homologación previa superación de dicha prueba. También, pone de manifiesto en este punto la que considera contradicción de la Sentencia, pues en su fundamento tercero admite que el diploma atestigua una formación de cuatro años y, luego, en el cuarto, lo niega (2º). Finalmente, dice el recurrente que la Sala de la Audiencia Nacional ha inaplicado la doctrina contenida en las Sentencias de este Tribunal Supremo de 17 de enero y 22 de mayo de 1995 y de 17 de julio de 1996, en las que se sostuvo que, no procediendo la homologación directa, debía concederse previa superación de la prueba de la que venimos hablando, subrayando que los títulos, certificados y diplomas presentados por los solicitantes en esos casos eran inferiores o iguales a los aportados por la Sra. Leticia (3º).
El Abogado del Estado propugna la desestimación del recurso argumentando que, no habiendo título académico, no se puede aplicar el artículo 2 del Convenio y que el recurrente no ha demostrado la equivalencia entre la formación que ha seguido y la requerida en España.
No podemos acoger los motivos aducidos por la Sra. Leticia en su recurso de casación. La Sala de la Audiencia Nacional actuó correctamente al no considerar título el Diploma de la Universidad Nacional de Cuyo pues se trata de un documento que no fue expedido con esa cualidad, ni acredita titulación alguna, sino que se limita, como apreció la Sentencia recurrida, a reflejar que la Sra. Leticia siguió un programa de formación en Dermatología completando un período de residencia en el Hospital Luis Carlos Lagomaggiore. Por otra parte, tampoco pueden merecer la consideración de título académico la certificación de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud de Mendoza, ni las demás aportadas por la recurrente, tal como lo ha dicho este Tribunal Supremo en casos semejantes, por ejemplo, en las Sentencias de 3 de junio de 2002 (casación 3486/97), y de 6 de octubre (casación 1155/98) y de 3 de noviembre (casación 1981/98), ambas de 2003. Circunstancias todas ellas que excluyen la infracción de los artículos del Convenio de Cooperación, del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados invocados, así como la del artículo 96 de la Constitución.
En cuanto a las vulneraciones que se apuntan en el segundo motivo, hemos de señalar, en primer lugar, que si la actora considera contradictoria la Sentencia, debería haber combatido ese defecto por la vía del apartado tercero del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción, siendo razón suficiente para rechazar esa alegación el no haberlo hecho. Pero, al margen de ello, se advierte que no hay tal contradicción ya que la Sentencia de instancia, en el fundamento tercero, simplemente recoge lo que dice el Diploma y, luego, en el cuarto, lo que señala la Comisión Nacional de la Especialidad. Es decir, se limita a reflejar lo que resulta de dos documentos distintos los cuales, por otra parte, no se refieren exactamente a lo mismo, pues el primero alude a un período de tiempo en el que se ha seguido un proceso de formación. Y el segundo se refiere al tiempo y al carácter de la formación que durante él se recibe.
Por otro lado, está claro que la Sala, al igual que antes la Administración, resolvió a la vista de los elementos que tenía ante sí y, particularmente, ante el informe de la Comisión Nacional de la Especialidad. La recurrente rechaza el sentido de ese dictamen y afirma que del expediente se desprende que no se corresponde con la realidad lo que en él se dice. En el escrito de interposición se detiene sobre la que considera inexacta apreciación que en aquél se hace sobre la duración del programa de formación que siguió, pues fue de cuatro años, según resulta de las propias certificaciones aportadas, y no inferior, tal como indica la Comisión. Así, pues, concluye, siendo evidente el error cometido en este punto, cabe dudar de la corrección del resto de las manifestaciones que se hacen en ese documento, que ha de considerarse desvirtuado por las alegaciones del actor y por el propio expediente administrativo y entender probada la equivalencia entre la formación recibida en Argentina y la que se exige en España para obtener el título de Médico Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.
La razón por la que no acogemos este motivo estriba en que no puede reprochársele a la Sala de instancia haberse apoyado en el informe de la Comisión Nacional de la Especialidad para resolver sobre si existen o no las condiciones de equivalencia suficientes para acordar la homologación tras la superación de una prueba de conjunto. Se trata de un órgano técnico que se pronuncia sobre una cuestión de esa naturaleza cuyo criterio ha de respetarse siempre que no existan elementos probatorios que desvirtúen su juicio. Y la Sala de instancia no consideró que lo manifestado por el recurrente fuera suficiente para ello. A lo que hay que añadir que la recurrente, al solicitar el recibimiento a prueba, sólo pidió que se incorporasen los documentos obrantes en el expediente administrativo y que, denegado dicho recibimiento, no recurrió en súplica esa decisión, conformándose con lo resuelto por la Sala.
Es sabido, y así lo ha señalado este Tribunal Supremo con tanta reiteración que excusa la cita de Sentencias, que el recurso de casación se dirige a unificar la interpretación que de las leyes hacen los tribunales sin entrar en la apreciación de los hechos efectuada en la instancia salvo en los casos en que se infrinjan las normas que regulan la prueba tasada o aquélla carezca de la imprescindible racionalidad. Pues bien, en este caso no sucede ni lo uno ni lo otro y eso hace que no podamos corregir la valoración que de la formación obtenida por la actora hizo la Audiencia Nacional a los efectos de la homologación que había solicitado.
De este modo, habiéndose establecido que no se daba la equivalencia necesaria para acordarla, ni siquiera previa superación de la prueba a la que se refieren el artículo 2 del Real Decreto 86/1987 y la Orden de 4 de octubre de 1991, la Sentencia impugnada extrajo la conclusión inevitable de que era conforme a Derecho la resolución administrativa recurrida. Juicio éste que también se ajusta a la legalidad. De ahí que debamos desestimar el segundo y el tercer motivo que se hallan estrechamente vinculados y, con ellos, el recurso de casación, al igual que hicimos con el que lleva el número 2421/1998, idéntico a éste, desestimado por nuestra Sentencia de 17 de noviembre de 2003.
A tenor de lo establecido por el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte recurrente.
En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,
Que no ha lugar al recurso de casación nº 4666/1998, interpuesto por doña Leticia contra la sentencia dictada el 18 de marzo de 1998, por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y recaída en el recurso 589/1996, e imponemos a la parte recurrente las costas del recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.
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