STS, 16 de Febrero de 2005
| Ponente | RICARDO ENRIQUEZ SANCHO |
| ECLI | ES:TS:2005:917 |
| Número de Recurso | 1663/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Febrero de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Febrero de dos mil cinco.
VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por D. Octavio , representado por la Procuradora D. LUISA MORA VILLARRUBIA, contra sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 21 de noviembre de 2000, sobre inadmisión a trámite de la solicitud de concesión del derecho de asilo en España.
Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia.
En el recurso contencioso-administrativo número 46/00 la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 21 de noviembre de 2000, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: " PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución a que las presentes actuaciones se contraen. SEGUNDO.- No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas devengadas."
Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de D. Octavio , formalizándolo en base a un único motivo, amparado en el artículo 88.1. d) de la Ley de la Jurisdicción, al entenderse vulnerado el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y la condición de refugiado.
Y termina suplicando a la Sala que "...dicte Sentencia por la que, estimando el recurso, case y anule la sentencia impugnada acordando la concesión al recurrente de la autorización para permanecer en España dentro del marco de la legislación reguladora de los derechos y deberes de los extranjeros en España, ordenando que por las autoridades competentes se dicten las resoluciones y se expidan los documentos correspondientes para la permanencia del recurrente en territorio nacional".
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, se opuso al recurso de casación interpuesto de contrario y suplica en su escrito a la Sala que "...dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".
Mediante Providencia de fecha 27 de enero de 2005 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 15 de febrero de 2005, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho,
La Sala de instancia ha considerado conforme a Derecho la resolución del Ministerio del Interior de 26 de noviembre de 1.999, en la que se inadmitió a trámite solicitud para la concesión del derecho de asilo en España de Octavio , natural de Nigeria, al concurrir la circunstancia contemplada en la letra b) del artículo 5.6 de la Ley 5/84, modificada por la Ley 9/94, por cuanto el solicitante no alega en su petición ninguna de las causas previstas en la Convención de Ginebra de 1951 y en la propia Ley. Los motivos alegados por el solicitante de asilo se basan, en síntesis, implícitamente en la concurrencia de razones humanitarias (situación familiar del promovente), y en la de inestabilidad en que se encuentra su zona geográfica de procedencia.
El recurso de casación se sustenta en un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, en el que se denuncia la infracción del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo; esto es, del precepto que por razones humanitarias o de interés público permite no aplicar el efecto jurídico ligado a aquel tipo de resoluciones, consistente en la salida obligatoria del territorio español, y autorizar la permanencia en España del interesado, en el marco de la legislación general de extranjería.
El motivo debe ser desestimado. En primer lugar, porque se trata de una cuestión que no fue suscitada ante el Tribunal de instancia, sino que se plantea por primera vez en este recurso de casación. Por otro lado, de las manifestaciones del solicitante no se descubre que concurran las razones humanitarias o de interés público que exige el precepto. Y sobre todo, porque en los argumentos en que se desarrolla el motivo no hay la más mínima indicación de la razón o razones por las que pudieran concurrir en el solicitante esas exigencias normativas.
En realidad, el recurso de casación, en los términos en que se desarrolla la argumentación de su único motivo, carece manifiestamente de fundamento, razón por la cual debió ser inadmitido en el trámite que prevé el artículo 93.2 de la Ley de la Jurisdicción y debe ahora, por tanto, declararse su inadmisibilidad (artículo 95.1 de dicha Ley).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, si bien, en uso de la facultad que confiere el número 3 de ese mismo precepto y dado el contenido del escrito de oposición, el importe de los derechos y honorarios del representante y defensor de la Administración recurrida no podrá exceder de 200 euros.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.
DECLARAMOS INADMISIBLE el recurso de casación que la representación procesal de D. Octavio interpone contra la sentencia que con fecha 21 de noviembre 2000 dictó la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 46 de 2000. Con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación, con el límite fijado en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. RICARDO ENRIQUEZ SANCHO, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
-
STSJ Canarias 774/2018, 13 de Julio de 2018
...la jurisprudencia que lo desarrolla, con invocación de la doctrina establecida en STS de 8 de noviembre de 1895 y 10 de julio de 1997, 16 febrero de 2005, 30 de marzo de 199, 9 de diciembre de 2010, 3 de diciembre de 2013 y STC 30 de enero de 1995. Indican que los actores han actuado con la......
-
SAP Almería 152/2012, 15 de Abril de 2012
...contradictoria del titular del derecho, que ha hecho que la otra parte confiara en la apariencia creada por dicha actuación". ( STS, 16 febrero 2005, 8 marzo y 12 abril 2006, 17 junio 1988, 21 diciembre 2000 y todas las allí Por el contrario como el retraso desleal se vincula a la buna fe, ......