STS 1816/2001, 15 de Octubre de 2001

Al amparo del art. 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por quebrantamiento de forma.

Al amparo del nº 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley.

Al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse infringido un precepto penal de carácter sustantivo que debió observarse en la aplicación de la Ley penal.

Al amparo del nº 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al haberse infringido un precepto penal de carácter sustantivo que debió observarse en la aplicación de la Ley penal.

Al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de un precepto penal de carácter sustantivo que debió observarse en la aplicación de la Ley penal.

Al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley.

Al amparo del nº 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley.

Al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley.

Al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley.

Al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de ley.

Al amparo del nº 2º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al haber existido error en la apreciación de la prueba.

- La representación del procesado Diego , basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Por infracción de ley, ex artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por improcedente aplicación del artículo 181.3º y 74 del Código Penal.

Vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, derivada de la falta de prueba de cargo.

- La representación del procesado Jose Pablo , basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Al amparo del inciso segundo del núm. 1º del art. 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por contradicciones en los hechos probados.

Al amparo del art. 5 núm. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del art. 24.1 de la Constitución Española en relación con el art. 120.3.

Por infracción de ley, al amparo del núm. 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida de los arts. 181.3 y 182 párrafo 1º del Código Penal respecto al delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal.

Por infracción de ley, al amparo del núm. 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 181.3 y 182 párrafo 1º del Código Penal en relación con el delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal.

Por infracción de ley, al amparo del núm. 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 187.1 del Código Penal.

Por infracción de ley, al amparo del núm. 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 187.1 del Código Penal.

Por infracción de ley, al amparo del art. 849 núm. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del art. 187.1 del Código Penal.

Por infracción de ley, al amparo del art. 849 núm. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del art. 187.1 del Código Penal.

Por infracción de ley, al amparo del núm. 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del núm. 1 del art. 187 del Código Penal.

Por infracción de ley, al amparo del núm. 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del núm. 1 del art. 187 del Código Penal.

Por infracción de ley, al amparo del núm. 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del art. 74 en relación con los arts. 181.3, 192.1 y 187.1, todos ellos del Código Penal.

Por infracción de ley, al amparo del núm. 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación del art. 123 del Código Penal, en relación con los arts. 239 y 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

5. - Instruidas las partes de los recursos interpuestos la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación el día 2 de Octubre de 2001.

Examinaremos en primer lugar el recurso formalizado por Jose Pablo cuyo motivo primero se ampara en el artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que existen contradicciones en los hechos probados.

1. - La parte recurrente hace un análisis exhaustivo del relato de hechos probados y pone de relieve una serie de pasajes que estima contradictorios. Destaca que por un lado se afirma que influyó sobre el ánimo de Lorenza para que mantuviera relaciones sexuales con otros dos de los acusados inicialmente, y que por otro se afirma que Fernando , desde el mes de Noviembre de 1.998 hasta el 19 de Marzo de 1.999, ofreció dinero en reiteradas ocasiones a su sobrina Lorenza para que se dejase tocar sus órganos sexuales, lo que indica que no fue el dinero ofrecido por el recurrente el que movió la voluntad de Lorenza . Insistiendo en el mismo tema señala que el recurrente visitó asiduamente el domicilio de Juan Enrique desde Enero de 1.977 y que , para entonces ya se habían realizado todas las relaciones sexuales que se describen en la página 3 de la sentencia. Este mismo desajuste crolonógico, se pone de relieve en relación con los actos sexuales realizados con María Angeles .

   Según la representación técnica del recurrente, estas contradicciones tienen una gran importancia a la hora de imputar al recurrente la comisión de un delito relativo a la prostitución del que es sujeto pasivo Lorenza .

2. - En el apartado A) de los hechos probados se imputa al recurrente que, en fechas posteriores y cercanas al año 1.997 contactó con Lorenza y comenzó a tener relaciones sexuales con penetración vaginal en numerosas ocasiones. Sobre esas mismas fechas entabló relaciones con María Angeles , consistentes en tocamientos en los órganos sexuales y en penetración vaginal en dos ocasiones. En el apartado B) se afirma que el acusado influyó en el ánimo de Lorenza , para que mantuviese relaciones con su tío Fernando y con Juan Enrique , insistiéndole y diciendo que le iban a dar un buen dinero. Asimismo se le imputa haber realizado estas mismas insinuaciones con María Angeles .

   Como puede observarse, ambas afirmaciones no son contradictorias, porque dando por bueno que tanto Lorenza como María Angeles ya habían tenido experiencias sexuales con los acusados, con anterioridad a la intervención del recurrente, ello no es obstáculo para que éste insistiera posteriormente para convencerlas de mantener nuevas relaciones sexuales, prometiéndoles que serían generosos y le darían algún dinero. La influencia que esta circunstancia, pudiera tener sobre el delito relativo a la prostitución, por el que resulta condenado el recurrente se verá al examinar los motivos por infracción de ley que se dedican a esta cuestión.

3. - Como señala acertadamente el letrado de la parte recurrente, la doctrina de esta Sala ha acuñado, a lo largo de numerosas resoluciones, qué debe entenderse por contradicción, a la hora de configurar un vicio formal por incompatibilidad entre los hechos probados. En primer lugar, es necesario que se trate de una contradicción interna, que emerge de la lectura comparada de dos pasajes del hecho probado. No es posible construir la contradicción sobre el desacuerdo entre el relato fáctico y los fundamentos de derecho. La oposición o antagonismo, tiene que ser de carácter gramatical, de tal manera que los hechos incluidos en la narración histórica sean antitéticos e irreconciliables. Se exige además que la controversia sea manifiesta, patente e insubsanable y, al mismo tiempo, sea esencial ya que afecta de forma directa y sustancial a la racionalidad y lógica exigible a toda resolución judicial. Como hemos dicho, no encontramos estos elementos en la sentencia recurrida, ya que la posible inconcreción cronológica de lo acontecido, no influye en la realidad de lo afirmado fácticamente. Es perfectamente posible, que las sugerencias para tener relaciones sexuales, se produjesen cuando ya alguna de las afectadas, había tenido otras experiencias sexuales anteriores.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo segundo, se ampara en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y denuncia la vulneración del artículo 24.1 en relación con el 120.3 de la Constitución, ya que no se concede la tutela judicial efectiva al no estar debidamente motivada la sentencia.

1. - Admite que, en determinados extremos, la sentencia está perfectamente motivada, pero pone el acento en aquellos aspectos que considera insuficientemente justificados. Siguiendo esta última línea, señala que cuando se impone la pena en su grado máximo, debe motivarse suficientemente.

2. - Es cierto que no se dedica un apartado específico de la sentencia a la motivación de la pena, pero existen razonamientos jurídicos en los que se puede apoyar la medida elegida para imponerla. La calificación jurídica, que se realiza en el fundamento de derecho tercero y que considera las relaciones con Lorenza como constitutivas de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal, incluye una serie de datos sobre la personalidad de la joven y la actitud del recurrente, que pueden ser utilizadas perfectamente como justificativas de la cuantía de la pena impuesta por dicho delito. Asimismo existe una rica descripción de las circunstancias que concurren en la comisión del delito sexual con prevalimiento y acceso carnal, cometido con la joven de catorce años Victoria , lo que constituye una base firme, sobre la que justificar la pena impuesta.

Por todo lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo tercero se ampara en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que se han aplicado indebidamente los artículos 181.3 y 182 párrafo 1º del Código Penal respecto del delito de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal cometido con Lorenza .

1. - Entiende que no ha existido delito de abuso sexual con prevalimiento ya que el consentimiento otorgado por Lorenza es perfectamente válido. Destaca que cuando tuvieron lugar las relaciones sexuales, el acusado tenía 25 años y Lorenza 16 y, mantiene que, por esas fechas, esta última tenía experiencias sexuales ya que había sido objeto de abusos sexuales reiterados en el seno de su familia y había tenido experiencias sexuales con otro de los acusados. En consecuencia, estima que no concurre un abuso de superioridad manifiesta y niega que el acusado la conociese y se aprovechase de ella. Las especiales características personales de Lorenza que se describen en la sentencia (sugestionable y deseos de agradar), no son determinantes de una relación de superioridad. Considera problemática la afirmación de que, la ligera debilidad mental de la víctima, le impida conocer la trascendencia y consecuencias de las relaciones sexuales y también sostiene que, estas circunstancias no la impiden determinarse en cuanto a su libertad, para establecer relaciones sexuales. En todo caso sostiene que, para conocer las características personales de Lorenza , ha sido necesario un dictamen médico, por lo que se evidencia que no se trataba de un hecho observable a simple vista.

2. - La naturaleza del motivo impone mantener la fidelidad al contenido del hecho probado. Los acontecimientos se sitúan cronológicamente en el mes de Enero de 1.997, fecha en que la joven tenía dieciséis años de edad. Si nos atenemos al dato de la diferencia de edad biológica entre el acusado y la menor, podemos afirmar, como ya lo ha hecho la jurisprudencia de esta Sala en otras ocasiones, que no se trata de una diferencia desproporcionada que, por sí sola, pueda justificar la aplicación de la circunstancia de prevalimiento. Ahora bien, concurren otros factores, a los que se hace una referencia exhaustiva en el relato fáctico, que afectan a la personalidad de la menor y que pueden constituir una base para construir una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima, tal como se expresa textualmente en el artículo 181.3 del Código Penal.

3. - El hecho probado nos sitúa ante una persona, que padece una deficiencia mental ligera, que le impide conocer adecuadamente la trascendencia y las consecuencias de las relaciones sexuales. A ello se añade, que posee un carácter inseguro, deseos de agradar, es fácilmente sugestionable y cuenta con escasos recursos y habilidades. El dato más sugerente de todo este cuadro biopsíquico de la menor, es el que se refiere a la deficiencia mental ligera, que la coloca en una situación de inferioridad, superior a la que proporcionaría la simple diferencia de edad. Es cierto que se requiere, además, que esta situación y todos sus componentes, sean abarcados por el dolo del autor, pero estimamos que la sentencia nos llena esta exigencia, al declarar probado que el acusado era conocedor de las características de la víctima, lo que nos lleva al artículo 181.3 del Código Penal, el que, a su vez, es necesario poner en relación con el artículo 182.1 del mismo texto legal, al haberse declarado probado, que ha existido penetración vaginal en numerosas ocasiones. Esta pluralidad de acciones da paso a la aplicación del delito continuado cuya adecuación dogmática no es cuestionada, en este punto, por la parte recurrente, que ataca fundamentalmente el fondo de la aplicación de los tipos penales a los que nos hemos referido.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo cuarto se ampara asimismo en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que se ha aplicado indebidamente los artículos 181.3 y 182.1 del Código penal, en relación con el delito de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal, siendo la perjudicada Victoria .

1. - Entiende la parte recurrente, que ha habido aplicación indebida de los citados preceptos, ya que el consentimiento prestado a los actos sexuales por Victoria , fue perfectamente válido y no hubo una superioridad manifiesta. Sostiene que la menor, que tenía 14 años y medio cuando conoció al acusado, tenía pleno conocimiento de los actos sexuales por haberlos realizado con anterioridad y que no puede construirse una situación de superioridad sobre el enamoramiento de Victoria , estimando que cuando una persona está enamorada de otra no puede decirse que se encuentra en una situación de inferioridad.

2. - Remitiéndonos al hecho probado, podemos comprobar que el apartado concreto a que se refieren las actuaciones imputadas al acusado, en relación a Victoria , no se hace mención a la edad de ésta, si bien en un apartado anterior, referente a otro acusado, se nos dice que nació el 27 de Julio de 1.982, sin que se precise en qué fecha tuvieron lugar, aunque fuese aproximadamente, las relaciones sexuales que se imputan al recurrente. Ante estas carencias y situándonos en la posición más favorable al acusado, tenemos que admitir que éste tenía 25 o 26 años de edad mientras la menor tenía 15 años. Por lo que respecta a este delito concreto no se hace mención a especiales circunstancias psicofísicas de la víctima. Solamente se destaca que el acusado le dijo que, sí no consumaban el acto sexual, se marcharía y no volvería a verle. Por otro lado, de manera concreta y específica, sólo se describe una penetración vaginal a la que se prestó la menor porque le gustaba el acusado.

3. - En casos semejantes al presente, se ha dicho por la jurisprudencia de esta Sala, que una diferencia de edad de aproximadamente unos diez años, no es desproporcionada ya que no puede olvidarse que es perfectamente posible establecer relaciones amorosas libres y consentidas entre personas de dichas edades, sin que la eventual relación sexual que pueda surgir en el curso de sus relaciones, pueda ser atribuida, sin otras connotaciones, a la superioridad manifiesta del varón, en este caso, sobre la mujer. La edad de catorce años en una mujer, permite conocer y comprender el alcance y consecuencias de una relación sexual plena, que puede desarrollar en el seno de unas relaciones amorosas e incluso dentro del matrimonio válidamente celebrado, en determinadas circunstancias. El dato objetivo de la diferencia de edad no es suficiente para crear, sin más, una situación de superioridad, pues también se ha dicho por esta Sala que es necesario que el desnivel y la posible disparidad de madurez entre una y otra persona, hayan sido aprovechadas por la de más edad, para obtener un consentimiento que, de otra forma, no se hubiese logrado. No se incorpora al relato fáctico, como ya se ha dicho, ninguna otra circunstancia que hubiera podido viciar el consentimiento, por lo que, la aplicación de los preceptos penales que regulan los supuestos de prevalimiento, no encaja en el supuesto presente.

Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.

Examinaremos conjuntamente los artículos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo que, por la vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncian la aplicación indebida del artículo 187.1 del Código Penal, condenándole por tres delitos relativos a la prostitución.

1. - La parte recurrente estima que, en los tres supuestos en los que se le ha condenado por sendos delitos relativos a la prostitución, no se dan los elementos o requisitos exigidos por el tipo penal para que puedan ser incardinados en el artículo 187.1 del Código Penal, en el que se castiga al que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz.

2. - Los hechos que sirven de sustento a la calificación jurídica que ha realizado la Sala sentenciadora, se recogen en el apartado B) de la narración fáctica y se limitan a decir que, el recurrente influyó sobre Lorenza para que mantuviera relaciones sexuales con otros tres acusados, diciéndole que uno de ellos le iba a dar un buen dinero, accediendo a lo sugerido, sin que conste que se produjera el pago en dinero y cual fuera su destino.

   La misma conducta se le imputa respecto de Victoria y María Angeles y, solamente en el caso de esta última, se añade que la joven accedió recibiendo de dos de los acusados, diversas cantidades de dinero.

3. - No se pueden encontrar en los hechos que han servido de sustento a la calificación jurídica realizada por la Sala sentenciadora, ninguno de los componentes sociológicos, criminológicos y jurídicos que perfilan los contornos de las situaciones de prostitución y que dan vida a las figuras jurídicas que sancionan las conductas de promoción, favorecimiento o facilitación de la prostitución.

   La jurisprudencia ha sido sensible a los factores internacionales e internos que han llevado a la penalización y criminalización de determinados supuestos de prostitución y han fijado su atención, en los componentes criminológicos y sociológicos que rodean este mundo. Desde una perspectiva criminológica, se dice en la Sentencia de 4 de Junio de 1.993, que en nombre de la libertad sexual no puede concederse carta de impunidad, en el vigente dispositivo legal, a los que hacen de la prostitución ajena un medio de vida y explotación lucrativa. Desde el punto de vista sociológico, en los tipos penales que describen los delitos relativos a la prostitución, se deben incluir aquellas conductas que utilizan medios captatorios y sugestivos y aprovechan una situación de prevalimiento y abuso frente a mujeres, que no cuenten con recursos económicos, y que proceden de estratos socioculturales degradados, careciendo de apoyo social disuasorio (Sentencia de 21 de Junio de 1.993).

4. - Como ya hemos dicho, el relato fáctico, al referirse a la influencia ejercida por el recurrente sobre Lorenza , no precisa o no recoge que las personas con las que le había sugerido que se acostase le dieran dinero alguno. En relación con Victoria sucede lo mismo, tratándose además de unas imprecisas relaciones que no fueron seguidas de retribución o precio. Solamente en el aspecto que hace referencia a María Angeles , se dice que hubo una contraprestación de dinero a cambio de relaciones sexuales sin que se precise la cantidad y la frecuencia de estas relaciones.

   Lo que no se dice en ningún pasaje del hecho probado, es que el acusado percibiese parte del dinero recibido por esta última persona, o que explotase económicamente a alguna de ellas, por lo que no puede mantenerse que se hubiese realizado una conducta efectiva de prostitución.

   Los efectos beneficiosos de este motivo, por aplicación del artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se extienden a Juan Enrique , que fue condenado por un delito relativo a la prostitución, por hechos semejantes a los que se imputan al presente recurrente.

   Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.

El motivo undécimo se ampara también en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que se ha aplicado indebidamente el artículo 74 en relación con los artículos 181.3, 182.1 y 187.1 del Código Penal, relativos a los delitos de abuso sexual y prostitución en referencia a Lorenza , María Angeles y Victoria .

1. Este motivo se interpone con carácter subsidiario, considerando que la totalidad de los hechos que se han declarado probados, constituyen un único delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal.

2. - La estimación del motivo cuarto relacionado con el delito de abuso sexual cometido con Victoria y de los motivos relacionados con los delitos relativos a la prostitución, hacen innecesario entrar en el planteamiento de la parte recurrente ya que sólo se mantiene la condena por un sólo delito de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal cometido con Lorenza .

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo duodécimo y último de este recurrente, se ampara en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del artículo 123 del Código Penal, en relación con los artículos 239 y 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

1. - Hace notar que la sentencia de la Audiencia, no hace aplicación de lo dispuesto en los citados artículos y no distribuye las costas procesales entre los acusados, limitándose indebidamente a condenar, a cada acusado, en las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Cita varias sentencias de esta Sala en las que se reconoce que la condena en costas es personalísima y exige, en cada caso, la fijación de las cuotas, de manera que habiendo varios delitos, se comenzará dividiendo el total de las costas, en el mismo número de fracciones iguales y luego dentro de cada fracción se atenderá al número de los procesados y se hará una nueva división por partes iguales.

2. - En primer lugar hemos de señalar, que le asiste la razón al letrado de la parte recurrente, cuando hace estas alegaciones sobre las costas originadas en el presente proceso. El Ministerio Fiscal acusa de hasta veintiocho hechos delictivos y la acusación particular de catorce, por lo que es necesario hacer una correcta distribución de las costas a la vista de los delitos efectivamente estimados y la participación de los acusados. Esta tarea se llevará a cabo en el trámite correspondiente a la ejecución de la sentencia, por parte de la Sala sentenciadora, a la vista del contenido de la segunda sentencia que se dicte por esta Sala.

3. - En relación con las costas de la acusación particular, no se observa en las actuaciones, que la intervención de la acusación particular, haya resultado relevante y decisiva para el éxito de la tramitación de la presente causa y que su contribución haya resultado efectiva, en cuanto que haya logrado todos los objetivos previstos. Con arreglo a la doctrina tradicional de esta Sala, las costas de la acusación particular no son un resultado automático derivado de la condena de las partes acusadas, sino que deben ser ponderadas en cada caso concreto, para comprobar si ha coadyuvado a la resolución final que se dicte. Como ya se ha dicho, se puede observar que los acusados han sido absueltos de varios de los delitos por los que han sido objeto de acusación, lo que disminuye la importancia de la intervención de la acusación particular. En consecuencia estimamos, que no procede la condena en costas incluyendo las de la acusación particular, efecto que se ampliaría a las impuestas a todos los condenados que no han recurrido éste aspecto concreto e incluso a aquellos que se ha aquietado con la sentencia.

Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.

El motivo primero del recurrente Fernando se interpone por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estimar que no se expresan claramente cuáles son los hechos que se consideran probados y por manifiesta contradicción entre ellos.

1. - La parte recurrente, al desarrollar el motivo, no precisa ni selecciona los pasajes que incurren en falta de claridad o contradicción, limitándose a imputar a la sentencia falta de precisión y posible remisión de los aspectos fácticos a los fundamentos jurídicos. Tampoco se resantan, de forma precisa, las posibles contradicciones que denuncia.

2. - La lectura del relato de hechos probados, pone de relieve que nos encontramos ante una descripción extensa y detallada, en la que no se observan oscuridades, imprecisiones o falta de claridad, que impidan la comprensión de lo que la Sala sentenciadora considera como acreditado y probado, según su valoración de las pruebas. Tampoco se observan contradicciones internas e insalvables que hagan incomprensible el relato y lo dejen vacío de contenido. Los defectos o contradicciones en la calificación jurídica de los hechos, no pueden canalizarse por un motivo por quebrantamiento de forma, al tratarse de cuestiones de fondo que se examinarán en los diferentes motivos articulados por la representación del acusado.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo segundo se articula por la vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por haberse infringido, por inaplicación el artículo 20.1 del Código Penal.

1. - Dice la parte recurrente que no se comprende cual es el mecanismo por el que la sentencia, después de reconocer un cuadro mental tan aterrador y tan grave, establece que el acusado posee una capacidad intelectual límite y sin embargo se inclina por aplicar una simple atenuante y no hacia la aplicación del "in dubio pro reo" y estimar un efecto más intenso sobre la responsabilidad criminal. Añade que los comportamientos que se le atribuyen, sólo pueden comprenderse de una persona con una capacidad intelectual límite, lo que necesariamente debería plasmarse en una exención de la responsabilidad criminal.

2. - El relato de hechos probados, que nos debe servir de pauta para enfocar el motivo, nos dice que el acusado posee una capacidad intelectual límite con una personalidad muy primaria, carencias afectivas importantes y escasa tolerancia a la frustración. Presenta aceptación de los malos tratos y la presión en el campo de las relaciones, como algo normal, sufriendo un trastorno por dependencia al alcohol.

   Con este cuadro psicológico y social, la sentencia recurrida, en el fundamento de derecho octavo, descarta la concurrencia de una eximente completa o incompleta y acepta solamente la concurrencia de una atenuante analógica por estimar que se ha visto afectado en su capacidad volitiva e intelectual.

3. - A la vista de los antecedentes fácticos a los que hemos hecho referencia, es claro que está correctamente descartada la concurrencia de una eximente completa de enajenación mental, en cuanto que las anomalías o alteraciones psíquicas no tienen la entidad suficiente como para impedir el conocimiento de la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión. No existe ningún factor mental, que permita despojar al acusado de su imputabilidad, en cuanto que se le reconoce una cierta capacidad intelectual, si bien se la sitúa en el límite. Demuestra una cierta perversión de la personalidad al aceptar los malos tratos y las presiones en el campo de las relaciones personales, como algo normal y se le adjudica una personalidad primaria con escasa interiorización de las normas sociales. Si a ello añadimos la existencia de unas carencias afectivas, que la sentencia no duda en calificar de importantes, podemos situarnos, como hizo la Sala sentenciadora, en una situación morfológicamente parecida o semejante, lo que daría paso a una disminución de la imputabilidad, que sin llegar a eximirla, como ya hemos dicho, puede llegar a atenuarla. Los trastornos por la dependencia del alcohol, no se reflejan de manera que se le adjudique relevancia, y sólo se puede tomar en consideración, asociado a los anteriores factores. Por último, la escasa tolerancia a la frustración, es un rasgo negativo de su carácter que no merece ninguna evaluación desde el punto relativo al impacto sobre su capacidad de culpabilidad.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo tercero se esgrime, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando la vulneración de un precepto penal sustantivo que no se cita, si bien se invoca la violación del artículo 24 de la Constitución en el apartado relativo a la presunción de inocencia.

1. - El recurrente se limita a remitirse a todos los párrafos de la sentencia relacionados en el motivo anterior y a resaltar la interrelación entre acusados y acusadores. Expone que el cuadro es triste y aterrador y que es el reflejo de una situación social y ambiental que se produce en nuestros días con bastante frecuencia y que no parece que pueda tener una solución, fuera del ámbito médico y psicológico.

2. - El desarrollo del motivo resulta desconcertante, ya que nos encontramos ante un reconocimiento implícito de los hechos y no se hace alusión a qué pruebas considera ilícitas o mal obtenidas, ni se alega la existencia de un vacío probatorio.

El motivo debió ser inadmitido en el trámite procesal correspondiente, convirtiéndose ahora en una causa de desestimación, ya que no podemos admitir la existencia de un motivo basado en la presunción de inocencia, cuando el propio letrado recurrente reconoce que ha existido actividad probatoria de cargo con entidad suficiente, si bien expone que, quizá con criterios sociológicos y criminológicos discutibles, la solución correspondería a los médicos y psicólogos.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo cuarto se ampara en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estimar que se han aplicado indebidamente los artículos 181.3 y 192 del Código Penal.

1. - El desarrollo del motivo es largo y prolijo, entremezclando supuestos cuya calificación jurídica no ha sido realizada por la Sala sentenciadora.

   En síntesis, viene a sostener que no ha existido el prevalimiento que le adjudica la sentencia recurrida, si bien admite el resto del relato de hechos, tal como se contienen en el apartado fáctico de la sentencia.

2. - En los antecedentes de hecho que se consignan como hechos probados, se destaca la diferencia de edad entre el acusado y su sobrino (veinte años) y la realización de toda clase de tocamientos sexuales y penetración anal, desde que éste tenía catorce años hasta que cumplió los diecinueve. Para ello gozaba de las facilidades que le proporcionaba el hecho de que, ambos, dormían en la misma habitación, situación que se prolongó cuando el menor se trasladó a otra vivienda.

   La situación de superioridad viene determinada, no solamente por la diferencia de edad, aunque ello hubiera sido suficiente para estimarla, sino que estaba reforzada por el hecho de la convivencia del acusado, en casa de su hermana y madre del menor y por otros datos complementarios que nos facilita la narración de lo acontecido. Se afirma de forma tajante, que el acusado impuso a su sobrino, desde un principio, que no comentase a nadie lo que estaba sucediendo y que cuando éste comenzaba a sentirse incómodo, le conminaba a continuar las relaciones, amenazándole con que nunca podría salir con una mujer, ya que él lo iba a impedir. Es decir, desarrolla todo el ascendiente que por razones de edad, parentesco y convivencia familiar tenía sobre su sobrino, llegando incluso a amenazarlo, por lo que la aplicación del apartado 3 del artículo 181 del Código Penal, encaja perfectamente en sus previsiones.

   En relación con la aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal, llama poderosamente la atención su cita, ya que ni la sentencia lo maneja ni se han tenido en cuenta sus previsiones, para aumentar la pena, ni para producir efectos inhabilitantes para el ejercicio de determinados derechos.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo quinto se acoge de nuevo al artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 74 del Código Penal, en relación con el delito al que se refiere el motivo anterior.

1. - Aunque inicialmente plantea la aplicación indebida del artículo 74 del Código Penal, toda la fuerza argumental del motivo se centra en sostener que la relación fue aceptada voluntariamente y que no hubo coacción alguna, como lo demuestra el hecho de que el sobrino cortó la relación, sin problema alguno, cuando regresó del servicio militar.

2. - El planteamiento resulta totalmente incongruente, en cuanto que si se cita la vulneración del artículo 74 del Código Penal, que define y regula el delito continuado, ello supone que se admite la existencia de varios hechos delictivos, combatiendo únicamente que se pueda construir la continuidad delictiva. La contestación otorgada al motivo anterior y la base fáctica a la que hemos hecho referencia, permite perfectamente apreciar el delito como continuado.

Nos encontramos ante una repetición de actos delictivos que infringen preceptos penales de igual o semejante naturaleza, que responden al aprovechamiento de ocasiones idénticas.

La pluralidad delictiva se ha concentrado en un sólo delito continuado que, como ya se ha dicho ha favorecido notablemente al acusado.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo sexto, también por la vía del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considera infringidos los artículos 181.3 y 74 del Código Penal, en relación con los hechos cometidos con su sobrina Lorenza .

1. - Mantienen que en atención a los hechos probados, relativos a este episodio, no cabe la aplicación de los artículos mencionados, ya que no ha existido el delito de abuso sexual con prevalimiento.

2. - Le asiste la razón al recurrente, ya que ajustándonos al relato fáctico que se incorpora en el párrafo segundo del apartado A) no se desprende la existencia del delito por el que ha sido condenado. En los hechos se dice exclusivamente, que el acusado ofreció dinero a su sobrina en reiteradas ocasiones, a cambio de que se dejase realizar tocamientos en sus zonas sexuales, proposición que según el relato fáctico rechazó la sobrina.

De forma absolutamente incongruente, el fundamento de derecho primero nos dice que los hechos de que fue objeto Lorenza , constituyen un delito de abuso sexual con prevalimiento, valorando la prueba obtenida en el acto del juicio oral pero sin que se traslade dicha apreciación, al único apartado que puede servir de sustento a una calificación jurídica, que no es otro que el relato de hechos probados. La incompatibilidad entre los hechos y los fundamentos jurídicos se debe siempre solucionar, en favor del acusado. Al afirmarse que las proposiciones sexuales fueron rechazadas, falta el sustento fáctico necesario para integrar el tipo penal aplicado, por lo que no habiéndose acusado alternativamente, por ninguna otra figura penal, sólo cabe excluir su responsabilidad en este episodio concreto.

Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.

El motivo séptimo al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la indebida aplicación de los artículos 179, 16 y 62 del Código Penal, en relación con los hechos relativos a María Angeles .

1. - La parte recurrente admite la existencia de tocamientos y masturbaciones y de un intento de realizar una penetración vaginal, a lo que la joven se resistió.

2. - En el hecho probado se dice que, en una ocasión, el acusado llamó a María Angeles para que entrase en una habitación de la casa y una vez allí comenzó a realizarle tocamientos, se bajó el pantalón y empujó a la joven, arrojándola sobre la cama y echándose sobre ella, intentó realizar una penetración vaginal, ella se resistió ante lo cual el acusado le dijo que o se la masturbaba o se lo decía a sus padres a lo que María Angeles accedió entregándole el acusado 1.000 pesetas en pago. Este relato, en este caso de forma más adecuada, se complementa con el fundamento de derecho primero, en el que se dice que el desestimiento, se produjo ante la resistencia y oposición firme de la joven y no de manera voluntaria.

Existe un comienzo de realización de hecho delictivo, con la finalidad de conseguir por medios violentos una penetración vaginal, pero ésta no se lleva a cabo por la oposición firme de la agredida, lo que sitúa el grado de comisión, en la etapa previa de la tentativa, como acertadamente ha sido calificada por la sentencia recurrida.

No obstante se observa, en el fundamento de derecho primero, que se incluyen otros abusos sexuales con María Angeles , en los que se describe la existencia de prevalimiento y que no son objeto de condena, según se desprende de la lectura del fallo de la sentencia, que es inmodificable al no haberse recurrido esta omisión.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo octavo denuncia, por la vía del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la aplicación indebida de los artículos 181.3 y 182 del Código Penal. Lo estudiaremos conjuntamente con el motivo noveno en el que se plantea la inaplicaciónd el artículo 74 del Código Penal en relación con los hechos relacionados con Victoria .

1. - El relato de hechos probados que se refiere a la menor Victoria que tenía catorce años de edad cuando comenzó a participar en los actos que se imputan al recurrente, contiene referencias a contactos en los pechos y en los genitales, obligando a la chica a que le masturbase, entregándole dinero en alguna ocasión. A continuación y sin solución de continuidad, añade que en dos ocasiones llegó a penetrarla.

   Estas relaciones se sitúan en un contexto de una notable diferencia de edad y de amenazas a la joven, advirtiéndola de que si no accedía a sus deseos le iba a decir a su tío que era drogadicta y que bebía mucho.

2. - Con este sustento fáctico la sentencia, en el fundamento de derecho primero, los califica como constitutivos de dos delitos independientes, uno como delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y otro de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal. No haremos referencia alguna, a las valoraciones fácticas que se incluyen en el fundamento de derecho, que van mucho más allá de lo afirmado en la descripción histórica de lo acontecido y que contradice la base fáctica esencial de la sentencia, que no es otra que el hecho probado, tal como se expresa en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. - Tomando como base esencial el relato fáctico, es evidente que ha existido esa superioridad que aprecia la Sala sentenciadora, derivada no sólo de la diferencia de edad, más de veinte años, sino también del ascendiente que tenía sobre la menor, al conocer a su familia. Añadiéndose además, el hecho de amenazarla con decirles que era drogadicta y que bebía mucho. Situados en este contexto, los actos punibles se concretan en tocamientos y en dos penetraciones vaginales, que de forma incorrecta, se esconden en dos modalidades delictivas diferentes, una de abusos sexuales que pudiéramos considerar como básicos y otros de abusos sexuales con penetración, lo que supone la imposición, en la parte dispositiva de la sentencia, de dos penas, una de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 pesetas y por el otro 4 años de prisión.

   Contradiciendo la doctrina sentada en el caso de los hechos cometidos con el sobrino del recurrente, escinde los hechos y no los considera integrados en una modalidad de abusos sexuales con prevalimiento y seguidos de dos penetraciones vaginales.

4. - El artículo 74 del Código Penal, que se invoca como infringido, permite la construcción de la figura del delito continuado cuando, como sucede en el caso presente, nos encontramos ante la ejecución de un exclusivo designio delictivo, exteriorizado en una pluralidad de acciones cuyo sujeto pasivo es la misma persona y que infringen preceptos penales de inequívoca e indiscutible semejanza y naturaleza. El precepto citado, contiene un apartado 3, en el que se hace una expresa referencia a la imposibilidad de construir la figura del delito continuado, cuando se trate de bienes eminentemente personales, estableciendo, a renglón seguido una excepción, para las infracciones contra la libertad sexual, en cuyo caso se deberá atender a la naturaleza del hecho y del precepto infringido.

   Nos encontramos ante una acción sexual continuada en el tiempo, respecto de un mismo sujeto pasivo, sobre el cual se ejercen actos que genéricamente deben ser considerados como de abusos sexuales con prevalimiento y que, en una especie de progresión delictiva, se inician con tocamientos y culminan en una penetración vaginal realizada en dos ocasiones, en la que existe una absorción y consunción de los hechos en el delito que merece una mayor entidad punitiva.

   Por lo expuesto ambos motivos deben ser estimados.

El motivo décimo se ampara en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que se han vulnerado preceptos penales de carácter sustantivo entre los que inadecuadamente incluye el artículo 24 de la Constitución, en los apartados que se refieren al derecho a un juicio con todas las garantías, la tutela judicial efectiva y medios de defensa, estimando que también existe relación con el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

1. - Después del anterior enunciado, el letrado recurrente no se ajusta a las previsiones casacionales que estima oportunas y dedica todo su esfuerzo argumental a poner de manifiesto que, a su juicio, el Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional no especifica sobre quienes cometieron cada delito. Considera que, en contra de lo que estima la Sala sentenciadora, no se le debe exigir que pida explicaciones y aclaraciones al Ministerio Fiscal para suplir las deficiencias de su escrito que debió, por imperativo legal, presentar y redactar con cuidado exquisito y con la separación y precisión exigida.

2. - Es cierto que el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal no es precisamente modélico. No califica adecuada y separadamente los hechos, ni precisa los sujetos autores de cada uno de ellos, pero no se puede discutir que en lo referente al objeto del proceso, que parece más una causa general que un sumario aislado, se detallan los hechos que han sido objeto de enjuiciamiento por lo que ha tenido oportunidad de oponerse a las pretensiones acusatorias, sin merma de su derecho de defensa. No se observa una falta de tutela judicial efectiva, ni del derecho genérico a un juicio con todas las garantías. Las deficiencias del escrito del Ministerio Fiscal y su posible desajuste en relación con las previsiones del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no afectan a los derechos fundamentales que dice infringidos.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo undécimo se ampara de nuevo en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar vulnerado un precepto penal sustantivo volviendo a insistir en el error anteriormente denunciado e invocando la vulneración del artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a un juicio con todas las garantías y medios de defensa, relacionando estas vulneraciones con los artículos 666, 678 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el artículo 456 del Código Penal.

1. - Después de tan prolijo enunciado, se puede comprobar que lo único que pretende la parte recurrente es que se declare la nulidad de lo actuado, por nulidad de la denuncia presentada por el sobrino del acusado, debido a que fue objeto de presiones y amenazas para que la formulara, como único medio para conocer el paradero de su madre, entendiendo que sólo bajo esta presión, pudo formular denuncia. Sostiene por el contrario que durante un período de tiempo tan prolongado había mantenido una relación con su tío voluntariamente iniciada y continuada sin violencia alguna, conforme ha declarado reiteradamente y recoge la propia sentencia recurrida.

2. - Como puede observarse, la cuestión planteada nada tiene que ver con los derechos constitucionales que se dicen conculcados, ni con los artículos de la Ley Procesal Penal que se citan por el letrado de la parte recurrente.

En todo caso nos encontraríamos ante una cuestión susceptible de ser canalizada como artículo de previo pronunciamiento por tratarse de un sumario ordinario. Ahora bien, la sentencia, como reconoce el mismo recurrente, ha dado respuesta a su petición rechazando, como es lógico, cualquier pretensión de veracidad en lo alegado en el motivo, ya que no sólo constan en las actuaciones la denuncia del entonces menor, sino que no existe el más mínimo vestigio de la existencia de un delito de acusación y denuncia falsas, que incongruentemente se intenta conseguir, por la vía absolutamente inadecuada, de la denuncia de la vulneración del artículo 456 del Código Penal.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo duodécimo y último de este recurrente, se canaliza por la vía del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que ha existido error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en las actuaciones y que acreditan el error del juzgador,.

1. - La parte recurrente invoca, como documentos acreditativos del error del juzgador un informe pericial psicológico- psiquiátrico en el que se recoge el resultado de la exploración realizada al acusado.

   Estima que del mismo se derivan la existencia de gravísimas deficiencias mentales en cuanto a su conducta, percepción, integración social y capacidad intelectual límite, reconociendo que estos puntos ya han sido tratados en los motivos de casación articulados. En su opinión la Sala ha invadido el campo de la medicina y desconoce el verdadero alcance de estos informes que, por sí mismos, acreditan el error del juzgador.

2. - Desde la perspectiva de un motivo de casación por error de hecho, debemos limitarnos a examinar si del contenido de los dictámenes médicos se evidencia un notorio error del juzgador, al haberse apartado, injustificada e inmotivadamente, de su contenido. Ya hemos dicho, en reiteradas ocasiones, que estos dictámenes periciales pueden constituir documentos válidos para acreditar un error del juzgador, siempre que no aparezcan contradichos por otros elementos probatorios existentes en la causa.

   En el caso presente, como puede observarse de la lectura del relato de hechos probados, no se puede construir un error fáctico sobre la base de los dictámenes médicos ya que éstos han sido incorporados de manera sustancial a los antecedentes de hecho y más concretamente en el párrafo penúltimo de éstos, cuando se declara que el acusado posee una capacidad intelectual límite, con una personalidad muy primaria, carencias afectivas importantes y escasa tolerancia a la frustración. Presenta aceptación de los malos tratos y la presión en el campo de las relaciones, como algo normal y sufre un trastorno por su dependencia al alcohol.

   En definitiva la sentencia recoge algunos datos más de los que echa de menos el acusado en su motivo, por lo que no puede decirse que nos encontremos ante un error de hecho sino ante una reproducción casi literal, de las conclusiones de los peritos médicos y del psicólogo.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El último de los recurrentes Diego , formaliza un primer motivo al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que se ha aplicado indebidamente los artículos 181.3º y 74 del Código Penal en relación con los hechos que se refieren a Victoria .

1. - Pone de relieve que la Sala sentenciadora, después de declarar que el acusado realizó tocamientos sexuales con la menor, relata un hecho sucedido unas semanas más tarde en el que se describe una leve penetración vaginal con forzamiento. Define los hechos como constitutivos de un delito de abusos sexuales con prevalimiento, previsto y penado en el artículo 181.3º y 74 del Código Penal y el segundo de una agresión sexual tipificada en los artículos 178 y 179 del Código Penal. Además de dos delitos relativos a la prostitución.

   Examinando el largo desarrollo del motivo, se llega a la conclusión de que el letrado de la parte recurrente, sólo disiente de la calificación jurídica realizada en relación con el delito de abusos sexuales con prevalimiento, por el que ha sido condenado, sin que nada tenga que alegar en orden a los delitos de agresión sexual y a los dos delitos relativos a la prostitución. En relación con el delito del que discrepa insiste reiteradamente, en que las relaciones han sido consentidas y que no ha existido prevalimiento.

2. - No obstante, el hecho probado recoge datos suficientes, como para establecer la existencia de un delito de abuso sexual con prevalimiento, derivado de la diferencia de edad existente entre el acusado y la menor. Aquel tenía sesenta años de edad cuando entabló relaciones con Victoria que, en aquellos momentos, tenía solamente quince años, lo que por sí solo justifica la aplicación del tipo de abusos con prevalimiento, en cuanto que el ascendiente que una persona de esa edad pueda tener sobre una menor, puede moverla a la aceptación de las relaciones sexuales que se describen en el correspondiente apartado de los hechos probados, sin que eso suponga la exteriorización de una voluntad libremente formada.

3. - Estimamos, como ya se ha dicho, que nada se opone a la condena por un delito de agresión sexual, ya que en ningún momento se ha dicho que se hayan aplicado indebidamente los artículos 178 y 179 del Código Penal. En relación con los dos delitos relativos a la prostitución se puede constatar leyendo el fallo de la sentencia que no se aplica condena alguna por ellos, por lo que sobra la alegación formulada.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El segundo y último motivo de este recurrente, se ampara en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y denuncia la vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia.

1. - En este caso concreto, se esgrime la protección del principio constitucional de presunción de inocencia, en relación exclusivamente con el delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178 y 179 del Código Penal.

   Entiende que el único fundamento para la condena, es el testimonio de la menor y considera, que no tiene el carácter de prueba de cargo, dada la escasa verosimilitud de la versión facilitada.

2. - Frecuentemente, se presentan ante esta Sala alegaciones semejantes a las que se contienen en el desarrollo del motivo de la parte recurrente. Nos encontramos ante una figura delictiva, en la que es frecuente contar de manera exclusiva, con la única declaración incriminatoria de la víctima, que siempre se ha considerado, en principio, como una prueba válida para enervar los efectos protectores de la presunción de inocencia.

   Es cierto que, en estos casos, la jurisprudencia viene exigiendo un riguroso control del testimonio incriminatorio, para despojarlo de cualquier tacha de incredulidad que pueda surgir de la especial y subjetiva personalidad de la declarante. Asimismo hay que descartar la concurrencia de animadversión, u odio o cualquier otro género de relación inamistosa o de enfrentamiento previsible entre agresor y víctima, con anterioridad a la realización del hecho imputado. Se necesita además verificar, en cada caso concreto, si las manifestaciones inculpatorios aparecen corroboradas por datos complementarios, que puedan dar verosimilitud a los hechos manifestados. También se debe comprobar si ha existido una conducta persistente que no ofrezca dudas o vacilaciones sobre el contenido del testimonio incriminatorio.

   En el caso presente existen testimonios de referencia, producidos en el contexto de las actuaciones, que sirven para acentuar la credibilidad del testimonio y así se pone de manifiesto por la Sala sentenciadora en el fundamento de derecho cuarto, al que nos remitimos.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

   III.

   FALLO

   FALLAMOS: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR PARCIALMENTE A LOS RECURSOS DE CASACION por quebrantamiento de forma e infracción de ley y de precepto constitucional, interpuestos por las representaciones procesales de Fernando , Jose Pablo , casando y anulando la sentencia dictada el día 14 de Julio de 2000 por la Audiencia Provincial de Navarra en la causa seguida contra los mismos y otros por diversos delitos de abusos sexuales con prevalimiento, agresión sexual y delitos relativos a la prostitución. Declaramos de oficio las costas causadas.

   QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL interpuesto por Diego contra la sentencia mencionada. Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

   Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicta a la Audiencia mencionada a los efectos oportunos con devolución de la causa en su día remitida.

   Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

   SEGUNDA SENTENCIA

   En la Villa de Madrid, a quince de Octubre de dos mil uno.

   En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tafalla, con el número 1/99 contra Fernando , de nacionalidad española, con D.N.I nº 15.833.695, nacido en Peralta (Navarra) el día 16-12-57, hijo de Delio y de María, con domicilio en Tafalla (Navarra), Avda. DIRECCION002 nº NUM001 , sin antecedentes penales, insolvente y en prisión provisional desde el día 1-4-99; Jose Pablo , de nacionalidad española, con D.N.I nº NUM002 , nacido en Pamplona (Navarra), el día 26 de Marzo de 1.971, hijo de J. Antonio y de Blanca, con domicilio en DIRECCION000 (Navarra) calle DIRECCION003 nº NUM003 -1º, sin antecedentes penales, solvente parcial y en prisión provisional por esta causa desde el 5 de Abril de 1.999, y Diego , de nacionalidad española, con D.N.I nº NUM004 , nacido en Villafranca (Navarra) el día 24-3-37, hijo de victoriano y de Angeles, con domicilio en Villafranca (Navarra), calle DIRECCION004 nº NUM005 , sin antecedentes penales, solvente y en libertad provisional por esta causa, en la cual se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 14 de Julio de 2000, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen, bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, que hace constar lo siguiente:

1. - Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y hechos probados de la sentencia recurrida.

1. - Se dan por reproducidos los fundamentos de derecho cuarto, quinto, séptimo, decimotercero, decimoquinto de la sentencia antecedente.