STS 452/2007, 23 de Mayo de 2007

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se defiende la inocencia alegándose que las pruebas son contradictorias exponiéndose discrepancias sobre la ropa que llevaba y en concreto sobre las zapatillas que portaba cuando declaró en el Juzgado y la que se le atribuye por los funcionarios policiales que presenciaron las agresiones.

El Tribunal de instancia valora las declaraciones depuestas por los funcionarios policiales que presenciaron la agresividad del ahora recurrente contra aficionados seguidores de la Real Sociedad, precisando no sólo esa agresividad y las alteraciones que se produjeron sino también la resistencia que ofreció y que determinó lesiones en uno de los agentes policiales.

Ha existido contundente prueba de cargo sobre la realidad de los hechos que se declaran probados sobre este recurrente, que en modo alguno se ve desvirtuada por las alegadas discrepancias sobre las zapatillas que portaba, cuyo cambio pudo producirse en cualquier momento con anterioridad a su declaración en el Juzgado, y sobre la autoría de las lesiones, que el Tribunal sentenciador, con correcta valoración de lo escuchado en el acto del plenario, le atribuye.

El motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 557 del Código Penal .

Se alega, en defensa del motivo, que está ausente el ánimo o intención de atentar contra la paz pública.

El motivo no puede prosperar.

Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia de 8 de febrero de 2007, que para apreciar la figura de desordenes graves prevista en el artículo 557 del Código Penal se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

1) actividad de un sujeto activo plural al que se refiere la expresión legal "actuando en grupo";

2) alteración del orden mediante la comisión de alguna de las conductas que, con carácter de "numerus clausus", se expresan también en la redacción del mencionado artículo: causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios;

3) como elemento subjetivo del injusto que el comportamiento del plural sujeto tenga la finalidad de atentar a la paz pública.

No contiene el Código una definición de lo que se entiende por orden público y en la doctrina se encuentran distintas posiciones que tratan de encontrar el elemento o elementos que identifican a las figuras delictivas que se agrupan bajo esa denominación y acerca del bien jurídico que pretenden proteger. Algunos coinciden en integrar a todos aquellos delitos que tienden más o menos directamente a la subversión o perturbación de la tranquilidad general en las manifestaciones colectivas de la vida comunitaria.

La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código Penal, ha introducido un supuesto agravado, en el nuevo apartado segundo del citado artículo 557, en el que se castiga con la pena superior en grado a las previstas en el apartado precedente a los autores de los actos allí citados cuando éstos se produjeren con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a gran número de personas. Con idéntica pena serán castigados quienes en el interior de los recintos donde se celebren estos eventos alteren el orden público mediante comportamientos que provoquen o sean susceptibles de provocar avalanchas u otras reacciones en el público que pusieren en situación de peligro a parte o a la totalidad de los asistentes. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta. Supuesto que sería de aplicación a los hechos enjuiciados de haber estado ya en vigor cuando ocurrieron.

Con esta reforma, como se declara en la Sentencia de 8 de febrero de 2007, el precepto no ha de interpretarse exclusivamente en clave de alteración "política" de la paz pública, mediante violentas manifestaciones o algaradas similares, sino sencillamente como alteración de la paz pública, concepto éste reclamado con mayor vigor por la sociedad en su conjunto, y que se traduce en alterar la paz social (pública) y la convivencia, sin algaradas callejeras. O lo que es lo mismo, que la calle no se convierta en patrimonio de alborotadores, con grave quebranto de los derechos ciudadanos de los demás. Por eso decimos, que no cabe duda que, cada vez con mayor convicción, se reclama el concepto de paz pública, que es precisamente lo contrario de los aludidos desórdenes públicos, y precisamente el bien jurídico que tutela la norma penal.

Y esa voluntad de alterar la paz pública y la tranquilidad general en las manifestaciones colectivas de la vida comunitaria resulta bien patente en quienes, puestos de acuerdo y actuando en grupo, lesionan e insultan a los seguidores de un equipo de fútbol y ofrecen grave resistencia a los agentes de la autoridad que tratan de restaurar la normalidad, causando igualmente daños a los bienes.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Vicente

UNICO.- En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la Constitución, en relación al artículo 120 del mismo texto constitucional . Se alega, en defensa del motivo, que no existen pruebas que acrediten que el recurrente hubiese intervenido en los hechos que se le imputan, es más, se dice que ni siquiera está acreditado que el recurrente se encontrara en el lugar donde acaecieron. Y se añade que el Tribunal de instancia no motiva ni argumenta sobre la existencia de inferencias de las que deducir la participación del recurrente en los hechos enjuiciados.

El motivo debe ser desestimado.

No lleva razón el recurrente ya que el Tribunal de instancia explica con suficiencia las razones probatorias que ha tenido en cuenta para alcanzar la convicción de que el ahora recurrente participó junto a los otros acusados en los hechos que se declaran probados. Así, se señala que este recurrente participó con el también acusado Alonso, en una actuación conjunta, habiéndose reconocido por ambos que estuvieron esas horas juntos, y tras descartar los testimonios de descargo, al no excluirse de los mismos que estos acusados se encontraran lejos del estadio del Atlético de Madrid, se destacan los reconocimientos en rueda que se efectuaron durante la instrucción de las actuaciones y que fueron ratificados en el acto del plenario y en concreto los realizados por el Policía Nacional número profesional NUM000, que obra al folio 236, quien reconoce sin dudas a Alonso como una de las personas que daban patadas y puñetazos y vuelve a reconocerle en diligencia de rueda practicada en el Juzgado (folio 1525), reconocimiento que ratifica en su declaración en el acto del juicio oral, acto en el que describió las agresiones causadas por los integrantes del grupo y las resistencias que ofrecieron a la actuación de los agentes; lo mismo sucede con el Policía Nacional con número profesional NUM002, al folio 439 en reconocimiento fotográfico y más tarde en el Juzgado en diligencia en rueda (folio 1527), reconocimientos que ratificó en el acto del plenario; también se produjo ese reconocimiento en rueda por el testigo Juan Antonio (folio 1108).

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo, legítimamente obtenida en el acto del plenario, que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

RECURSO INTERPUESTO POR Carlos Jesús

UNICO.- En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se alega que el Tribunal de instancia ha incurrido en error al apreciar el delito de desórdenes públicos cuando faltan los requisitos correspondientes a esa figura delictiva y los del delito de lesiones de la Sra. María Inmaculada .

Para acreditar ese invocado error se designan las declaraciones de esa señora y las depuestas por el testigo Nuria .

Por otra parte se alega que no ha quedado acreditado la participación del recurrente en los hechos enjuiciados y para acreditarlo se designan las declaraciones de Jose Pablo e Juan Enrique, las de las dos testigos antes mencionadas, la de la testigo Carla así como las de los funcionarios de Policía que fueron testigos presenciales de los hechos. Por último se señalan las declaraciones de Jose Luis, Evaristo e Juan Enrique y las del testigo Jose Pablo, cuyas declaraciones anteriores fueron introducidas en el acto del plenario e interrogado sobre ellas.

Es doctrina reiterada de esta Sala la que niega el carácter de documentos, a estos efectos casacionales, a las declaraciones de testigos y coacusados, en cuanto se trata de pruebas personales que no pierden dicho carácter por el hecho de aparecer documentadas en las actuaciones, cuya valoración corresponde al juzgador de instancia

Lo cierto es que el Tribunal sentenciador señala los elementos de convicción que ha podido valorar para imputar a este recurrente la participación que se describe en los hechos que se declaran probados.

Así se mencionan las propias declaraciones del recurrente y otros acusados quienes reconocen que fue al estadio encontrándose en compañía de Juan Enrique y Luis Pablo ; las declaraciones durante la instrucción de Jose Luis quién manifestó haber visto al ahora recurrente "currar" a los de la Real Sociedad, declaración sobre la que fue interrogado en el acto del plenario manifestando que no recordaba este extremo; también fue reconocido por Evaristo como la persona que se encontraba a su derecha y a la que intentaron retener (folio 1134), habiéndole reconocido previamente tras la exhibición de diversas fotografías ante la policía (folio 1160); también Juan Enrique, que era amigo suyo en aquella época, manifestó durante la instrucción, lo que rectificó en el acto del plenario sin dar una explicación razonable sobre ese cambio. No ha existido el error que se denuncia y el motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Luis Pablo

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba de cargo cuestionándose la valoración que se ha hecho de las declaraciones efectuadas por Juan Enrique de quien se dice que mintió.

El motivo no puede prosperar.

El Tribunal de instancia ha podido valorar pruebas que acreditan su participación en los hechos que se le imputan como fueron las declaraciones de Juan Enrique y el reconocimiento efectuado por el testigo protegido número 3 (folio 1511), quien se ratifica en el plenario respecto a sus anteriores declaraciones.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 557 del Código Penal .

El motivo aparece enfrentado al relato fáctico de la sentencia de instancia en el que se declara, entre otros extremos, que el ahora recurrente junto con otros acusados acometieron a aficionados de la Real Sociedad, en una acción concertada, y los increparon, insultaron, amenazaron y golpearon con gran violencia, interviniendo policías antidisturbios quienes tuvieron serias dificultades para evitar las agresiones, produciéndose un gran tumulto, con carreras, caídas; y como consecuencias de las agresiones resultaron lesionados varios de los aficionados que se mencionan.

Concurren cuantos requisitos se precisan para apreciar un delito de desórdenes graves, al haber actuado junto con otros individuos, concertados y en grupo, causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, y con evidente finalidad de atentar a la paz pública, en cuanto esa voluntad de alterar la paz pública y la tranquilidad general en las manifestaciones colectivas de la vida comunitaria resulta bien patente en quienes, puestos de acuerdo y actuando en grupo, lesionan e insultan a los seguidores de un equipo de fútbol y ofrecen grave resistencia a los agentes de la autoridad que tratan de restaurar la normalidad.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Juan Miguel

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo

24.2 de la Constitución.

Se realiza una propia valoración de la prueba practicada y se indica que el testimonio depuesto por el testigo protegido número 3 es falso y sin garantías.

Ha sido identificado, en rueda de reconocimiento, por el testigo protegido número 3 y por el testigo Felix

, reconocimientos que fueron ratificados por ambos testigos en el acto del plenario, implicándole también el coacusado Luis Pablo así como los testigos Antonio y Jose Carlos le situaron en el lugar de los hechos. A ello hay que añadir los testimonios depuestos por los funcionarios policiales, las víctimas así como los informes médicos, que acreditan las agresiones y los graves ataques a la paz pública, por los grupos en los que estaba integrado el ahora recurrente.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo, legítimamente obtenida en el acto del plenario, que enerva el derecho de presunción de inocencia invocado.

El motivo debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción de los artículos 130,6º, 131 y 33 del Código Penal .

Se discrepa de los razonamientos expresados por el Tribunal de instancia para rechazar la prescripción del delito y que la prescripción se había producido al haber transcurrido más de tres años.

Como correctamente se razona por el Tribunal de instancia, el procedimiento no ha estado paralizado tres años, señalándose las resoluciones judiciales que interrumpían una posible prescripción y destacándose los tiempos en los que se dilató e interrumpió el procedimiento por decisión y petición de las defensas, como ocurrió con las renuncias de procuradores, solicitud de pruebas, y petición de suspensión del señalamiento del juicio oral.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Alonso

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción del artículo 131 del Código Penal .

Se alega, como el anterior recurrente, que el delito de desórdenes públicos había prescrito.

Es de reiterar lo expresado para rechazar igual invocación realizada por el anterior recurrente.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 557 del Código Penal .

Se defiende, en el presente motivo, que los hechos serían constitutivos del delito previsto en el artículo 558 que castiga a quienes perturben gravemente el orden público, entre otros casos, con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales.

El motivo no puede prosperar.

La conducta prevista en el artículo 557 requiere, a diferencia de lo previsto en el artículo siguiente, que se produzcan los resultados que expresamente se señalan en el precepto y que los sujetos actúen en grupo.

En el supuesto enjuiciado en la presente causa, se ha producido lesiones y daños, habiéndose actuado en grupo con la finalidad de atentar contra la paz pública, concurriendo, pues, cuantos requisitos o elementos se precisan para apreciar el delito de desordenes públicos tipificados en el artículo 557 del Código Penal, correctamente aplicado por el Tribunal de instancia.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 556 del Código Penal .

Se dice indebidamente aplicado el delito de resistencia a agentes de la autoridad.

Una vez más es de recordar que el cauce procesal esgrimido exige un riguroso respeto al relato fáctico de la sentencia recurrida y en el se expresa que el ahora recurrente, cuando iba a ser detenido, entabló un activo forcejeó con el agente de la Policía Nacional con número profesional NUM001, logrando huir.

Y esa conducta de activo forcejeo contra un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y portando el uniforme reglamentario, con tal intensidad que logró evitar su detención, integra el delito de grave resistencia prevista en el artículo 550 del Código Penal, correctamente aplicado por el Tribunal de instancia.

El motivo debe ser desestimado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la Constitución, en relación con el delito de desórdenes públicos.

El Tribunal de instancia explica con suficiencia las razones probatorias que ha tenido en cuenta para alcanzar la convicción de que el ahora recurrente participó junto a los otros acusados en los hechos que se declaran probados. Así, se señala que este recurrente participó con el también acusado Vicente, en una actuación conjunta, habiéndose reconocido por ambos que estuvieron esas horas juntos, y tras descartar los testimonios de descargo, al no excluirse de los mismos que estos acusados se encontraran lejos del estadio del Atlético de Madrid, se destacan los reconocimientos en rueda que se efectuaron durante la instrucción de las actuaciones y que fueron ratificados en el acto del plenario y en concreto los realizados por el Policía Nacional número profesional NUM000, que obra al folio 236 quien reconoce sin dudas a Alonso como una de las personas que daban patadas y puñetazos y vuelve a reconocerle en diligencia de rueda practicada en el Juzgado (folio 1525), reconocimiento que ratifica en su declaración en el acto del juicio oral, acto en el que describió las agresiones causadas por los integrantes del grupo y las resistencias que ofrecieron a la actuación de los agentes; lo mismo sucede con el Policía Nacional con número profesional NUM002, al folio 439 en reconocimiento fotográfico y más tarde en el Juzgado en diligencia en rueda (folio 1527), reconocimientos que ratificó en el acto del plenario; también se produjo ese reconocimiento en rueda por el testigo Juan Antonio (folio 1108).

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo, legítimamente obtenida en el acto del plenario, que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la Constitución, en relación con el delito de resistencia.

Es de reiterar lo expresado para afirmar la existencia de prueba de cargo para el delito de desórdenes públicos, ya que los funcionarios policiales, en concreto los que tienen los números profesionales NUM003 y NUM000, en sus declaraciones, ratificadas en el acto del plenario, identificaron al ahora recurrente como una de las personas que además de intervenir en las agresiones a los seguidores de la Real Sociedad, ofrecía una violenta resistencia a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Darío

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se niega la existencia de prueba de cargo en el acto del juicio oral.

Con independencia de que el propio recurrente hubiese reconocido su presencia en los incidentes acaecidos frente al bar El Parador llegando a manifestar en el acto del plenario "que es cierto que tiró una patada pero no sabe si llegó a alcanzar a un seguidor de la Real Sociedad", su intervención en las agresiones a seguidores de la Real Sociedad que se produjeron en las inmediaciones del estadio vino acreditada por las declaraciones del coacusado Luis Pablo, quien en el acto del juicio oral se le interroga sobre su declaración anterior y manifestó que no recordaba haberle visto salir del tumulto y lo mismo sucedió con el testimonio del Juan Miguel, declaraciones que, por consiguiente, fueron introducidas en el acto del plenario, acto en el que Jose Carlos declaró que vio en el tumulto a una persona que se parecía al ahora recurrente por su envergadura, cuando en su declaración en el Juzgado (folio 1578) manifestó que vio a Darío en el lugar en el que se produjeron los hechos; el Tribunal de instancia igualmente menciona la declaración en el Juzgado de Antonio quien manifestó que vio a Darío dar una patada, y que se encontraba integrado en el grupo de aficionados del Atlético que se dirigieron contra los de la Real Sociedad; a todo ello hay que añadir que Darío sufrió una lesión en la nariz, que en su primera declaración afirmó que fue golpeado por un policía y posteriormente atribuyó la agresión a un seguidor de la Real Sociedad.

Así las cosas, han existido testimonios de cargo, legítimamente obtenidos, sometidos a contradicción en el acto del plenario, que desvirtúan el derecho de presunción de inocencia invocado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción de los artículos 130,6º, 131 y 33 del Código Penal .

Es de dar por reproducido lo expresado por el Tribunal de instancia y por esta Sala para rechazar igual invocación realizada por otros recurrentes.

Este motivo tampoco puede prosperar.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 557 del Código Penal .

El motivo aparece enfrentado al relato fáctico de la sentencia recurrida y, como se ha expresado para rechazar iguales motivos, respecto a este recurrente también concurren cuantos elementos objetivos y subjetivos caracterizan el delito de desordenes públicos, correctamente apreciado por el Tribunal sentenciador, estando presente la voluntad de alterar la paz pública y la tranquilidad general en las manifestaciones colectivas de la vida comunitaria, lo que resulta bien patente en quienes, puestos de acuerdo y actuando en grupo, lesionan e insultan a los seguidores de un equipo de fútbol y ofrecen grave resistencia a los agentes de la autoridad que tratan de restaurar la normalidad. El motivo no puede prosperar.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por inaplicación, del artículo 20.4 del Código Penal .

Se invoca que actuaron en legítima defensa frente a las agresiones que recibieron de seguidores de la Real Sociedad, alegaciones que carecen de todo sustento en los hechos que se declaran probados, en los que consta lo contrario de lo que se afirma en apoyo de este motivo, por lo que no puede prosperar.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo

24.2 de la Constitución.

Ya se ha dado respuesta al examinar el primer motivo de este recurrente en el que también se invocaba la ausencia de prueba de cargo.

Es de dar por reproducido lo expresado para rechazar ese motivo en cuanto ha existido prueba de cargo legítimamente obtenida que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

III.