STS 487/2002, 21 de Marzo de 2002

Por quebrantamiento de forma, por el cauce del art. 851.1º de la L.E.Criminal, por denegación de la petición de suspensión del acto de juicio oral y verse privado de valerse de pruebas pertinentes.

Por infracción de precepto constitucional, por vulneración del art. 24.2 de la Constitución Española respecto a la presunción de inocencia, en relación al delito por el que ha sido condenado el recurrente. Se articula a través de la vía prevista en el art. 5.4º de la L.O.P.J., y art. 852 de la L.E.Criminal.

Por infracción de precepto constitucional, por infracción del art. 24.2º que reconoce el derecho fundamental a la presunción de inocencia (Igual vulneración que el anterior motivo).

Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la L.E.Criminal, por indebida aplicación del art. 368 del Código Penal.

Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 24.2 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental a la presunción de inocencia, articulándose a través de la vía prevista en el art. 5.4º de la L.O.P.J., y art. 852 de la L.E.Criminal.

Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la L.E.Criminal, por indebida aplicación del art., 368 del Código Penal en relación a sustancias que causan grave daño a la salud.

Por infracción de precepto constitucional, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2º de la Constitución Española, articulándose a través de la vía prevista en el art. 5.4 de la L.O.P.J., y art. 852 de la L.E.Criminal.

Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la L.E.Criminal, por indebida aplicación del art. 163.1º del Código Penal e indebida no aplicación del art. 172 del Código Penal. (Este motivo se interpone como subsidiario del anterior).

Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la L.E.Criminal, por indebida aplicación del art. 163.1º e indebida no aplicación del art. 163.2º ambos del Código Penal.

Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4º de la L.O.P.J., y art. 852 de la L.E.Criminal, al considerar que no existe prueba alguna que determinarían la aplicación del art. 163.1º del Código Penal.

Por infracción de ley, articulado a través de la vía prevista en el art. 849.1º de la L.E.Criminal, por indebida aplicación del art. 163.1º del Código Penal a indebida no aplicación del art. 163.2º del Código Penal.

Por infracción de ley, articulado a través de la vía prevista en el art. 849.1º de la L.E.Criminal, por indebida aplicación del art. 163.1º del Código Penal e indebida no aplicación del art. 163.2º del Código Penal.

Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 24.2º de la Constitución Española, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y ello en relación a la condena por el delito de detención ilegal del art. 163.2º y falta de lesiones del art. 617.1º del Código Penal, habiéndose articulado el presente por el cauce del apartado 4º y art. 5 de la L.O.P.J.

5. - Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, que impugna en su totalidad, la Sala lo admitió a trámite, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el oportuno señalamiento se celebró la votación prevenida el día 8 de marzo del presente año.

El primer motivo del recurso interpuesto, por quebrantamiento de forma, alega vulneración del derecho a la prueba por no haber accedido el Tribunal a la suspensión del juicio pese a la incomparecencia del testigo principal, que era la supuesta víctima del primer delito de detención ilegal objeto de acusación. El motivo debe ser desestimado pues si bien es cierto que se trataba de un testimonio de especial relevancia, también lo es que la supuesta víctima se encontraba en paradero desconocido, posiblemente en el extranjero, fuera de la jurisdicción del Tribunal, por lo que la suspensión habría sido inútil, al haberse realizado con anterioridad todas las gestiones necesarias para obtener la comparecencia, con resultado infructuoso.

El segundo motivo de recurso alega vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia en relación con la condena por tráfico de drogas. Alega el recurrente que no le fue ocupada droga alguna, ni instrumentos para su corte o distribución, por lo que la única prueba de cargo practicada carece de fiabilidad pues consiste exclusivamente en el testimonio poco verosímil de supuestos compradores, todos ellos drogadictos, que en unos casos no comparecieron al acto del juicio y en otros se retractaron en el mismo.

La invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en una prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada. Pero no suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas con inmediación, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los propios imputados, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración ponderada y directa del Tribunal sentenciador.

En el caso actual si bien es cierto que uno de los adquirentes de droga que señaló al declarante como su proveedor reiterado no pudo comparecer por haber fallecido, también lo es que en estos supuestos de imposibilidad manifiesta la lectura de la declaración en el juicio puede considerarse ordinariamente prueba de cargo validamente valorable por el Tribunal sentenciador, y suficiente por si misma para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia. Lo mismo cabe decir de los testimonios no ratificados en el juicio pero prestados con todas las garantías durante el sumario. Cabria cuestionar la suficiencia de uno o dos de dichos testimonios, pero cuando la prueba de la dedicación al tráfico se ratifica por cuatro fuentes diferentes ha de estimarse que el Tribunal sentenciador dispuso de prueba suficiente y a él le corresponde su valoración.

El tercer motivo de recurso alega también vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia en relación con este mismo delito, por no haberse realizado análisis alguno de la droga, por lo que no puede acreditarse que se tratase de sustancias gravemente perjudiciales para la salud pública. El motivo carece de fundamento, pues el Tribunal sentenciador ha estimado acreditado, por declaración testifical de los propios adquirentes, que el recurrente les proporcionaba cocaína y heroína que son sustancias que causan grave daño a la salud, como ha declarado este Tribunal reiteradamente.

Los motivos cuarto, quinto y sexto reproducen la misma motivación (ausencia de análisis), por lo que se impone su desestimación por los mismos fundamentos: consta la naturaleza de las sustancias por prueba testifical suficiente.

El séptimo motivo alega presunción de inocencia en relación con el primero de los delitos de detención ilegal objeto de condena, cuyo sujeto pasivo fue María Angeles . Alega el recurrente que de las declaraciones de la víctima, leídas en el juicio oral, no se deduce que durante el tiempo que vivió como pareja del recurrente estuviese detenida o encerrada, privada de libertad deambulatoria, pues la misma recurrente reconoció que se quedaba sola en casa, sin atadura o cierre alguno, que visitaba a su madre y a sus hijas, que salía frecuentemente sola para hacer recados o compras, que mantenía relaciones íntimas con el recurrente por su propia voluntad y que incluso acudió en ocasiones a la sede de órganos jurisdiccionales, sin expresar en momento alguno que se encontrase secuestrada o encerrada.

Asiste la razón a la parte recurrente en que tal actuación es incompatible con el delito de detención ilegal, en el que la conducta típica encerrar o detener a otro privándole de su libertad, exige bien un encierro o internamiento en un lugar del que a la víctima no le es posible salir por si misma, o bien una detención o inmovilización más o menos duradera, lo que no sucede cuando la persona, sin perjuicio de supuestas amenazas o maltratos que puedan producirse dentro de la relación de pareja y que pueden integrar otras infracciones autónomas, mantenga sin embargo su libertad deambulatoria, y con ello la posibilidad de trasladarse de un sitio a otro sin atadura ni encierro alguno.

Ahora bien, en el caso actual si se lee atentamente la fundamentación de la sentencia de instancia, se aprecia que el Tribunal sentenciador no integra el delito de detención ilegal por el tiempo que permaneció la denunciante conviviendo con el recurrente, sino por el hecho de que cuando decidió abandonarlo, y así lo hizo efectivamente sin estar sujeta a encierro alguno, el acusado hoy recurrente la buscó y "se la llevó por la fuerza a casa de sus padres en la zona de Corea", como se expresa en el fundamento jurídico segundo, penúltimo párrafo, de la sentencia de instancia. Y, como señala el Tribunal de instancia, de ésta última acción existe prueba suficiente pues en relación con ella la declaración de la víctima es incontrovertible, carece de las vaguedades o contradicciones que pudieran afectar a la fase anterior, y se encuentra avalada por la declaración testifical de Carlos Antonio que presenció esta detención por la fuerza, por lo que ha de estimarse que el Tribunal sentenciador dispuso para acreditarla de prueba de cargo suficiente y válida.

El octavo motivo de recurso, por infracción de ley, alega vulneración por indebida aplicación del art 163 1º y por indebida inaplicación del art 172, que sanciona las coacciones. El motivo carece de fundamento, pues ya hemos expresado que el delito de detención ilegal no se produce en la fase previa de convivencia sino que se concreta en la privación de libertad ocurrida a partir del momento en que la denunciante abandona voluntariamente al recurrente, éste la busca, la encuentra y se la lleva "por la fuerza" a una casa en la zona denominada de Corea, "donde quedó retenida", según el relato fáctico. Es claro que esta detención, inmovilización y traslado, por la fuerza, suponen una privación relevante de libertad e integran el tipo de detención ilegal prevenido en el art 163 del CP 95 y no el de meras coacciones, tanto en el plano objetivo de la lesividad de la conducta para el bien jurídico tutelado, como en el subjetivo al permitir inferir en el agente el ánimo doloso de privar a su víctima de su libertad de movimiento de forma violenta y persistente.

El noveno motivo de recurso, también por infracción de ley, alega indebida aplicación del párrafo primero del art 163, e indebida inaplicación del segundo.

El motivo debe ser estimado. El relato fáctico no expresa cuanto duró la retención de la denunciante en casa de los padres del recurrente, por lo que no consta acreditado como indispensable presupuesto fáctico de la condena impuesta que la privación de libertad se prolongase durante más de tres días. El propio Tribunal sentenciador, en el fundamento jurídico segundo, reconoce expresamente que carece de "información exacta sobre la duración del encierro". Es claro que el acusado no logró su propósito, pues éste era convencer a su excompañera para continuar la relación sentimental entre ambos, y la relación no se mantuvo después de la detención ilegal, abandonando la denunciante al acusado de forma definitiva, como era de esperar tras el trato recibido. Ha de concluirse, en consecuencia, que no constando que el recurrente mantuviese a la denunciante retenida por más de tres días y tampoco que ésta recuperase la libertad por si misma o por intervención de terceros, el principio "in dubio pro reo" ( invocado por el propio Tribunal de instancia al expresar que "no tiene información exacta sobre la duración del encierro") impone concluir que el acusado devolvió la libertad a la denunciante dentro de los tres primeros días de su encierro, lo que resulta congruente con el hecho de que la retenía en la propia casa de sus padres, y ello determina la aplicación del párrafo segundo del art 163 del CP 95, como más favorable al reo.

El décimo motivo de recurso alega vulneración del derecho a la presunción constitucional de inocencia en relación a la supuesta detención ilegal de Carlos Antonio . Alega el recurrente que la única prueba de cargo existente sobre esta supuesta retención consiste en la declaración de la supuesta víctima del delito, el propio Carlos Antonio , y esta declaración no se ratificó en el juicio, donde el declarante se limitó a decir que no recordaba nada, aparte de ser sus diferentes versiones absolutamente inverosímiles, cambiantes y contradictorias.

Esta Sala ha señalado reiteradamente que aún cuando, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos impide en ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el Tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos: 1º) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre; 2º) verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio, -declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso- sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento (art. 109 y 110 L.E.Criminal); en definitiva es fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho; 3º) persistencia en la incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad. (Sentencias de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, entre otras, de 28 de Septiembre de 1988, 26 de Mayo y 5 de Junio de 1992, 8 de Noviembre de 1994, 27 de Abril y 11 de Octubre de 1995 , 3 y 15 de Abril de 1996, 23 de Marzo y 22 de abril de 1999, etc.).

Pues bien, en el caso actual no concurren ninguno de estos tres requisitos. En primer lugar en lo que se refiere a las relaciones acusador/acusado, la propia Sala sentenciadora da cuenta como hecho probado de un enfrentamiento entre el acusado y los demás moradores del poblado gitano, que hicieron al acusado víctima de una serie de represalias hasta el punto de que se vió obligado a abandonarlo, constando una relación de enemistad y enfrentamiento entre el recurrente y el denunciante que priva a la declaración de éste de la aptitud necesaria para generar certidumbre.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la verosimilitud, es decir a la constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalen la versión de los hechos del denunciante, nos encontramos ante un absoluto vacío, pues la versión inicial del denunciante acerca de que el recurrente, acompañado de otra persona que no identifica claramente, al parecer una hermana o cuñada del acusado, le encontraron por el barrio chino y le obligaron a punta de cuchillo a efectuar varias batidas por la zona en su coche hasta encontrar a María Angeles , no aparece avalada por ninguna otra prueba y tampoco por cualquier indicio o elemento objetivo, por muy periférico que fuese, de corroboración, siendo internamente incongruente, pues no llega a entenderse porqué, si según dice se encontraba secuestrado, no abandonó el lugar cuando el acusado se bajó del vehículo llevándose el arma con la que supuestamente le amenazaba.

Por último, lo cierto es que las manifestaciones del denunciante no solo no son persistentes en la incriminación, plurales, sin ambigüedades ni contradicciones, sino que en el propio acto del juicio manifestó no recordar nada, incurriendo en sucesivas contradicciones, como manifestar inicialmente que había mantenido relaciones íntimas con la compañera del acusado, María Angeles , y negarlo posteriormente, o formular otra denuncia también por detención ilegal contra personas diferentes, que resultaron absueltas.

Teniendo en cuenta que la declaración de este denunciante es la única prueba de este supuesto delito, y que ni siquiera la ha mantenido en el juicio, ha de estimarse que no cumple los parámetros de fiabilidad probatoria mínimos para poder desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, conforme a nuestra doctrina ya referenciada. El motivo, en consecuencia, debe ser estimado.

La estimación de este motivo deja sin contenido los dos siguientes, por infracción de ley en la calificación de este hecho delictivo, que se ha estimado no acreditado.

El decimotercer motivo de recurso, por infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia, se refiere a la condena por detención ilegal y lesiones a Luis Carlos .

Para la resolución de este motivo debemos reiterar lo ya expuesto en relación con el correlativo referente a la supuesta detención de Carlos Antonio . La declaración inicial del denunciante Luis Carlos es la única prueba de este supuesto delito, y ni siquiera la ha mantenido en el juicio, donde negó rotundamente sus anteriores manifestaciones, atribuyendo la denuncia a los enfrentamientos anteriormente aludidos. La enemistad (este testigo es el excompañero sentimental de María Angeles ), la ausencia de corroboraciones objetivas, y el hecho de que el propio denunciante se ha desdicho en el juicio de su testimonio, conducen necesariamente a la conclusión de que esta prueba única, exclusivamente sumarial y carente de persistencia, incumple los mínimos parámetros de fiabilidad probatoria necesarios para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, conforme a la doctrina anteriormente referenciada. Procede en consecuencia, la estimación del motivo.

III.

Se dan por reproducidos los de la sentencia de instancia, en lo que no estén en contradicción con nuestra sentencia casacional.

Por las razones expuestas en nuestra sentencia casacional procede absolver al acusado de los delitos de detención ilegal referido a Carlos Antonio , y detención ilegal y falta de lesiones referido a Luis Carlos , y condenar al recurrente como autor de un solo delito de detención ilegal del art 163 2º, en la persona de María Angeles , manteniendo las condenas impuestas por delito contra la salud pública y falta de lesiones ocasionadas a María Angeles .

Dejando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia de instancia, referidos a las condenas impuestas por delito contra la salud pública y falta de lesiones ocasionadas a María Angeles , así como el pronunciamiento absolutorio, debemos condenar y condenamos a Jon , como autor responsable de un delito de detención ilegal de María Angeles , ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, y absolverle de los delitos de detención ilegal referido a Carlos Antonio , y detención ilegal y falta de lesiones referido a Luis Carlos , condenándole asimismo al pago de la mitad de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Cándido Conde-Pumpido Tourón José Manuel Maza Martín Enrique Abad Fernández

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.