STS, 6 de Octubre de 1998

El único motivo de este recurso se interpone por infracción de precepto constitucional con cita en su apoyo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señalando vulnerando el artículo 24.1 de la Constitución en cuanto garantizador del derecho a la tutela judicial efectiva, vulneración determinada según el recurrente por la absolución de Sergio, no por un error en la apreciación de la prueba, sino de mera lectura de la misma. Estima el Ministerio Fiscal que su derecho a la tutela judicial efectiva ha sido infringido porque la resolución que recurre carece de fundamento y motivación con respecto a los hechos de atraco en un banco de Puzol de que el fiscal acusó a Sergioy del que dice haber prueba de su comisión por el mismo, consistente en la declaración de un testigo, empleado del banco donde el hecho ocurrió, que reconoció en rueda al dicho acusado, reconocimiento que ratificó en el juicio oral confundiendo luego el tribunal en la motivación de la sentencia a la persona reconocida por el testigo con otra que no era acusada en la causa.

Con reiteración viene manteniendo la doctrina del Tribunal Constitucional que ha de entenderse que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho del justiciable a conocer las razones de las resoluciones judiciales por medio de una motivación que ha de ser expresión de la función judicial y de que se desarrolla con vinculación a la Ley, recogiendo razonamientos pertinentes a la cuestión debatida, de tal modo que, en caso de contradicciones internas o errores manifiestos en la motivación que se exprese, ha de entenderse que hay carencia de motivación. Y también que los errores cometidos en la fundamentación jurídica de una decisión judicial, cuando constituyen su único soporte, decaen su valor de motivación si no se puede llegar a conocer cual hubiera sido el sentido de la resolución independientemente de lo erróneamente expresado (sentencias del Tribunal Constitucional 190/90, 202/90, 22/1993 y 268/94).

Pero en el caso presente no se observa que el tribunal sentenciador incurriera en error en la motivación al referirse equivocadamente a una persona distinta del acusado Sergio. La motivación que ofrece para descartar a este como autor del hecho que el Ministerio Fiscal le atribuye, es escasa y no ha recogido el reconocimiento del acusado por el testigo, pero no se puede afirmar que, pese a ello, tan solo el error ha sido la base de la absolución, porque, aunque en la motivación no se refleje expresamente, contó el mismo tribunal con otros elementos a sopesar en la evaluación de la prueba como son las aclaraciones que añadió el propio testigo, que ratificó su anterior reconocimiento, sobre estatura, color de pelo y delgadez del acusado, a más de las declaraciones, inmediatamente posteriores a las de ese testigo, de otros dos que, renunciados por el fiscal, ello no obstante declararon a petición del letrado de la defensa, y quienes dijeron que no reconocían al acusado Sergiocomo una de las personas que realizaron el robo en Puzol, aspecto de la prueba que pudo el tribunal además contrastar con las fotografías tomadas en el momento de los hechos por la cámara fotográfica oculta del establecimiento. Podría tal vez accederse a lo que el recurrente solicita si se tratara sólo de un patente error del tribunal sobre el cual se fundara exclusivamente la absolución, pero no cuando, pese a la no expresión de los razonamientos hechos por el juzgador, consta que tuvo a su disposición otros elementos en que basarse para decidir y resolver en cumplimiento de la función, que en exclusiva le corresponde, de apreciar en conciencia las pruebas practicadas y que es inaccesible a la casación.

El motivo ha de ser desestimado.

Recurso de Sergio:

Con apoyo en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se introduce el primer motivo de este recurso que alega infracción de Ley determinada por indebida aplicación del artículo 704 de la misma Ley adjetiva porque, según el recurrente, los testigos estuvieron juntos dos horas antes de la celebración del juicio de tal modo que uno de ellos, que precedente rueda de identificación había dudado en reconocer al recurrente, no reconoció luego.

No se puede acoger el motivo. En primer lugar porque a través de la alegación de infracción de Ley no se puede en modo alguno denunciar vicios de procedimiento, porque el número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere la infracción de precepto penal o de otra norma jurídica, pero en ambos casos de carácter sustantivo, y el que aquí se apunta como vulnerado es de carácter procesal. Y en segundo lugar y aunque se quisiera estimar que la voluntad impugnativa del motivo fuera la denuncia de una indefensión, no hay constancia acreditativa de que esa comunicación entre testigos, previa al acto del juicio se hubiera producido, ni que, en el caso hipotético de su ocurrencia, hubiera determinado un cambio en las manifestaciones del testigo transcendente para la defensa del acusado, ya que se limitó prácticamente a ratificar lo que en la rueda de reconocimiento había manifestado.

El motivo que se articula en segundo lugar en este recurso, sin mencionar en su apoyo la vía de casación elegida, denuncia vulneración de los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24 de la Constitución, explicando que se ha producido por falta de explicación de los razonamientos que llevaron al tribunal a concluir la intervención del recurrente en dos delitos de robo, en el primero cuando la ratificación de un único testigo recayó sobre un reconocimiento en rueda, que había resultado negativo y, en el segundo, por haber contado tan solo con la declaración de una coimputada que obró con ánimo de venganza contra el acusado tras romper este su relación con ella.

Parece que se pretende argüir en contra de la insuficiencia probatoria para destruir la inicial presunción de inocencia del recurrente. pero en realidad se discute la valoración de la prueba hecha por el tribunal que es cuestión que no puede ser discutida en casación. De acuerdo con extensa doctrina de esta Sala, cuya abundancia excusa su cita, y limitándose a la función que puede realizar esta Sala de tan solo observar si el tribunal de instancia contó con suficiente prueba de cargo, correctamente obtenida y valorada, para dictar un fallo de condena del actual recurrente por dos delitos de robo se observa que, respecto al primero, contó el tribunal con el testimonio de una persona que presenció el hecho y que ha manifestado, no con dudas como se dice en el motivo, sino con absoluta rotundidad, en el reconocimiento en rueda, ser él uno de los autores del hecho, reconocimiento que ratificó en juicio oral, y, respecto al otro delito de robo, con las manifestaciones de una coimputada, correctamente valoradas por imputarse ella misma en los hechos por lo que el tribunal descartó que obrara por resentimiento o afán de venganza, a más de que también razona y valora que las manifestaciones de la coencausada llevaron a descubrir el arma utilizada, que se tomaron por otra persona los datos del vehículo utilizado en el hecho que era del acusado e incluso, como corroboración menor, el que por otra testigo fuera reconocido en fotografía que le presentó la policía y luego ratificó en el juicio oral, aún admitiendo la misma testigo que en el reconocimiento en rueda no lo reconoció. No parece que el tribunal de instancia motivara arbitraria o ilógicamente su decisión condenatoria para esta acusado, sino que, por el contrario obró con plausibles criterios de lógica y experiencia.

El motivo ha de ser desestimado.

Recurso de Juan Ignacio:

Plantea el segundo motivo de este recurso que se introduce por la vía del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la existencia de error sufrido por el juzgador en la valoración de la prueba. Como base documental acreditativa del error se señalan los informes médicos sobre el recurrente que constan en los autos expresivos de su drogodependencia.

Numerosas resoluciones de esta Sala han acogido el criterio de que, además de la genuina prueba documental, pueden acogerse como documentos a efectos de demostrar en casación el error del juzgador los informes periciales que en los autos consten, a condición de que se trate de un solo informe o, si son varios, sean coincidentes en sus conclusiones, y, habiendo sido acogidos por el juzgador para la construcción del relato fáctico de la sentencia, haya, sin embargo, llegado a conclusiones distintas a las de informe o informes sin expresar razones explicativas de la disidencia (sentencias de 22 de Enero, 28 de Febrero y 14 de Marzo de 1.998).

En el presente caso el tribunal admitió en el fundamento tercero de su sentencia, con carácter fáctico, la condición de drogodependientes de algunos acusados, entre ellos este recurrente, pero no acoge atenuante alguna por estimar que sus actuaciones delicitivas muestran se realizaron con tranquilidad y dominio de la situación. Frente a ello el informe de la médico-forense recoge sin ambages la drogodependencia de este acusado, del que señala datos concretos como venopunciones antiguas y recientes. En materia en la que es preciso contar con conocimientos científicos los reparos que frente a la diagnosticada drogodependencia se oponen no parecen suficientes para apartarse de las conclusiones periciales acogiendo preferentemente apreciaciones testificales que, además, no son verdaderamente opuestas a la existencia de la drogodependencia, ya que esta condición no determina una constante obnubilación personal, de tal modo que quien la sufra no pueda obrar con tranquilidad en muchas ocasiones. Se acredita así el error sufrido por el juzgador, error que es trascendente para el contenido del fallo de la sentencia y determinar la aplicación de una atenuante. Por ello el motivo ha de ser acogido.

Complementario del motivo antes considerado es el primero del recurso que denuncia infracción de Ley con cita en su apoyo en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que se afirma determinada por la indebida inaplicación de los artículos 20.2 y 21.2 del Código Penal vigente que hubieran debido determinar , si se hubieran aplicado, una atenuante para el recurrente. En la instancia la defensa de este recurrente admitió la comisión por su parte de un delito de robo pero solicitó también se apreciara una atenuante analógica de drogadicción del número 10 del artículo 9, en relación con el 8.1º y 9.1º del precedente Código Penal.

En la jurisprudencia de esta Sala se ha acogido reiteradamente la capacidad de modificar la responsabilidad criminal de la drogadicción, que en ocasiones se ha encuadrado en la norma del número 10 del artículo 9 del precedente Código Penal para estimarla una atenuante por analogía. En la actualidad ha sido recogida en el número 2º del artículo 21 del nuevo Código por referencia al 20.2º con la exigencia de que la actuación del culpable sea causada por su grave adicción, pero podrá aún ser también admitida como atenuante analógica por la vía del número 6º del mismo artículo, de idéntica redacción que el precedente artículo 9.10º. La drogadicción podrá ser en ocasiones determinar incluso una circunstancia eximente en casos de anulación total de la inteligencia o de la voluntad de tal modo que el agente esté impedido de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esa comprensión. La apreciación de una simple atenuante por analogía es adecuada cuando se produzca una afectación mental leve, y no se pueda afirmar la existencia de una grave ansiedad provocada por el síndrome de abstinencia, ni la drogodependencia aparezca asociada con anomalías psíquicas como psicopatías, o leves oligofrenias (sentencias de 20 y 27 de Febrero, 5, 6 y 20 y 23 de Marzo de 1.998). En el caso aquí considerado la afectación psíquica observada ni es grave ni se asocia con otras anomalías psíquicas, por lo que lo adecuado es valorarla como simple atenuante por analogía y, con tal matiz, es procedente la acogida del motivo.

En los otros motivos del recurso se alega que la pena impuesta al recurrente excede de la solicitada por el Ministerio Fiscal que solicitó la de cinco años de prisión menor, pese a lo cual se le impusieron seis años, infringiéndose así, según el recurrente, el principio acusatorio que garantiza el artículo 24 de la Constitución, queja que se introduce en base al artículo 5.4º de la Ley Orgánica en el tercer motivo, y también señalando un vicio de forma consistente en imposición de pena más grave que la que ha sido objeto de acusación, que se introduce con base en el artículo 851.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el motivo cuarto.

Ha venido siendo doctrina consagrada en la jurisprudencia de esa Sala, que el tribunal sentenciador tiene facultades discrecionales para fijar la concreta extensión de la pena impuesta siempre que esté dentro de los límites del grado que sea aplicable. La regla 7ª del artículo 61 del anterior Código Penal establecía como pautas para esa determinación que se tuvieran en consideración el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor gravedad del mal producido por el delito, mientras que el número 1º del actual artículo 66 se refiere a individualización de la persona para determinar una adecuada extensión de la misma, a cuyo fín habrán de tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y, como en el precedente Código Penal, a la mayor o menor gravedad del hecho, e introduciendo ahora la exigencia de razonarlo en la sentencia.

En este caso el tribunal de instancia tras señalar que decide no hacer uso de la facultad de imponer la pena superior que le concedía el anterior artículo 506 en su último párrafo, expresa la razón de imponer la pena en el grado máximo en razón de la agravante apreciada y la peligrosidad de la personalidad de los acusados. No aparece pues que, sobre esas coordenadas, resultara improcedente la imposición de una duración de seis años, máxima a que alcanzaba el grado superior de la prisión menor y, aunque por acogerse la procedencia de estimar una atenuante habrá de procederse a disminuir la pena en la sentencia que a continuación de esa se pronunciará, no atacó la imposición del máximo de la solicitada por el fiscal el principio acusatorio ni, tampoco se penó delito más grave del que fuera objeto de acusación, como se dice en el número 4º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En consecuencia se habrán de desestimar ambos motivos.

Recurso de Eduardo:

Los motivos primero y segundo de este recurso se corresponden con los dos primeros del recurso anterior y denuncian error de hecho sufrido por el juzgador en la apreciación de la prueba e infracción de Ley por no apreciación de circunstancias atenuantes, si bien en este recurso se amplia la pretensión del recurrente a que debió apreciarse en su favor, además de la atenuante determinada por drogadicción, también otra de arrepentimiento o analógica al arrepentimiento, señalando que la infracción de Ley se extiende también, por su inaplicación, a los números 4º y 6º del artículo 21 del Código Penal y alegando como medio de acreditar el error, que se dice sufrido por el juzgador, la denuncia y las declaraciones hechas por un testigo de los hechos.

Respecto a lo que coinciden los dos motivos con los similares del recurso precedente hay que tener aquí por reproducido lo antes expresado, y así tener en cuenta el informe pericial médico correspondiente a este acusado realizado después de que fuera detenido, en la misma tarde del día de comisión de los hechos, y en el que se recoge los datos de su drogadicción y la ansiedad que se le apreciaba por la abstinencia de la droga, y que, aun admitiéndose por el tribunal sentenciador su drogodependencia no fué tomada en consideración por la misma razón que en el caso del anterior recurrente. Ahora bien el valor que procede atribuir a esa situación de drogadicción es, como en el caso del anterior recurrente, la de una atenuante analógica, al no poderse afirmar se tratara de un caso grave de adicción.

En cuanto no coincidentes los dos motivos de este recurso con los correlativos del recurso precedente, hay que señalar que no pueden acogerse como acreditativos del error que se alega la denuncia y manifestaciones testificales por no tener tales pruebas el carácter de documentos a efectos casacionales como se ha recogido multitud de veces en ingente doctrina de esta Sala, interpretativa de los requisitos que exige el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y en cuanto a la no apreciación de la atenuante de arrepentimiento no se puede apreciar ni siquiera como analógica ya que, el recurrente, tras su detención, primero nada quiso manifestar en sede policial y solo lo hizo ya iniciado el procedimiento ante la presencia judicial, constándole por lo tanto que existía ya un procedimiento de investigación de los hechos y que había sido identificado a través de las características y matrícula de su vehículo, siendo por tanto sus manifestaciones irrelevantes para el éxito de las investigaciones (sentencia de 24 de Noviembre de 1.997).

Por todo ello solo cabe acoger los dos motivos con el mismo alcance que para los dos motivos iniciales del recurso anterior, desestimándose ambos motivos en los aspectos relacionados con el alegado arrepentimiento.

Coinciden también los dos motivos tercero y cuarto de este recurso, que son iguales a los correspondientes a los mismos ordinales del recurso precedente, por lo que ha de aplicarseles lo antes dicho para igualmente desestimarlos.III.

FALLO

que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION interpuesto por el MINISTERIO FISCAL y por Sergio, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Primera) con fecha 30 de Julio de 1.997 en causa por delitos de robo seguida contra el dicho Sergioy otro, declarando de oficio las costas causadas por el recurso del Ministerio Fiscal e imponiendo al otro recurrente las ocasionadas por su recurso. E igualmente debemos declarar y declaramos HABER LUGAR A LOS RECURSOS interpuestos contra la misma sentencia por Juan Ignacioy Eduardoacogiendo los motivos primero y segundo de sus respectivos recursos, parcialmente solo en el caso del último citado, declarando de oficio las costas por sus recursos ocasionadas. Y, en su virtud, casamos y anulamos dicha sentencia, con declaración de oficio de las costas ocasionadas por los recursos de estos dos últimos recurrentes.

Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta a la mencionada Audiencia Provincial, a los efectos legales oportunos y con devolución a la misma de la causa que, en su día, remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Masamagrell (nº 41/96) y seguida ante la Audiencia Provincial de Valencia (Sección primera, rollo 114/96), por delitos de robo, contra Sergio, hijo de Jose Miguely Regina, de 32 años de edad, natural y vecino de Valencia; Juan Ignacio, hijo de Estebany Flora, de 36 años de edad, natural de Iniesta y vecino de Valencia; Eduardo, hijo de Jorgey Asunción, de 26 años de edad, natural y vecino de Valencia, y Leonor, hija de Jesús Luisy Marisol, de 26 años de edad, natural de Valencia y vecina de Alacuás, todos ellos condenados en sentencia dictada por la mencionada Audiencia Provincial con fecha 30 de Julio de 1.997, que ha sido CASADA Y ANULADA por la dictada el día de hoy por esta Sala II del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín MARTIN CANIVELL, hace constar lo siguientes:I. ANTECEDENTES

Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia recurrida.

Se declara también probado que, los acusados Juan Ignacioy Eduardoal realizar los hechos en que intervinieron eran personas drogadictas, sin que conste se encontraran en situación o crisis de abstinencia al cometerlos.